Priscila Palacio
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La situación económica y social del país al momento de la asunción de Raúl Alfonsín era crítica. El presidente democrático recibió una pesada carga en términos de cuestiones sociales postergadas (derechos humanos) y de crisis económica, explicitada esta última por una inflación creciente, un Producto Bruto Interno (PBI) menguante, escasez de reservas y una abultada deuda externa estatal. La reforma económica y financiera efectuada por el último gobierno militar (1976 – 1983) había desarticulado el motor de la economía nacional, que otrora representaron los sectores industriales desarrollados bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. A ello se sumaba la mayor concentración del capital y del poder de lobby de los mismos, que había expulsado del sector industrial a gran parte de las pequeñas y medianas industrias, en beneficio de las grandes empresas.
A pesar de los buenos augurios que acompañaron la normalización institucional del país, las dificultades heredadas del pasado irían condicionando el desempeño del nuevo gobierno democrático. En el ámbito económico, ese coartamiento en los grados de libertad para implementar un programa de gobierno provendría no sólo del devenir de los acontecimientos nacionales, sino también de las particularidades del contexto internacional prevaleciente por esos años. La vorágine inflacionaria y las cuestiones sociales irresueltas se sumaron a las presiones de los acreedores externos por el agravamiento del problema de la deuda externa, para dejar en segundo plano la necesidad de diseño y coordinación de políticas económicas, para el mediano y largo plazo. Esa suerte corrieron también las políticas industriales, que lejos de formar parte del diseño de un plan de desarrollo industrial, de una política industrial, estuvieron dirigidas a enfrentar la acuciante coyuntura económica nacional.