Alejandro A. Tagliavini
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EL 'ESTADO BENEFACTOR' Y LA JUSTICIA SOCIAL. UN EJEMPLO: LA VIVIENDA.
Para ver con claridad como funciona el 'Estado benefactor' (3), analicemos un caso real, que ocurre en un país con respecto al tema de la vivienda para los más humildes. En el país en cuestión, existe una cantidad de gente que carece de 'techo' propio y de medios para alquilar uno, es decir, que están condenados a vivir en la calle. En este mismo país, el 'Estado benefactor', y sus dirigentes políticos, 'preocupados' por los desamparados, han propuesto, entre otras muchas 'sabias' medidas, la creación de organismos estatales dedicados a construir viviendas que, supuestamente, estarían al alcance de los 'sin techo'. Pero, aun habiendo sido estas medidas implementadas durante años, continúa el problema de la escasez. Y el resultado es que los 'sin techo', usurpan, ocupan propiedades ajenas, muchas veces en manos de este Estado. Entonces, este mismo 'benefactor', argumentando el derecho a la propiedad, violentamente reprime y desaloja a los intrusos de las propiedades en cuestión, insisto, muchas veces, en manos del mismo Estado.
Veamos un poco. Ya dije que, el mercado natural, es el más eficiente asignador de los recursos sociales y que siempre los dirige primero a las necesidades más básicas, por el principio de que aquello que es más básico es lo que el hombre demanda más y, en consecuencia, resulta ser 'más negocio' (de aquí la ética del lucro, en la imperancia del orden natural). Ahora, si esto es así, ¿cómo es que ocurre que, en una sociedad en donde existen muchísimas construcciones (cines, teatros, shoppings, clubes, galerías, y demás), es decir, en donde capacidad de construcción no falta, hay unos comparativamente pocos miles de personas que no tienen vivienda? Pues, básicamente, hay dos razones para esto.
En primer lugar, ya lo vimos, la presión tributaria estatista provoca la pobreza marginal.
En segundo lugar, las intervenciones artificiales del Estado en el proceso de urbanización (códigos de edificación urbana, de utilización de la tierra, y otros) (4) provocan una muy ineficiente asignación de los recursos. Efectivamente, supongamos que compro una parcela de terreno por cien pesos. Supongamos que, el código urbano en esa zona, no me permite construir más que dos departamentos. Entonces, tendré que cargar, a cada unidad, con cincuenta pesos por el costo de la tierra. En cambio, si pudiera construir cincuenta departamentos, le cargaría a cada uno sólo dos pesos. Algunas disposiciones llegan a la ironía siguiente: con el supuesto fin de defender a los de más escasos recursos, imponen que los constructores deben garantizar, en los barrios que construyan, los servicios 'básicos' (pavimento, alumbrado público, cloacas, gas y demás, imponen también una cantidad de tierra libre para espacios verdes) con lo que, lo que logran, es que estos barrios terminen siendo caros. Y, en consecuencia, los 'sin techo' sigan sin techo. Los barrios tendrán todos pavimento, agua corriente, gas natural y demás, pero la gente, los pobres, vivirán en la calle (precisamente, en el pavimento cuando no en las cloacas). Demás está decir que, las urbanizaciones privadas son, en todos los aspectos, muy superiores a las surgidas del Estado artificial. No es de ningún modo casual, que exista una fuerte tendencia a vivir en 'barrios cerrados' (5) que, en definitiva, no son otra cosa que cuasi micro países en donde mucho es privado.
Está claro, pues, que el Estado violento crea el problema habitacional. Pero ¿cómo pretende solucionarlo? Formando organismos que se dediquen a construir, generalmente solventados por vía de impuestos. Es decir, por cierto, retirando más recursos de la sociedad o sea, empobreciendo más a los ya pobres. Para, luego, terminar construyendo viviendas que utilizarán los niveles medios y con cuya realización se beneficiarán las empresas constructoras, es decir, los niveles altos. Desde un punto de vista ético y moral, el asunto no puede ser más irónico: el mismo 'Estado benefactor', que se ha llenado la boca hasta el hartazgo hablando de la 'justicia social', de los carenciados y sus derechos básicos y fundamentales, resulta ser el primero y el más tenaz de los agentes que pretenden dejar en la calle, sin más ni más, a una cantidad de familias que no tienen ningún lugar en donde dormir durante la noche. En cambio, lo que el Estado artificial debería hacer es privatizar la cantidad enorme de propiedades que posee entregándola a los 'sin techo'. ¿A qué precio? Que las regale si fuera necesario, en cualquier caso, será un beneficio para la sociedad en su conjunto, porque significará una transferencia al sector no coactivo.
Esta es, pues, la gran ironía del Estado racionalista: promete bienestar a los más necesitados; luego, con esta excusa, le quita coactivamente recursos al mercado, empobreciendo a la sociedad en general pero particularmente a los más humildes, a los más débiles, para luego castigarlos sin miramientos por el hecho de ser pobres.
