REFORMA INSTITUCIONAL Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN
Desarrollo sostenible y
población
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ANTECEDENTES:
En 1984 se culminan las reformas al artículo 115 constitucional, que es el
principal precedente importante dentro de las políticas en busca de la
descentralización y el federalismo en México.
En diciembre de 1991 se concluyen las reformas al artículo 27 constitucional en
su apartado 10, así como su Ley reglamentaria en 1992 con el nombre de Ley
agraria (Pradilla, 1991; 9), donde se faculta la propiedad ejidal a ser sujeta
de enajenación en la misma calidad de la pequeña propiedad, mismo que procura el
mejoramiento de la productividad del campo mexicano, el cual encuentra en la
parcelación minifundista la principal causal de su rezago, al no poder
implementar economías a escala y todo lo contrario, ser la razón de las
deseconomías existentes en el campo mexicano.
Estas dos reformas institucionales se combinan con la reestructuración económica
de la que destaca la apertura económica, la cual contribuye en la explicación
del cambio de patrones en la migración y la distribución territorial del país.
Las recientes políticas de estabilización económica, que persiguen lograr una
inflación similar a la del principal socio comercial del país, Estados Unidos de
América, se sostiene por el tácito congelamiento de la política monetaria, de
forma que la falta de fondos bancarios para el crédito reduce el fomento
industrial y encarece significativamente (comparativamente a las tasas internas
de retorno de las empresas nacionales), lo que se traduce en una baja creación
de empleo.
La nación requiere crecer a tasas anuales de mínimo 6.0% del PIB para generar 1
millón 200 mil empleos al año, que según los cortes de edad en el histograma de
la población mexicana, y el criterio de considerar a la población en edad de
trabajar de 12 o más años, los jóvenes que hoy tienen 11 años (niñas y niños),
son precisamente poco menos de dicha cantidad. En los años 2000 y 2001 la nación
no creció, por lo que el cúmulo de desempleo en estos dos años se estima en una
cifra cercana a los 2 millones 400 mil desempleados. En el 2002 la nación logra
un crecimiento del 1.5% del PIB, que implica una generación de empleo de
aproximadamente 300 mil empleos, y con una deficiencia en el mismo rublo de 900
mil empleos no generados. En el año 2003 la economía del país crece aumenta su
crecimiento al 2.5% del PIB que se traduce en la generación de 500 mil empleos,
y 700 mil desempleos. En el 2004 se logra un crecimiento del PIB de 3.5% con una
generación de empleos de 700 mil empleos y 500 mil desemplos. El los dos
siguientes año 2005 se tiene un incremento del PIB de 4.5 que expresa la
generación de 900 mil empleos y 300 mil desempleos en cada año. Así, de 2000 a
2006 el desempleo generado acumulado fue de 5 millones 100 mil desempleos. En el
año 2007 el crecimiento del PIB se estima en 3.6%, lo que implica 720 mil
empleos generados y aproximadamente 480 desempleos.
Efecto al desempleo generado por las políticas de estabilización es el aumento
de la migración, especialmente urbana, a nivel internacional por lo que las
remesas familiares que para el año 2000 se calcularon en más de 10 mil millones
de dólares, para el 2007 ya superan los 17 mil millones de dólares. Esto es,
cada año las remesas crecen en términos absolutos mil millones de dólares, por
causa del aumento en la migración de trabajadores a la Unión Americana
(principal y significativamente), dado el aumento agigantado del desempleo en el
país. Las remesas familiares ya compiten como la tercera fuente de divisas del
país, después de las exportaciones y las ventas de petróleo al país.
La problemática radica en que los cambios de patrones en la migración y la
distribución territorial de la población se explican por las reformas tanto
institucionales como de la propia reestructuración económica. La cuestión de
interés es identificar cuáles son las principales reformas y cambios en la
organización social del trabajo y la producción que explican este cambio de
patrones.
Por ello, el supuesto del que se parte es que son las reformas a los artículos
115 y 27 constitucionales, conjuntamente con la apertura económica la que
explica, principalmente, el cambio de patrones en la migración y la distribución
espacial de la población.
Dado este contexto, el objetivo del presente trabajo es identificar el efecto
que han tenido en la distribución territorial de la población las reformas
institucionales en materia de las atribuciones del los municipios, como de la
mejora de la productividad agrícola en el campo mexicano en el fomento del neo
latifundismo.
EFECTOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL
Previamente es referencia necesaria ver la evolución de las reformas realizadas
al Artículo Constitucional del 115, especialmente a partir de 1984 en adelante.
Para ello es recomendable al lector revisar el trabajo de la Cámara de Diputados
(03 abril 2007) donde se cita:
“Hay que señalar que desde el constituyente de 1917 hasta la reforma de 1987, se
encontraban mezclados en este artículo disposiciones relativas tanto al ámbito
del gobierno estatal como del municipal. No obstante que la corrección se hizo
por el Constituyente permanente hasta 1987 con el objeto de enviar las
disposiciones estatales del artículo 115 al 116, esta recopilación tiene como
objeto mostrar la situación y evolución Constitucional exclusivamente del
municipio mexicano, que parte desde una concepción de régimen de
descentralización por región de los Estados en 1917, hasta su reconocimiento
como un auténtico ámbito y orden de Gobierno con la reciente reforma de
1999.”(Gutiérrez, 03 abril 2007). El portal correspondiente vigente al 03 de
abril de 2007 es:
http://www.cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comfm/p115def.htm
Las reformas sedan desde 1984 y pretenden darle al municipio mayor capacidad de
decisión, gestión y acción, mayor capacidad recaudatoria, aunque en el Artículo
124 se limita en mucho el aspecto fiscal para el municipio, y mayor presupuesto
para gasto social.
Las iniciativas federalistas encuentran su mejor expresión en las reformas a
este artículo, donde por otra parte, la figura administrativo pública adquiere
para el municipio lineamientos normativos más democráticos, especialmente en la
conformación del cabildo y su composición representativa y democrática.
No obstante, no se logra poner en un orden horizontal la autoridad de la gestión
en cuanto niveles de gobierno, puesto que la verticalidad que caracteriza la
toma de decisiones establecen el mando de gobierno que va de la federación a los
estados, y de los estados a los municipios. La pretensión es que exista en lo
local no tres niveles de gobierno, sino que federación, estado y municipio
tengan la misma dimensión de autoridad.
La instancia más cercana al ciudadano es el municipio, por ello, el federalismo
pretende posibilitar al Ayuntamiento con mayor capacidad de decisión, gestión y
acción local, para hacer más eficientes la atención ciudadana como de mayor
eficacia los programas de gobierno.
Las iniciativas federalistas a su vez, pretenden un federalismo fiscal, de tal
manera que peso que se recaude en cada municipio, la federación regrese un mayor
porcentaje del mismo al Ayuntamiento pues, en los años 80 se dice que solo
regresaba al ayuntamiento el 5% de lo recaudado. Actualmente la cifra anda por
los 35%, pero aún no es suficiente.
Las reformas a este artículo como los consiguientes 116, 117 y 118, facultan al
municipio para poder responder ante todo, a las iniciativas que se den en lo
local para aprovechar las oportunidades económicas, lo que permite, en un
contexto de globalización e integración económica, que las ventajas competitivas
locales encuentren su nexo con los procesos transnacionalizados de producción.
De esta manera, la Inversión Extranjera Directa (IED) ve posibilitada la
factibilidad de localizarse en cualquier parte del territorio nacional con la
logística administrativa pública necesaria para gestionar su acomodo local.
Con el ascenso de la producción flexible, la búsqueda de identificar ventajas
competitivas regionales y locales que se puedan aportar a los procesos de
producción, el territorio nacional adquiere interés para el capital
internacional. Por ello, se hace necesario facultar al municipio de la capacidad
de gestionar lo concerniente para albergar debidamente la inversión nacional
como extranjera que procure, en lo local, aprovechar la ventaja competitiva.
Por lo anterior, se entiende que las reformas al 115 constitucional no solo
obedecen a la procuración del federalismo y la descentralización de la vida
pública del país, sino a la promoción y vialidad de sumar las ventajas
competitivas que las distintas regiones del país puedan aportar al proceso de
globalización de las empresas transnacionales. El federalismo por tanto, es una
necesidad, como ventaja competitiva a su vez, para el esquema que a nivel
internacional se implementa bajo la lógica de la producción flexible.
EFECTOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
Como ya lo estimaba Verduzco (1991; 3), la reforma del artículo 27 en materia de
la propiedad ejidal viene a afectar el carácter y las características de las
relaciones sociales como económicas en el medio rural y urbano. Las reformas a
este artículo pretenden consolidar un sistema de mercado en la esfera de la
producción como en el mercado inmobiliario.
Dicha reforma vino desde entonces a afectar directamente en los procesos de
urbanización, en la distribución territorial de los negocios, nuevos patrones en
la migración y la distribución territorial de la población, deterioro del medio
ambiente, principalmente.
La reforma al artículo 27 constitucional por otra parte vino a causar el
resurgimiento en el país de fórmulas latifundistas, como la generación de
fórmulas de monopsonización de los mercados rurales en productos agrícolas,
controlados por agronegocios tanto de nacionales, como de tipo transnacional.
Por decir, se sabe que el ex titular de la SAGAR Uzabiaga controla la producción
nacional del ajo, y su propiedad se estima en 4000 hectáreas de cultivo. Estos
latifundistas establecen a los pequeños productores asociados los precios de sus
productos y controlan los mercados locales y regionales de productos insumos
para la producción.
La falta de visión en el reparto agrario de los años 20 a los 40, causó la
proliferación de asentamientos irregulares en el crecimiento urbano y
metropolitano. La ahora falta de visión (y con ello de previsión), es causa de
que la enajenación de la pequeña propiedad y ejidos en calidad enajenable sea
uno de los móviles que explican el crecimiento de las ciudades medias, la
extinción de localidades de 99 o menos habitantes, y sobre todo el cambio de
patrones en la migración y la distribución territorial de la población.
La reforma al artículo 27 de la constitución implicó desde su concepción nuevas
fórmulas de control político, cambios en el ordenamiento territorial y en la
organización del territorio, así como de la planeación urbana (Nava, 1992; 15 –
23).
Sostiene Verduzco (op.cit) “El efecto que tendrán los cambios propuestos,
dependerá del papel que el Estado logre asumir en la nueva configuración de
fuerzas que imponen la globalización de la economía y la penetración del capital
transnacional, y de su capacidad de establecer una nueva relación con una
sociedad civil más activa”.
A 16 años de la cita de Verduzco, los efectos previstos por el autor son la
expresión del cambio de patrones aquí citado en variables sociales donde el
Estado, no ha podido resolver las nuevas problemáticas derivadas, especialmente
en materia de migración, donde el éxodo de trabajadores a la Unión Americana
pone en evidencia la incapacidad del Estado en prever y resolver los problemas
que causan las reformas institucionales que promueve.
Los conflictos en la transición rural – urbano que se viven en el país, así como
en la configuración urbano – metropolitano, a razón de dicha reforma
constitucional, expresa nuevos conflictos.
Las políticas exacerbadamente economicistas que procuran el aumento de la
productividad, dejan de lado los efectos que tales conllevan en materia del
desarrollo social del país.
También al desaparición del ejido se presenta como una estrategia más de
desmantelamiento del aparato corporativo del estado social-demócrata, para poder
ir configurando la nueva fórmula de control estatal basada en la democracia
cristiana. El ejido deja de ser un instrumento de control político y lo deja a
la sociedad civil y a las fuerzas del mercado.
También se tiene el abandono del Estado en materia de abasto y asistencia
social, un nuevo papel se deriva con respecto a su relación con la sociedad
civil, donde finalmente la tutela del campo por el Estado se concesiona a las
fuerzas del mercado.
El ejido como unida productiva minifundista resultó un fracaso ante los niveles
de productividad que se pueden lograr por los latifundios, donde la
modernización basada en la absorción de los costos fijos gracias a la gran
escala de producción, abaratan los precios unitarios de producción de manera muy
significativa.
Por otra parte, la carencia de tecnología agrícola propia para el minifundio,
agravó los costos de producción ejidal y condenó a los productores a seguir
utilizando tecnologías obsoletas tales como la yunta para sembrar sus parcelas,
no obstante la revolución verde vivida en el campo mexicano durante la década de
los años 60.
Interioridades propias de un Estado paternalista e interventor sumó a la
producción ejidal consideraciones de tipo corporativo y político, por lo que los
subsidios al campo se volvieron el principal recurso para mantener la
productividad del ejido.
La reforma al 27 constitucional le confiere un nuevo carácter social al ejido al
vérsele como pequeña propiedad, por lo que los subsidios desaparecen al
considerársele una unidad productiva con una problemática social y productiva
distinta.
La inminente transformación del campo deja atrás la producción de productos
propios de la mesa del mexicano, a cambio de cultivar productos forrajeros para
ganaderías de exportación, como hortalizas de exportación. Los agronegocios y
consorcios transnacionales son los directos beneficiarios de esta reforma.
La reforma resta apoyo a los pequeños agricultores quienes, al no contar con el
respaldo del Estado ( sin subestimar el apoyo de procampo), y evidente
incapacidad de producir con precios competitivos en el mercado, causan la
inminente enajenación y renta de esta nueva pequeña propiedad surgida de la
extinción del ejido. La reforma entonces se vuelve el fundamento necesario
institucional para poder fortalecer la creación de latifundios en el país, y con
ello modernizar al campo mexicano, a costa desde luego del depauperio del nivel
de vida de miles de campesinos.
Los antiguos ejidatarios, ahora pequeños propietarios pronto se ven obligados a
bien, rentar sus parcelas, o bien venderlas y emigrar a las zonas urbanas. Lo
que explica el reciente crecimiento de las ciudades medias y el sustancial
aumento de la migración.
Un caso que ilustra lo aquí expuesto es la entidad de Guanajuato. Para ello se
presentan tres mapas siguientes.
En el esquema de la reestructuración económica, la entidad presenta una
distribución territorial de sus moradores muy distintiva en el esquema de
producción endogensita respecto al nuevo de carácter exogenista.
Para poder identificar los municipios de la entidad por su nombre se presenta
también el siguiente mapa 1. En los mapas 1 y 2 cada punto dentro de cada
polígono que presenta el territorio municipal representa a mil habitantes. Si
localización dentro del polígono es arbitraria. Así según sea el número de
millares de moradores por municipio, serán el número de puntos dentro de cada
polígono. La elaboración se hizo mediante el paquete computacional MAPINFO.
MAPA 1: DIVISIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD DE GUANAJUATO
Fuente: Portal oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
www.guanajuato.gob.mx (bajado de la Internet el 15 de marzo de 2003).
La población durante el periodo endogenista observa una concentración al área
central de la entidad que comprende el Bajío, especialmente al oeste propio al
municipio de León que entonces albergaba aproximadamente al 20% de la población
de la entidad.
En el siguiente periodo exogenista que va de 1980 en adelante, la tendencia de
concentración de la población en el territorio de la entidad se acelera y sobre
todo se concentra más en la ciudad de León que para el 2005 se estima ya alberga
al 33% de la población de la entidad.
La entidad sigue siendo tradicionalmente expulsora de población a entidades como
el estado de México, el Distrito Federal, Jalisco y Querétaro. Pero observa el
4º lugar nacional respecto a la migración internacional, especialmente a la
Unión Americana. Para entonces 1 de cada 7 mexicanos radicados recientemente en
los Estados Unidos de América provenía de la entidad. En el 2005, la entidad
ahora es la que ocupa el primer lugar, siendo que 1 de cada 5 mexicanos
recientemente residentes en la Unión Americana es guanajuatense. Esto es,
durante el periodo endogenista la migración era bastante representativa en la
entidad, misma que se acentúa durante el periodo exogenista.
Aparte del área de León se debe destacar el municipio de Celaya que observa
también gran fuerza de atracción de población, con una alta articulación
industrial y agro industrial a Querétaro. Inicia la conurbación de las ciudades
del corredor industrial del Bajío. También destacan los municipios de Moroleón y
Uriangato en el mismo fenómeno, especialmente por su alta articulación
industrial textil a Morelia.
PERIODO ENDOGENISTA
MAPA 1: DENSIDAD DE POBLACIÓN EN GUANAJUATO 1950
Fuente: elaboración propia con base al Censo General de Población 1950 INEGI.
PERIODO EXOGENISTA
MAPA 2: DENSIDAD DE POBLACIÓN EN GUANAJUATO 2005
Fuente: elaboración propia con base al Conteo de Población 2005 INEGI.
En 1970 existen 22,692 ejidos y comunidades agrarias ocupan el 49.8% de la
tierra agrícola censada por la Dirección General de Estadística en 1975 (Pradilla,
op.cit.). Cita Pradilla que “En 1988, los 28058 ejidos y comunidades agrarias,
con 2’468,264 unidades productivas, correspondientes a ejidatarios y comuneros,
ocupaban una extensión de 95’108,066 hectáreas, albergaban una población
económicamente activa (PEA) de 9’529, 707 personas, empleaban a 7’097,050 (el
74.4%), de las cuales el 37.8% tenía empleo temporal (INEGI, 1990)”. Lo que
indica la enorme importancia económica, social y política que significaba para
entonces el ejido como fórmula de propiedad productiva e inmobiliaria.
Cita Pradilla (op. cit.) que la reforma al artículo 27 constitucional obedece a
los siguientes puntos:
1. Dar por concluida la reforma agraria:
2. Posibilitar la inversión privada en la enajenación de tierras ejidales e
indígenas, como a su arrendamiento;
3. Permitir la participación de la inversión nacional o extranjera;
4. Poner en marcha el proceso de reconcentración de la tierra en fórmulas
latifundistas, y simultáneamente liberar mano de obra que se sume al ejército
industrial de reserva;
5. atraer inversionistas que capitalicen y financien la modernización del campo.
Dichos objetivos finalmente responden a adecuar el esquema de producción
agrícola nacido de la revolución mexicana, a las nuevas condiciones de
productividad que imprime la modernización de la agricultura mexicana, dentro de
la lógica de acumulación capitalista regida por el óptica neoliberal, que
quedaron patentes en la firma del Tratado de Libre Comercio con América del
Norte, en respuesta la demanda extranjera de productos agrícolas sea de manera
directa, como en el caso de las hortalizas de exportación, o indirectamente,
como en el caso de los productos forrajeros para ganaderías de exportación en
pié o en canal.
EFECTOS DE LA APERTURA ECONÓMICA
La apertura económica es un cambio estructural en el sistema capitalista
mexicano. Corresponde al compromiso que la nación adquiere desde 1985 con el
memorandum del comercio exterior que se tuvo que admitir con los Estados Unidos
de América, para ser sujetos de crédito ante la crisis de las finanzas públicas
que causó el desplome de los precios internacionales del petróleo.
Dicho memorandum se ve ratificado 9 años después con la firma del Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Canadá y México. Interesante es
hacer notar que se trataron en protocolo aparte los aspectos ecológicos y
laborales del acuerdo, cosa que singulariza al TLC del resto de acuerdos que a
nivel mundial se celebran en materia puesto que son precisamente estos rubros
los más delicados en toda negociación. El TLC celebrado por ambas naciones de
norte América tiene un carácter meramente económico, dejando en un segundo plano
la trascendencia social del convenio.
La apertura económica implica la transparencia que se desea en los indicadores
del mercado: los precios. Los cuales deben ser aquellos que determine el
mercado, fuera de desviaciones al comercio a efecto de la aplicación, bien de
aranceles, bien de subsidios. A partir de 2004 inicia el desarme arancelario de
los productos agrícolas mexicanos. La desaparición de subvenciones estatales al
campo, su cambio de régimen como propiedad ejidal o comunal, su inminente
enajenación, libera fuerza de trabajo campesina. Nuevos campesinos migran a las
áreas urbanas, las que conjuntamente con dadas las iniciativas de la
administración pública por darle mayores atributos fiscales y de gasto a los
municipios, hacen las cabeceras municipales (principalmente), atractivas como
destino de este nuevo migrante del campo. Crecen las ciudades medias del país y
se reduce el crecimiento de las áreas metropolitanas del centro y el occidente
del país. Las áreas metropolitanas puerto y frontera de la nación re incentivan
su crecimiento demográfico.
Se puede afirmar, como ya lo había predicho Aragonés (1991; 15) hace 16 años, la
apertura económica y la firma del TLCAN han incrementado la liberación de fuerza
de trabajo en el campo y aumentado el fenómeno migratorio.
Sostiene Aragonés (op. cit.) que:
“La migración de trabajadores no es el resultado de un equilibrio internacional
a nivel de los factores de producción … sino el producto de las permanentes
asimetrías en las que se encuentra inserto el sistema capitalista. En este
contexto, la fuerza de trabajo es al mismo tiempo eje de la reproducción
capitalista, y el eslabón más débil en el conjunto de la producción a las
condiciones de explotación bajo las cuales enfrenta su sobrevivencia. Si la
fuerza de trabajo resulta el eslabón más débil, la que conforma a la migración,
es aún más vulnerable. Esto se debe, en parte, a que se trata de un fenómeno que
involucra siempre a dos regiones, cuyas relaciones se sustentan con frecuencia,
bajo el signo del conflicto: países desarrollados y países subdesarrollados”.
Conlleva asimismo efectos colaterales de peso social significativo tales como la
xenofobia y el racismo, la desintegración familiar y el aumento de familias
disfuncionales. Aumenta la violencia social y la inseguridad, así como para los
migrantes el tema de los derechos humanos es el tópico de su mayor internes,
puesto que son sujetos a abusos y violaciones a su calidad humana en los lugares
receptores.
LAS TRAMPAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL FEDERALISMO
Las reformas a los Artículos 115 Constitucional y del Artículo 27 obedecen por
otra parte, a la búsqueda de desmantelar el aparato corporativo del gobierno
social demócrata priísta.
Las bases corporativas en que se erige el régimen de gobierno priísta que
gobernó a la nación por 71 años, fueron aquellas que principalmente organizaron
a la sociedad mexicana desde los años 30, y que como fórmula de organización
social del trabajo y la producción sustentaron la modernización del país bajo el
régimen de la producción rígida.
La necesidad de adecuar la regulación nacional a la producción flexible, el
neoliberalismo impone como necesario desmantelar el viejo corporativismo por uno
nuevo basado en la flexibilidad nacional y el nuevo sindicalismo democrático.
Las reformas a las instituciones de la previsión y la seguridad social del país
van en este sentido. Los sindicatos, especialmente públicos, se presentan como
gigantescos ante la dimensión de las organizaciones de las que surgen y
presentan ante la óptica neoliberal, auténticas expresiones de las
interioridades del Estado.
Por ello, las políticas de descentralización y federalismo, procuran en el nexo
de la lógica neoliberal, desmantelar el aparato corporativo del Estado social
demócrata, para dar inicio al nuevo corporativismo de, a su vez nuevo Estado,
demócrata cristiano, donde los sindicatos públicos son el enemigo a vencer.
Como ejemplo, las privatizaciones de paraestatales a su vez posibilitaron el
debilitamiento de la organización del trabajo, así como la descentralización
fracciona a los grandes sindicatos nacionales en 32 entidades más pequeñas, como
lo es el SNTE, que se fracciona en 31 sindicatos estatales y 1 correspondiente
al Distrito Federal.
CONCLUSIONES:
Las reformas institucionales, propiamente de los Artículos Constitucionales 115
y 27, así como la apertura económica, como parte de la reestructuración
económica, afectan los patrones en la migración y la distribución territorial de
la población, de las cuales se destacan los siguientes cambios:
1. La migración deja de ser rural – urbano para adquirir una mayor
preponderancia urbano – urbano e internacional.
2. Los mercados laborales se relocalizan ante la apertura económica en las áreas
metropolitanas del país, como en las ciudades puerto y ciudades frontera.
3. La desaparición del ejido y la posibilidad de su enajenación, como de la
propiedad comunal, generan una transición migratoria donde existe un nuevo grupo
de campesino que migran a las áreas urbanas y metropolitanas.
4. La mayor capacidad de decisión, gestión y acción de los municipios hace de
las cabeceras municipales, como ciudades medias, destinos atrayentes de la
migración campesina.
5. Las políticas neoliberales de estabilización económica generan un alto
desempleo urbano que nutre la migración urbano – urbana.
6. La migración del campo como de las ciudades trasciende más allá de las
fronteras del país, especialmente hacia norte América.
7. La apertura comercial y la entrada en vigencia del TLCAN vinculan los
mercados nacionales con los de América del norte, especialmente los del trabajo.
8. Las áreas metropolitanas del centro del país pierden dinamismo ante el
aumento del crecimiento de las ciudades medias y las áreas metropolitanas de la
frontera norte de la República.
9. Las comunidades de 1 a 99 habitantes se extinguen, crecen las ciudades
medias.
10. Inicia una concentración urbana de la población residente en el país y cada
vez es menor la participación de las economías rurales en la nueva economía
nacional.
BIBLIOGRAFÏA:
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Ciudades No. 15. Red nacional de investigación urbana. México. Pp. 15 – 19.
DIRECCIÖN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1951) Censo General de Población y Vivienda
(de 1950). México.
GUTIÉRREZ González, Juan Carlos (03 abril 2007) “Proceso de reformas al Artículo
115 Constitucional de México. Periodo 1998 y 1999” En el portal http://www.cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comfm/p115def.htm
bajado de la Internet el 03 de abril de 2007. México.
INEGI (2005) Conteo de Población (de 2005). México.
NAVA Vázquez, Telésforo (1992) “La contrarreforma al artículo 27”. En revista
Ciudades No. 19. Red nacional de investigación urbana. México. Pp. 15 – 23.
PRADILLA Cobos, Emilio (1991) “Campo y ciudad en la nueva política agraria” En
revista Ciudades No. 15. Red nacional de investigación urbana. México. Pp. 09 –
14.
VERDUZCO, Basilio (1991) “Reforma agraria. Nuevos conflictos” En revista
Ciudades No. 15. Red nacional de investigación urbana. México. Pp. 03 – 08.
SIGLAS:
IED – Inversión Extranjera Directa
INEGI – Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Información
MAPINFO – Software para generación de mapas georefenciales
PIB – Producto Interno Bruto
SNTE – Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
TLC – Tratado de libre comercio
TLCAN – Tratado de libre comercio con América del norte
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