T�CNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS �REAS RURALES EN PELIGRO DE DESPOBLAMIENTO O EN CONVERSI�N URBANA: CARACTER�STICAS Y OBJETIVOS.

M. Pilar Flores Asenjo: PFlores@pdi.ucam.edu
M. Concepci�n Parra Mero�o: MCParra@pdi.ucam.edu
RESUMEN:

El objetivo actual de las pol�ticas de desarrollo rural consiste en compatibilizar una agricultura competitiva en el mercado internacional y respetuosa, a su vez, con el medioambiente y con el mantenimiento de las �reas rurales. La reorientaci�n de los mecanismos de apoyo a la agricultura de la PAC debe tener en cuenta este objetivo, as� como los resultados de las negociaciones comerciales en la OMC y la necesidad de cohesi�n econ�mica de los nuevos pa�ses. Las distintas revisiones de las pol�ticas medioambientales europeas reflejan la necesidad de acelerar el ritmo de aplicaci�n de la legislaci�n ambiental, crear indicadores efectivos de las presiones sobre el medioambiente, buscar la coherencia pol�tica y analizar las causas de la dificultad de aplicaci�n de las mismas, para cumplir los compromisos.

PALABRAS CLAVE: Participaci�n en programas agroambientales, pol�ticas medioambientales europeas, �reas rurales.

La p�rdida de importancia relativa de la agricultura en el contexto de las econom�as nacionales y, por tanto, en las decisiones pol�ticas, la dificultad para organizar y defender adecuadamente los intereses de los agricultores contribuyen a reducir el atractivo de las �reas rurales m�s agrarias causando su envejecimiento y despoblamiento. El resurgimiento del concepto de desarrollo sostenible y el creciente movimiento ambientalista, a trav�s de la idea de la multifuncionalidad de la agricultura, pueden contribuir a cambiar esta tendencia.

El objetivo actual de las pol�ticas de desarrollo rural consiste en compatibilizar una agricultura competitiva en el mercado internacional y respetuosa, a su vez, con el medioambiente y con el mantenimiento de las �reas rurales (cada vez m�s despobladas y marginadas). La reorientaci�n de los mecanismos de apoyo a la agricultura de la PAC (pol�tica Agraria Com�n) debe tener en cuenta este objetivo, as� como los resultados de las negociaciones comerciales en la OMC (Organizaci�n Mundial de Comercio) y la necesidad de cohesi�n econ�mica de los nuevos pa�ses. La gesti�n de los impactos ambientales de la agricultura y su sostenibilidad adquieren especial relevancia debido a la globalizaci�n de los mercados y de los problemas ambientales, la concienciaci�n de los consumidores y aumento de las posibilidades de mercado de los productos ecol�gicos, y el incremento de la demanda de actividades de ocio relacionadas con el medioambiente y el paisaje agrario.

El futuro de la PAC, por tanto, se encuentra condicionado por las nuevas prioridades de las pol�ticas econ�micas comunes (la agricultura se integra en la r�brica de Desarrollo Sostenible y Protecci�n de los recursos naturales, al lado de la pol�tica de medio ambiente y la pesquera), la progresiva extensi�n del espacio comunitario (posiblemente 29 estados en el 2010) , la presi�n del creciente proceso de globalizaci�n (recogido en acuerdos unilaterales, bilaterales y multilaterales), la apertura de los mercados agrarios y las exigencias de la sociedad europea sobre seguridad alimentaria y medioambiente.

Bryden (2002) y Savills (2001) identifican como fuerzas de cambio: la extensi�n del espacio de la UE, los acuerdos de comercio OMC, la creciente multifuncionalidad de las actividades agrarias, el incremento de la demanda ambiental y de ocio, la idea de sostenibilidad y desarrollo sostenible, las exigencias de seguridad alimentaria, la necesidad de cohesi�n econ�mico-social de las regiones y la liberalizaci�n de los mercados. Adem�s, Savills (2001) establece como factores espec�ficamente relacionados con la agricultura y el cambio en el uso del suelo: las mejoras tecnol�gicas (que reemplazan la fuerza de trabajo humana por maquinaria acentuando los beneficios de la habilidad de gesti�n en la producci�n), los cambios en los sistemas normativos y reglamentaciones y de los mercados (alimentario y de inputs), el nivel de renta relativo del sector, la edad de los agricultores y el sistema de herencia de las explotaciones, el coste de inversi�n en nuevas tecnolog�as y la aparici�n de eventos inesperados (como determinadas enfermedades: gripe aviar, vacas locas, etc.)

Las pol�ticas medioambientales y agr�colas deben de implementarse de forma adecuada para lograr los objetivos que persiguen . La dificultad en el dise�o de estrategias es mayor en el sector agrario debido a que, por ejemplo, las emisiones contaminantes son de origen no localizado o difusas (non-point source pollution) y, por tanto, su control y evaluaci�n es dif�cil y costosa. Otros problemas en el dise�o de pol�ticas de control de da�os ambientales en el sector son:

� La dificultad para evaluar los beneficios de las reducciones en los da�os ambientales en comparaci�n con los costes sociales que suponen las estrategias, ha llevado a establecer niveles m�ximos de emisi�n/contaminaci�n aceptables, y buscar mecanismos para alcanzarlos al menor coste.
� La utilizaci�n de nuevas tecnolog�as podr�a incrementar, bajo determinadas condiciones, el rendimiento de las explotaciones a la vez que reducir la utilizaci�n de determinados inputs y contaminaci�n. Pero su implantaci�n requiere un esfuerzo del productor en inversi�n en capital/trabajo que deber�a ser compensado.
� Como los productores buscan el incremento y la estabilidad de sus rentas, los (des)incentivos representan un importante instrumento para modificar su comportamiento. La implementaci�n de instrumentos como imposiciones y grav�menes o permisos negociables de emisi�n, requieren un control adecuado y costoso, debido a que la contaminaci�n predominante en la agricultura no es de origen localizable. La soluci�n a este problema estar�a en la combinaci�n de alguna de las siguientes estrategias: asignaci�n colectiva de la responsabilidad de conseguir un determinado nivel objetivo medioambiental, utilizaci�n de incentivos financieros basados en el control de determinadas actividades en �reas localizadas, restringir el uso y aplicaci�n de determinados inputs a profesionales, crear y zonificar ciertas �reas sensibles de conservaci�n (como periferias urbanas o bosques de ribera), control de �ndices y niveles de calidad medioambiental e incremento de la educaci�n/investigaci�n ambiental.
� El dise�o de las pol�ticas deber�a tener en cuenta los cambios en las regulaciones y reglamentaciones, que se producen como consecuencia de la adquisici�n de nuevos conocimientos, y el coste del establecimiento de dichos cambios (entre los que se encuentra la p�rdida de los beneficios que los consumidores y agricultores obtienen de una regulaci�n normativa estable).

Esta visi�n es compartida por la mayor�a de los pa�ses desarrollados. Bajo el Conservation Title (C.T.) de la Farm Bill 2002 (Programas de Conservaci�n del Presupuesto de Pol�tica Agraria 2002), los Estados Unidos han establecido sus programas medioambientales referidos a la pol�tica agr�cola. La mayor parte de los presupuestos de los programas de conservaci�n del medio ambiente son empleados para reducir el n�mero de hect�reas dedicadas a la explotaci�n agraria (CRP y WRP) , como medida para reducir las externalidades negativas que �stas provocan. Esta visi�n difiere de la pol�tica llevada por la UE, que pone mayor �nfasis en las externalidades positivas de la agricultura (paisaje, cultura, ocio, etc.) e incentiva la extensificaci�n de las explotaciones y la agricultura ecol�gica.

El objetivo principal de los programas del C.T. es reducir la contaminaci�n agraria utilizando como criterio de pago el grado de reducci�n obtenido medido a trav�s de �ndices o ratios (EQIP y WHIP) y las reglas de eco-condicionalidad. En la pol�tica agraria europea, en cambio, las externalidades negativas se combaten a trav�s de incentivos para �mejorar� la utilizaci�n de determinados inputs (agua, fertilizantes y herbicidas), pero tambi�n se tienen en consideraci�n las externalidades positivas al apoyar la �multifuncionalidad� agraria y evitar el abandono de las tierras cultivadas (y las tierras marginales). Estas diferencias entre pol�ticas pueden deberse tanto a factores geogr�ficos (y demogr�ficos) como al marco pol�tico del proceso de decisi�n : participantes en la negociaci�n (grupos de decisi�n y su poder), factores de presi�n externos, importancia percibida del tema a tratar, objetivos, etc. (Baylis et al., 2003), y pueden ser una pista para deducir la futura evoluci�n de los programas.

As�, por ejemplo, cada vez parece m�s importante la necesidad de preservar las �reas rurales pr�ximas a las urbanas (control de desarrollo suburbano) para proteger los h�bitats salvajes y proporcionar recargas a los acu�feros (Duke y Aull-Hyde, 2002; Kline y Wicholns, 1998). Adem�s, se plantea la efectividad de las compras de derechos de propiedad y explotaci�n, las transferencias e incentivos fiscales para lograr la reducci�n del ritmo de conversi�n de explotaciones agrarias en urbanas (Gadner, 1994; Lynch y Carpenter, 2003; Blewett y Lane, 1988; Parks y Quimio, 1996; Heimlich y Anderson, 2001) y se considera que son insuficientes (Adaleja y Schilling, 1999), por lo que han de buscarse nuevas t�cnicas (Parks y Schorr, 1997; D�az y Green, 2001) o utilizar combinaciones adecuadas de las mismas (Beesley, 1999; Feitshans, 2003; Brabec y Smith, 2002). Adem�s, los esfuerzos realizados para obtener esta conservaci�n de los espacios agrarios pueden generar efectos positivos para los habitantes vecinos a las explotaciones e incrementar la demanda de edificaciones cerca de �stas, lo que crea una gran dificultad al objetivo de preservaci�n (Roe, Irwin y Morrow-Jones, 2004), con lo que se hace m�s necesaria la innovaci�n de los instrumentos a utilizar.

Las distintas revisiones de las pol�ticas medioambientales europeas reflejan la necesidad de acelerar el ritmo de aplicaci�n de la legislaci�n ambiental, crear indicadores efectivos de las presiones sobre el medioambiente, buscar la coherencia pol�tica y analizar las causas de la dificultad de aplicaci�n de las mismas , para cumplir los compromisos. Las amenazas al desarrollo sostenible: el cambio clim�tico, los productos qu�micos y las amenazas a la seguridad alimentaria, la pobreza y exclusi�n social, el envejecimiento de la poblaci�n, la p�rdida de biodiversidad, el volumen excesivo de residuos, erosi�n y declive de la fertilidad de los suelos, degradaci�n de las �reas urbanas y desequilibrios regionales, etc. requieren un compromiso real para cambiar los modelos no sostenibles de producci�n y consumo apoyado por estrategias de integraci�n como las propuestas en la Cumbre de Cardiff.

Algo que parece innegable es la afirmaci�n de que los impactos ambientales (positivos y negativos) han aumentado como consecuencia de las actividades agrarias [Bromley (1996), Claassen et al. (2001) y Colyer (2004)] . A esto hay que a�adir los efectos que determinadas pol�ticas pueden tener sobre el medioambiente (tal y como han se�alado numerosos autores); sin embargo, la informaci�n emp�rica disponible sobre los efectos de las medidas agrarias de la PAC son limitados, particularmente si se pretende aislar este efecto de otros factores condicionantes . En muchas ocasiones, cuando parece que una pol�tica puede contribuir al impacto medioambiental en un sentido o forma determinado, esta relaci�n (pol�tica-impacto) no es consistente porque los diferentes sistemas agrarios responden de formas diferentes ante los instrumentos de la pol�tica com�n. A esto hay que a�adir la dificultad de las mediciones en tan corto espacio de tiempo, pues son pocos los trabajos de evaluaci�n y control que se han podido llevar a cabo (Baldock, Dwyer y Sumpsi, 2002).

La mayor parte de las externalidades negativas agr�colas pueden ser reducidas o eliminadas si se reforman las pol�ticas y programas que crean los (des) incentivos financieros a los comportamientos (no) deseables de los agricultores (Zilberman et al., 1999). El deseo de los consumidores de pagar o demandar productos agr�colas es uno de los mayores determinantes de la cantidad final producida; cuando aumentan las rentas de los consumidores, el incremento de la demanda aumenta menos que proporcionalmente, sin embargo, ocurre lo contrario con los productos medioambientales. Otro determinante es la capacidad de la oferta; los agricultores incrementan la producci�n en respuesta a las subidas de precio de los productos agr�colas y la disminuyen cuando se incrementan los precios de los inputs (costes laborales, fertilizantes, etc.). Estos precios est�n determinados por los mercados interregionales e internacionales, pero los programas y pol�ticas agr�colas y ambientales influyen sobre ellos, modificando la cantidad producida y la forma de producci�n final.

Pero, a su vez, diferentes estudios han encontrado significativo el deseo de pagar por preservar o conservar el territorio (Beasley, Workman y Williams, 1986; Browker y Didychuk, 1994; Bergstrom, Dillman y Stoll, 1985; Duke e Ilvento, 2004; Johnston et al., 2001 y 2003), sobre todo, en aquellos que viven cerca de las explotaciones agrarias y m�s se benefician de sus externalidades positivas (Furuseth, 1987).

Todo esto nos indica la necesidad de revisar cu�les son los instrumentos de programaci�n pol�tica m�s efectivos y, por tanto, cu�les son los factores de �xito de los mismos. La literatura confirma que las caracter�sticas de negocio y gesti�n, la estructura de explotaci�n, las caracter�sticas del productor, su actitud y los factores situacionales son los responsables de la decisi�n de (no) adopci�n de las medidas agroambientales voluntarias. Wilson y Hart (2000) llegaron a la conclusi�n de que los imperativos financieros y la adecuaci�n del programa son los factores m�s importantes de decisi�n , y Battershill y Gilg (1997) encontraron que las actitudes influyen en mayor medida que los factores estructurales . Adem�s, la mayor�a de los trabajos orientados hacia el comportamiento del productor (Potter y Lobley, 1992; Morris y Potter, 1995; Battershill y Gilg, 1997; Lobley y Potter, 1998; Wilson 1996 y 1997; Wilson y Hart, 2000 y 2001) indican que la participaci�n previa (experiencia) en pol�ticas o medidas similares incrementa la posibilidad de participaci�n futura, as�, por ejemplo, Paudel et al. (2006) llegan a la conclusi�n de que es hasta 6 veces m�s probable la participaci�n de un productor con experiencia en programas anteriores.

Los diferentes determinantes de la decisi�n de participar en programas agroambientales voluntarios han sido clasificados de distintas formas: Wilson (1996) distingue entre los factores externos (nivel de subvenci�n, contexto social, grado de adecuaci�n con la gesti�n productiva, etc.) e internos (caracter�sticas del agricultor, nivel de formaci�n, estructura de la explotaci�n, etc.); de forma semejante, Vaslembrouck et al. (2002) los clasifican como caracter�sticas del objeto de decisi�n (producto y mercado, por ejemplo) y caracter�sticas del decisor (edad, educaci�n, experiencia, etc.); y, en una clasificaci�n m�s exhaustiva, Wynn et al. (2001) analizan factores f�sicos de la explotaci�n, caracter�sticas del productor, caracter�sticas de negocio y factores situacionales.

Los factores determinantes en la participaci�n son, por tanto:

� Las caracter�sticas o factores que afectan directamente al productor, como la educaci�n y el conocimiento tanto ambiental como del propio programa (por la informaci�n recibida o por la experiencia anterior), la edad (negativamente) y la implicaci�n por el tipo de tenencia en la producci�n.
� Las caracter�sticas de la explotaci�n y factores econ�micos de la producci�n, como el tama�o y tipo de explotaci�n, la cercan�a a zonas naturales o centros urbanos y la relaci�n del programa con la explotaci�n por la proporci�n de �rea dedicada al objetivo ambiental o el coste de transacci�n y gesti�n de implantaci�n (negativamente).

Los autores que se centran en las actitudes del productor hacia la protecci�n medioambiental proponen clasificaciones de los agricultores en funci�n de las razones de participaci�n y no participaci�n. Morris y Potter (1995) clasificaron a los participantes como activos y pasivos, y a los no participantes como condicionales y resistentes. La distinci�n entre las categor�as de participantes se corresponde con los que Lobley y Potter (1998) llamaron �implicados� (stewards) y �acatadores� (compliers); Los �implicados� se identifican con los objetivos de conservaci�n del programa que adoptan (Lobley y Potter, 1998, 426), mientras que los �acatadores� enfatizan los aspectos financieros (tal y como confirmaron Wilson y Hart, 2001). Los no adoptantes condicionales plantean como principales motivos de no adopci�n el reducido nivel de pagos y el aumento de las tareas de gesti�n que suponen las medidas, mientras que los resistentes no establecen unos motivos claros de no adopci�n.

Viladomiu et al. (1996) distinguen 4 tipos de agricultores seg�n sus diferentes actitudes hacia el uso del agua en las explotaciones: los �regantes por excelencia� consideran que no han de tener ninguna limitaci�n en su uso y el deber de la administraci�n es facilitar todo el agua que necesiten; �los reformistas sociales� consideran que el agua s�lo debe facilitarse a las peque�as y medianas explotaciones; �los posibilistas� aceptan la posible restricci�n en el uso del agua siempre que se compense al agricultor por sus posibles p�rdidas; por �ltimo, �los estrictos� consideran que las confederaciones hidrogr�ficas deben actuar de forma r�pida y contundente contra los pozos ilegales y el abuso en el consumo de agua de algunas explotaciones.

Morris et al. (2000) y Edwards-Jones (2006) utilizan la teor�a de difusi�n y adopci�n de la innovaci�n para explicar la evoluci�n de la actitud del productor hacia su participaci�n en los programas agroambientales voluntarios, y destacan la importancia de los agentes de cambio y los canales de comunicaci�n en el proceso de decisi�n. Tambi�n, Tutkun et al. (2006) hacen uso de la Teor�a del Comportamiento Planificado y la Teor�a de la Difusi�n para explicar los motivos de la participaci�n en los programas de pagos directos para la transformaci�n de explotaciones a agricultura org�nica en Suiza, y llegan a la conclusi�n de que existe evidencia emp�rica para confirmar que la comunicaci�n a trav�s de canales personales tiene un gran impacto en el resultado o decisi�n. Las fuentes m�s importantes de informaci�n son amistades, vecinos o colegas y tienen un peso relevante en la adopci�n final de la decisi�n al influir directamente sobre los elementos que determinan la intenci�n: las expectativas sobre lo que se va a obtener y el coste que conlleva (beneficio neto), las consecuencias de la decisi�n sobre los dem�s (resultados esperados sobre el medioambiente y la propia explotaci�n) y la capacidad para llevar a cabo la decisi�n tomada (requisitos de gesti�n, formativos, etc.).

Arovuori y Kola (2006) al aplicar un Modelo de Utilidad Aleatorio (MUA), en concreto un modelo logit multinomial, para determinar las medidas de apoyo a la multifuncionalidad agraria mejor aceptadas por los productores finlandeses, utilizando datos sobre la frecuencia de elecci�n de una determinada opci�n, (por parte de cada participante) sobre un conjunto propuesto, concluyen que:
� Los agricultores prefieren medidas desacopladas a la producci�n, como contratos de compensaci�n por la implementaci�n de medidas de conservaci�n o de inversi�n en tecnolog�as m�s ecol�gicas.
� Los productores prefieren medidas ajustadas al �mbito local o regional.
� La variable que describe la actitud hacia el medio ambiente explica casi perfectamente la elecci�n del agricultor y est� altamente correlacionada con la variable que describe la implementaci�n de medidas especiales.
� La elecci�n del productor se ve afectada positivamente por el nivel de apoyo o subvenci�n a recibir, prefiriendo obtener m�s subvenci�n a�n a cambio de introducir medidas m�s restrictivas de pr�ctica agr�cola.

Esto corrobora como factores determinantes de la participaci�n el nivel de informaci�n/concienciaci�n ambiental y los costes de implementaci�n subvencionados , principalmente; y apoya el especial �nfasis dado por la OCDE (2003c, 79) a las iniciativas de educaci�n y formaci�n en la obtenci�n de externalidades positivas de la agricultura. De aqu� deriva la importancia que recientemente se est� dando al desarrollo de pol�ticas �bottom-up� , que favorecen la transmisi�n de conocimientos e informaci�n entre los distintos grupos de trabajo y el establecimiento de redes de consenso nacional e internacional (H�ring et al., 2006), como las creadas por el programa LEADER.

Otro elemento importante a tener en cuenta en el dise�o de los programas voluntarios de conservaci�n es la duraci�n del contrato medioambiental con el productor. Son pocos los estudios realizados a este respecto, sin embargo, Chen y Ando (2006) han determinado que la duraci�n �ptima es mayor cuanto m�s tiempo sea necesario para alcanzar los objetivos ambientales o mayores sean los beneficios ambientales obtenidos por el programa, y m�s corta cuanto mayor sea la productividad agraria de los cultivos (ya que son necesarios incentivos m�s altos para hacer atractiva la participaci�n) o m�s f�cil sea conseguir los objetivos ambientales del programa. Adem�s, aquellas pol�ticas que no tienen en cuenta las variaciones ambientales que producir� su aplicaci�n sobre las explotaciones con el tiempo tienen menos probabilidades de participaci�n (Morris, Mills y Crawford 2000, 249), por tanto, es importante orientar los programas de conservaci�n como un proceso din�mico de interacciones en el que la compensaci�n financiera y los incentivos son un factor necesario pero no suficiente del mismo (Siebert et al., 2006).

Por �ltimo, quedar�a estudiar cu�l es el nivel �ptimo de desagregaci�n de dichas pol�ticas. Las ventajas y desventajas de la descentralizaci�n han sido largamente debatidas en la literatura. Se argumenta que si existe heterogeneidad en las jurisdicciones, la centralizaci�n es sub�ptima (Oates y Schawab, 1996), debido a que las fuertes diferencias en las preferencias pueden llevar a importantes p�rdidas de eficiencia en las peque�as jurisdicciones (Burtraw y Porter, 1991; Dinan et al., 1999). Pero, por el contrario, otros autores argumentan que la descentralizaci�n puede llevar a una severa reducci�n de la calidad ambiental como consecuencia de la �competencia interjurisdiccional destructiva� (Cumberland, 1979 y 1981) que lleva a un excesivo relajamiento de los est�ndares ambientales o �race to the bottom�.

Desde el punto de vista emp�rico, algunos estudios que han analizado las consecuencias de la descentralizaci�n en el contexto ambiental (Dinan et al., 1999; Millimet, 2003; Fomby y Lin, 2003) apoyan su uso debido a que la centralizaci�n causa p�rdidas de bienestar elevadas en algunas jurisdicciones y no se observa, en cambio, una relajaci�n en los est�ndares ambientales con la descentralizaci�n (Millimet y List, 2003). Por otra parte, Garc�a-Vali�as (2005) al realizar un estudio emp�rico sobre el cambio de bienestar debido a la centralizaci�n o descentralizaci�n llega a la conclusi�n de que, si los costes administrativos de la centralizaci�n no son importantes y no existe demasiada heterogeneidad en las preferencias, la centralizaci�n es la mejor alternativa en t�rminos de bienestar . Tambi�n J�nickeklaus (2006) demuestra que, en t�rminos de difusi�n de tecnolog�a �ecol�gica�, es a nivel nacional (y no regional) donde se producen los mejores logros.

Fredriksson y Millimet (2002) argumentan que los estados/regiones tienen en cuenta la regulaci�n o normativa de sus vecinos a la hora de determinar sus propios esfuerzos en materia de protecci�n ambiental. Existe una interdependencia en la regulaci�n ambiental de los estados/regiones (Konisky, 2005) que puede traducirse en una competici�n por la atracci�n de capital a trav�s de la regulaci�n de las pol�ticas, con el consecuente peligro de reducci�n de est�ndares de protecci�n (�race to the bottom�).

La clave est�, por tanto, en las hip�tesis empleadas en cada caso. Si no es posible utilizar todos los instrumentos fiscales por parte de los gobiernos locales y las preferencias no son demasiado heterog�neas, la descentralizaci�n puede provocar una relajaci�n excesiva de los est�ndares ambientales y provocar una p�rdida de bienestar. Si, en cambio, no existe limitaci�n en la utilizaci�n de instrumentos por las distintas jurisdicciones y las preferencias son heterog�neas, no se observa relajaci�n de los est�ndares y s� p�rdidas de bienestar en algunas jurisdicciones si se centralizan las medidas.

Parece que la mayor dificultad a la hora de fomentar el desarrollo sostenible agr�cola y favorecer, al mismo tiempo, la conservaci�n de las �reas agr�colas en peligro por despoblamiento o cercanas a las �reas urbanas, es buscar las medidas adecuadas que tengan en cuenta tanto los factores internacionales de comercio, como los determinantes de participaci�n en los programas ambientales, la duraci�n de las medidas y el grado de (des)centralizaci�n de las mismas. Es decir, es necesaria o bien una innovaci�n en las t�cnicas a aplicar o buscar la combinaci�n m�s adecuada de instrumentos y medidas pol�ticas agroambientales y de estructura econ�mica.







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