Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno
SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?
F. El Impacto Social del Ajuste Neoliberal
Al hacer un estudio comparativo entre los distintos países de América Latina,
queda perfectamente establecido que el crecimiento económico y social de éstos
tiende a producirse generalmente en aquellos que se dedican a atender a su
población en dos áreas fundamentales, como lo son: Educación y Salud, logrando
así una sociedad eficientemente productiva; no obstante, la presencia de
problemas tan severos en esos sectores, profundizan los desequilibrios
económicos generando una reducción en la eficiencia productiva de cualquier
país.
Tal planteamiento es perfectamente aplicable al caso de Venezuela, donde a pesar
de que la economía tuvo un crecimiento progresivo a partir de 1990, los
Indicadores Sociales continúan siendo tan precarios como en los inicios de la
aplicación del paquete económico y de la formulación del VIII Plan de la Nación.
La turbulencia política e institucional que caracterizó al mandato
constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez, produjo una contracción del
ingreso real de los trabajadores, fomentándose una concentración de la riqueza,
así como una expansión acelerada de la informalidad, marginalidad y pobreza.
Tales indicadores constituyen la representación más clara de que la propuesta
del Gran Viraje, basada en políticas económicas de choque y programas sociales
compensatorios, no generaron las respuestas que se esperaban con la
implementación del mismo.
Por lo impactante que resultaron para el panorama social, medidas económicas
tales como la liberación de precios, el incremento en las tasas de interés, la
libre fluctuación del bolívar frente al dólar y el aumento en los precios de
bienes y servicios, el gobierno se vio obligado a diseñar la instrumentación de
los subsidios directos. En el nuevo esquema, estos subsidios se combinaron con
los programas tradicionales que ejecutaban los ministerios y demás instituciones
del sector social, con las estructuras y mecanismos utilizados por ellos en las
áreas de salud, educación, nutrición, seguridad social, recreación y servicios
públicos, abordados con un carácter populista, dirigidos a los grupos más
vulnerables de la sociedad, los cuales, lejos de reducir la pobreza y de
combatir las causas que la originan, solo sirvieron para mitigar los efectos del
paquete económico.
A pesar de haber cubierto sólo esa expectativa, a los programas sociales de
corte compensatorio se les debe reconocer algunos méritos; en primer lugar su
diversidad e integralidad, ya que se dejó ver la clara intención de implementar
acciones variadas e integradas, con el firme propósito de dar una respuesta
global a las necesidades de los sectores más pobres, no obstante el Ejecutivo
tuvo en ese sentido una falla, ya que le dio mayor promoción y recursos a
aquellos programas que se distribuían en forma de dinero o especies, orientados
primordialmente a fortalecer el ingreso del grupo familiar.
Otro logro se refiere a la cobertura y alcance de estos programas sociales. Este
aspecto posee especial significado, pues el Estado Venezolano carecía casi por
completo de experiencia en el diseño e implantación de programas de
transferencia directa, sin embargo, esto no limitó que se lograra alcanzar a una
buena parte del territorio nacional.
Por ultimo, su énfasis en una mayor transparencia, logrando trascender en buena
medida el clientelismo partidista, gremial y sindical con incorporación de otros
sectores de la sociedad civil.
Contrario al planteamiento anterior, las políticas compensatorias implantadas
por el VIII Plan, presentaron marcadas limitaciones, teniéndose entre las más
resaltantes, el hecho de que los criterios adoptados para establecer las
prioridades de atención de cada programa no fueron los más adecuados, así, se
observa que a los subsidios directos se les dio el mayor respaldo publicitario y
financiero, convirtiéndolos en el símbolo d las bondades de la política social
del gobierno de turno, el cual no captó la esencia de que las medidas
compensatorias debían ser coyunturales y de carácter transitorio, al dárseles
permanencia en el tiempo, se perpetuó la indigencia de los sectores populares,
disminuyendo la participación ciudadana en virtud de la demagogia, populismo e
irresponsabilidad que el paternalismo del Estado fomentó.
Por otra parte, a pesar de que el acento de la política social se colocó en los
programas compensatorios, el Gran Viraje contempló acciones para encararla de
forma más integral. Tal fue el caso del apoyo contemplado a las microempresas y
a la economía popular, en general, a través de los planes de Empleo Juvenil y de
las Becas Salario. También se tenía propuesto fortalecer la participación de la
sociedad civil, apoyando a las Organizaciones no Gubernamentales; sin embargo,
la mayoría de estas acciones no lograron actuar como sólidos soportes de una
estrategia social de largo alcance.
Entre los programas compensatorios de más amplia cobertura, se tienen los
aplicados en el sector educacional, a través de la red escolar del Ministerio de
Educación. En este caso destacaron la Beca Alimentaría, el Bono Lácteo, el Bono
de Cereales, y la Dotación de Útiles y Uniformes Escolares, los cuáles
provocaron un importante impacto económico, social y nutricional alcanzando a
beneficiar tres millones de niños pertenecientes a dos millones cien mil hogares
pobres, que representaron aproximadamente a doce millones de habitantes;
contribuyeron, además, a bajar la deserción escolar y la desnutrición según
datos oficiales.
Según refiere (Márquez, 1998:147) mediante estos programas, durante el
quinquenio comprendido entre 1989 y 1993, se hizo una erogación fiscal por el
orden de los 117.000 millones de bolívares, traducido en un aporte promedio
diario de 40 bolívares por familia, que en términos nutricionales significó el
aporte de 180 calorías por persona por día. Adicionalmente se debe resaltar el
carácter de equidad de estas transferencias sociales, ya que los sectores más
pobres beneficiados con este programa, recibieron una porción mayor de estos
subsidios debido fundamentalmente a que era en esos estratos donde se reflejaba
la mayor cantidad de niños por familia. Una idea de la magnitud de los recursos
asignados a estos programas se muestra en el cuadro N°9.
Sin embargo, las carencias de la red educativa y las precarias condiciones
económicas de los sectores indigentes, limitaron la focalización de estos
programas de atención directa hacia esos sectores.
Cuadro 9. Principales Programas Sociales
Presupuesto Anual 1989-1993 (millones de bolívares)
Fuente: Márquez, 1998. p. 145.
Otro de los programas aplicados a través de la red educativa,
fueron los referidos a la Expansión del Preescolar y a los Hogares de Cuidado
Diario, cuyas finalidades se basaron en la expansión y consolidación de ciertas
actividades de aprendizaje de los niños en edad preescolar; cabe resaltar que al
inicio de su aplicación, sólo el 30% de los niños en capacidad de asistir al
preescolar lo hacían y su instrumentación permitió elevar esa cifra a 62%.
En el área de la salud, el programa más importante que se instrumentó fue el de
la Atención Materno Infantil (PAMI), puesto en práctica por la Fundación PAMI y
el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con el apoyo de empresas privadas
encargadas de la distribución de la leche y del complemento alimentario
Lactovisoy.
Por el alto contenido de sensibilidad social, este programa superó las
expectativas propuestas, ya que se logró implantar en 1.300 ambulatorios y no en
los 950 planteados inicialmente; además, esta novedosa y masiva experiencia
logró rescatar la atención en salud, potenciando buena parte de la red primaria,
incentivando de esta manera a la población materno infantil para que acudieran
en forma oportuna a la consulta.
La principal limitante de este programa estuvo en lo reducido de la red de
ambulatorios y lo distante que estaban las familias más pobres de estos centros;
por otra parte los reiterados paros del personal del sector salud acaecidos en
la época, provocaron el rechazo al programa por parte de los beneficiarios, lo
que comprometió sensiblemente la capacidad de atención primaria en salud.
Por último, otro de los procesos que marcó un desarrollo en la Nación dentro del
sector salud, fue la descentralización, la cual a partir de 1989, impulsó el
fortalecimiento de los ambulatorios y de otros centros de atención primaria,
colaborando con la aplicación a gran escala de la medicina preventiva.
Para comprender mejor el impacto social que generó el programa de ajuste
neoliberal aún cuando contó con la aplicación de los denominados programas
sociales, conviene señalar algunas cifras que muestra el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) para esa época. Dicho índice, como es sabido, combina tres
dimensiones derivadas de las oportunidades fundamentales para lograr una buena
vida, es decir, la esperanza de vida; logro educativo (tasa de alfabetismo y
matricula combinada de educación básica, media y superior) y el ingreso per
cápita.
El IDH del país entre 1991 y 1995 desciende al pasar de 0,8536 en 1991, a 0,7840
en 1995, lo cual significa una caída en las condiciones y oportunidades de vida
de la población venezolana, en general.
La esperanza de vida, indicador del stock que mide las condiciones de
morbilidad y mortalidad de la población, se incrementó sensiblemente en el
quinquenio citado al alcanzar la cifra de 72,38 años, en 1995, contra 71,20 años
que registraba en 1990. Esta mejoría se atribuye a la inversión realizada, sobre
todo en infraestructura y equipamiento, gracias a la renta petrolera percibida
durante las dos décadas anteriores.
La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), como indicador de coyuntura, refleja más
sensiblemente las características de salud de la población más vulnerable: los
niños. En el país se redujo al pasar de 23,94 fallecidos por cada mil niños
nacidos vivos en el año 1991; a 21,82 en 1995, lo cual describe una relativa
mejoría de las condiciones de vida y de salud de la población. Los datos
referidos a la educación muestran, por ejemplo, que para 1991 la matricula era
de 21,14%, y en 1995, se situó en 21,51, lo cual significa que de cada 100
jóvenes ente 14 y 17 años, 79 están fuera del sistema educativo, en el área de
educación media y diversificada.
El indicador más coyuntural y por lo tanto más sensible de los que configuran el
IDH, como lo es el ingreso per capita, cae de manera drástica en 21% cuando pasa
de 5,266 a 4157$, durante el periodo 1991 - 1995, lo cual es un reflejo de la
crisis económica que sacude al país.
En lo social, la conclusión apunta a señalar que estamos muy lejos de acercarnos
a los niveles satisfactorios o adecuados en cuanto a salud, educación, formación
de recursos humanos como claves para aumentar la productividad y la producción
y, asimismo, el Estado, el gobierno, quienes lo han ejercido, no han podido
garantizar las condiciones sociales y la seguridad, equidad, libertad y justicia
para que las personas puedan desarrollar toda su creatividad y alcanzar una vida
plena.