Alexei Guerra Sotillo

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La referencia a la agudización de la crisis económica venezolana y a su naturaleza histórico-estructural, es hoy un lugar común que debe sortear los intentos por profundizar en sus causas, a objeto de lograr un conocimiento más acabado y científico en lo atinente a su persistencia y complejidad.

Dicha crisis, que abarca diversos ámbitos y cuya entera caracterización excede los objetivos del presente trabajo, es producto del agotamiento de un modelo de desarrollo económico rentístico-petrolero, del complejo replanteamiento de las relaciones de poder entre el Estado, el capital y el resto de los actores sociales, así como a la difícil concreción de la estabilidad política y la independencia institucional que en la dialéctica histórica venezolana, determinan en buena medida la naturaleza, funcionamiento y estructura del Poder Público en Venezuela.

El clima de ingobernabilidad y de ausencia de consensos que ha marcado el conjunto de reformas políticas, legales e institucionales iniciadas a partir de 1998 con el ascenso al poder de Hugo Chávez Frías, y la promulgación de un nuevo Texto Constitucional en 1999, producto de una Asamblea Nacional Constituyente, han signado indudablemente el clima económico y el desempeño de los principales indicadores macroeconómicos y microsociales de la estructura productiva nacional, independientemente de la evaluación que pueda realizarse sobre la gestión gubernamental del Presidente Hugo Chávez.

En el contexto de un distanciamiento entre el liderazgo empresarial del país y el Poder Ejecutivo, y de la poca continuidad de la política económica oficial, el escenario económico venezolano exhibe un proceso de descapitalización progresiva, desinversión y contracción generalizada de la producción en sus distintos sectores y ramas de actividad.

El aumento en las cifras de desempleo, (16,7% para el primer trimestre de 2004 en Lara) junto al cierre de empresas y a la creciente precarización del trabajo y de las relaciones laborales, ocasionadas por el proceso de Globalización económica y el agotamiento del modelo de desarrollo económico venezolano, constituyen algunos de los factores que han impulsado a miles de personas a buscar nuevas formas de ganarse la vida. Y es aquí cuando se hace evidente un aumento de la presencia en el escenario económico nacional de la denominada economía informal, cuyas cifras abarcan ya más de la mitad de la población económicamente activa, según diversas fuentes: 56% (Datanálisis) y 50% (España).

De acuerdo a cifras oficiales aportadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el desempleo alcanzó para el mes de Junio de 2003 el 18,4% de una fuerza laboral estimada de 11,9 millones de personas.

Para este organismo durante ese mes, el 46,3% de los venezolanos que trabajaron lo hicieron en el sector formal, es decir, en empresas de cinco o más personas del área pública o privada, por lo que para ese lapso, el ente citado estima que el 53,7% de los trabajadores obtuvieron ingresos en el sector informal de la economía, evidenciando cierta similitud con las estimaciones no oficiales comentadas anteriormente.

En el ámbito del estado Lara y de acuerdo a cifras obtenidas con proyecciones poblacionales basadas en los resultados del XII censo de población y vivienda de 1990, con una población de la entidad estimada en 1.588.011 personas, el sector formal concentraba para el segundo semestre del año 2000 el 42,4% de la población de 15 años y más ocupada, mientras que el sector informal representaba el 57,6% del total.

Aun cuando no se poseen las cifras oficiales y definitivas del último censo realizado en el país (año 2001), haciendo uso de las estimaciones y cifras aportadas por firmas privadas, se evidencia que la economía informal en el estado Lara, cercana casi al 60%, rebasa lo que serían las cifras referidas al país, aproximadamente un 50-55% de la población económicamente activa.

Ahora bien, más allá de las conceptualizaciones y visiones teóricas e ideológicas existentes alrededor de la economía informal y su creciente presencia en relación a un disminuido sector formal o moderno del aparato productivo, junto a la irrupción de los llamados “buhoneros” en las aceras y vías céntricas de las principales ciudades del país como manifestación más palpable más no exclusiva de la informalidad, se ha convertido en un fenómeno complejo cuyas implicaciones superan los límites superficiales de lo laboral o lo económico para hundirse en raíces causales que atenderían a aspectos como la naturaleza de la intervención estatal en la economía, las características y problemas estructurales del tejido productivo nacional y a la cultura e instituciones de la sociedad venezolana.

La economía informal, visualizada desde sus múltiples y posibles significados; como espacio socio-productivo objeto de debate político; problema de orden público-urbanístico-ambiental; justificación o escape aparente al desempleo de la fuerza laboral; expresión de la reestructuración del mercado global capitalista y de la relación capital-trabajo; evidencia de las iniciativas sociales y populares hacia el emprendimiento empresarial y la asociatividad, o simple respuesta ciudadana a las restricciones, costos y obstáculos estatales al libre juego de la oferta y la demanda y al ánimo lucrativo de grupos sociales excluidos del sector “moderno” o “formal” de la economía, constituye una realidad compleja y altamente estructurada con múltiples aristas analíticas, cuyas dimensiones teóricas y prácticas justifican su análisis riguroso y sistemático.

La misma caracterización de “economía informal” traería consigo la predisposición hacia una visión parcial del fenómeno, entre quienes han planteado una terminología que refiere, con calificativos quizá menos excluyentes, a una “economía social”, “solidaria”, “alternativa”, “popular” o “asociativa”, lo cual ilustra la ausencia de un consenso generalizado y absoluto sobre esta novedosa tendencia. De hecho, la profusión de adjetivos denotaría la poca claridad conceptual y los distintos matices ideológicos o políticos en torno a la economía informal.

Sin embargo, la informalización de la economía, con vínculos igualmente notables con la conformación de un nuevo paradigma organizativo en lo empresarial, plantea precisamente la discusión en torno a los esquemas, formas y modalidades bajo las cuales la población excluida de ese sector formal, o en todo caso imposibilitada de acceder a él, se organiza, asocia y agrupa en pequeñas unidades productivas para lograr como objetivos, o bien de la subsistencia o sobrevivencia, la acumulación, o bien la consolidación plena en términos empresariales.

Aspectos como la flexibilidad estructural, la escala de producción, el tamaño y la adaptación del trabajo a las nuevas tecnologías y las nuevas condiciones del mercado laboral constituyen algunos de los elementos presentes en la identificación de ese nuevo paradigma organizativo, Guerra C. y Guerra S. (2002), lo que plantearía incluso una redefinición, replanteamiento o un debate alrededor de la noción misma de “microempresa”, asumiendo que lo “micro” no es ya sólo una expresión de la economía social, popular o informal, sino un imperativo y requisito ineludible de reestructuración, sobrevivencia y competitividad empresarial.

En todo caso, la microempresa surge como instancia organizativa de primer orden en la economía latinoamericana y, particularmente la venezolana, abarcando la mayoría de las pequeñas unidades de producción en proporción a las de escala mediana o grande.

Sus características o rasgos definitorios fundamentales (naturaleza familiar, escaso capital, mano de obra intensiva, gerencia rudimentaria, ausencia de formalidad jurídica, entre otros) tienen una lógica conexión con la noción de informalidad, en el plano no sólo teórico sino histórico.

Microempresa e informalidad se erigen como dos referencias analíticas que, en el actual contexto socio-político y económico venezolano, y a la luz de la naciente tendencia en círculos académicos, oficiales y multilaterales a superar modelos teóricos tradicionales u ortodoxos sobre el desarrollo y a valorar la cultura, las instituciones, la historia y la subjetividad del factor humano en los procesos económicos, hacen pertinente una aproximación a la relación entre estos dos constructos, y al papel del Estado como agente promotor del crecimiento económico y social de una nación, y de una mejor calidad de vida para su población.

El concepto de Capital Social empleado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2000), Putnam (1993) y Madrid (2002), por mencionar algunos; la alusión a la “red” como parámetro central en la articulación de las relaciones de producción, comunicación e información del nuevo concepto de información utilizado por Castells (1999); el papel de la cultura en el nuevo pluralismo organizativo de Llano (1994); la revalorización de lo humano en la organización propia de la posmodernidad como tesis de Martínez (2000) y Morín (2000), o el estudio de las instituciones y su influencia en la teoría económica de la denominada por Williamson (2001) la Nueva Economía Institucional, evidencian la construcción de una nueva matriz epistémica, como soporte cognoscitivo de cualquier aproximación al tema de las microempresas y la informalidad.

Frente al papel del Estado, en el espacio de lo regional o lo local, y a su responsabilidad en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas destinadas al sector empresarial, las recientes reformas institucionales, particularmente materializadas en la nueva Ley Fundamental de 1999, plasman en cierta forma el espíritu aludido anteriormente, en lo atinente a la consideración de la sociedad civil, la economía social o popular, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a las cooperativas, como expresiones de sectores sociales tradicionalmente no incluidos en la economía “formal”.

La aparición del sector informal, o del conjunto de actividades y organizaciones que comparten determinada caracterización y suelen agruparse en la economía informal, tiene estrecha relación con los primeros síntomas de crisis o agotamiento del modelo de desarrollo económico venezolano, alimentado de la renta petrolera y del Capitalismo de Estado, ubicados temporalmente hacia la segunda mitad de la década del 70, específicamente, a decir de Rojas (1992) en los años 1978-79. Según el referido historiador

El carácter petrolero de la economía venezolana es lo que explica, en principio, el tardío impacto de la crisis mundial capitalista en el interior de nuestra estructura económica. (...) Mientras la economía mundial entra en crisis a finales de la década de los 60, agravada con el aumento de los precios del petróleo en 1973, Venezuela conoce los primeros efectos de la crisis en 1978-79, es decir, casi diez años después. (...) Sin embargo, hay que mirar el período anterior (1973-1978) para encontrar las raíces más inmediatas de la crisis. Allí encontramos como primer aspecto, la bonanza económica que sigue al auge inusitado de los precios internacionales del petróleo, el incremento inicialmente inexplicable de la deuda externa venezolana, el crecimiento del Gasto Público y, en lo fundamental, los desajustes financieros que harán explosión en 1978 paralelamente a la política de “frenazo” impuesto por el gobierno de Herrera Campins.

El deterioro progresivo de los principales indicadores macroeconómicos y sociales de Venezuela, junto al debilitamiento del sistema político venezolano, generado en parte por el agotamiento progresivo del modelo de Estado Paternalista y la aguda crisis fiscal que limita cada vez más la satisfacción de las necesidades más básicas en materia de empleo, salud, educación, vivienda, seguridad social y de calidad de vida en general, conducen al crecimiento del sector informal de la economía y de la población en condiciones de pobreza moderada y extrema.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo (FAO), el 18% de la población venezolana padece de hambre. Elisa Panadés, representante del organismo en Venezuela, ha manifestado que 3,8 millones de venezolanos no comen lo suficiente, por lo que se encuentran subnutridos. (Diario El Nacional, 4-7-03).

En relación a las estadísticas sobre la pobreza en el país, las diferencias que existen entre las estimaciones públicas y privadas no soslayan el hecho preocupante de su persistencia y aumento.

Para el INE, la pobreza en el segundo semestre de 2002 había llegado a 48,6% del total de hogares, y en términos poblacionales, al 55,4% del total de habitantes; el 21% de los 5,81 millones de hogares y 25% de los 23 millones de venezolanos viven en situación de pobreza extrema, ya que su ingreso per capita es inferior al valor de la canasta normativa alimentaria.

Frente a este desolador escenario, el economista en Jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Enrique Ganuza, ha señalado que Venezuela está en un grupo de 11 países que no logrará reducir en 50% la pobreza extrema para el año 2015 si se reproducen las políticas económicas de la década de los noventa, afirmación hecha con base en una proyección que hace el organismo multilateral fundamentada en el comportamiento económico de ese lapso, y lo que sucedería si se repiten hasta el 2015 los mismos resultados macroeconómicos que se registraron (en cuanto a variación del PIB y los coeficientes de desigualdad) entre 1990 y 1999, lo cual indicaría que pasarán 85 años para que el país llegue a disminuir 2% de la pobreza extrema. (Diario El Nacional, 19-7-03).

De acuerdo a Datanálisis, la pobreza en cambio alcanza a 8 de cada 10 venezolanos, desagregada en un 38% de personas ubicadas en el estrato D (pobreza moderada) y un 43% localizadas en el estrato E (pobreza extrema). (Diario El Nacional, 25-05-2003).

Por otra parte, Francés (1999) aporta algunas consideraciones, en la descripción cuantitativa del empeoramiento de la economía venezolana hacia finales de los 70 e inicios de los 80, al afirmar que

Después del Viernes Negro de 1983, la tasa de empleo informal no ha bajado del treinta y ocho por ciento; en 1994 subió al cincuenta por ciento, manteniéndose alrededor de este nivel desde entonces. El desempleo abierto, vale decir, la proporción de la fuerza de trabajo que está desocupada y buscando empleo, ha oscilado entre un mínimo de seis por ciento (en 1993) y trece por ciento (en 1984). Sumando el desempleo y empleo informal resulta que apenas el cincuenta por ciento, aproximadamente, de nuestra fuerza de trabajo ha contado con un empleo desde 1983, y menos del cuarenta por ciento, desde 1993.

Frente a la agudización de la crisis económico-institucional venezolana, y a la ausencia o ineficacia de políticas estratégicas que abordaran el fenómeno, cierta clase política asumió quizá a la informalidad como un “mal necesario”, o como un sector que, ante el aumento de las cifras de desempleo, servía de vía de escape o “colchón” para atenuar el fuerte golpe de la pobreza y la inexistencia de oportunidades educativas o laborales.

Tal tesis es compartida por Hernández (1993):

El sector de la Economía Popular, a través de las estructuras microempresariales ha evitado que el desarrollo de la crisis se convierta en un hecho de una mayor gravedad para los sectores populares. Gracias a este sector, un grueso número de personas continuó percibiendo algún tipo de ingresos, a pesar de haber salido de los sectores de la economía formal (...) La microempresa funcionó como un instrumento de los sectores populares para el “rebusque”.

Queda en el debate, no obstante, los esquemas o modalidades de vinculación entre la empresa formal y la informal, o el peso de la competencia informal al momento de racionalizar y gerenciar los costos de la “formalidad” en algunas empresas. El imperativo de la competitividad por reducir los costos de producción, aunado a la contracción del mercado, caída de la demanda, plantean como salida para muchos empresarios, la adopción de prácticas de informalidad, evasión o incumplimiento de deberes mercantiles o tributarios.