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Trueque y Economía Solidaria
Susana Hintze (Editora)Relación con el Estado
En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, a nivel político, se tardó bastante en darse cuenta de la debacle socioeconómica que sobrevendría. Y esa falta de visión se podría trasladar a los municipios donde existen nodos de la región Mar y Sierras. Muchas de esas municipalidades habían emprendido grandes obras –de las útiles y de las otras– sin llegar a considerar siquiera la posibilidad de un descenso en las recaudaciones, cosa de lo más lógica si se tiene en cuenta que lo primero que uno deja de pagar son los impuestos municipales. En muchos casos el nivel de despilfarro del dinero de los contribuyentes era insultante.
Paralelamente, el desempleo crecía día a día y se agravaba con la migración interna. Las principales industrias de la ciudad –pesquera y textil– prácticamente desaparecían, como ya lo había hecho la industria de la construcción y el turismo se restringía a niveles de precariedad.
En ese contexto, el trueque aparecía ante los políticos vernáculos como algo vistoso, hasta exótico para quienes no tenían por costumbre recorrer los barrios de sus ciudades. Mas no era digno de consideración pues, “no era masivo”, con lo que ello implicaba.
En esa dialéctica trunca, la región Mar y Sierras apostó nuevamente al futuro, y a sentar las bases para, en determinado momento, entablar un diálogo con el poder político, pero desde otro nivel. De ahí que se buscara –y lograran– obtener en todos los municipios de la región, sendas declaraciones de interés municipal, previendo que en algún momento se necesitarían. Y esto constituía otra innovación más a nivel redes de trueque.
Lo que sí diferenciaba a nuestra red regional, de otras que luego lo hicieron, es que se presentaban los proyectos de ordenanza por mesa de entrada y se obtenían por unanimidad de los bloques integrantes de los concejos deliberantes. Esto implicaba recuperar el poder de los ciudadanos autoconvocados, gestionando ante sus representantes constituidos, a la vez de un divorcio absoluto de nuestra red con respecto a la política partidaria. Evidentemente se hacía lobby, mas éste no se restringía a un solo bloque político, sino a todos ellos.
Con los años y la situación económica, la región Mar y Sierras se convertiría en la ONG con mayor cantidad de asociados del interior de la provincia de Buenos Aires y la atracción que generó en el poder político pasó de lo exótico a lo necesario. Esa independencia para con la política partidaria era reconocida luego por ese poder político, constituyéndose en positivo en algunos casos y negativo en unos pocos (“la Mar y Sierras no transa” decían algunos que aspiraban al reconocimiento de semejante caudal de votos).
Así, con las declaraciones de interés municipal, oportunamente obtenidas, y un caudal de miles de socios como potencial factor de presión, el diálogo con los intendentes y secretarios de las diferentes áreas municipales se realizó dentro de la máxima cordialidad.
No obstante ello, hubo intenciones de otras redes o pseudoredes de lograr, ante su escasa presencia y/u orígenes espurios, insertarse a nivel local mediante la creación de listados municipales de Redes de Trueque. También se intentó regular el funcionamiento del trueque haciéndose eco de una ordenanza modelo enviada por la Subsecretaría de Municipios del Ministerio del Interior nacional. Para ello se recurrió en varias oportunidades a la acción de algunos concejales “amigos”, mas sus esfuerzos fueron efímeros ante la presión ejercida por la región Mar y Sierras. Esto de mantener una postura inamovible, impidiendo todo tipo de control estatal, se ha hecho en base al principio constitucional de que el trueque es un conjunto de “acciones privadas” de los ciudadanos, las cuales ocurren puertas adentro del nodo, en un ámbito privado y no de libre acceso para todo público como sería un comercio o feria pública.
Por lo tanto, estamos seguros –y lo hemos demostrado– que la propia red y el conjunto de sus miembros son quienes asumimos la responsabilidad de nuestros propios controles hacia el interior de los nodos. Se aceptan sugerencias y recomendaciones bromatológicas, pero no se acepta el poder de policía del Estado dentro del nodo. La Constitución Nacional dice claramente que “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
Ejemplo de ello fue el embate de las direcciones de Bromatología de la Provincia de Buenos Aires, referido a la manipulación higiénica de alimentos, o las disposiciones de la Dirección General de Escuelas del mismo gobierno, impidiendo el funcionamiento de nodos de otras redes en sus establecimientos.
Ante ello, contestes de que no hay mejor defensa que un buen ataque, la región Mar y Sierras obtenía cursos de manipulación de alimentos de ciertos municipios, así como el aval a nuestros propios cursos –más completos que los del Ministerio de Salud– por parte del gobierno provincial, y el acceso ilimitado a casi sesenta establecimientos educacionales municipales sólo en Mar del Plata.
En otro orden, los municipios de la zona declaraban que no existían antecedentes de alimentos en mal estado en nuestros nodos, los cuales eran fiscalizados periódicamente por personal de Bromatología –al que le exigíamos que asistieran a todos nuestros nodos–, y adjudicaban ese fenómeno a los reglamentos y controles estrictos de esta red regional.
Otro convenio que se ha logrado con la Municipalidad de Mar del Plata es la posibilidad de la utilización de los terrenos baldíos existentes en la ciudad para la creación de huertas orgánicas comunitarias o bien familiares. El municipio realiza una quita impositiva a aquellos propietarios que cedan sus terrenos desocupados a vecinos socios de la red que deseen encarar esta actividad. Demás está decir que igual origen se les dará a los terrenos fiscales.
Por otro lado, algunas municipalidades han cedido gentilmente varias de sus instalaciones para el funcionamiento de nodos, así como, en el caso de Mar del Plata, se estaría por concretar la sesión de dos galpones de 1.000 m2 cada uno para la instalación de talleres de diferentes artes y oficios. A cambio la región Mar y Sierras se compromete al reciclado de dichas instalaciones. Párrafo especial merece el tema del pago de impuestos con créditos.
Desde sus inicios, y pese a otros antecedentes que se daban en otras partes del país, e incluso, pese al interés despertado en algunos intendentes de ciudades vecinas a Mar del Plata, la región Mar y Sierras se opuso a esa posibilidad. Los motivos radicaban en que los créditos, además de no ser dinero, sino simples instrumentos de intercambio, eran además de muy fácil falsificación. Y aunque ésta fuera complicada, el simple hecho de pagar con créditos –moneda social de circulación exclusivamente interna a las redes de trueque– deudas asumidas con pesos para con el municipio, es decir con la sociedad toda, prosumidores o no, no es ético.
Replicar el modelo del Ithaca Hours sólo sería factible si existiera un acuerdo entre toda la población, y toda ella participara de alguna forma del control de gestión. Cosa que aún no ocurre. Por otro lado, dada la venta indiscriminada de cientos de miles de créditos en algunas otras redes, haría que el endeudarse fuera un buen negocio, pues luego se lo pagaba con “papelitos”, los cuales eran fáciles de obtener: cincuenta créditos por $3,00.
Si a ello le sumamos que los municipios tienen su principal conflicto con sus obreros y empleados, si se aceptara el pago de deudas atrasadas con créditos, dichos papelitos serían abonados como premio consuelo a esos trabajadores, los cuales se volcarían por miles mensualmente sobre los nodos, a convertirlos en productos –sin haber producido ellos– productos que hoy sólo alcanzan para nuestros asociados. El efecto sería similar si esos fondos se destinaran a planes sociales, con el agravante de la discrecionalidad típica del clientelismo político.
Como alternativa, la región Mar ySierras ha presentado ante el Concejo Deliberante de Mar del Plata, que en la zona actúa como “test de validez y confiabilidad”, un proyecto de ordenanza para el “Pago de deudas impositivas municipales con prestación de servicios”. Aquel socio de la red que adeude impuestos municipales –convertidos en créditos virtuales– integraría un listado y cuando alguna dependencia municipal necesita contratar dichos servicios, otorga prioridad al deudor, el cual con su tiempo de trabajo –convertido también en créditos virtuales– reduce o liquida su deuda. Esto le permitiría al municipio una mayor racionalización del gasto, así como cobrar deudas que, de otra forma, serían incobrables.
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