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LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA FUERZA ARMADA NACIONAL

Ana Mercedes Salcedo González

 

 

 

 

Capítulo V. Tendencias y perspectivas de la Seguridad Social en la Fuerza Armada Nacional

1. Tendencias recientes de la Seguridad Social en Venezuela y sus repercusiones en la FAN.

    El derecho a la seguridad social en Venezuela se consolida durante el siglo XX. Este derecho se ha expresado en lo legislativo como un proceso bastante dinámico, especialmente en lo vinculado al tema del constitucionalismo social, en el cual se refleja el resultado de los cambios y transformaciones sociopolíticas del país, la definición del Estado, el gobierno, sus formas y organización, así como también los derechos individuales, sociales, económicos y políticos de los ciudadanos y las responsabilidades de los ámbitos de actuación del Estado y los particulares.

    La seguridad social en la institución militar no escapa de esta situación, todo lo contrario, está inmersa en el mismo proceso transformador. Como institución del Estado venezolano interactúa dinámicamente con el acontecer nacional. A ritmos distintos y ámbitos de aplicación más restringida participa del mismo proceso de avances, marchas y contramarchas en la consecución del derecho a la seguridad social.

    El sistema de seguridad social de la FAN y sus órganos ejecutores ha sido objeto de revisión permanente; veamos algunos acontecimientos:

1. «La Dirección General Sectorial de Bienestar y Seguridad Social» fue desactivada en 1992, y reactivada un año después.

2. Se han realizado revisiones y estudios de órganos gestores en salud, como la Dirección de Seguridad y en particular el Hospital Militar «Dr. Carlos Arvelo».

3. Se han creado Oficinas Recaudadoras y Coordinadoras de Salud, en procura de la autogestión en salud.

4. Se ha privilegiado durante algún periodo el rol de la empresa aseguradora (Seguros Horizonte C.A.) como gestión privada, sobre la gestión en salud pública gestionada por la red sanitaria de la FAN.

5. Se han desarrollado convenios con farmacias privadas para el suministro de medicinas para un sector de la población protegida (familiares con derecho del militar) asumiendo la amortización directa del 30% en la adquisición de los medicamentos.

    Sin entrar en pronunciamientos evaluadores sobre lo positivo o negativo de estos cambios para los afiliados al sistema, se reseñan algunos aspectos que lo vinculan con las tendencias transformadoras de la seguridad social en América Latina y el Caribe.

    En el debate sobre el rumbo de las reformas de la seguridad subyacen tres posiciones:

1. Primero, prevalece el pensamiento solidario colectivista que reconoce las deficiencias, fallas y problemas de las formas tradicionales de protección social gestadas por la seguridad social, considera necesario fortalecer y modernizar mediante reformas que le permitan superar los problemas existentes, especialmente las limitaciones financieras, pero prevaleciendo las bases solidarias del Sistema de Seguridad Social, posición que centra sus bases en el Art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.

2. La segunda posición es radicalmente opuesta a la primera, es congruente con los que impulsan el fortalecimiento de la libertad individual, la transferencia de responsabilidades del Estado en materia de protección social hacia los individuos o particulares, congruente con el pensamiento del liberalismo la seguridad social se convierte en un freno para la acumulación de capital, la inversión y la libre expresión de la voluntad individual. En esta posición, el gasto social es improductivo, por lo tanto el Estado debe minimizarlo y focalizar su atención sólo en los grupos más necesitados para dar paso a nuevas formas de protección diferenciada, sustentada en la participación activa, financiera y contributiva fundamentada en la libertad y capacidad económica de los miembros.

«Cuando la solidaridad se convierte en un nexo clasista ineludible, la universalidad se transforma en la práctica, en algo por completo diferente: en obligatoriedad.  Esta posición, se presta a una serie de críticas. Sí el trabajador, por razones de una declarada solidaridad global, debe participar obligatoriamente en un sistema que se supone habrá de protegerlo; nos cabe entonces preguntar: ¿Es que los trabajadores no poseen la capacidad para reconocer sus propios intereses? y; sí esto fuese así, agregaríamos ¿Quiénes son los que, por encima de ellos, tienen entonces el derecho a determinarlo?...» (Carlos Sabino y J. Rodríguez, 1991).

3. La tercera es una posición intermedia entre las dos primeras, no se inclina por el individualismo ni por la solidaridad, reduciendo el antagonismo y la polaridad entre estas dos posiciones, sus partidarios se orientan más hacia el objetivo de fortalecer los regímenes tradicionales y crear nuevas modalidades de protección social, y de esta forma constituir una mayor y mejor seguridad social. Tiene como exponente el pensamiento del Director General de la OIT, en la cual se propone la necesidad de adaptar el funcionamiento de la seguridad social a las exigencias de la flexibilización del mercado de trabajo, en reducir el nivel de la protección social sustentada en la solidaridad nacional.

    Esta posición conciliadora entre polaridades antagónicas es de difícil aplicación por cuanto el proceso de adaptar la protección social a la flexibilidad del mercado laboral necesariamente nos conducirá a la renuncia de los derechos sociales.

    La historia reciente de la concepción de la seguridad social a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, se enmarca plenamente dentro de la primera posición, especialmente por los aspectos que se destacan en el Artículo 86, en el cual se delinean las bases fundamentales para enmarcar la seguridad social en nuestro país dentro de una concepción solidaria:

• Concibe a la seguridad social como un servicio no lucrativo.

• Es una obligación intransferible del Estado asegurar la efectividad del derecho a la seguridad social.

• Los recursos de la seguridad social no pueden ser administrados con fines lucrativos y privados.

    Dentro de este esquema se desarrolla la discusión en el seno de la Comisión que estudia la Reforma de la Seguridad Social en la institución militar y presenta para su discusión un Anteproyecto de Reforma de la Seguridad Social.

    La referida Comisión está presidida por el Director General Sectorial de Bienestar y Seguridad Social, e integrada por representantes de los Órganos de Protección Social de la FAN, entre otros; por el Director de Sanidad de la FAN; el Presidente del Instituto de Previsión Social de la FAN, del IORFAN, Seguros Horizonte, C.A.; los Consultores Jurídicos de los Cuatro Componentes: Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, el Círculo Militar, IPSFA y Sanidad Militar.

    La situación de la Reforma de la Ley de Seguridad Social en la Fuerza Armada Nacional está sujeta a la definición y precisión en el contenido de otras reformas en curso dentro del sector defensa, en correspondencia con el contenido de la normativa constitucional, específicamente a los proyectos de reestructuración de la macro estructura del Ministerio de la Defensa y la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, ambos proyectos se encuentran en discusión para su próxima aprobación por las instancias correspondientes.

    El sector defensa está inmerso dentro de la administración pública nacional, y por tanto no ha escapado a la evolución y limitaciones de la estructura general que la contiene.

    El Ministerio de la Defensa ha realizado esfuerzos administrativos y estructurales para adecuar los recursos disponibles, sin afectar los programas de protección social para el personal militar y civil que presta sus servicios en las Fuerzas Armadas.

    Las acciones del Sistema de Bienestar y Seguridad Social de la Fuerza Armada en procura de la eficiencia administrativa están dirigidas básicamente hacia la integración coordinada de los componentes hacia el interior del sistema. Por otro lado, busca la apertura hacia el exterior de la organización en búsqueda de mayor vinculación externa, tanto con organismos del Estado como con particulares, que puedan contribuir con modalidades de autofinanciamiento o intercambios de insumos y servicios que abaraten los costos para el fortalecimiento y contribuyan a la consolidación de una plataforma social lo suficientemente sólida, que reduzca el grado de vulnerabilidad del usuario ante las posibles contingencias de salud y alteraciones en la capacidad adquisitiva que limiten las oportunidades de satisfacción de las necesidades básicas, requeridas para el desarrollo de las capacidades individuales, laborales, como integrantes de la institución y capital humano productivo.