2.5. ACUERDO PARA LA GOBERNANZA

El acuerdo acerca de la definición y priorización de los temas de interés público se significa como toral en la gobernanza; es consustancial al proceso de hechura de políticas y es principal en los sistemas de redes. Un acuerdo amplio surge luego de ocurrir percepciones individuales y colectivas sobre un estado de cosas, y un diálogo ulterior entre los interesados, que cuanto más abarcador es, tanto mejor. El propósito esencial radica en acordar sobre el o los asuntos, que normalmente se elaboran como “problemas”.

En efecto, la percepción de un estado de cosas, que en cierto grado afecta negativamente ciertas expectativas y propósitos de algunos sectores sociales conduce a la determinación de un problema. En un estadio posterior, han de reconocerse relaciones de causa y efecto, lo que resulta en una definición más consistente del problema; más adelante, éste se contrasta con otros y se ubica en una escala de importancia o urgencia de resolución. Un acuerdo amplio sobre el resultado al que se arriba en el proceso es un punto de inicio que favorece la gobernanza.

Wayne Parsons comenta que un problema debe ser definido, estructurado, localizado dentro de ciertas fronteras y debe asignársele un nombre. James A. Jones expresa que quienquiera que primeramente identifica un problema social conforma los términos iniciales en los cuales será debatido. Así, el problema entra a la arena pública. Como se adivina, llegar a un acuerdo amplio sobre lo que constituye un problema es poco probable, toda vez que entra en juego una complejidad de aspectos subjetivos inesperados en relación casi directa con respecto al número de representantes de intereses involucrados. No obstante, un sector de estudiosos de la cosa pública propone llevar a cabo un análisis sistemático de todos y cada uno de los elementos que participan en los asuntos públicos que eventualmente requieren de la elaboración de una política. Ello significa iniciar una aproximación racional a la política y los problemas y ese ejercicio de sistematización parece ser un camino recomendable hacia la gobernanza.

Según la visión racional, la hechura de políticas sigue un proceso de pasos sucesivos, que inician con la incorporación de un asunto que se reconoce como motivo de acción pública y terminan con la evaluación de las acciones instrumentadas. El ciclo se repite, partiendo del anterior, con la aparición/construcción de nuevos problemas. Lindblom y Woodhouse describen este proceso comentando que el método “paso por paso” empieza con un examen de cómo surgen los asuntos y aparecen por primera vez en la agenda política; de ahí sigue un análisis de cómo los actores políticos los formulan para actuar sobre ellos, cómo resultan las acciones legislativas o de otro tipo, cómo los administradores instrumentan la política posteriormente, y cómo la política es evaluada. Éste, que se conoce como “el ciclo de vida de las políticas” ha recibido innumerables críticas, pues soslaya lo irracional de la política, llena de orientaciones cognitivas, lo mismo que de sentimientos y evaluaciones. Sin embargo, al margen de lo justo o injusto de tal crítica, importa resaltar aquí que en el punto de partida del ciclo de cualquier política está la identificación/construcción de un problema de interés público, y eso no es en sí mismo atribuible al ciclo de las políticas sino más bien lo condiciona. Por ello, es esencial prestar atención a esa etapa primigenia de la construcción del problema, tratando de que en ella se obtenga el acuerdo más amplio posible entre los actores involucrados.

Los problemas surgen desde la percepción de quien los define como tales, o simplemente los niega por el hecho de que no observa problema alguno... donde otros sí lo ven. En esto, los vocablos y conceptos que empleamos para describir, analizar o categorizar un problema enmarcan y moldean la realidad a la cual buscamos aplicar una solución. Por ello, si bien es cierto que quienquiera que identifica primeramente un problema conforma los términos en los cuales será debatido, y le asigna un nombre una vez que lo define, estructura y localiza dentro de ciertas fronteras, tal como Jones y Parsons expresan, también sirve remarcar que la discusión amplia de un asunto determinará su grado de aceptación como “el problema.” Si ello ocurre, puede suponerse que se ha arribado a un acuerdo. No obsta decir que la discusión amplia de los asuntos y su definición precisa nos pone de manera más adecuada en el camino de su solución (en el extremo opuesto, la consecuencia probable es el conflicto). También, que este procedimiento conlleva un desplazamiento en el esquema de la gobernación, partiendo del rígido esquema del gobierno como rector de la cosa pública (y por tanto, el único que está en condiciones de definir los problemas o asuntos de la agenda pública), hacia el esquema flexible y plural de la gobernanza como escenario deliberativo del interés general.