CONCLUSIONES

Pronosticar la evolución de cualquier economía ha sido siempre tarea arriesgada, porque los mecanismos económicos responden no sólo a realidades presentes, sino también a expectativas futuras, que pueden o no materializarse; prever el comportamiento, no de una economía, sino concretamente la economía de América Latina, resulta muchísimo más difícil, porque los supuestos de partida son múltiples, así como sus efectos recíprocos. Supuestos y efectos que pueden cumplirse o no, provocar los impactos esperados o bien efectos no deseados. Hacer previsiones en las inciertas circunstancias actuales sobre esta economía, caracterizada por su vulnerabilidad, resulta ser un ejercicio realmente arriesgado y plagado de incógnitas, algunas pesimistas, otras más optimistas. No obstante, hacemos con nuestra mejor intención este ejercicio.

Se podría decir que, con anterioridad a los sucesos del 11 de septiembre, la reanudación del crecimiento en América Latina (2001), se estaba produciendo en condiciones más favorables y con características que enmarcaban un crecimiento más sustentable a largo plazo. Desde la perspectiva macroeconómica, el mantenimiento de las políticas monetarias firmes en la mayoría de los países, tendría como resultado un mayor equilibrio de las tasas cambiarias, después de las fuertes devaluaciones de comienzos de 1999. También se mantenía un buen control de las tasas de inflación, con perspectivas de que permaneciesen en un solo dígito y con tendencia a la baja si el precio del petróleo descendiera en el 2001 de sus altos niveles.

Los cambios en la función del Estado asociados con las inversiones para aumentar la eficiencia fiscal, tanto en lo que se refiere a la recaudación tributaria como al mayor control y transparencia en los gastos del gobierno, tuvieron como consecuencia menores déficit fiscales en muchos países de la región. Además, el carácter estructural de estos cambios sugería la fuerte posibilidad de lograr un equilibrio presupuestario en el largo plazo, condición fundamental para el aumento de la credibilidad de los gobiernos de la región y la mejora en el nivel de confianza de parte de los inversionistas.

Las reformas estructurales, con el fortalecimiento del sector privado y una menor intervención del Estado en la economía, dieron paso a un mejor funcionamiento de los mecanismos del mercado. Además, durante los últimos años se ha venido registrando un cambio en la percepción del papel de los sectores público y privado, los cuales ya no se consideran como competidores entre sí, sino como agentes que se complementan, como socios en el desarrollo económico y social.

América Latina es una región habitada por más de 500 millones de personas a comienzos del siglo XXI, y cuenta con un Producto Interno Bruto de aproximadamente dos billones de dólares. Las oportunidades de inversión son muchas en un mercado de esta magnitud y con una gran potencialidad de expansión. La mayor integración económica entre las diferentes economías de la zona ofrece a los inversionistas una posibilidad de ganancias sustanciales generadas por economías de escala, dado el acceso que los productores tendrían a un mercado ampliado.

En otras palabras, la inversión en un país específico abre las puertas a los mercados de otros países de la zona. Adicionalmente, la región tiene como aliado comercial natural a Estados Unidos por afinidad continental, y a Europa por afinidad histórica, aunque, como es de manifiesto para todos, durante la última década del siglo XX, España se ha situado a la cabeza de las inversiones europeas, afianzando su liderazgo durante los tres últimos años, consiguiendo desplazar durante dos años consecutivos (1999-2000) como primer inversor mundial en la región a Estados Unidos.

Iniciada la primera década del siglo XXI, los puntos básicos a destacar para conseguir afianzar el interés en América Latina son:

• Existe un consenso generalizado de que las economías de la regióndeben crecer más rápidamente e incrementar su productividad para mejorar su integración en el mercado mundial con exportaciones de calidad.

• Respecto al diseño de políticas, hay que evitar recomendaciones ge-nerales ya que lo que funciona en un país puede no hacerlo en otro.

Será necesario prever las posibles consecuencias antes de adoptar decisiones irreversibles.

• Resulta fundamental promover más inversión interna y, para au-mentar la competitividad, se deberán corregir los fallos existentes en la operativa de los mercados. Se asignará como prioridad la creación de empleos y la disminución de la desigualdad, puesto que el crecimiento, por sí sólo, es insuficiente para lograr esos objetivos. Especial atención merecen las pequeñas y medianas empresas, generadoras de la mayor parte de los puestos de trabajo creados, en lo que respecta a la adaptación y acceso a las nuevas tecnologías, a la financiación y mejora de su gestión. Ello exige apoyos públicos y privados para fortalecer el tejido empresarial más importante de la región.

• En cuanto a los mercados laborales, éstos ya han alcanzado mayorflexibilización, por lo que habrá que centrarse en mejorar sus avances y funcionamiento. En materia social, el gasto deberá aumentar y ser más eficiente para, entre otras cosas, superar la brecha educacional existente (una mano de obra no cualificada se debe a muchos años de educación inadecuada). La competitividad y el progreso social no deben lograrse a costa de la estabilidad macroeconómica alcanzada, y sí provocarlo como consecuencia de sus grados de conocimientos (los activos más importantes de la nueva economía).

• Fortalecer la capacidad de acción de los gobiernos, impulsando lacooperación entre los sectores público y privado, a la vez que estimular una gestión más eficiente de las relaciones económicas internacionales.

A tal respecto, hacemos mención de la intervención llevada a cabo por Enrique V. Iglesias⁹⁹ en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre «Comercio y Desarrollo» (Bangkok, febrero de 2000), en donde abordó temas de indudable interés para el conjunto de la economía de América Latina, los cuales destacamos.

Resaltó la necesidad de dar respuestas adecuadas a la globalización y establecer normas que ayuden a hacerla más equitativa. A este respecto, comentó la experiencia histórica de América Latina. Recordó que durante la década de los años 50, Raúl Prebisch y los economistas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, denunciaron la desigualdad existente en la relación entre el centro y la periferia de la economía mundial, reclamaron reformas estructurales y apoyaron las estrategias de sustitución de importaciones. Dichas ideas han dado forma a la arquitectura general de los organismos de las Naciones Unidas dedicados a cuestiones económicas y sociales y dieron lugar al establecimiento de la UNCTAD.

Señaló que la «década perdida» se inició a mediados de los años setenta con la primera crisis del petróleo y se vio afectada por factores internacionales, entre los que merecen destacarse la inflación e inestabilidad económica. A escala nacional, durante ese período se observaron desequilibrios fiscales, políticas monetarias permisivas y una pérdida de competitividad en los mercados mundiales. Se prestó demasiada atención a las magnitudes nominales de la distribución de ingresos, y poca a la educación, salud y servicios sociales.

Durante la década de los 90 se volvió a la ortodoxia, al «Consenso de Washington». Se controló la inflación, se llevaron a cabo reformas fiscales y se revitalizó el proceso de integración regional, recuperándose el crecimiento a una tasa del 4%. Actualmente, los gobiernos deben hacer frente a los retos de la globalización, para lo cual se requiere un paradigma de desarrollo distinto. A pesar del desarrollo económico, el crecimiento continúa siendo volátil, la distribución de los ingresos desequilibrada y el desempleo sigue siendo causa de exclusión social. Las reformas han sido insuficientes y no han logrado resolver todos los problemas estructurales.

Los principales temas a abordar son la vulnerabilidad macroeconómica y la social. La primera supondrá doblar¹⁰⁰ la tasa de crecimiento de la región, reducir su volatilidad, aumentar el ahorro interno para reducir la dependencia de capitales extranjeros y diversificar sus exportaciones. Con respecto a la vulnerabilidad social, a pesar de los altos niveles de gasto social registrados, uno de cada tres latinoamericanos vive en la pobreza, por lo que deberán ser más eficaces los programas sociales aplicados.

Para promover el crecimiento del ahorro interno deben reformarse los sistemas de seguridad social, el sistema bancario y los mercados de valores. Para aumentar la competitividad de las exportaciones deberá tratarse el problema de los «costes nacionales», que implicará mejorar la infraestructura e ineficiencias del sector público (aligeradas durante los últimos años).

América Latina no puede quedarse atrás en la nueva sociedad de la información y del conocimiento, si quiere penetrar realmente en la senda del crecimiento y competir con éxito en los mercados mundiales. Es necesario asumir la herencia histórica de la región, pero no para quedarse anclado en ella, todo lo contrario: lo que el pasado económico de América Latina nos enseña ha de servir como punto de partida para adoptar estrategias de modernización institucional y económica.

Una de las lecciones más recientes que ha aprendido América Latina es que los vaivenes políticos son la raíz de problemas económicos, cuando hasta ahora se había producido el proceso contrario. Por ello, el crecimiento ha de apoyarse más que nunca en consensos nacionales sobre aspectos políticos básicos, para poder afrontar con éxito medidas políticas, económicas e institucionales sostenibles en el largo plazo.

Democracias estables que garanticen el pluralismo político y la participación, marcos regulatorios que doten de profundidad a los sistemas financieros, o políticas de incentivos a la innovación, son aspectos esenciales para impulsar la competitividad de los sectores productivos. Las instituciones han de ser el garante de los intereses colectivos, el canalizador de los indicadores para superar los fallos estructurales de los mercados libres.

En esta nueva base del crecimiento tienen un papel fundamental no sólo las políticas domésticas, como garantes del pluralismo y la estabilidad, sino también, y en un mundo cada vez más globalizado, los organismos de cooperación internacional. Especialmente los del sistema interamericano, y muy particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), como instituciones multilaterales que deben contribuir en la importante tarea de conseguir que la región incremente sus tasas de productividad, dentro de entornos de estabilidad tanto política como social, capaces de proporcionar mayores cotas de bienestar.

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99 Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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100 Se refiere a doblar el crecimiento del 4% durante el 2000.
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