7.2.2. Comisión de Cooperación Ambiental y Banco de Desarrollo

El segundo acuerdo ambiental negociado para complementar el TLCAN tuvo que ver con el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ambiental para la Frontera, conocida como “CoCEF”, y el Banco de Desarrollo de América del Norte, conocido como “BanDAN” (o, de acuerdo a sus siglas en inglés, BECC y NADBank, respectivamente). Como en el caso del ACAAN, este arreglo inició en enero de 1994 a la par que el TLCAN, y se enfocó en la solución de los problemas ambientales y de salud en la región fronteriza y más allá. Una característica principal de la comisión y el banco es su atributo binacional; ambas trabajan en una composición equitativa de sus gabinetes y, a diferencia de la CCA, operan al nivel de México y Estados Unidos únicamente.

Situada en Ciudad Juárez, la CoCEF asiste a las entidades públicas estatales y locales, y los inversores privados para desarrollar proyectos en infraestructura ambiental. Los proyectos deben requerir certificación de elegibilidad a la CoCEF para obtener financiamiento del BanDAN; para este fin, la CoCEF toma en cuenta criterios que son técnicos, financieros y ambientales. Los proyectos de alta prioridad para la CoCEF son aquellos relacionados con agua, sanidad, residuos sólidos municipales, y otros problemas asociados.

Los directores de la CoCEF son el administrador general y el administrador general adjunto, quienes deben ser de diferentes nacionalidades; la comisión también es gobernada por un comité directivo. El consejo asesor, que trabaja en la comisión por un período de dos años, asesora al comité directivo con respecto a los lineamientos generales, criterios aplicables a los proyectos, y otros aspectos del proceso de certificación. En septiembre de 1995, la CoCEF adoptó sus reglas del juego por medio de las así llamadas “guías de supervisión de proyectos y criterios de certificación”. Al mismo tiempo, adoptó reglas de procedimiento, mecanismos de consulta pública, y desarrolló un programa de asistencia técnica.

El BanDAN, por su parte, tiene su sede en San Antonio, TX. Su propósito es facilitar las inversiones públicas y privadas en proyectos de infraestructura en la frontera que han sido certificados por la CoCEF. Ha sido capitalizado igualmente por los gobiernos nacionales y usa un 90 por ciento de ese capital para adquirir fondos privados en mercados de capital para financiar la construcción de proyectos ambientales a través de certificados de deuda u otros instrumentos financieros. Su comité directivo binacional está constituido por tres miembros ex-oficio de cada país. La nacionalidad del presidente se alterna entre los dos países. El banco adoptó sus criterios financieros en diciembre de 1995.

En gran medida, la CoCEF y el BanDAN fueron resultado de la preocupación incrementada sobre los efectos de la actividad económica en el medio ambiente, y sobre la infraestructura ambiental inadecuada en la región fronteriza. Sin embargo, su éxito es magro; ambas instituciones iniciaron operaciones con más de un año de retraso al tiempo de su creación, en parte debido a conflictos intergubernamentales con respecto a aspectos mínimos, como las nacionalidades de los personajes que serían designados para ocupar los puestos importantes. Hacia finales de los noventa, la CoCEF había certificado para su financiamiento únicamente 12 proyectos de limpieza, el BanDAN había aprobado solamente cuatro de ellos, y había liberado fondos para uno (según conocedores, un proyecto relativamente pequeño de 24 millones de dólares). La crítica es que el banco no se ha desempeñado en la escala financiera contemplada en sus inicios.

Un académico declaró que, si bien la principal misión de la CoCEF es la certificación de proyectos sometidos por entidades fronterizas que requieren financiamiento del BanDAN, la comisión había detectado dos obstáculos relacionados para la aprobación de proyectos. Uno fue que los proyectos mostraban deficiencias técnicas sustanciales. Aparentemente, no había entendimiento que el papel de la comisión y el banco no es donar dinero, sino evaluar y financiar proyectos que posean una base financiera que emerja de mayores impuestos en los beneficiarios potenciales. Cualquier proyecto requiere de una base de autofinanciamiento, la cual debe ser garantizada por la comunidad misma.

Otro problema estuvo relacionado con la cultura política. Contrario a la tradición de acceso a la información y participación en el debate público en Estados Unidos, en México los problemas no son usualmente abiertos por la autoridad para su discusión. Por lo tanto, una solicitud a la CoCEF frecuentemente carece de aprobación comunitaria y rápidamente es desechada. Para este académico, la situación ha afectado los intereses de los mexicanos, porque si bien los recursos existen para ambos lados, “adivinen de dónde vienen los mejores proyectos... vienen de donde se encuentran los técnicos y los abogados que conocen bien cómo seguir las guías existentes... ellos someten proyectos que son técnicamente viables y que han conseguido el consenso entre la comunidad”.

La CoCEF aduce que sus trabajos se realizan sobre la base de reuniones públicas periódicas. Este aspecto es extremadamente importante porque aparentemente promueve la participación comunitaria; en la práctica, sin embargo, esto no ha sido claro, por lo que en su momento emergieron protestas de algunos ciudadanos. Hubo incluso uno que aseguró que la CoCEF no ha sido útil para los intereses de los mexicanos.