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Trueque y Economía Solidaria
Susana Hintze (Editora)I. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRUEQUE COMO COMPONENTE DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Elementos sobre la génesis y evolución de las redes de trueque en la Argentina
En la concepción original del trueque cada comunidad local debe autoorganizarse, especificar los arreglos del intercambio, las reglas de entrada y salida, regular los precios, etc. Esta modalidad de organización ha requerido de presencia y participación, reflexión y capacitación continua a medida que iban surgiendo nuevos problemas. Se basaba, como lo marca la tradición del asociacionismo popular, en reglas democráticas de decisión, en la no diferenciación, en este plano, entre organizadores y organizados. La transferencia y vinculación del conocimiento y la información, así como la reflexión colectiva, posibilitarían procesos de decisión basados en la regla: un miembro igual a un voto.
El carácter multirrecíproco1 del trueque y la no simultaneidad de las transacciones, que exigía un registro de los aportes y retiros de valores de uso considerados equivalentes, generó la conveniencia de emitir una moneda de circulación restringida al grupo primario o local, válida sólo para transacciones dentro de la comunidad, que debía tener como respaldo el trabajo y los bienes y servicios de él resultantes y ofrecidos. Este desarrollo dio lugar a nuevas reglas: prohibición del préstamo a interés, evitar la acumulación, no utilización fuera de la comunidad de los denominados “créditos”, forma del cuasi-dinero emitido.
Tanto por su crecimiento por adhesión de nuevas personas y familias, como por la necesidad objetiva de ampliar la complejidad de las capacidades colectivas para diversificar la oferta y cubrir más necesidades (en el contexto de una economía y un país cada vez más excluyentes), y dada la condición de mantener grupos pequeños, donde las relaciones interpersonales cotidianas pudieran ser una garantía de confianza y de aprendizaje reflexivo y no alienación, la ampliación se organizó inicialmente a través de la promoción o acogimiento de nuevas comunidades, llamadas nodos, conformando así una red de nodos de trueque multirrecíprocos.
Inmediatamente surgió el problema de que si cada nodo emitía su propia moneda local, para poder acceder a los bienes y servicios internodos debía haber aceptación y equivalencia entre las monedas, lo cual suponía ampliar el ámbito de la confianza a cientos (luego miles) de nodos y decenas de miles (luego millones) de personas. Esto podía resolverse centralizando la emisión de una única moneda, pero ello significaba introducir dimensiones de gestión basada en un sistema de democracia representativa, visibilidad de las acciones y control continuo de las mismas y sus resultados. Fue evidente desde el inicio (Coraggio, 1998) que tal solución, consecuente con un criterio de eficiencia y dentro de la lógica instrumental, podía entrar en contradicción con los principios morales y el proyecto utópico que subyacía al movimiento, en su fase inicial.
Un problema de las redes de trueque basadas en el trabajo de elaboración de bienes (y no, por ejemplo en el intercambio de objetos usados) fue siempre el del acceso a los insumos –que los miembros de la red no proveían– para poder producir los bienes, lo que requería alguna dosis de dinero de curso legal para poder adquirirlo (porque, además, como se dijo, existía prohibición de usar los créditos fuera de las redes), o el acceso a bienes y servicios que los miembros de la red (predominantemente urbanos) usualmente no podían producir (alimentos frescos, transporte). Tal problema se agravó al volverse caótico el desarrollo de las redes por la difusión masiva de estos mercados alternativos, por la multiplicidad de iniciativas copiando el sistema, desde las bases, pero también como política de la jerarquía que ya se había instalado en lo que antes fuera un espacio de horizontalidad.
Por necesidad o por la estrategia de determinados grupos, lo que originalmente pretendió autodenominarse economía del “no-dinero”, introdujo nuevamente el dinero, lo que se agudizó durante el 2001 pero se hizo más evidente cuando la economía de mercado capitalista sufrió las consecuencias del “corralito” y la “falta de dinero” que caracterizó otras situaciones similares en ciudades y países que pasaban por crisis semejantes, con cierre de fábricas, inflación, etcétera. Esto, objetivamente, aumentó el lucro potencial de quien pudiera disponer de estas formas de moneda para movilizar personas, trabajos y recursos, entrando o resignificando desde adentro el sentido original de las redes.
El dinero de curso legal complejizó su contacto con el trueque, ya no sólo como medio personal complementario para adquirir insumos para la producción de bienes y servicios, sino como posible instrumento centralizado en la competencia entre redes, acentuando la diferenciación en el desarrollo de las mismas, al poder –algunas– comprar y/o arrendar las “condiciones generales” y específicas para su funcionamiento (espacios para el desarrollo de las ferias, estacionamiento, compra y distribución de insumos desde instancias centrales, etc.), desplazando a las otras en un “mercado” urgido por el pragmatismo, la necesidad y la expectativa de cubrir carencias inmediatas. La inclusión de miembros libremente asociados a un proyecto de contención y resolución superior de las necesidades, comenzó a encontrar la competencia de acciones estratégicas que veían al prosumidor como cliente capaz de pagar un precio en moneda de curso legal por acceder y participar en las redes.
La oferta masiva de paquetes de acceso a la metodología, al cuasi-dinero y hasta a insumos básicos (como la harina), pasó a requerir aportes de dinero de curso legal y, en la actualidad, quien lo tenga para invertir o lo recaude, dispone de poder para desplazar a otros modelos de trueque ante las urgencias de los ciudadanos excluidos por valorizar sus recursos en mejores términos que en el mercado formal.
La comprensible demanda social por generar alternativas urgentes fue en algunos casos atendida por un sistema de franquicias que se vendieron por dinero, sin crear las condiciones para asegurar la calidad de las relaciones e intercambios, perdiendo el cuidado original en generar un sistema de relaciones de intercambio de trabajos, o productos del trabajo, y una comunidad capaz de emitir un equivalente general monetario, de circulación restringida, basado en la confianza mutua.
Algunas de las razones que se aducen para justificar este desplazamiento del modelo original son: la necesidad de adquirir en el mercado formal insumos al por mayor para los miembros; el agotamiento de los espacios públicos gratuitos; la necesidad de pagar los costos de impresión de un papel dinero de circulación nacional o internodos con menores posibilidades de ser falsificado; los costos de transportar a los promotores, etc. Al autonomizarse la emisión de cuasi-dinero, se abrió la posibilidad de desbalances regionales o nacionales entre oferta de bienes y servicios y cuasi-dinero, inflación, especulación comprando y revendiendo, etc.
Todo ello como resultado de esa autonomización y la aceptación de hecho de que nuevamente se separaran, como en el mercado formal, el productor-oferente del vendedor-cliente.
En resumen, la profundización y extensión del desempleo y el subempleo, la imposibilidad de utilizar los ahorros acumulados y la ruptura de cadenas de abastecimiento y pago del mercado formal, produjeron una enorme ampliación de la escala. Esto, a la vez que permitía la participación de nuevos excluidos de la economía formal, reintrodujo la posibilidad objetiva de reproducir los mecanismos propios del mercado capitalista, que tienden a determinar ciertos comportamientos tanto de los agentes organizadores como de los participantes desde las bases sociales.
Entre ellos: alienación, inmediatismo, posibilidad de comportamientos utilitaristas no solidarios, diversas formas de dolo y de no correspondencia entre el discurso y la práctica, separación entre organizadores y organizados, creación de oportunidades de especulación y lucro con las necesidades de las personas, un poder particular basado en el manejo de la información, dificultad para controlar la introducción de relaciones de explotación del trabajo ajeno y del cobro de interés o rentas de diverso tipo (acceso a lugares públicos o cuasi-públicos, etc.), la introducción de bienes comprados en el mercado y revendidos a precios relativos muy superiores, de bienes usados (no productos del propio trabajo) y, por esa vía, la eventual incorporación de objetos robados y, por tanto, la presencia de redes delincuenciales en un espacio pensado para la solidaridad.
La apertura indiscriminada y acelerada de nodos como respuesta a la demanda posibilita su uso para el beneficio personal o el poder de los promotores, e incluso la “fuga” del promotor una vez obtenidas ganancias y el incumplimiento del “contrato” respecto de los miembros incorporados, facilitado por el hecho de ser un “contrato” con reglas fijadas por un agente centralizado y no una relación horizontal acordada democráticamente.
A esto se agregaron diversas formas de vinculación con instancias del Estado, la política y algunas empresas –en algunos casos facilitando el acceso a bienes y extendiendo las relaciones de solidaridad, como las empresas autogestionadas por trabajadores, en otros permitiendo la explotación del trabajo asalariado pagando en créditos comprados y no ganados con el propio trabajo–, generando también su contraparte, el incremento del rechazo a toda intervención de esas esferas. En el contexto del empobrecimiento masivo y la profundización de la recesión, las redes de trueque se generalizaron, conformándose distintos modelos de redes, en algunos casos antagónicos.2
En conclusión, la situación sintéticamente reseñada problematiza la eficacia y la legitimidad del trueque en general, o de ciertas variantes del mismo, y hace necesaria una reflexión colectiva basada en información fehaciente y transparente, con la presencia de todos los agentes promotores, las organizaciones sociales, y un Estado con disposición a facilitar y acompañar el desarrollo de alternativas de integración que el mercado formal no provee. Ello contribuiría a evitar el ensimismamiento en los conflictos internos que todos estos procesos han detonado, poniendo a los derechos de los ciudadanos como objetivo trascendente y ubicando al trueque como una institución que puede ser instrumental para potenciar las energías y recursos de la economía popular en el desarrollo de economías alternativas, incluyentes y basadas en la solidaridad, la democracia participativa y la confianza mutua.
1. Esto es, no bilateral, donde los participantes cambian bienes o servicios entre sí, A B, sin que se admitan triangulaciones complejas del tipo A B, B C, C D, (...) A.
2. Al respecto, véase en la sección IV de este volumen “Algunas conclusiones en base a la Jornada Nacional sobre Trueque y Economía Solidaria”.
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