Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno
SECCIÓN II
LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO
El análisis que se hace de los acontecimientos políticos, económicos y sociales
que tienen lugar a partir del denominado período de reinstauración del sistema
democrático en Venezuela, a partir de 1958 y en las tres décadas subsiguientes,
se inscribe dentro de la perspectiva coyuntural, en el entendido que la historia
se desarrolla en tres (3) niveles, precisamente el de los sucesos, ya citado,
éste de lo coyuntural, o de mediana duración y otro estructural o de larga
duración. Obviamente para comprender la magnitud y la permanencia de la crisis
se periodiza la época democrática y se coloca mayor énfasis en la última década
(1988 - 1998) dada la diversidad, intensidad y vertiginosidad de los cambios que
se producen en el país durante este lapso.
A. El Sistema Político que se Institucionaliza
Se reinstaura a partir del 1958 el denominado régimen democrático pluri-partidista
en nuestro país, interrumpido desde el lapso de apertura democrática que se
produce a la muerte de Juan Vicente Gómez,con los gobiernos de Medina Angarita y
Eleazar López Contreras, por la irrupción de la Junta Militar de Gobierno,
primero y luego con la dictadura perezjimenista.
En Venezuela se establece un pacto institucional que se inicia a raíz del
acuerdo político suscrito por los partidos Acción Democrática, COPEI y Unión
Republicana Democrática, conocido con el nombre del Pacto de Punto Fijo , bajo
el compromiso de hacer un frente común por la defensa de la democracia y, por
consiguiente, reconocer al vencedor en el proceso electoral que se avecina y
contribuir activamente con el gobierno que se instalase.
El marco jurídico - político con el cual se sella e institucionaliza dicho
acuerdo estaría representado por la Constitución Nacional que entra en vigencia
en el año 1961, aprobada por el Congreso Nacional con el voto mayoritario de los
parlamentarios pertenecientes a dichos partidos y del resto de los legisladores
dentro del denominado espíritu unitario del 23 de enero.
Además, como elementos o factores de poder igualmente coadyuvantes a la
consolidación del sistema que se instaura aparecen también la creciente
participación política de los grupos económicos, de la Iglesia y de los
sindicatos y del nuevo rol que se le asigna a las Fuerzas Armadas,
declarándosele el soporte y resguardo del régimen democrático como organización
apolítica y no deliberante.
Con relación a la inserción del país en el sistema de dominación mundial en
tanto centros de poder hegemónicos, vale señalar que esa evolución política a lo
interno coincidía con la directriz internacional apuntalada por los Estados
Unidos de Norteamérica, según la cual era necesario sustituir los regímenes
dictatoriales ante la influencia cercana representada por el triunfo de la
Revolución Cubana, ya proclamada marxista - leninista. Además de Pérez Jiménez,
también fueron derrocados Rojas Pinilla en Colombia, Perón en Argentina y Odria
en Perú.
Durante este periodo se observa la permanencia como rasgo característico entre
las ramas del Poder Público, de un desequilibrio promovido y protagonizado por
el Poder Ejecutivo, asumido desde el gobierno como un fuerte autoritarismo y
concentración elevada del poder. Desde el momento mismo de ser aprobada la Carta
Magna de 1961, se decreta ipso jure, la restricción de las libertades económicas
y se disminuye así la potestad del Poder Legislativo para controlar los actos y
decisiones del gobierno. (Esta situación permaneció inalterada hasta Julio de
1991, cuando fueron restituidas dichas garantías).
Con posterioridad al gobierno de Betancourt se inicia el proceso de
consolidación de la democracia o sistema populista de conciliación de élites
(Rey 1991:553) mediante: la derrota de la izquierda como opción real de poder y
el confinamiento de la lucha armada a una situación marginal en el escenario
político; la permanencia de COPEI en el gobierno, lo cual contribuyó a su
fortalecimiento como partido; y la desaparición de la oposición militar y de las
tendencias golpistas. Este proceso se extendió durante el gobierno de Leoni y
con la política de pacificación adelantada bajo la presidencia de Caldera, se
cancela en su casi totalidad la lucha armada y la insurrección guerrillera se
reduce a acciones aisladas y esporádicas en el acontecer político nacional.
Hay un dato que registra el análisis de este periodo como resaltante para el
desarrollo de la democracia representativa instaurada, referido a la presencia
casi omnímoda de los partidos políticos capitalizando las demandas sociales,
copando la escena en todas las instancias del poder organizado y asfixiando
otras posibilidades de expresión de la sociedad civil. Vale recordar que en la
propia Constitución Nacional de 1961 se legitimaba esta decisión política
mediante el Articulo 114 y sobre la base del clientelismo se instituyó el
reparto burocrático de los cargos en la Administración Pública, la cual pasó a
constituirse en una especie de botín o recompensa por el triunfo electoral.
Con la llegada de Carlos Andrés Pérez al poder, en el primer ejercicio de su
mandato popular sobreviene la bipartidización en términos de polarización
electoral, la cual se romperá a partir de 1 993. El modelo rentístico petrolero
sobre el cual se soporta el Estado Venezolano posibilitará su conversión en el
gran empleador con base en la concertación democrática acordada desde 1958. Al
lado de los partidos, las organizaciones obreras participarán en el concierto
clientelar, desvirtuando y desatendiendo sus principios doctrinarios,
propiciando el germen de la corrupción que terminará desacreditándolas como
fuerza política.
A este respecto, señala un estudioso de la problemática del Estado y del devenir
político, lo siguiente:
las actitudes que la hacen proclive (a la corrupción) desbordan el aparato
estatal, pues impregnan la sociedad y es que a partir de los años de la
abundancia creció espectacularmente y se generalizó, englobando no sólo la
alta corrupción que tuvo su pináculo en el affaíre Recadi (durante el gobierno
del presidente Lusinchi (1984- 1989) sino también la pequeña corrupción, la que
se expresa cotidianamente como el peaje, el bajarse de la mula o el cuánto hay
pa eso (Combellas. 1990).
Para esta época los anuncios y las declaraciones de austeridad fiscal y
exigencia de sacrificio, a la población le resultan ininteligibles luego de los
periodos de bonanza petrolera de los años 70 y 80 sobre todo porque persisten en
todos los ámbitos de la vida nacional, tanto en el sector público como en el
sector privado, manifestaciones de corrupción administrativa. El deterioro
institucional del sistema democrático comienza a expresarse en el
cuestionamiento y el rechazo a la partidocracia ante lo cual el sistema político
y los factores de poder arbitrarán y promoverán medidas y reformas para
oxigenarlo.
El 17 de diciembre de 1984 mediante el Decreto Presidencial N° 403, el
Presidente Lusinchi crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE),
derogando el Decreto N°1.461 del 7 deAbril de 1982 y eliminando a la Comisión de
Administración Pública. Muchas de las propuestas que en materia de reforma
electoral y del sistema político se instrumentaron en lo inmediato, así como
otras relacionadas con la reforma constitucional, surgieron del seno de dicha
Comisión, en particular, el Proyecto de Reforma Integral del Estado es
presentado oficialmente. Además, se realiza la reforma de la Ley Orgánica del
Sufragio y de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, se aprueba la Ley de
Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, la Ley Orgánica de la
Descentralización, Delimitación y Transferencia del Poder Público, la Ley que
crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, FIDES, y la Ley de
Asignaciones Especiales.
Para esta década y pese a que las reformas que se instrumentan en el sistema de
partidos y en el ámbito electoral están orientadas a promover la participación
de la ciudadanía en los comicios, el fenómeno de la abstención persiste y a
partir de aquí se acentuará. En forma similar, la crítica a la centralización
del poder y al excesivo presidencialismo, devenida en un escaso grado de
autonomía regional y local, propiciará la reivindicación del tema federal y las
medidas de descentralización.