Haciendo negocios en Venezuela
 

Luis Oliveros

 

Diariamente los venezolanos somos testigos de incrementos alarmantes en los niveles de la inseguridad, arrogando cifras propias de una guerra. Este brote se ha producido en una buena parte por la caída frenética en los estándares de vida del venezolano, donde el desempleo y la pobreza han marcado la pauta para que muchas personas escojan por ganarse la vida de forma ilegal, ante la imposibilidad de encontrar trabajo o mejorar su vida por las vías socialmente aceptadas. Niveles de desempleo de 15% (según reportes oficiales) y con una población donde más del 60% de sus componentes son pobres, representa el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de estas actividades.

Con la inseguridad, el estado tiene doble responsabilidad, por una parte puede convertirse en el causante de su incremento, si no aplica las políticas económicas correctas para mejorarle la calidad de vida a sus ciudadanos, si con ellas el desempleo, la inflación, la devaluación, etc., se convierten en factores de generación de pobreza, rápidamente estos desequilibrios generarán mayores niveles de criminalidad. Es por esto que siempre vemos en las agendas electorales este tema acaparando los primeros lugares, aunque con los resultados que ya todos conocemos. Pero también tenemos la otra parte, y es que el estado debe cumplir con su función esencial de proteger los bienes y la integridad física de las personas, para que se alcance un nivel de seguridad socialmente eficiente que promueva el desarrollo del país.

Como sabemos, la seguridad es un bien público, y como tal debe ser provisto por el Estado para proteger a todos los ciudadanos por igual y garantizar un estado de derecho. La ejecución de esto debería garantizarle a los ciudadanos y empresas desarrollar sus actividades productivas, fomentar un adecuado funcionamiento de la sociedad y asegurar un mayor bienestar social. El cumplimiento efectivo de este deber traería como feliz resultado, al evitar cierres de empresas o cancelación de inversiones, generándose importantes beneficios sociales y económicos implícitos para nuestro país. Los costos hundidos que representan cada año para un país estas “economías subterráneas”, deben ser atacados, para poder redistribuir estos recursos mal asignados (entendiendo esto por crimen), en actividades que generen un mejor valor agregado.

Varios analistas coinciden en afirmar, que para que el estado tenga éxito en su lucha contra el crimen se debe, por una parte menoscabar su rentabilidad; aumentando la pena efectiva (extendiendo tanto la pena y mejorando la probabilidad de que esta sea aplicada), logrando con esto un incremento en el costo de oportunidad del crimen (el ingreso al que se renuncia cometiendo el crimen).

Lo cierto es que la mejor arma contra la criminalidad y sus perversos efectos sobre el desarrollo de un país, lo representan las políticas económicas y sociales que se instrumenten. Un gobierno conciente de la problemática social que vive su país debe generar los incentivos necesarios a sus ciudadanos para que opten por la vía legal para conseguir su sustento. Es obvio que siempre existirá un grupo que desee mantenerse al margen de la ley, pero si las políticas empleadas fomentan empleos, mantienen la inflación controlada y el ingreso real conserva su poder de compra, las personas rápidamente se sentirán atraídas por tener trabajos legales.
 

	Web eumed.net

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