2.2. El modelo neoliberal y las reformas estructurales en la economía mexicana

Para superar la ausencia de competitividad en las empresas mexicanas en el extranjero durante el periodo de transición, el gobierno federal instrumentó una serie de medidas que se basaron en el diagnóstico del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en el cual se indicaba que los problemas de bajo desempeño del aparato productivo como un todo y, de las empresas, en particular, se debían a la baja eficiencia en la asignación de recursos que hacia el Estado en la economía y a los obstáculos que enfrentaban las empresas exportadoras.

Con base en este diagnóstico el Estado mexicano procedió a eliminar las barreras al libre juego de las fuerzas concurrenciales en un mercado abierto; para ello formuló y llevó a la práctica las siguientes reformas estructurales:

a) acelerar la apertura comercial para consolidar la competencia y eliminar los monopolios distributivos que habían surgido con el proteccionismo estatal;

b) la privatización de las empresas paraestatales y de los bancos comerciales que habían sido nacionalizados en 1982, con el propósito de reducir la participación del Estado en la asignación de recursos; y

c) la desregulación o liberalización de las operaciones de los intermediarios en el sistema financiero, con el fin de eliminar los obstáculos distorsionantes en la asignación del crédito y en las transferencias internacionales de recursos monetarios.

En adelante la operación de la economía se basaría en el libre mercado, que en lo sucesivo se encargaría de la asignación (supuestamente) eficiente de los recursos.

Con respecto a la primera, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado formuló el Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988, (Peres Núñez, 1991:40) con un marcado énfasis en ajustes económicos y cambios estructurales, dentro de los que destacaron: la prioridad al fomento de la inversión foránea directa para atraer recursos del exterior, y el compromiso de que las empresas extranjeras contribuyeran a la sustitución de importaciones en sectores seleccionados, que tuvieran un presupuesto de divisas preferentemente superavitario, la producción de bienes y servicios en escalas internacionalmente competitivas y que transmitieran tecnología moderna y habilidades empresariales.

En 1984 se publicó el Programa Nacional para la Promoción de la Industria y el Comercio Exterior 1984-1988, con tres políticas específicas:

a) Protección y promoción del comercio exterior;

b) promoción de la industria y,

c) su regulación correspondiente.

Para la promoción del comercio exterior se buscó racionalizar la protección. El sistema de permisos previos para la importación fue remplazado por tarifas y, algo muy importante, el número de tarifas y el grado de protección se reducirían gradualmente hasta que se alcanzara la competitividad externa de México y se estimulara la productividad en la industria nacional. La promoción de sus exportaciones se hizo con el peso devaluado (el tipo de cambio en 1983 era de 150.3 pesos por dólar estadounidense, y, en 1988, de 2,289.6 pesos, cuadro 3) y se facilitó la importación de insumos y de bienes de capital para empresas exportadoras.

Así se eliminaba el sesgo antiexportador implícito en la política proteccionista previa a 1983. Lo anterior se complementó con una caída de los salarios reales, la contracción del mercado interno y la política de liberalización comercial, que se aceleró a partir de 1985; a mediados de 1987 se habían desechado 8,117 permisos previos de importación de un total de 8,459, que representaban 76% del valor total de las importaciones. Simultáneamente, la tarifa promedio ponderada por el valor de las importaciones descendió de 13.3% a 5.7% entre 1985 y 1987.

De manera similar comenta Miguel Mancera Aguayo(1993:18) que: “a partir de julio de 1985 se produjo el parteaguas de la política económica mexicana. La apertura al comercio exterior vía la desgravación de las importaciones se llevó a cabo con sigilo. En dos años y medio se pasó de un régimen de elevados aranceles y una inmensa mayoría de renglones de importación sujetos a licencia previa, a una nueva situación, en la cual el arancel máximo se redujo a 20% y las licencias previas dejaron de ser la regla para convertirse en la excepción”.

Se pensaba que en esa forma la apertura comercial favorecería la competencia e igualaría los precios de los productos mexicanos con los del exterior, contribuyendo de esa manera a reducir la inflación, a aumentar la competitividad y las ventas de las empresas en un mercado globalizado, así como a incrementar el empleo en el país.

La venta de empresas paraestatales por su parte, se realizó bajo el pretexto de que el Estado mexicano se había extralimitado en sus funciones intervencionistas de encauzar la economía hacia el crecimiento con estabilidad, ya que llegó a intervenir en actividades que no eran prioritarias ni estratégicas para el desarrollo nacional y a administrar muchas empresas con bajos índices de gestión, que ejercían fuertes presión sobre el gasto público no productivo a través de los subsidios que necesitaban para operar y en consecuencia, coadyuvaban al incremento de la inflación. Así, de 1152 empresas públicas que existían en 1982, en 1992 sólo quedaban 217,( Suárez,2003:15).

Con esta filosofía de que existía un Estado obeso que debía adelgazar y fomentar las operaciones en un mercado libre de ataduras, también fueron privatizados los bancos comerciales y se desregularizó la operación de sus operaciones crediticias. Igualmente importante fue la supresión de los obstáculos a los movimientos de capitales, ya que se estimuló la inversión externa y se ampliaron las fuentes de financiamiento. En la desregulación de las operaciones de intermediación crediticia (Mancera,1993:22), se pasó de un régimen reglamentado en exceso, a uno liberal; así, por ejemplo, para las operaciones en moneda nacional los bancos fueron liberados del encaje legal, así como de las canalizaciones obligatorias de crédito y de la observancia de tasas de interés fijadas por el Banco Central: Banco de México. La regulación monetaria que tiene por objeto dotar de liquidez suficiente al sistema económico, en lo sucesivo se efectuaría básicamente a través de operaciones de mercado abierto, las cuales ahora se realizan con relativa rapidez en el creciente mercado de valores públicos.

Los resultados de la aplicación de la política económica basada en el modelo neoliberal se aprecian en el cuadro 3, que muestra la evolución de las principales variables macroeconómicas en el periodo 1983-2002, que aparece al final de este capítulo.