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INTRODUCCIÓN A LA REFORMA AGRARIA EN EL ECUADOR

Históricamente los sistemas de tenencia en América Latina se basaron en la propiedad privada y la concentración de las tierras agrícolas en manos de pocas familias y en la existencia de una gran cantidad de familias campesinas o de trabajadores sin tierra, ya sea en lo que se denominó el complejo latifundio-minifundio, o en la economía de plantaciones; los latifundistas tenían grandes extensiones de tierra, y las de mayor calidad agrícola, mientras que los campesinos tenían parcelas muy pequeñas, en áreas marginales, viéndose obligados a vender su fuerza de trabajo, también como una forma de acceder a más tierra1.

No obstante esta estructura de tenencia, Kay2 manifiesta que los gobiernos latinoamericanos habían adoptado políticas encaminadas a estimular la modernización del sistema de las haciendas. La introducción de políticas de industrialización mediante sustitución de importaciones en el período de la postguerra ya había comenzado a transformar el sistema tradicional hacendario. Medidas gubernamentales como créditos subsidiados para la compra de maquinaria agrícola y equipo, calidad mejorada del ganado, fertilizantes, semillas de variedades que ofrecían grandes rendimientos, así como programas de asistencia técnica, tuvieron el propósito de estimular la modernización tecnológica de las grandes propiedades de tierra. Las relaciones sociales de la producción también habían comenzado a cambiar. La tenencia de la tierra a cambio de mano de obra y en cierta medida la aparcería comenzaron a ser sustituidas por el trabajo asalariado. Algunos terratenientes vendieron parte de sus propiedades con el propósito de financiar mejoras en lo que les quedó de sus extensiones de tierra, con lo cual aceleraron un proceso terrateniente de transformación.

En este contexto, García3 sostiene que las reformas agrarias iniciadas en varios países de América Latina en los últimos 50 años, fueron un componente de los procesos de modernización capitalista de la agricultura, ya sea que se hayan impulsado con la alianza de gobiernos nacionalistas-revolucionarios o populistas con el movimiento campesino o que hayan sido promovidas en el marco de la estrategia de los gobiernos nacionales en alianza con el de los Estados Unidos. Prácticamente todas las reformas agrarias que se impulsaron en la década de los sesenta, fueron inducidas por la Alianza para el Progreso.

En términos generales, se pueden puntualizar cuales eran los efectos esperados de las reformas agrarias4:

 Reducir o eliminar el papel de los terratenientes como eje de la sociedad rural y, por lo tanto, de restringir su peso en el conjunto de la sociedad.

 Redistribuir los ingresos e incorporar los campesinos al mercado, para permitir un importante crecimiento del mercado interno y, en consecuencia, favorecer el desarrollo industrial urbano, sector al que se consideraba el más dinámico en términos del desarrollo de los países latinoamericanos.

 Generar un proceso de reinversión de capital por parte de los terratenientes y elevar la productividad en el campo.

 Poner en cultivo tierras ociosas pertenecientes a las grandes unidades, para ampliar la frontera agrícola.

 Aumentar el empleo rural, frenando de esa manera la migración hacia los centros urbanos.

 Reemplazar las grandes unidades privadas por las unidades familiares.

En el caso particular del Ecuador, Cosse5 manifiesta que a inicios de la década del sesenta diferentes factores habían generalizado ya una discusión alrededor de la necesidad de procesar cambios agrarios:

- En primer lugar, la presión internacional. En 1961 se había realizado la reunión de la OEA en Punta del Este que aprobó la Alianza para el Progreso. En buena medida la ayuda financiera norteamericana que era vital para el país dependía del inicio de ciertas transformaciones agrarias. Por lo demás, el proceso cubano mostraba los riesgos de no atenuar una situación agraria explosiva.

- En segundo lugar, durante la década del 50 habían ido fortaleciéndose y creciendo su importancia los sectores tecnoburocráticos, quienes percutían permanentemente acerca de la necesidad de transformaciones agrarias. El Censo de 1954 había puesto de relieve la extrema polaridad de la estructura agraria y la muy alta concentración en pocos predios. Permanentemente aparecían estudios e investigaciones enfatizando los “problemas sociales” que implicaba la hacienda gamonalista: desnutrición, analfabetismo, baja esperanza de vida, etc.

- En tercer lugar, el movimiento campesino presionaba también, aunque carente de una perspectiva y una estrategia nacional y con parámetros limitados en sus reivindicaciones, de todas formas se registraban movilizaciones, ocupaciones de tierras, choques, etc. Pese a que nunca el movimiento campesino en el Ecuador alcanzó la extensión y la profundidad que tuvo en otros países, como Perú y Bolivia, de todas maneras era un factor importante.

- En cuarto lugar, varios organismos internacionales realizaban investigaciones en diversos países, se había creado el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) que contribuyó en gran medida a la generalización de la problemática agraria en términos de la necesidad de su transformación.

- En quinto lugar, desde mediados de la década del 50 se había registrado un proceso de transformaciones en un sector de las haciendas serranas. En síntesis, el 15% de los huasipungueros recibieron predios por el proceso de entrega de tierras por iniciativa terrateniente, lo cual a su vez representaba el 15% del total de hectáreas en régimen de huasipungo. Está claro que ello no fue por si suficiente para trastocar la estructura agraria; parece claro también que la iniciativa de entrega de tierras llegó posiblemente a su límite máximo o a un punto cercano a él. Pero sin duda fue un factor de significativa importancia para que, en un cuadro económico y social en el cual la cuestión agraria está en el orden del día, las transformaciones agrarias impulsadas desde el Estado fueran viables.

Pacari6 manifiesta que las transformaciones agrarias tuvieron un objetivo claramente político, que trataba de frenar el avance de la movilización indígena-campesina y su consecuente consolidación organizativa, a lo que se sumaba el ejemplo cubano que “amenazaba” con extenderse por todo el continente y desencadenar las incontenibles explosiones sociales.

Camacho7, anota: “En coincidencia con el movimiento reformista que proclama la necesidad de cambios estructurales ordenados, como una alternativa a cambios políticos y económicos violentos, la Junta Militar que gobernaba el Ecuador, puso en vigencia en 1964 la primera Ley de Reforma Agraria”.

En este contexto, la “decisión política” de emprender el proceso de Reforma Agraria se manifestó en los documentos oficiales que, desde entonces, regulan la política del sector agropecuario, especialmente las dos leyes de Reforma Agraria y las leyes de Fomento y Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Agrario.

Adicionalmente, los planes de desarrollo8 han señalado que el proceso de Reforma Agraria es imprescindible para eliminar la pobreza del campo, alcanzar crecientes niveles de productividad, propiciar la integración social, utilizar más racionalmente el espacio económico y crear las mejores condiciones para la incorporación de nuevas tierras. Han definido a la Reforma Agraria como un conjunto de acciones simultáneas relativas a la distribución, tenencia y uso de la tierra en el contexto de proyectos de desarrollo rural integral. Han considerado a la Reforma Agraria, junto con el fomento agropecuario, como dos elementos actuantes que permitirán lograr un verdadero proceso de cambios en el agro con impactos de alcance nacional en todos los sectores de la economía.

A pesar de estos enunciados y objetivos que ciertamente pudieron orientar un proceso transformador, “el modelo de Reforma Agraria que ha venido ejecutándose en el país se lo puede considerar como funcional al sistema, orientado principalmente a modernizar las relaciones de producción en el agro mediante la liquidación del trabajo precario y la introducción de nuevas formas de producción capitalistas conservando en esencia una elevada concentración de la propiedad de la tierra. Sin embargo, de los logros alcanzados en materia de redistribución de la tierra y control del precarismo, especialmente en el caso de beneficiarios de proyectos específicos y de la aplicación de decretos especiales, sigue predominando la polarización latifundio-minifundio con toda su secuela de pobreza y marginalidad del campesinado”. 9

En este sentido, coincidimos con varios criterios expuestos en el sentido de que a la presente fecha, las tareas básicas de la Reforma Agraria en el Ecuador continúan vigentes y constituyen los requisitos básicos no solamente para el desarrollo del campesinado sino del sector rural en su conjunto.