CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA ECONOMÍA INFORMAL, EL ESTADO Y LA GERENCIA
Alexei Ernesto Guerra Sotillo
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La dinámica histórica, política y particularmente económica, en el plano global y en América Latina, junto a la evolución de la discusión sobre el desarrollo, sus causas y posibilidades, han influido en las distintas visiones que, alrededor de la economía informal, se han conformado en los últimos años.
Freije (2001), ha indagado sobre el empleo informal en América Latina y el Caribe con base en los estudios y cifras suministradas por la CEPAL y la OIT para la región, las cuales a decir de este autor, denotan la disparidad de registros y la dificultad para llegar a conclusiones respecto a la tendencia que muestra el tamaño del empleo informal en la zona, pero que en todo caso sugerirían que, salvo pocas excepciones, ningún país latinoamericano ha podido eliminar la informalidad.
De acuerdo a Freije, la actividad informal en la perspectiva del empleo, remite al estudio del marco regulatorio y macroeconómico existente en países de América Latina, lo cual coloca el énfasis explicativo de la informalidad, más que en la lógica de la actividad misma, en las normas o políticas de ajuste macroeconómico implementadas en la región y que en su criterio, serían su principal causa.
Por ello, asumir el adjetivo “informal” para caracterizar la presencia creciente en muchas de las sociedades del mundo no desarrollado, de actores y prácticas marginadas, excluidas o auto-excluidas de la llamada “economía moderna” o del “estado de derecho”, plantea precisamente el énfasis normativo-institucional que se le asigna a esta conceptualización, en la premisa de que la inclusión y respeto a esa dimensión jurídico-institucional sería la clave según un criterio generalizado, para el funcionamiento adecuado y normal de cualquier mercado, y la garantía para el desarrollo económico y social.
Osta (2005) aborda el tema de la informalidad, vinculándola con el desempleo, y la evolución de ambos indicadores en algunos países de América Latina, a raíz de los procesos de ajuste estructural y de los programas de estabilización macroeconómica aplicados en la región en las décadas de los 80 y 90.
La referida autora asume la perspectiva de la economía informal como un fenómeno complejo, sobre el cual debe actuarse para lograr su paulatina eliminación, privilegiando la formalización como condición importante de cualquier mercado.
Osta (2005) circunscribe sus planteamientos a la definición que de economía informal da la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según la cual ese espacio productivo está conformado por trabajadores por cuenta propia (con la excepción de las profesiones liberales), los familiares no remunerados, el servicio doméstico y empleadores y empleados de pequeñas empresas.
Dicha autora identifica tres enfoques teóricos sobre el tema: el enfoque estructuralista, relacionado con la incorporación de tecnología importada en un contexto estructural distinto, conjugada con alta desigualdad en la distribución del ingreso y el acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo, generando insuficiente creación de empleos; el enfoque neoliberal, que atribuye la economía informal a la intervención estatal en la economía por parte del Estado a través de distintas regulaciones, llevando a las empresas a la informalidad al tratar de disminuir los costos derivados de su cumplimiento; y el enfoque basado en nuevas formas de organización del trabajo, basado en la tercerización o externalización de actividades, en la búsqueda de reducir los costos fijos de las empresas, apoyadas en las nuevas tecnologías para hacer frente a los retos de competitividad en el marco de la globalización.
Osta (2004) desarrolla un análisis comparativo en el plano macroeconómico, y específicamente con base en la lectura de indicadores de población económicamente activa, producto interno bruto, ocupación y desocupación, e informalidad, de países como Brasil, Chile, Argentina y Venezuela, con índices de informalidad para dichas naciones que se ubican en promedio en casi la mitad de la fuerza laboral, con la excepción de Chile, cuya tasa de informalidad es considerablemente más baja (38,8 % en 2003, según OIT).
Indicadores más recientes aportados por la OIT (2007), establecían que, según cálculos del organismo, la economía informal emplea al 75% de los trabajadores de América Latina, y contribuye con alrededor del 40% al PIB de la región, y que, durante los últimos 15 años, ha supuesto el 70% del total de empleos creados.
Al adentrarse en el estudio de las cifras relativas a la informalidad en Venezuela, la autora señalada destaca el incremento notable de este sector en los años 90, pasando de un 38,6% de la población ocupada en 1990 a representar el 53,8% en 2003, resaltando el aumento del 6% experimentado entre los años 1995 y 2000, debido según Osta a la incorporación al sector de trabajadores por cuenta propia, ante la reducción del empleo en el sector público, las modificaciones en la legislación laboral y el sistema de remuneraciones en el año 1997, dirigidas a flexibilizar el mercado del trabajo formal y a eliminar la indexación de los pasivos laborales.
La investigadora citada aporta una serie de recomendaciones de política, entre las cuales destacan la creación de programas de capacitación y formación de desempleados y trabajadores informales, manejados de manera descentralizada, la ejecución de reformas legales e institucionales que promuevan la inclusión y formalización de las actividades y unidades informales, así como la reforma de la legislación de seguridad social, a fin de establecer alguna modalidad de participación de los empleados y empleadores informales.
Pérez Sainz (1995), prefiere hablar más bien de neo-informalidad, término que en su opinión, pretende captar tanto la persistencia de este fenómeno, como sus nuevas expresiones, en alusión al cambio del escenario generado por la crisis de la deuda en los años 80, frente a las transformaciones sucedidas en los 90 y que definen el momento actual de su materialización.
Para este autor, es posible identificar tres escenarios o hipótesis de explicación de esa neoinformalidad, a saber: el de la “economía de la pobreza”, en la cual la variable básica sería la exclusión, y en el que solo la resolución de los problemas de pauperización puede conducir a que el empleo informal se reduzca. El segundo escenario, sería la “subordinación al sector de transables”, es decir, la realidad empresarial que genera la dinámica global, ocasionando no sólo la deslocalización y horizontalización productiva, sino la flexibilidad y reducción de costos salariales, con la consiguiente precarización laboral. Y el tercer escenario, vendría dado por la “aglomeración de pequeñas empresas dinámicas”, en el cual de manera optimista, se asume la socio-territorialidad, es decir, la conjunción de lo espacial-territorial con el marco socio-cultural de unidades productivas comunitarias, cuyo potencial de formalización vendría dado por el capital social en ellas presente.
Es posible, siguiendo estas premisas, encarar la presencia de varios niveles o ámbitos de análisis: el individual (autoempleo); el de la familia (el hogar); la unidad productiva (microempresa) y la aglomeración de pequeñas empresas (microempresas comunitarias). Prevalece sin embargo, como elemento definitorio transversal a dichas categorías, el rasgo asignado por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) a los establecimientos informales, como aquellos donde el propietario participa de manera directa en la generación de bienes y servicios, o expresado en términos más sencillos, en la no división o separación entre el capital y el trabajo.
La presencia de la economía informal en América Latina es notable, y su vinculación con el fenómeno del desempleo es también ineludible. Para el primer semestre del 2005, y de acuerdo a la OIT, la tasa de desempleo urbano promedio fue de 9,6%, 1,3 puntos porcentuales menos que la registrada en igual período en 2004.
En su informe “Panorama Laboral 2005”, este organismo manifiesta que durante las últimas décadas, la composición sectorial y calidad del empleo no agrícola en América Latina y el Caribe se ha caracterizado por una alta participación del sector informal y la tercerización. En los diez países con información disponible para 2004, los mayores porcentajes de ocupados en el sector informal se registraron en Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú con cerca de 60%, y los menores en Costa Rica (41,8%), Panamá (41,6%) y Uruguay (37,7,%).
La abundancia de términos para definir las particularidades históricas, políticas o productivas y su incidencia en el terreno económico, explican en cierta forma la coexistencia, junto a la economía informal, de categorías como “economía social”, “economía popular”, “economía alternativa”, “economía solidaria”, “economía cooperativa”, “economía subterránea” o incluso, del llamado “Tercer Sector”, por mencionar sólo algunas. La polisemia de lo económico, plantea interrogantes en relación a los cambios teóricos y en las premisas y supuestos de esta disciplina.