Ampliar las reformas

Se habla de ampliar las reformas, pero no se trata de un simple juego de palabras, sino de un imperativo primordial para el desarrollo latinoamericano que hay que basarlo en la credibilidad, la competitivdad y la estabilidad. Así pues, a principios del siglo XXI, ha surgido un estimulante debate acerca de los «objetivos» económicos y sociales a alcanzar en América Latina. Instituciones regionales y multilaterales como CEPAL, BID y BM, así como en Universidades y algunos organismos, tanto públicos como privados de América Latina, se están realizando esfuerzos de reflexión respecto a la revisión o ampliación de las reformas del Conseso de Washington. Pero también es muy estimulante comprobar que existe una corriente de pensamiento, principalmente desde los Estados Unidos, muy concordantes con nuestras mismas inquietudes. Autores como Stiglitz, Rodrik, Wiplisz, Krugman, Sachs, y el propio Williamson, han hecho sustantivas contribuciones a la discusión, más allá de las corrientes en boga de corte neoliberal. Aunque éstas han sido entendidas parcialmente dentro del Consenso de Washington. Parcialmente porque en los hechos las reformas han tenido un sello «ideologizado», contraveniendo varios de los mismo principios que Williamson había interpretado en su famoso artículo de 199027.

La interpretación neoliberal, adoptada en las propuestas del Consenso, ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales del continente, de modo que es necesario seguir una nueva senda, basada en reducir la gran inestabilidad social que impide la confianza de los mercados financieros, inconfianza que a su vez limita las posibilidades de mejora. Ya en las reuniones cumbre celebradas en 1994 y 199828, los Jefes de Estado, en sus declaraciones formales, decidieron incorporar como metas fundamentales la disminución de la pobreza, la educación y el buen gobierno. Ello supone una significativa extensión que va más allá del ajuste y el crecimiento plasmados en el Consenso de Washington y demuestra que la reducción de la pobreza y la equidad han pasado al «primer plano» en la agenda del desarrollo, desplazando así al crecimiento, aunque sin desecharlo del todo.

Ffrench-Davis señala que el espíritu del Consenso de Washington buscaba obtener precios correctos y que fueran, además, amigables con el mercado. Sin embargo, el resultado de aplicar dichas medidas no coincidió con el esperado. Algunos aspectos mejoraron: es el caso del importante crecimiento en el volumen de exportaciones, la aparición de superávit fiscales o déficit moderados durante varios años en muchos países, el fin de los procesos de hiperinflación característicos de las décadas previas y la mejora de las instituciones en términos de menos trabas administrativas e intervenciones microeconómicas.

Pero, en su opinión, las reformas adolecieron igualmente de graves y reiteradas deficiencias. Las economías del continente se hicieron mucho más vulnerables debido al fuerte crecimiento de los déficits externos. La insuficiente inversión en capital humano ha hecho necesario un importante refuerzo de los sistemas educativos, además de no haber reducido la pobreza, sino, bien al contrario, haberla acentuado.

Uno de los aspectos en el cual las reformas .según Ffrench-Davis. han exhibido su desempeño más mediocre, ha sido en el de la insuficiente inversión y consecuentemente el pobre crecimiento. Añade el citado economista que todos estos aspectos son esencialmente el fruto de un error cometido por el conjunto de los países de América Latina, consistente en aplicar «ingenuamente» y sin tener en suficiente consideración las diferencias entre ellos, medidas que privilegiaron el corto plazo, pensando que el mercado resolvería automáticamente todas las situaciones.

De modo que Ffrench-Davis sugiere introducir cambios en las reformas, focalizados en áreas como la educación y el poder judicial, que tiendan a preservar los aspectos positivos a la vez que corrijan los errores, en búsqueda de un mayor bienestar para la población, proponiendo mejoras en los dos puntos siguientes:

  1. estima que las políticas económicas deben tratar de evitar precios macroeconómicos incorrectos y promover las políticas de tipo de cambio que eliminen los valores de cotización extremos, esto es, que se ajusten de acuerdo con la tendencia de mediano plazo y no según los vaivenes del día a día o las fluctuaciones cíclicas de precios.
  2. apunta la necesidad de regular o controlar los movimientos de capital, persiguiendo la reducción de los múltiples shocks financieros característicos de la región. La historia de América Latina muestra períodos de gran abundancia de fondos externos seguidos de épocas de importante escasez donde se generan crisis de difícil recuperación. Los gobiernos deben tratar de evitar los efectos artificiales provocados por los volúmenes excesivos de capital, y así reducir las dimensiones de las crisis posteriores. En una palabra, el objetivo son políticas prudentes, como las que evitaron a Chile sufrir devastadores efectos como los del tequilazo mexicano a mediados de los noventa.

Por último, el autor propone un desarrollo sostenido acompañado de inversiones sociales, esto es la creación de una nueva capacidad productiva, y calidad de capital y de trabajo. Es aquí donde se aprecia el carácter crucial de la educación y de la capacitación laboral, así como de la creciente preocupación por nivelar su calidad entre los distintos estratos sociales para evitar la reproducción de la pobreza y ofrecer una legitima igualdad de oportunidades. Generar mejores condiciones sociales para la población es un imperativo ético, pero también económico, que evitaría el surgimiento de tensiones y una mayor desintegración social en los distintos países latinoamericanos.

En definitiva, French Davis apunta hacia políticas macroeconómicas que generen «equilibrios sostenibles en la economía real», y políticas de desarrollo productivo consistentes con una mejor distribución de oportunidades y productividades a través de la sociedad de modo a alcanzar un «desarrollo económico con equidad».

En este contexto, José Antonio Ocampo29, tras haber estudiado los retos macroeconómicos referentes al manejo de la vulnerabilidad externa y el proceso de inversión, ahorro y financiamiento, señala la importancia de actuar igualmente en el campo de la acción pública. Concretamente, estima necesario cubrir dos tareas fundamentales: en primer lugar garantizar que las pequeñas empresas y las familias pobres tengan un mayor acceso al crédito; y en segundo lugar, fomentar la disponibilidad de fondos a largo plazo para el financiamiento de la inversión. En su opinión, «las líneas de crédito a través de fondos de segundo piso, los subsidios a la demanda y/o a los costos de transacción, y el diseño de fondos de garantía o mecanismos de aseguramiento, son los instrumentos básicos para asegurar una adecuada cobertura de servicios financieros a las pequeñas empresas y a los hogares pobres, urbanos y rurales».

Para ello, propone que el sector público cree nuevas instituciones o instrumentos tales como fondos de pensiones, nuevos instrumentos que faciliten el financiamiento de la vivienda y la infraestructura privada, fondos o seguros de garantía, etc., además de diseñar marcos regulatorios y sistemas de incentivos apropiados, así como ofertar servicios financieros por bancos de desarrollo o fondos de capital riesgo, públicos o mixtos. José Antonio Ocampo opina que esta puede ser «la solución apropiada», siempre que se establezcan «reglas que garanticen el profesionalismo de sus actividades y se evite la interferencia política y sobretodo la tentación de convertir tales instituciones en mecanismos de canalización de subsidios», lo cual sólamente puede conducir al nacimiento de nuevas crisis, como ya ocurrió en su momento.

Observamos que estas consideraciones plantean tanto una amplia gama de acciones para mejorar los niveles de ahorro e inversión y los canales de transmisión entre ambos, como algunas recomendaciones de cautela en varias áreas como las que engloban los efectos previsibles de las reformas previsionales, el impacto de reducciones en las tasas de tributación o los aumentos de las tasas de interés sobre el ahorro.

Por otra parte, en el estudio de la Comisión de la Fundación Carnegie Para la Paz internacional, personalidades de contrastada experiencia económica como Domingo Cavallo30, Eduardo Aninat31 y Alejandro Foxley32 , priorizaron la reducción de la pobreza y de la desigualdad, proponiendo medidas como incrementar los impuestos de los más ricos, dar reales oportunidades a las Pyme, proteger los derechos de los trabajadores, recomendar a los países industrializados que reduzcan los proteccionismos y otras medidas de igual grado de dificultad de aplicación.

Sin embargo, Enrique V. Iglesias, desde otra perspectiva, concede más relevancia al hecho de que desde el encuentro de Washington, se haya dado «demasiada importancia» a los problemas de tipo macro, aunque admite que las circunstancias lo requerían, puesto que la prioridad residía en sobrevivir al caos generado por la crisis de los 80. En su opinión, hoy en día se debería prestar más atención a aspectos más puntuales, capaces de desarrollar el crecimiento y la estabilidad.

El BID, como hemos adelantado, ha centrado sus actuaciones en cinco áreas que considera de vital importancia y consistentes para la mejora social; «todo lo relativo a la educación y al conocimiento, el desarrollo de la competitividad tanto a nivel macro como micro, la mejora de la eficiencia del Estado y la transparencia de los mercados, en concreto, la modernización del Estado y la reforma de la justicia, la solución del problema de la integración, y por fin el apoyo de las políticas medioambientales».

Esto es un avance hacia el proceso de cambio necesario en América Latina, aunque debe estar acompañado por políticas explícitas que permitan hacer frente a los problemas sociales, lo cual sólamente es posible mediante un compromiso integral de la sociedad basado en gran parte en el tema de la educación como forma de romper el círculo vicioso de la pobreza. Paulo Paiva33, afirmó al respecto que la integración regional en América Latina es el mejor medio «para poder negociar con más fuerza con otras zonas geográficas» y pidió a los gobiernos latinoamericanos mayores inversiones en educación, ya que se trata de «la clave para aumentar la competitividad de un país dentro de la economía global y redistribuir la riqueza».

Aldo Solari34 uno de los principales estudiosos de las relaciones entre educación, ocupación y pobreza, señala las dos bases fundamentales de política para abordar la desigualdad educativa. En primer lugar, la universalización de la educación primaria o básica: «una educación común para todos los ciudadanos es un requisito sine-qua-non para la creación de un punto de partida igualitario en una de las dimensiones más importantes de la vida social».

Este segundo supuesto está vinculado al anterior: «para que la educación pueda tener el efecto de producir una mayor igualdad o una menor desigualdad, si se prefiere, ella misma debe ser igualmente distribuida lo más igualmente posible».

Todo esto demuestra que el contexto estructural de desigualdades señalado anteriormente, limita claramente las posibilidades y potencialidades de las escuelas y de los centros educativos para crear por sí mismos igualdad donde esta no existe. Siendo obvio que, como se ha puesto de manifiesto, la educación por sí sola no basta para superar dichas iniquidades.

En efecto, la integración de políticas educativas con otras económicas y sociales, orientadas a atacar conjuntamente las importantes desigualdades existentes en el continente, se deben convertir entonces en una estrategia y en una acción indispensables. Esto supone un doble imperativo: disminuir o superar las crecientes condiciones de pobreza para mayorías nacionales y tomar en cuenta las exigencias propias de los procesos de globalización y de modernización en América Latina.

Desde este contexto, Nancy Birdsally35 y Augusto de la Torre36 han formulado por su parte, un conjunto de 10+1 instrumentos para permitir el desarrollo de la equidad social acompañada de crecimiento, tan necesaria para América Latina y con el fin de ajustar el que denominan «Disenso de Washington» a la realidad contemporánea37. Con estos instrumentos no pretenden formular una receta infalible y aplicable a todas las situaciones, excepto quizás en lo que se refiere a la disciplina fiscal y la educación. Todas las opiniones convergen en que se trata de aspectos que deben ser absolutamente mejorados en toda las sociedades latinoamericanas y ello sólo puede hacerse realidad mediante ciertas reformas concretas.

Lo que sugieren es una línea de actuación sin prioridades, ni secuencias de medidas obligatorias, un conjunto de instrumentos que pueden ayudar a alcanzar una mejor situación para América Latina sin que estos sean definitivos ni mucho menos suficientes.

Su enfoque son las políticas internas al continente, aunque estiman que la responsabilidad también yace en los países industrializados, desde donde emana gran parte de la retórica sobre la reducción de la pobreza en el mundo en desarrollo, de ahí la separación de 10+1, siendo el último instrumento una clave de política económica mediante la cual los países industrializados avanzados también pueden pasar de la retórica a la acción.

Birdsally y De la Torre, opinan que ya es hora de pasar del Consenso a instrumentos concretos, a obtener respaldo político, crear instituciones, instaurar y luego redefinir, ajustar y afinar las políticas. Los instrumentos que proponen, además de tener un bajo coste, tienen mucho menos que ver con el dinero que con las reglas del juego y el liderazgo político y se resumen en los puntos siguientes:

De modo que las profundas reformas económicas contenidas en el Consenso de Washington han llevado al conjunto de América Latina a una situación poco satisfactoria, donde se impone la búsqueda de nuevas opciones que garanticen un mayor crecimiento sustentable y equitativo. Siendo preciso destacar, que las medidas incluidas en el Consenso, permitieron preservar el equilibrio macroeconómico, el control de la inflación, la mejoría del balance presupuestario y el ahorro fiscal, el crecimiento de las exportaciones y la diversificación de los países de destino, así como las privatizaciones masivas de las corporaciones públicas.

Sin embargo, de forma general, estos equilibrios sólo pudieron alcanzarse mediante los desequilibrios en otras variables macroeconómicas o en detrimento de aspectos esenciales para lograr la equidad o la competitividad sistémica. Por todo lo cual considero tan importante como urgente, ampliar las reformas del Consenso de Washington, perseverando el núcleo de sabiduría económica con el fin de implantar bases sólidas para la mejora de la situación económica en América Latina. Nos encontramos ante un debate crucial, en torno al modo de mejorar la situación de las economías de mercado del continente, superando las adversidades de la década pasada. Es obvio que se necesitan reformas, pero no deben constituirse como un fin en sí mismas, sino como un medio para poder lograr un desarrollo basado en lo social y en la equidad.

Asimismo, deseo «añadir» para ser introducido en el debate, un punto que me parece «central» para los objetivos de las reformas o de las ampliaciones del Consenso de Washington y que este tampoco introdujo, tal vez por que en esos años no era tan determinantes como lo son actualmente. Me refiero, a la gran importancia que suponen para la sociedad en términos generales y para la economía particularmente: «Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información».

Nadie niega la vital importancia que ejercen estas nuevas tecnologías para el bienestar de los ciudadanos, la competitividad empresarial y por extensión, para el desarrollo económico y social de los países en desarrollo (como para los desarrollados). Así lo reconocen los líderes políticos, económicos y empresarios de la región; que la prosperidad y la competitividad durante este siglo, dependen en gran medida del aprovechamiento integral que se haga de estas nuevas tecnologías. Ellos entienden, que la participación en la «Sociedad de la Información y del Conocimiento», permite a los países crear riqueza mediante la adición de «valor» a los recursos locales, producir esta riqueza de una manera más sustentable y distribuirla más equitativamente.

Ahora bien, la «brecha digital» existente entre América Latina y los países desarrollados es amplia, pudiendo incrementarse aún más en el inmediato futuro, y en la medida que lo haga, representa una seria amenaza cada vez más difícil de superar, pues representa una creciente «pérdida» de competitividad para los países de la región frente a las economías más avanzadas, y también, respecto a otras naciones en vías de desarrollo como las asiáticas. Por consiguiente, con el fin de acortar distancias, tanto de los países como «entre» los países latinoamericanos, es extraordinariamente importante llevar a cabo acciones «efectivas», para conseguir incorporar en el más breve plazo de tiempo posible, estas tecnologías al «nuevo modelo de desarrollo económico».

Es revelador, que la arquitectura de la nueva economía mundial esté conformada por las redes digitales, como lo demuestra la economía norteamericana, con su enorme ventaja competitiva en materia de tecnología, información, y gestión del conocimiento38.

27 Es el mismo Williamson quen lo destaca en su artículo «Revisión del Consenso de Washington».
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28 Se trata de las reuniones Cumbre de América Latina de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno celebradas durante junio de 1994 y octubre de 1998 en Cartagena de Indias y Oporto respectivamente.
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29 José Antonio Ocampo: Secretario Ejecutivo de la CEPAL y Ex Ministro de Hacienda en Colombia.
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30 Domingo Cavallo. Ex Ministro de Economía de Argentina. Ex presidente del Banco Central de Argentina.
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31 Eduardo Aninat. Ex Ministro de Hacienda de Chile. Actual Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional.
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32 Alejandro Foxley. Ex Ministro de Hacienda de Chile. Actual Presidente de la Comisión del Ramo en el Senado de Chile.
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33 Paolo Paiva, Ex Ministro de Trabajo de Brasil. Actual Vicepresidente de Planificación y Administracion del Banco Interamericano de Desarrollo.
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34 Aldo Solari fue un activo partícipe de la vida intelectual latinoamericana, Vicepresidente del CODICEN y director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Uruguay.
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35 Nancy Birdsally, es miembro asociado en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y Ex Vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo.
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36 Augusto de la Torre es asesor financiero regional en el Banco Mundial y miembro de la Red de Reforma Económica Carnegie.
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37 Estas medidas están recopiladas en el Informe de la Comisión Carnegie Para la Paz Internacional y el Diálogo Interamericano. Washington, septiembre 2000.
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38 La Galaxia Internet. Manuel Castell, Editorial Areté. Barcelona, 2001.
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