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Mercado de trabajo
En contra de la creencia común, América Latina no tiene abundancia de trabajo sin cualificación, lo que implicaría concentrarse en la producción de bienes intensivos en mano de obra no especializada, y donde la competitividad internacional depende ante todo del costo de la mano de obra. Sin embargo, no ha alcanzado una estructura educativa comparable a la de los países líderes del Sudeste Asiático o los desarrollados, donde la producción está orientada a actividades intensivas en conocimiento y desarrollo tecnológico. El grueso de la fuerza de trabajo en América Latina cuenta con educación primaria (completa o incompleta) y algunos países cuentan con proporciones respetables de trabajadores con estudios universitarios. Esta posición implica el riesgo de no poder competir frente a regiones de menor educación en la producción de bienes intensivos en mano de obra no calificada, pero ofrece la oportunidad de lograr mejoras más rápidas de productividad y de penetrar algunos segmentos de los mercados de bienes de contenido tecnológico medio o alto, como ya lo han conseguido México, Brasil y últimamente con bastante intensidad, Costa Rica.
Ningún sector productivo, puede pretender que su competitividad se base en reducir el bienestar de sus trabajadores. Incluso en los sectores más intensivos en mano de obra, la posibilidad de competir y expandirse no depende del salario de los trabajadores, sino de los costos laborales unitarios, es decir la combinación del costo efectivo por trabajador y la productividad del trabajo. En muchos países de América Latina, es posible reducir el costo efectivo por trabajador sin sacrificar el bienestar de los trabajadores, porque la legislación contempla excesivos beneficios obligatorios que son costosos para las empresas pero de escasa utilidad para los propios trabajadores.
Contra la productividad del trabajo atentan el retraso educativo de muchos países latinoamericanos, las deficiencias de los sistemas de capacitación y la calidad de las relaciones laborales. La prioridad fundamental debe ser la universalización de la educación secundaria mediante una mezcla de incentivos de oferta y demanda. Una mejor educación es esencial para mejorar las posibilidades futuras de los sistemas de capacitación laboral. Pero en la mayoría de los países, estos requieren aún un profundo rediseño institucional para que puedan responder a las necesidades de las empresas y contribuyan a elevar las posibilidades de empleo y la productividad de los trabajadores.
Una mayor participación del sector privado, la separación de funciones de regulación y previsión, junto a la competencia por los fondos públicos son algunos de los elementos del éxito de los nuevos sistemas de formación profesional de algunos países. En todo este contexto, sin dudas las políticas públicas pueden mejorar las relaciones laborales propiciando mecanismos de diálogo.
En definitiva, lo que se impone es completar la transición hacia un mercado de trabajo más flexible y dinámico, mediante la modernización de la legislación laboral que privilegie la creación de nuevos empleos para reducir de esta manera las altas tasas de desempleo que se presentan actualmente en la región. El crecimiento más acelerado de la oferta de trabajo, debido al crecimiento de la población económicamente activa, sólo volverá a sus patrones normales en la década del 2010, como se indicó anteriormente (transformación demográfica). Por lo tanto, el mayor crecimiento de la demanda de trabajo también es una cuestión prioritaria para hacer frente a este fenómeno demográfico. Una mayor modernización del mercado de trabajo, con miras a ampliar su eficiencia si no es una condición suficiente es, con certeza, una condición necesaria para lograr este objetivo.