Elías Gaona Rivera (saile2519@yahoo.com.mx)
Eduardo Rodríguez Juárez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Resumen
México es una tierra de grandes contrastes entre la región sur y norte del país,
en la primera predominan condiciones de pobreza y pobreza extrema, escasos
servicios, infraestructura, ingresos y escolaridad, así como tasas superiores de
mortalidad infantil y desnutrición. Las asimetrías se deben a su heterogeneidad
de su estructura socio económica. Por otro lado, algunas zonas del sureste de
México se encuentran inmersas en el proceso de la globalización económica a
través de economías de enclave derivadas del petróleo y del turismo, no
obstante, en la región sureste predomina el atraso.
Palabras clave: desequilibrios, globalización, región, integración.
SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
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México: el desequilibrio entre el norte y el sur
La creciente participación de México en los mercados internacionales de bienes y
capitales , lo han colocado en los primeros sitios dentro de las economías
emergentes. No obstante, siguen pendientes asuntos tan importantes como el
desequilibrio económico regional. Y es que son considerables los contrastes
entre los estados del norte y las entidades ubicadas al sur de la república
mexicana, en indicadores como servicios básicos: agua, electricidad y drenaje,
también en niveles de ingreso, productividad, inversión y crecimiento económico,
entre otros. La concentración de la pobreza, los ínfimos niveles educativos, la
desnutrición y las precarias condiciones de vida de buena parte de los
habitantes de las regiones atrasadas, constituyen la expresión más elocuente de
dichas disparidades.
Para tratar de entender el problema de la pobreza es necesario recordar que una
de las características esenciales de México y de América Latina es el fenómeno
de la heterogeneidad de su estructura socio económica. De acuerdo con la CEPAL,
las economías periféricas poseen una estructura poco diversificada y
tecnológicamente desigual, que contrasta con el cuadro observado en los países
centrales. En éstos, el aparato productivo es diversificado, tiene una
productividad uniforme y mecanismos de creación y difusión tecnológica y de
transmisión social de sus resultados, que son inexistentes en la periferia (Bielschowsky,
1998).
La "heterogeneidad estructural", según la expresión impresa en los años sesenta
por Aníbal Pinto, la podemos caracterizar por la coexistencia en el espacio de
distintos tiempos: mientras hay regiones que producen y consumen como en
sociedades industrializadas del siglo XXI, hay otras que viven y trabajan como
en épocas prehispánicas.
Una forma de observar las diferencias regionales, estatales y municipales es a
través del el Informe de Desarrollo Humano de México 2004. En éste informe se
presenta un análisis, destacando las diferencias existentes entre las regiones
del país en materia de salud, educación, servicios básicos e ingresos. Las
regiones noreste, noroeste y centro tienen niveles superiores a los del resto
del país. Un boletín de la ONU, fechado el 25 de octubre del 2004, destacaba las
desigualdades entre municipios y destacaba que al interior de cada entidad
federativa, se magnificaban. Los 10 municipios y delegaciones que contaban con
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto a nivel nacional se distribuían de
la siguiente forma:
5 en el Distrito Federal (Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc,
Tlalpan);
2 en Nuevo León (San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza)
1 en el Estado de México (Metepec)
1 en Morelos (Cuernavaca), y
1 en Oaxaca (Santa María del Tule)
La delegación Benito Juárez en el Distrito Federal ocupaba el primer lugar del
país, teniendo un IDH comparable al de países como Alemania, España, Italia y
Nueva Zelanda.
En tanto, los 10 municipios con los menores niveles de IDH a nivel nacional
estaban concentrados de la siguiente manera:
4 en Oaxaca (Coicoyán de las Flores, San Simón Zahuatlán, Santa Lucia Miahuatlán
y Santa María la Asunción);
3 en Chiapas (Sitalá, Santiago el Pinar y Aldama);
2 en Veracruz (Tehuipango y Mixtla de Altamirano) y,
1 en Guerrero (Metlatónoc).
Los municipios con el menor IDH se encuentran en la parte sur de México y el
municipio con el índice de desarrollo humano más bajo correspondía a Metlatónoc,
en el Estado de Guerrero. Su IDH estaba por debajo de los países que integran el
África Subsahariana. Los municipios y micro regiones con índices más bajos son
los que cuentan con mayor población indígena, así por ejemplo, en Oaxaca el 16
por ciento de la población es indígena, en Chiapas el 11 por ciento, en Veracruz
el 10 por ciento, en Yucatán el mismo porcentaje que el anterior Estado, en
Puebla y en el Estado de México el 9 por ciento y en Hidalgo y Guerrero el 4 por
ciento.
Los territorios en la integración
La palabra integración viene del latín, integratĭo-ōnis, que según el
diccionario de la Real Academia Española significa acción y efecto de
integrarse, constituir las partes de un todo, unirse a un grupo para formar
parte de él. La integración se manifiesta en los territorios, dentro de un mismo
país, o entre países. En el presente trabajo deseamos abordar algunas ideas
relacionados con la globalización. La estrategia de desarrollo ancestral,
fundada en aprovechar los recursos naturales, ha enfatizado su inclusión mundial
a través de las exportaciones, teniendo importantes efectos en el territorio.
Esa táctica convencional está creando una situación muy particular, donde el
Estado tiene serios problemas para estar presente en muchas regiones dentro de
su territorio siendo incapaz de dispensar una adecuada cobertura en educación,
salud, vivienda, derechos humanos, etc. en todos los rincones, mientras que
paralelamente salvaguarda emprendimientos productivos inclinados a la
exportación. Nos enfrentamos por lo tanto a un proceso que Gudynes (2005)
denomina “desterritorialización”.
La “desterritorialización”, para éste autor, no significa que un país pierda
parte del territorio, sino que se refiere a modificaciones en las capacidades
del Estado para regular el uso de su territorio. Por un lado, señala, los
gobiernos pierden capacidades en imponer justicia, controlar los impactos
ambientales o manejar la extracción productiva en vastas zonas del país. Pero
por otro lado, ese mismo gobierno aplica medidas y regulaciones que alientan y
permiten la extracción y el procesamiento de los recursos orientados a la
exportación desde otras zonas. Si bien en esos casos el Estado está actuando con
energía, por ejemplo atrayendo y protegiendo la inversión extranjera, de todas
maneras hay una “desterritorialización”, ya que esas zonas del país quedan
atadas a la economía global.
En este proceso nos encontramos ante dos caras. En primer lugar está la
incapacidad estatal para hacer valer el estado de derecho en todo el territorio.
Hay zonas, y en especial muchas zonas rurales, donde hoy no se aplica la
justicia, los derechos humanos se violan regularmente, y se ejerce la violencia.
Además hay déficits en educación, salud y vivienda. Por otro lado tenemos
regiones en donde el Estado está presente ejerciendo una cobertura bajo normas e
instituciones, en otras zonas está presente sólo en forma parcial, y finalmente
hay lugares donde casi no es evidente. Por lo tanto el territorio del país esta
fragmentado.
A dicha fragmentación contribuye el flujo de inversión extranjera directa, así
por ejemplo, entre 1994 y el 2005, nueve estados pertenecientes al sur del
territorio mexicano captaron el 3.62 por ciento de la inversión extranjera
total, mientras que el Distrito Federal atrajo el 58.5 por ciento y Nuevo León
absorbió el 9.5 por ciento. Los nueve estados de la región sur son: Campeche,
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán .
Por otro lado, desde mediados de los 80’s las exportaciones mexicanas han
crecido de manera considerable, y los estados mexicanos han contribuido en esas
exportaciones, sin embargo y desafortunadamente, no disponemos de cifras
estadísticas que nos permitan dilucidar la contribución de cada estado a las
exportaciones totales. No obstante, y como las exportaciones forman parte del
PIB, si tenemos la contribución de cada estado al PIB nacional. De nueva cuenta
tenemos que los mismos nueve estados, entre 1993 y el 2004, contribuyeron con el
18 por ciento del PIB y el Distrito Federal aportó, en el mismo periodo, el 22.7
por ciento y Nuevo León participó con el 7 por ciento. No nos cabe la menor
duda, que conociendo el PIB de los Estados y sus ingresos por concepto de
inversión extranjera, podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que las
entidades que generan mayores ingresos a través de las exportaciones son el
Distrito Federal y los Estados del Norte, mientras que los estados del sur son
los que aportan menores ingresos.
Una mirada desde la globalización
Lo importante en este proceso de fragmentación es que se generan regiones que
tienen diferentes vínculos con la globalización económica. Esas zonas pueden
describirse como “enclaves” que están estrechamente relacionados a la
globalización de varias maneras. Desde allí salen los bienes que se exportan
hacia mercados como Estados Unidos, Europa o Asia; pero también son el destino
de las inversiones en capital y la transferencia de tecnologías para la
explotación de los recursos; finalmente las ganancias que generan esos enclaves
también salen del país, de regreso hacia sus propietarios y prestamistas. Se
establecen entonces flujos de entrada y salida de esos enclaves.
Alrededor de los enclaves exportadores se han generado conflictos ambientales.
En varios sitios existe un contraste marcado entre el emplazamiento exportador y
el valor de sus exportaciones, frente a la pobreza de las comunidades locales.
Es frecuente que esos grupos locales no reciban beneficios directos de esos
emprendimientos, a pesar que deben enfrentar varios de sus efectos negativos.
Un rasgo distintivo de la porción del sureste de nuestro país ha sido el
desarrollo de complejos petroleros y petroquímicos que el Estado desarrolló
aprovechando los ricos yacimientos de hidrocarburos en Campeche, Tabasco,
Chiapas y el sur de Veracruz. La contribución del sureste a través de
hidrocarburos y productos petroquímicos ha sido primordial al ingreso nacional,
no obstante, el costo para las regiones y comunidades productoras ha sido
elevado, debido a que el modelo de explotación petrolera generó enclaves
productivos que polarizaron el desarrollo regional de las entidades, pues los
beneficios de la riqueza generada por el petróleo en el mejor de los casos
favoreció a los centros urbanos y municipios donde se ubicó la infraestructura
productiva.
Los proyectos de explotación petrolera y petroquímica en la fase del "boom"
petrolero también generaron procesos altamente contaminantes en las zonas
costeras, puertos y riveras, lugares donde se instauraron la mayoría de estos
complejos petroleros. Esto no solamente provocó la depredación de recursos y el
rompimiento del equilibrio ecológico, sino también la disminución de la calidad
ambiental para las sociedades locales, además de la vulnerabilidad de éstas
frente a eventos desastrosos derivados de la peligrosidad de productos
residuales y de los mismos procesos físico-químicos sobre los que opera la
industria petrolera y petroquímica.
A pesar de todos estos problemas, el Estado se ha centrado en asegurar el
funcionamiento de ese entramado en tanto es esencial para mantener su estructura
económica actual. Es además una de las pocas vías que considera tener a mano
para lograr algunos recursos que le permitan ensayar políticas para atacar la
pobreza y atender las demandas sociales elementales.
En la misma lógica territorial de la actividad petrolera, se ha desarrollado, en
el país, otro tipo de enclaves que corresponden al turismo. La mayoría de estos
espacios se encuentran en rutas y circuitos articulados y dinamizados por
empresas transnacionales y turísticas internacionales; estas últimas han
aprovechado mejor el territorio nacional que las propias empresas, comunidades
locales y regionales, combinando el turismo de playa, con el de sitios
arqueológicos y ciudades coloniales.
Entre estos se encuentran: el triángulo conformado por la ciudad de Oaxaca,
Puerto Escondido y Bahías de Huatulco; el triángulo del sol conformado por
Acapulco, Ixtapa y Taxco; y la riviera Maya (corredor Cancún-Tulúm) y los
circuitos arquelógicos de la península de Yucatán (Mundo Maya), finalmente, los
atractivos escénicos, paisajísticos y de parques arqueológicos y sitios
ecoturísticos de Chiapas como Palenque, Cascadas de Aguazul, Lagunas de
Montebello, Cañón del Sumidero, etc. Dichos lugares forman parte de los
circuitos turísticos con gran crecimiento provenientes de Estados Unidos, Europa
y Japón principalmente ( Gasca) .
Los enclaves fuertemente atados a la globalización, y la naturaleza de esas
relaciones globales, son una de las fuerzas que actúan en contra de la
integración regional, debido a que los Estados compiten entre ellos para
implantar esos enclaves.
La estrategia gubernamental para el sureste
Las políticas regionales de inversiones, de infraestructura, de desarrollo
urbano y agrícolas centradas hacia distintas zonas del centro y el norte del
país contrastan con el esquema polarizado y de exclusión para el sur del país.
El resultado ha sido una profunda diferenciación en el nivel de desarrollo
regional del país, en el esquema de articulación territorial y en los niveles de
bienestar alcanzados por la población.
Las nueve entidades consideradas con anterioridad agrupan las mayores
proporciones de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, escasos
servicios, infraestructura, ingresos y escolaridad, así como tasas superiores de
mortalidad infantil y desnutrición. Como casos extremos, Oaxaca y Chiapas tienen
más del 50% de su población en localidades clasificadas de alta o muy alta
marginación, Guerrero registra 45%, Puebla y Veracruz más de 30%, Yucatán y
Campeche entre 20 y 30%, mientras que Quintana Roo y Tabasco entre 10 y 20%. (Rudiño,
2001)
Estas desigualdades pretenden ser resueltas con nuevas propuestas de desarrollo
regional como son el proyecto Plan Puebla panamá (PPP), La Marcha hacia el Sur y
el Programa para las 250 Regiones Prioritarias. Estos proyectos buscan resolver
el problema del atraso y la marginación secular del sur y sureste del país,
también buscan la apertura de nuevos espacios de inversión aprovechando la
ventaja innegable de la riqueza que proveen los recursos naturales y escénicos
(con que cuentan aún muchas de las microregiones).
El PPP se pretende establecer como un modelo de desarrollo regional inédito al
representar un esquema de planeación de largo plazo y de carácter supranacional,
toda vez que incluye al conjunto de los países centroamericanos. La base inicial
de dicho proyecto se centra en la creación, reactivación o modernización de
nuevas infraestructuras para el transporte (carreteras, FFCC, puertos y
aeropuertos) que resulta una condición necesaria, pero no suficiente para
articular la región y promover la llegada de nuevas empresas, las que buscarán
condiciones de articulacón hacia el mercado nacional e internacional.
Planes de desarrollo en México
El gobierno federal, los estados y los municipios han creado desde hace tiempo
planes regionales de desarrollo; no obstante, la pobreza perdura en algunas
regiones del país. Existe un reconocimiento generalizado por parte de políticos,
profesionales y académicos sobre la ineficacia histórica en la aplicación del
proceso de planeación a nivel global, sectorial y espacial, no obstante la
existencia de un arraigo importante a nivel gubernamental de dependencias y
documentos de planeación en los tres ámbitos de gobierno.
Los planes no han sido diseñados para que sean los documentos políticos que
guían la acción de los gobiernos. Su carácter eminentemente técnico, separado de
los procesos reales de decisión, ha provocado que su cumplimiento sea relativo.
Se observa en consecuencia, que los planes se elaboran y aprueban sin que exista
de por medio la suficiente intencionalidad política que garantice su
cumplimiento y sobre todo que genere consecuencias concretas derivadas de su
incumplimiento. Nos encontramos con planes que estando presentes en el discurso
político, están ausentes en muchas de las decisiones que orientan el desarrollo.
Contradictoriamente, durante el último decenio se observa una revaloración de
ciertas facetas de la planeación, básicamente las relativas a la planeación
económica global. En efecto, la determinación de una transformación de la
economía nacional y del papel del Estado en el proceso de desarrollo como
proyecto político al que se le otorga la mayor prioridad, generó la necesidad de
reestructurar el sistema de planeación y crear las condiciones para cumplir los
propósitos del proyecto.
Las políticas sobre deuda externa, reducción y control de la inflación, apertura
comercial especialmente con los otros países de Norteamérica, control del gasto
público, desincorporación de empresas y entidades públicas, desregulación y
apoyo a la inversión y concertación para la contención salarial, generación de
empleo y elevación de la productividad, son ejemplos de la existencia de
procesos de planeación, que por su congruencia con el proyecto político y
económico y alto grado de cumplimiento, no tienen antecedentes en la historia
contemporánea del país.
En contraste con lo anterior, la planeación sectorial y espacial parecieran no
haber sufrido esta transformación con la misma profundidad, ni haber sido
beneficiadas con iguales niveles de voluntad política para su aplicación. Un
análisis comparativo de la evolución ocurrida en los últimos diez años entre la
planificación económica global por un lado, y la relativa a los sectores de la
economía y del desarrollo social y la planeación espacial por el otro, haría
evidente las diferencias comentadas.
Se podría concluir entonces, que ha sido la política económica, la que ha
dominado los procesos del desarrollo nacional y en consecuencia ha concentrado
los esfuerzos técnicos y la voluntad política para planear, aplicar y evaluar
sus resultados. El carácter nacional y estratégico de este modelo de planeación
y su aplicación altamente concentrada en el Poder Ejecutivo Federal, ha generado
la presencia de cuando menos tres maneras de planificar el desarrollo en el
país: La primera, correspondiente a la planeación económica nacional,
caracterizada por su orientación estratégica, un alto nivel de congruencia con
el modelo que la sustenta y una importante voluntad política en su cumplimiento.
La segunda, correspondiente a la planeación sectorial y espacial nacionales,
caracterizada por su dependencia de la planeación económica, menor fuerza
política en su aplicación y menor efectividad. La tercera, correspondiente a la
planeación estatal y municipal, las que al igual que la anterior, no han
rebasado los conceptos y formas tradicionales, estando más cerca del discurso
que de la acción política.
En México y en diversas entidades federativas, se han elaborado de manera
sistemática los planes y programas de desarrollo, se han creado áreas
institucionales responsables de esta función y se han logrado avances
sustantivos en los procesos de participación de la sociedad. Sin embargo, existe
una apreciación generalizada a nivel público y social sobre la baja efectividad
en el cumplimiento de dichos instrumentos. Son tres los factores fundamentales
que determinan estos problemas:
a) Valoración política que se otorgue al sistema de planeación.
La planeación del desarrollo es una necesidad en el proceso de gobierno, porque
a través de ella se conocen y analizan los fenómenos y problemas de la sociedad,
se prevén escenarios, se determinan rumbos y sobre todo se acuerdan las acciones
a realizar entre sociedad y gobierno y se comprometen los recursos para su
logro. El grado de importancia asignada a los planes y programas de desarrollo y
al proceso de su aplicación y cumplimiento es un asunto político.
Cuando los planes acusan un alto grado de incumplimiento, ya sea porque las
decisiones reales no corresponden a lo acordado en ellos o porque simplemente no
forman parte de dicho proceso de toma de decisiones, no obstante que en el
discurso político se asumen las decisiones como producto de los planes, nos
enfrentamos a una planeación que solo cumple con un papel de legitimación
ideológica del quehacer público, al poner por delante un discurso coherente
basado en documentos concertados que es asumido a nivel social,
independientemente de su aplicación real.
b).- Niveles de obligatoriedad de las políticas, estrategias y acciones
concertadas en planes y programas y de las consecuencias que derivan de su
incumplimiento.
La voluntad política de asumir como guía para la acción pública y social lo
acordado en planes y programas de desarrollo, requiere como contraparte la
existencia de estructuras, mecanismos y procedimientos que garanticen su
cumplimiento, a fin de evitar el carácter voluntarista en su aplicación.
La subjetividad que envuelve las políticas y acciones de desarrollo, permite que
se mantenga un cierto nivel de voluntarismo en su aplicación y sobre todo en la
medición de los efectos positivos esperados.
c).- Congruencia entre los documentos de planeación y los procesos de toma de
decisiones con relación a la realidad social por planificar.
Los problemas que enfrenta el desarrollo es producto de la insuficiente voluntad
política para aplicar y evaluar las acciones concertadas en planes y programas,
y de la existencia de inconsistencias en el propio sistema de planeación.
En general los planes no representan en su contenido de manera adecuada a los
fenómenos y problemas por atender, siendo documentos más bien descriptivos que
analíticos; no integran todas las posiciones socio-políticas involucradas,
especialmente en los sectores y asuntos con posiciones sociales divergentes;
presentan limitaciones en cuanto a los procesos y mecanismos de aplicación,
seguimiento y evaluación, dejando lagunas esenciales para que la sociedad y el
propio estado puedan conocer de los avances logrados con altos niveles de
certeza; en general son documentos rígidos y por ello son rebasados por la
realidad social, perdiendo vigencia.
La consecuencia general de estos problemas es el alejamiento de la planeación
del proceso de toma de decisiones. Con ello, este proceso reduce su eficacia y
congruencia al basarse más en los análisis de coyuntura para decidir que en las
previsiones y propuestas del plan o programa respectivo. Por tanto esperamos que
el proyecto Plan Puebla panamá (PPP), La Marcha hacia el Sur y el Programa para
las 250 Regiones Prioritarias cumplan con los tres factores comentados con
antelación para que tengan éxito.
Recomendaciones
El desarrollo regional presupone la existencia de un proceso de crecimiento
económico y para que se de éste es necesario incluir las siguientes
consideraciones:
1) Se necesita valorar el papel estratégico del territorio en el desarrollo
nacional y regional por parte del Estado. Esto implica la búsqueda de formas
alternativas de inserción internacional del país como un todo y en sus
diferentes regiones.
2) Adopción y aplicación de mecanismos de gestión territorial descentralizada en
sus distintas escalas espaciales, nacional, regional, local, etc.
3) Fortalecer las capacidades regionales para definir su propio estilo de
desarrollo y el uso de instrumentos de política congruentes con tal decisión.
4) Atacar las causas del subdesarrollo regional y no sus consecuencias.
5) Creciente capacidad regional para apropiar parte del excedente económico allí
generado a fin de reinvertirlo en la propia región, diversificando su base
económica y conferir sustentabilidad de largo plazo.
6) Inclusión social, que implica la toma en cuenta de los diferentes actores
políticos y la mejor repartición del ingreso nacional y regional entre las
personas, así como su participación en la decisiones de competencia de la
región.
6) Un creciente proceso de concientización y movilización social en torno a la
protección ambiental y manejo racional y sustentable de los recursos naturales
de la región.
Lo anterior requiere la redefinición de un proyecto político incluyente que
promueva una amplia participación social en las decisiones, a fin de llevar a
cabo las estrategias necesarias en aras de una organización socioterritorial más
justa.
REFERENCIAS
Bielschowsky, R. (1998). Evolución de las ideas de la CEPAL, Revista de la
CEPAL, Santiago de Chile, número extraordinario, octubre.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2006). Acciones
de Gobierno para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Informe 2005,
México D.F..
Gasca, J. Qué le falta y que le sobra al proyecto Puebla- Panamá.
Gudynas, E. (2005). Geografías fragmentadas: sitios globalizados, áreas
relegadas, Revista del Sur, N. 160, abril-junio.
Rudiñó, L. Edith (2001). Plan Puebla- Panamá, megaproyecto regional, Reportaje
del Financiero, 19 de febrero.
ONU (2004), boletín, N. 04/087, 25 de octubre, PNUD: Primordial equilibrar los
niveles de Desarrollo Humano entre los municipios de México.
Dirección de correo electrónico.
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática http://www.inegi.gob.mx.
Gasca, J. Qué le falta y que le sobra al proyecto Puebla- Panamá.
http://www.prd.org.mx/ierd/coyuntura102/jgz.htm.
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