Alejandro A. Tagliavini
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PARTE SEGUNDA. LOS HECHOS
Analizados rápidamente los fundamentos de la sociedad es mi intención, ahora, mostrar como ocurren efectivamente los acontecimientos. De modo que, en adelante, intentaré un análisis, lo más acertado posible, de los datos de la realidad, extraídos personalmente durante años o recogidos por autores de reconocida seriedad y capacidad científica. En otras palabras, me parece que es tiempo de que pasemos a estudiar como funciona, y las consecuencias del Estado racionalista en nuestra vida diaria, es decir, de analizar los resultados empíricos de la coerción institucional. Por cierto que, como tratar todos los temas resulta imposible, discutiré aquellos que se antojan más importantes teniendo en cuenta que finalmente, y lo que importa, es que los fundamentos y, consecuentemente, la 'mecánica' y los resultados son los mismos.
CAPITULO I. LA BASE DEL ESTADO COERCITIVO.
COMO SE FINANCIA
"...deben darse cuenta que los impuestos debilitan severamente a las ciudades y empobrecen a los agricultores. Podemos ver lugares que ayer florecían y tenían muchos habitantes y que ahora yacen postrados y abandonados porque los agricultores no pueden tolerar los altos impuestos", Henrique de Villalobos, escolástico español (1).
Me parece que lo más oportuno es empezar por dilucidar quiénes son los que financian, los que pagan para sostener esta estructura de 'poder'. Y quiénes son los que se 'benefician'; entre comillas porque, si bien puede ser que obtengan algún 'beneficio' inmediato, más tarde o más temprano, terminarán perjudicados todos.
Evidentemente es ésta una costosísima institución. Para que podamos tener una idea de la magnitud, digamos que, como promedio, hoy los Estados del mundo tienen en sus manos más de la mitad de las economías de sus países (son, lo que podríamos denominar, verdaderas economías mixtas, y esto incluye a los países 'del primer mundo'). Me refiero a la sumatoria de los Estados nacionales, provinciales, municipales y demás. La verdad es que no tengo cifras exactas, pero de modo que podamos tener alguna idea comparativa de esta magnitud, digamos que, muy difícilmente, la empresa más grande de un país llegue a manejar la centésima parte de la economía nacional, es decir, la quincuagésima parte de lo que manejan estas estructuras políticas actuales. Esto implica que, como promedio, cada ciudadano trabaja más de la mitad de su tiempo para el Estado coercitivo.
Estas enormes estructuras suelen obtener recursos de varias maneras: por vía impositiva, inflacionaria, crediticia, y otras. Analizaremos sólo las más importantes porque, en definitiva, la mecánica y el resultado final, dada la utilización de la coacción como método, es el mismo (2).
A los impuestos coercitivos, por caso, no existe duda alguna de que, de un modo u otro, los paga la sociedad en su conjunto. Pero existen sustanciales diferencias en cuanto a la incidencia que tienen sobre cada persona, según su nivel económico. Efectivamente, aunque teóricamente estén dirigidos hacia los más ricos, lo que ocurre es que, aquellos con mayor capacidad económica, tienen más medios para trasladar la carga tributaria hacia abajo. Siendo la inversa también cierta, es decir que, cuanto más bajo sea el nivel económico de una persona, menor capacidad para derivarla hacia otros lados tendrá y, en consecuencia, no sólo deberá soportar los impuestos que directamente le caigan encima, sino que, además, tendrá que soportar el peso del traslado hacia abajo que hará el resto de la sociedad (3).
Una empresa, por ejemplo, en el afán por mantener sus ganancias, intentará trasladar la carga impositiva aumentando los precios, bajando los sueldos o retrayendo inversiones que presionarían en sentido positivo la demanda de trabajo, o cualquier otra cosa que, necesariamente, significará una transferencia hacia abajo. En el caso de los individuos que no puedan aumentarse sus ingresos, por ejemplo, los ejecutivos, o que pudiendo hacerlo no lo hagan por las cuestiones que fueran, deberán, para poder pagar sus tributos, retraer el consumo. Lo que se traducirá en menor producción de bienes y servicios perjudicando, en primer lugar, a los sueldos más bajos.
El obrero, entonces, además de los impuestos que tiene que pagar directamente (como el llamado al valor agregado), tendrá que soportar el aumento de precios y la baja en los salarios, provocados por la presión tributaria general. Sin poder trasladar esta carga a ninguna parte, por cuanto no tiene precios para aumentar ni salarios para bajar. De hecho, la marginalidad ocurre como consecuencia de dos acciones estatales artificiales: por un lado, según veremos más adelante, por la desocupación que producen las 'regulaciones' coercitivas en el mercado laboral, y, en segundo lugar, por la baja en el poder adquisitivo de los más débiles como consecuencia de la voracidad fiscal.
Si el Estado racionalista decide financiarse por vía crediticia (4), lo que sucederá, en primer lugar, es que al aumentar la demanda de crédito en el mercado, aumentarán las tasas de interés. Y esto implicará, no sólo perjudicar directamente a los créditos para los de más bajo poder adquisitivo, sino también, que los empresarios, al poder tomar menos dinero en el mercado financiero, invertirán menos, demandando menos mano de obra. Lo que redundará, directamente, en una baja en los salarios de los trabajadores y en un aumento en los precios, como consecuencia de la baja productividad atribuible a la falta de inversión. Y, finalmente, también ocurrirá que, en algún momento, deberán pagarse estos créditos, por vía impositiva o inflacionaria.
Si, finalmente, el fisco decide financiarse por vía inflacionaria, es decir, emitiendo moneda arbitrariamente e imponiéndola coercitivamente, lo que sucederá, además de la distorsión general de la economía, es que la moneda se depreciará y, en consecuencia, los más perjudicados serán aquellos más dependientes de la moneda estatal. Y estos son los de más escasos ingresos, porque los de mayores recursos, tienen valores a resguardo como, por ejemplo, propiedades, acciones, monedas extranjeras, capitales en el exterior, y demás.
Pero todo esto no sería un gran problema, visto que el dinero de los impuestos no se destruye sino que se desvía, sino fuera que su método básico para obtener recursos con los que financiarse es la coerción. Si se financiara con la venta de sus incalculablemente cuantiosas propiedades, o con lo que voluntariamente los ciudadanos estuvieran dispuestos a otorgarle, por el uso de sus servicios o simplemente por altruismo, no sería violentado el orden natural y la sociedad funcionaría eficientemente.
Efectivamente, el Estado violento, más allá del dinero que malgasta manteniendo su propia estructura y burocracia, es económicamente ineficiente por propia definición. A los fines 'contables', podríamos considerar que una asignación de recursos es eficiente, sí y sólo sí, la tasa interna de retorno del capital invertido supera a los intereses de una plaza financiera libre. De otro modo, convendría poner el dinero en un plazo fijo y ganar más sin trabajar. Sucede que, la eficiencia económica, entre otras cosas, implica la noción de lucro y el Estado racionalista es una institución sin estos fines, sino puramente políticos. Siguiendo a la praxeología de Ludwig von Mises (5), como consigue los recursos vía coerción y no atraído por una eventual rentabilidad, todo su funcionamiento estará, necesariamente, basado en la arbitrariedad de la coacción y no en la eventual eficacia económica. En definitiva, porque la eficiencia económica implica trabajar seria y duramente, mientras que sacar un arma es una cuestión (de cobardes) de segundos.
En otras palabras, del dinero que el Gobierno retira coercitivamente del mercado (lo que ya de por sí, implica una deficiente sustracción de recursos), parte se pierde por corrupción, parte se pierde en solventar un sistema de por sí ineficiente (estructuras agigantadas, sueldos de empleados innecesarios, y demás) y lo poco que vuelve termina siendo mal asignado y beneficiando principalmente a los más ricos.
Efectivamente, supongamos, por ejemplo, la construcción de una escuela. Lo que los de más escasos recursos obtendrán (en el mejor de los casos) es el servicio educativo que, por la ineficiencia intrínseca del Estado coercitivo, será, en principio, de mala calidad. Digo en principio porque, una empresa estatal coercitiva es siempre ineficiente, pero no necesariamente producirá un servicio malo, podría, eventualmente, producir un buen servicio pero a un costo exorbitante. Pero el constructor de la escuela cobrará bien cobrado su trabajo, y muchas veces, gracias a la corrupción o al desorden propio de estos organismos burocráticos, que los 'astutos' aprovechan, cobrará más de lo que debería (6).
Por otro lado, lo cierto es que, si a alguien hay que amenazarlo con la fuerza bruta (quién no paga impuestos va preso) para sacarle algo, esto significa que a estos recursos, claro está, no tenía intención de dirigirlos hacia esos lugares. Ahora, como el mercado con ausencia de coerción institucional, el mercado natural, es necesariamente eficiente (de otro modo no se puede subsistir en la actividad que se está desarrollando), si no quería dirigir estos recursos hacia donde se lo fuerza a hacerlo es, sencillamente, porque esos sectores son ineficientes. Esto es que, como la fuerza física es contraria al orden natural, es contraria al hombre, la coerción institucional no hace más que redistribuir incorrectamente y desviar hacia sectores ineficientes, malgastando los recursos sociales (7).
Así, en la medida de la interferencia coactiva institucional en el orden natural, se producen 'ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres'. El principio filosófico es simple: como el sistema de 'organización' es materialista (la coerción, que implica armas), los que mejor se 'organizan' son quienes tienen mayor capacidad material; por el contrario, como la violencia implica destrucción, quienes no pueden 'organizarse' (los que no tienen los medios físicos) terminan siendo los más destruidos.
En fin, es así que, cuanto más aumente la presión tributaria artificial en relación al Producto Interno Bruto (PIB), a igualdad de condiciones, menor será el desarrollo de la economía del país. Es decir, que el crecimiento económico es siempre inversamente proporcional al de la carga impositiva como porcentaje del PIB. Por el contrario, la gran ventaja de reducir la presión coercitiva tributaria es que, no sólo se reducirían los costos directamente, sino que se producirá un 'efecto cascada'. Es decir que, además de bajar los tributos directos a los fabricantes finales, al reducírsele los impuestos a los proveedores de insumos, disminuiría el precio de éstos últimos y, en consecuencia, el costo del producto final sufriría una merma potenciada.
