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4. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

Frediani 20 plantea una serie de principios básicos para la administración de la política social, con el propósito de contribuir a desterrar la tradicional y anacrónica cultura político-administrativa que ha estado vigente para atender a esta área vital del Estado, basada en una multiplicidad de programas, acciones y emprendimientos inconexos, asistemáticos, sin transparencia en el manejo de los recursos públicos, con ausencia de mecanismos de selección y eficiencia en el destino de los fondos, condicionados la mayoría de las veces a una conducción personalizada institucional y por ende no participativa, ausente de controles de gestión, y sin preocuparse por el grado de cumplimiento en la efectividad de la asistencia y la llegada a la población objetivo que supuestamente se pretendía originalmente atender.

i) Carácter sistémico. El modelo de gestión de la Política Social parte de la existencia operativa y debidamente respaldada por la autoridad política, de una estructura de Planeamiento y Coordinación de todos los programas existentes o a crearse en el ámbito de la Política Social, para evitar falencias, superposiciones, contradicciones o conflictos entre ellos. Se trata de rescatar el principio de unidad que debe prevalecer en todo este campo de la acción del Estado, dejando de lado el modelo anárquico de diseño y ejecución de proyectos aislados que no responden a una visión de conjunto en el marco de los objetivos, políticas y estrategias definidas para el área social por sus máximas autoridades.

ii) Centralización en el diseño y conducción, pero descentralización en la ejecución. Se busca centralizar a nivel nacional todo lo referente al establecimiento de objetivos, políticas y estrategias, como así también las labores de planeamiento y control de gestión, pero descentralizando a niveles inferiores del estado (provincial y municipal), como así también a nivel de ONG's , la ejecución de las acciones específicas y la llegada y atención a los sectores objetivos que se pretende apoyar, por su mayor proximidad, y por ende mayor conocimiento de ellos.

iii) Regulación y marco normativo a cargo del Estado. Aunque en el campo de la Política Económica ha sido factible privatizar extensas áreas que tradicionalmente han estado a cargo del Sector Público y reorientarlas hacia el mercado, es no obstante atribución indelegable del Estado, todo lo concerniente a la Política Social. Sin embargo, puede haber una transferencia hacia ciertas instituciones de la sociedad ajenas al Estado (ONG's) en lo que respecta a la ejecución de ciertos programas y proyectos, por razones de proximidad, operatividad y mayor conocimiento de los sectores-objetivos de que se trate.

iv) Institucionalización del sistema. Se trata de despersonalizar las políticas y los programas sociales, para asegurarles no sólo continuidad y permanencia en el tiempo sino también dotarlos de una inserción institucional dentro de las estructuras del Estado y la Sociedad. La precariedad temporal y fragilidad institucional atenta contra el logro de objetivos de más largo plazo. Las políticas sociales no son de los funcionarios y tampoco de los partidos políticos a que pertenecen. Son una cuestión de Estado.

v) Eficiencia en el uso de los recursos. Significa optimizar desde el punto de vista económico-financiero, el uso de los recursos destinados a los Programas Sociales, desde el momento en que al provenir de impuestos (o deuda externa desde organismos internacionales que luego se pagará en el futuro con impuestos), son aportados por la comunidad en su conjunto, y su aplicación implica un sacrificio alternativo en términos de costos de oportunidad social, que lo soporta la sociedad en su conjunto. El costo económico de un dólar destinado a financiar un programa o un proyecto de política social, está dado por todo aquello que el Estado deja de hacer alternativamente (obras de infraestructura, por ejemplo, o reducción de impuestos existentes para reactivar la producción y el empleo en el sector privado de la economía).

vi) Eficacia en el logro de los objetivos. La efectividad de los programas debe ser permanentemente evaluada en términos no sólo económicos (óptimo uso de recursos y maximización de la tasa de beneficio social) sino también en términos de efectividad (cuantificada) en el logro de los objetivos perseguidos (por ejemplo, porcentaje de la población objetivo que se pensaba asistir y que fue efectivamente asistida por el programa de que se trate).

vii) Precisa definición de los sectores-objetivos a asistir. La efectividad de los programas exige como condición indispensable una precisa definición, conceptualización, justificación y cuantificación del sector objetivo a ser asistido por cada programa (estimación de la demanda potencial y real), es decir, focalización precisa del proyecto en términos de destinatarios, incluyendo su localización geográfica, y la distribución de metas cuantitativas durante un cronograma temporal, durante la vigencia del programa o proyecto.

viii) Transparencia en el sistema. Se trata de sistematizar información para su posterior publicación y difusión, y así dar a conocer los programas con la mayor difusión posible, no sólo en lo referente a sus características, procedimientos, recursos empleados, fuentes de financiamiento, costos operativos, sectores objetivos destinatarios, criterios de elección de beneficiarios, y alcances, sino también comunicación a la sociedad sobre el logro de sus objetivos y del manejo de los recursos públicos destinados a ellos. No se trata de publicar datos con fines de marketing electoral en vistas a las próximas elecciones (es frecuente encontrar que los programas sociales se usan preferentemente con este objetivo pequeño de política partidaria). Se trata de publicar información para dar transparencia al manejo de los fondos públicos, y para que la sociedad como un todo pueda juzgar sobre la real efectividad, eficiencia, racionalidad y honestidad en la ejecución de estos programas.

ix) Participación comunitaria. La Administración de la Política Social alcanza su legitimidad en la medida que contemple y exprese las reales necesidades de la población y ello se logra sólo si existen mecanismos de participación de la sociedad civil para captar sus puntos de vista y opiniones respecto al diseño, cobertura, y localización de los Programas Sociales, como así también durante el correspondiente proceso de retroalimentación y actualización de los mismos.

x) Control del gestión. Todo el sistema de Administración de la Política Social debe ir acompañado de un Control de Gestión institucionalizado, el que no debe limitarse a los aspectos presupuestarios, contables y administrativos que exige la Contabilidad Pública, sino además de ellos, debe avanzar primordialmente en la implementación de mecanismos y sistemas que permitan implementar un control de gestión de la eficiencia y eficacia que se vaya alcanzando en cada Programa, para permitir la postevaluación de la performance que tuvieron los Programas y Proyectos, para su perfeccionamiento y reorientación de los mismos en los años subsiguientes.

20 Ramón Frediani: Principios básicos para la administración de la política social en Argentina
(http://www.gestiopolis.com/Canales4/eco/princbasadm.htm)