2.4. Las MYPES son vulnerables a los cambios de política económica.

Otra característica que se identificó con el análisis de la información primaria y secundaria disponible, es que las MYPES por su debilidad estructural son altamente sensibles a los efectos de la política económica nacional, ya que por ejemplo a manera de ilustración por ser la época en que se inicio su apoyo institucional, en el periodo 1983-1988, las acciones de política económica nacional provocaron distintos impactos sobre las MYPES, mismos que aparte de ser diversos, fueron tanto de índole negativa como positiva. Dentro de los factores adversos que redujeron o en ciertos casos eliminaron los efectos de las acciones de fomento, se pueden enumerar el bajo poder de compra de la población, la contracción en el gasto público, el racionamiento del crédito y las altas tasa de interés aplicadas para reducir la inflación. También tuvo un efecto negativo sobre la estructura financiera de las MYPES el esfuerzo del Gobierno Federal por equilibrar las finanzas públicas mediante el aumento del IVA y de los precios de los hidrocarburos, ya que incrementaron sus costos de producción y de distribución. Lo anterior fue compensado con las medidas de emergencia como el control de cambios (por la escasez de divisas) y el control de las importaciones, con la aplicación de permisos para casi todos los bienes importados para proteger el mercado nacional. Irónicamente, también incidió favorablemente en la estructura de costos de las MYPES la disminución de los salarios reales, ya que a partir de 1983 tanto el salario mínimo como las remuneraciones medias manufactureras se contrajeron marcadamente, alcanzando hacia 1987 una caída acumulada del 42% para el primeros y de 34% para las segundas (Martínez, 1992 32).

Estas características y problemas que expresan fortalezas y debilidades, prácticamente se han mantenido hasta el presente, en virtud de que la política económica no ha cambiado sus directrices: estabilidad con apertura comercial, que ha beneficiado a las grandes empresas manufactureras, a las grandes cadenas distribuidoras y comercializadoras y la importación de artículos (Flores, 2004:A6). Derivado de este comentario es conveniente aclarar que las grandes empresas indudablemente que también son afectadas por los cambios de política económica, pero es claro que son menos vulnerables por su fortaleza financiera, su habilidad empresarial, conocimiento de los mercados, etc. .

2.5. La normatividad para su promoción y consolidación ha sido equivocada, incompleta e inoportuna.

Es sintomático observar que no ha existido secuencia lógica ni un enfoque integral en la promulgación de los ordenamientos establecidos para el fomento de estos estratos empresariales.

Para constatar esta característica, la información disponible revela que en 1987 se publicó el primer ordenamiento: la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal (Cuadernos SECOFI, 1987b), con la cual se daba un basamento jurídico al fomento institucional, mismo que se caracterizaría por el otorgamiento en gran parte simbólico de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, además de que se induciría la simplificación de los trámites administrativos (Artículo 1º). Aquí surgen varias incongruencias con la realidad económica que evidencian la falta de visión en las acciones gubernamentales, ya que omitió a las empresas que estaban registradas en los sectores comercio y servicios, que constituían la mayor parte del total de empresas. Agréguese a lo anterior que la actividad artesanal es importante en México y por si sola merece un ordenamiento y un programa específico para su desarrollo.

Quizás estas reflexiones ocasionaron que se anunciara en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 1988 la creación de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, cuyo artículo 2º señala que “ la aplicación de esta Ley será en la esfera administrativa y, en el 6º , que “ los empresarios de la microindustria sólo están obligados a llevar su contabilidad en un libro de ingresos y egresos siendo personas físicas, y en libros diario de mayor y de inventarios y balances siendo personas morales”. En ese sentido apareció en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 1988, el Decreto que exime parcialmente del impuesto sobre la renta y la simplificación de trámites a las empresas que se inscriban en el Padrón Nacional de la Microindustria. Igualmente, con ese propósito el 14 de abril de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se exime del trámite para la obtención de la licencia de establecimiento o ampliación para aquellas microindustrias cuyas actividades no estén clasificadas como altamente riesgosas.

Indudablemente que estos ordenamientos significaron un avance en la normatividad porque por primera ocasión se ponía de relieve la importancia que el gobierno le concedía a las MYPES, pero en la práctica no fueron atractivos, ya que privilegiaban a la industria y seguían discriminando a los otros sectores económicos. Su incidencia positiva se halla en el interés por reducir los altos costos de transacción y en la asignación de fondos con criterios selectivos por tamaño de empresa, región y sector económico.

Con ese propósito es que en 1989 se instruyó a Nacional Financiera para que integrara sus fideicomisos relacionados con las MYPES y, desde ese año, se convirtió en la principal institución financiera del gobierno promotora de las mismas con programas de índole crediticia, de protección del medio ambiente, desarrollo empresarial y de impulso a la innovación tecnológica.

Posteriormente, el 28 de febrero de 1991 se puso en marcha el Programa para la Modernización y el Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana: 1991-1994. Entre sus objetivos destacan el fomento de los tres estratos empresariales con cambios cualitativos en las formas de comprar, producir y comercializar para consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar ésta en los mercados externos, así como elevar el nivel tecnológico de sus procesos productivos y la calidad de sus productos, al igual que establecer mecanismos para el logro del financiamiento institucional, capacitación, información, organización interempresarial, abastecimiento al sector público y medidas de tipo integral. Para la instrumentación del programa, en septiembre de 1991 por decreto presidencial se creó la Comisión Mixta para la Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, en la que participaban los tres órdenes de gobierno y las organizaciones empresariales y sociales. Cabe mencionar que este programa surgió a consecuencia del Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, el cual destacaba que en México las industrias de pequeña escala eran parte esencial de la planta productiva.

Al respecto, fue hasta 1995 cuando se amplió oficialmente la cobertura del fomento que inicialmente se daba exclusivamente a la industria, al hacerlo extensivo a los sectores comercio y servicios a través del Acuerdo que tenía por objeto otorgar facilidades administrativas y subsidios fiscales para la regularización de la Micro, pequeña y mediana empresa, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1995. Por primera vez se determinaban los estratos de la micro empresa en los sectores industrial, comercial y de servicios, con base en el personal empleado exclusivamente.

En este contexto y derivado de la crisis de 1995, el 1º de octubre de 1996 entró en vigor el Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, mediante el que se daban facilidades para el pago y la reestructuración de sus adeudos, además de que se le proporcionaban nuevos créditos para reactivar sus actividades empresariales. Ello influyó para que en 1999 se definieran los tamaños de empresa con amplios propósitos de fomento y no de mera recuperación de las MYPES.-

Finalmente, el 13 de diciembre del 2002 se promulgó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las MYPES, en la que se reiteró la conveniencia de continuar apoyando estos estratos con una amplia gama de estímulos a los que se puede acceder a través del Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006. Sin embargo, no son suficientes puesto que en el caso de disponibilidad de financiamiento, se mantiene la astringencia crediticia debido a que no ha variado la política de estabilización económica en el país. Corroboración reciente de este hecho lo constituyen los análisis realizados por los expertos (Arturo Huerta y Felipe Zermeño, 2003:25 y 29 ), quienes a través de sus estudios afirman que no hay flexibilización monetaria y que por ello el crédito otorgado sólo ha favorecido a un reducido grupo de empresas, las del sector industrial que constituyen alrededor del 10% del total.

El análisis de estos ordenamientos pone de manifiesto que la legislación de apoyo a las MYPES ha sido irregular, a veces casuística y siempre incompleta, en virtud de que lejos de apoyar a todo el universo de estos tamaños de empresa, se empezó privilegiando a la pequeña y mediana industria, cuando en realidad se debió fomentar desde un principio a todos los sectores de la economía mexicana que contenían MYPES. Fue hasta 1995 cuando se decidió promover por ejemplo, el desarrollo de los sectores comercio y servicios.

Sin lugar a dudas puede decirse que durante mucho tiempo se desconoció oficialmente la existencia de los micro negocios, independientemente del sector económico en que operaban, situación que no pudo prolongarse indefinidamente por la alta ponderación que representa el número de establecimientos de esta escala de producción y de servicios ( más del 95.0%).