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El Consenso de Washington
APLICACIÓN DE LAS REFORMAS ECONÓMICAS DEL CONSENSO DE WASHINGTONDurante los años 90, la dirigencia tecnócrata y política de América Latina aplicó con firmeza el paquete de reformas económicas del Consenso de Washington. Los cambios de política en la región recibieron un vigoroso respaldo de las instituciones financieras internacionales, y se reforzaron con créditos «vinculados a las reformas» y condicionados a su aplicación, lo cual alimentó la esperanza de los líderes, de hacer retornar el capital privado a la región después de los desastrosos años 80 (mientras tanto las políticas económicas comunistas fracasaban estrepitosamente, y el fin de la historia parecía próximo).
Con la prudencia monetaria se redujo la inflación a un solo dígito prácticamente en todos los países. La disciplina fiscal disminuyó el promedio del déficit presupuestario del 5 por ciento del PIB al 2 por ciento aproximadamente, y redujo la deuda externa pública del 50 por ciento del PIB a menos del 20 por ciento. La apertura comercial hizo descender el promedio de aranceles desde más de 40 por ciento a casi 10 por ciento.
La liberalización financiera se produjo de un modo igualmente agresivo; se descartó el control directo de créditos, se desregularon las tasas de interés, se iniciaron regímenes de inversión extranjera directa y se suprimieron los controles de cambios y de cuentas de capital. Bancos, empresas eléctricas, de petróleo, de telecomunicaciones, las redes viales así como los servicios de agua y salud se vendieron al sector privado. En la región, fueron más de 1000 empresas estatales las privatizadas entre 1988 y 2000.
La aplicación de tales medidas varió de un país a otro, pero en términos generales, la índole y la intensidad de las reformas en América Latina en lo años 90 superaron todo lo conocido hasta entonces. De ello resultó un incremento del flujo de capitales hacia el continente, 14 mil millones de dólares en 1990, frente a 86 mil millones de dólares en 1997, antes de caer hasta 47 mil millones de dólares en 1999, como secuela de la crisis financiera asiática. Otra de sus consecuencias positivas fue la expansión de los volúmenes de las exportaciones en casi todos los países.
Sin embargo, la cara adversa fueron los resultados desalentadores en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, redistribución del ingreso y condiciones sociales. En los años 90, el aumento real del PIB en la región fue escaso; 1 por ciento anual durante toda la década, esto es, un porcentaje ligeramente superior a las alarmantes cifras registradas en los años 80, pero muy por debajo de las tasas del 5 por ciento, o más, que se alcanzaron en los años 60 y 70. Concretamente, el desempleo aumentó, y la pobreza siguió siendo amplia y generalizada. América Latina ingresó en el tercer milenio con más de 150 millones de personas, y más de un tercio de su población viviendo en la pobreza (con ingresos inferiores a los 2 dólares diarios) y casi 80 millones de personas padeciendo pobreza extrema, con ingresos inferiores a 1 dólar diario.
Los indicadores del desarrollo social fueron apenas más favorables. Las tasas de mortalidad infantil, de alfabetización y de escolaridad primaria mejoraron durante los años 90. Pero la disponibilidad de agua potable continuó siendo escasa en sectores rurales, y pobre la calidad de la educación pública. Al mismo tiempo, un importante aumento de la criminalidad y la violencia afectó la calidad de vida en toda la región.
En un país tras otro la población se desanimó, padeciendo muchas veces la denominada «fatiga reformista». Las encuestas de opinión pública22 a fines de los años 90, demostraron que los latinoamericanos sentían que sus economías no marchaban bien, que su calidad de vida era más baja que la de generaciones anteriores, y que la pobreza alcanzaba índices sin precedentes. La gente mostraba gran angustia acerca del empleo y los ingresos. La percepción del presente no era favorable y la del futuro aún más incierta.
Esto no es de sorprender, en razón de la «histórica inestabilidad» económica de la región, y las conmociones sociales de los años 90. Al finalizar la década, América Latina seguía mostrando mayor desigualdad que cualquier otra región del mundo en cuanto a la distribución del ingreso y de los activos (incluida la tierra). En las mismas encuestas, la población manifestaba una persistente impresión de que las sociedades de la región eran básicamente injustas como un probable reflejo de la subyacente desigualdad de oportunidades en materia de educación básica y superior, empleo y participación política.
Se suele culpar a las reformas económicas por el lento crecimiento y el decepcionante progreso social de los años 90. Pero esto es difícilmente justificable. Varios análisis minuciosos demuestran que sin las reformas, la situación hubiera sido aún peor. Ciertamente, el ingreso per cápita y la producción en América Latina hubiesen sido inferiores, mayor la inestabilidad, y agravadas la pobreza y la desigualdad de ingresos». De manera que debería perdurar un importante núcleo de la sabiduría económica contenida y contrastada en el Consenso de Washington.
El problema, es que este tipo de razonamiento por contraposición .de que sin la reforma las cosas hubiesen sido peores. resulta poco «reconfortante» para los pobres, para los crónicamente desocupados y para los numerosos ciudadanos consternados y agobiados en la región, además de ofrecer escasas perspectivas de lograr apoyo político para más reformas de la misma índole. Sin olvidar que tan importante como urgente es rescatar estas gentes al circuito formal de lo económico. Ellos necesitan renta para acceder a los bienes y servicios, y las empresas necesitan consumidores para sus productos y servicios.
Aplicación de las reformas económicas del Consenso de Washington
22 Consúltese las encuestas realizadas a la población latinoamericana por Latinobarómetro.
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