Guillermo Ontiveros Ruíz
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Con la caída de los principales precios de las materias primas –especialmente el petróleo–, la escasez de recursos financieros y la elevación de las tasas internacionales de interés que regían los contratos de deuda externa, estalló la crisis de la deuda en 1982, donde México entró en una nueva etapa del desarrollo económico en la que eran cuestionados el modelo de sustitución de importaciones seguido por la mayoría de los países de América Latina –y que tenía como prerrequisito una lógica proteccionistas del comercio internacional de tal manera, que la intervención del estado indujera a la integración productiva–, así como la capacidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para conducir los destinos económicos, políticos y sociales del país.
Posteriormente las crisis de 1986 y 1988 acentuaron la ya de por si mermada capacidad de generar empleos formales, lo que incrementó las actividades informales, además de desarticular el eje definido hasta ese momento entre empleos– sindicatos– seguridad social, traduciéndose en un proceso de deterioro de las instituciones vinculadas con el bienestar social, y por ende con la aplicación de políticas especialmente dirigidas a abatir el aumento del rezago, la marginación y la pobreza extrema. Esta última “se manifiesta en su forma más burda en las grandes ciudades, en donde se estima que casi uno de cada dos habitantes vive en los amplios márgenes de esta franja. Sus signos evidentes son la mendicidad, la multiplicación de toda clase de inválidos y parias, el abandono de un gran número de niños e incluso varias formas de trabajo al que ahora llaman economía informal. …En todo caso, de no atacarse con celeridad este problema, que ya no se restringe a franjas sino a verdaderos océanos de pobreza estaremos cada vez más cerca de un estallido social”