Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno
SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?
H. El Contexto Político de la Política Económica
En la contienda electoral de 1993 se presentaron 18 candidatos a la presidencia
de la República, pero sólo cuatro tenían opciones efectivas de competir. Rafael
Caldera - fundador de COPEI, pero excluido de este partido - fue el candidato
ganador, con una agrupación política llamada Convergencia, de inspiración
social cristiana apoyado además por sectores de la izquierda, tales como el
Movimiento al Socialismo, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Comunista de
Venezuela y pequeños partidos y grupos electorales. En total, recibió el apoyo
de 18 agrupaciones políticas y se centró su campaña electoral en la reflexión
sobre la crisis. Por su estilo de oposición al paquete económico del gobierno de
Pérez, fomentó expectativas de revisión e incluso de desembarazarse de dicho
programa.
Rafael Caldera alcanzó notoriedad durante el quinquenio, a partir de la
explosión social del 27 de febrero de 1989, y su liderazgo sobresalió aún con
mayor contundencia después del primer intento de golpe de Estado. Desde esos dos
hechos se intensificó su línea de oposición al ajuste económico y a la visión
neoliberal de los cambios denunciando sus secuelas sociales y la carga que
representaba sobre los sectores populares.
En la gestión del Primer Mandatario instalado el 2 de febrero de 1994, se
planteó asumir la crisis económica y los cambios ineludibles de la economía
venezolana, reivindicando un vínculo con lo social, es decir, colocando un pié
en lo económico y otro en el gasto social para lograr una democracia con
justicia social. Tal actitud se emparenta con el pensamiento de Caldera de la
vieja guardia socialcristiana, mentor de la plataforma política venezolana y
forjador de un concepto de democracia con equidad.
La estrategia del gobierno sería dirigida hacia la estabilización del país en
varios aspectos que fueron seriamente afectados en los años recientes. En el
corto y mediano plazo la preocupación central fue reducir el déficit fiscal,
aliviar el deterioro del nivel de vida de la población, dar respuesta a la
crisis bancaria e incrementar la eficiencia institucional y conciliar al país.
En cuanto a la relación con el Fondo Monetario Internacional
hasta 1996 Caldera mantuvo firme su posición de no llegar a un acuerdo con dicho
organismo multilateral. Sin embargo, a principios de 1996, la situación
económica derivada de la reimplantación de los controles en la economía (control
de precios, del tipo de cambio, entre otros), vigentes desde junio de 1994, y
los efectos de una situación de recesión e inflación que había durado más de dos
años, llevaron a la necesidad de la implantación de un nuevo programa de ajuste
económico. Este programa intenta restablecer los equilibrios macroeconómicos
básicos y generar la confianza necesaria en los agentes económicos que
permitiese la expansión de los niveles de inversión interna y externa para así
reemprender la senda del crecimiento económico.
Las medidas económicas de la Agenda Venezuela difieren un poco de las propuestas
y objetivos contenidos en el Programa de Ajuste Estructural de 1989. Las
principales diferencias que marcarán la ejecución de este nuevo programa de
ajuste tienen que ver con aspectos que no estaban presentes en el anterior: a)
Se había logrado que en la población existiese un mayor grado de aceptación de
las medidas, las cuales no son evaluadas en términos negativos, como ocurrió en
1989, por parte de los distintos actores políticos y la opinión pública en
general; b) Una serie de reformas institucionales que se han realizado,
facilitan un rápido efecto de las medidas: se cuenta con una reforma del
Impuesto sobre la Renta y con mecanismos más eficientes de recaudación fiscal,
como por ejemplo, el impuesto a las ventas.
El contexto político de la gestión económica que le toca realizar al presidente
Caldera va a estar caracterizado por el hecho de que no contó con una base
política suficiente que desde el Congreso de la República le diese el apoyo
necesario para instrumentar de manera expedita las medidas legales que la
situación requería.
En efecto, un dato importante de la realidad política lo representa la
multipolaridad que a partir de 1993 surge en el Parlamento, rompiéndose así la
tradicional bipolaridad que a lo largo del periodo de reinstauración
democrática, habían mantenido los partidos AD y COPEI, alternándose en el poder,
los cuales cedieron espacio merced a la voluntad popular, a otras organizaciones
partidistas como la Causa R, el MAS y Convergencia (tal como se muestra en el
siguiente cuadro).
Cuadro 10
Congreso Nacional 1988-1993
Diputados y Senadores Electos (%)
Fuente: C.N.E. Dirección de Estadística Electoral. (Sandoval.
1999:26)
En el año 1994, presionado por la crisis financiera, el
gobierno de Caldera solicita al Congreso de la República le apruebe una Ley
Habilitante, que le otorgue poderes extraordinarios para legislar sobre la
materia económica ante la situación que enfrenta el país. Dada la posibilidad
inicialmente constatada de que le fuese negada por los sectores de oposición,
públicamente anunció la amenaza de disolver el Poder Legislativo; fueron los
tiempos en los cuales se habló del calderazo para aludir a la medida similar
que sí puso en práctica el presidente Alberto Fujimori, en Perú.
Del panorama político de esa época se destacan tres rasgos importantes (Kornblith.
1998:178): el aumento de los porcentajes de abstención, el debilitamiento del
caudal electoral de AD y COPEI, y el crecimiento de una fuerza de oposición como
La Causa R, especialmente en las regiones más pobladas y urbanizadas del país,
todo lo cual evidencia que han ocurrido cambios sustanciales en las preferencias
sociopolíticas de la población.
¿Eran los cambios ocurridos el presagio del agotamiento y colapso del modelo
sociopolítico hasta entonces dominante?
Sin lugar a dudas los acontecimientos posteriores así lo confirman, sobre todo
con base en los resultados electorales de 1998 y los sorpresivos movimientos que
se dieron en el tablero del ajedrez político venezolano.
Fiel a la política de pacificación que había instrumentado durante su primer
mandato y que posibilitó la liquidación de las actividades guerrilleras en el
país, al igual que en aquella época, en la búsqueda de un clima de consenso
nacional y como mecanismo de oxigenación del sistema, el Presidente Caldera
decidió el sobreseimiento de la causa y otorgó la libertad a los cabecillas del
golpe de febrero de 1992. De esta manera, Hugo Chávez Frías, Francisco Arias
Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos se incorporaron a la
vida civil, incluso los tres últimos, en cargos del gobierno.
Para aquel entonces dicha medida no fue tan cuestionada como posteriormente
cuando se le reprocha al Presidente haber engendrado a los liquidadores del
bipartidismo, a raíz de la conversión del Movimiento Bolivariano Revolucionario
- 200 (MBR) en el Movimiento Quinta Republica (MVR) y su participación en las
elecciones con los consabidos resultados.
La debacle financiera que se produce entre los
años 94 y 95 de este período arrastró consigo a 17
instituciones que quedaron fuera del sistema e indiscutiblemente repercutió
negativamente en los planes de estabilización económica propuestos por el
gobierno y aún cuando ha sido objeto de diversos análisis desde varios puntos de
vista, no puede dejar de señalarse el impacto psicológico que creó sobre el
modelo sociopolítico debido a la cantidad de recursos que se invirtieron para
auxiliar financieramente a los ahorristas y garantizarles la recuperación de sus
haberes (argumento central oficial) , frente a la percepción generalizada del
mal manejo de la situación, los beneficios obtenidos por los dueños de los
bancos y la convicción de que nuevamente la impunidad se impondría al no haber
sanción alguna para los culpables de los delitos bancarios.
Asimismo, para efectos de comprender la relación entre el entorno político y el
comportamiento de la economía no puede marginarse del análisis una circunstancia
que como «costo de oportunidad permite a Rafael Caldera ascender en el
escenario electoral hasta alcanzar el triunfo y, como consecuencia la
popularidad a expensas del deterioro social y económico de la población. Nos
referimos, en primer lugar a su célebre arenga desde la tribuna de oradores del
Congreso de la República, en ocasión del debate sobre el golpe militar y, con
posterioridad, la capitalización de votos y de apoyo popular sobre la base de
sus críticas abiertas y frontales a la política económica del presidente
defenestrado y a las recetas neo- liberales del Fondo Monetario Internacional.
Por esta vía, se declaraba contrario a que el país se arrodillara frente a los
organismos financieros mundiales, al tiempo que cuestionaba el proceso de
privatización, la depreciación del bolívar, la aprobación de los bonos cero
cupón y la reforma comercial, como se sabe, aspectos básicos del proceso de
apertura consagrado en los programas de ajuste.