Mediante un ejemplo sencillo y aplicando la Teoría del equilibrio de Nash a las decisiones de las autoridades fiscales y monetarias, podremos observar como se puede presentar situaciones donde los jugadores sienten la tentación de cambiar las estrategias pero no lo hacen porque ello implica una disminución ó desmejora para ambos. Es de esta forma como en la mayoría de los países desarrollados se ha resuelto dicho problema. A modo de ilustración se presenta este modelo de juegos simple para la relación entre las autoridades monetarias y fiscales
Las autoridades monetarias y fiscales tienen dos opciones cada una: pueden elegir tanto una política contractiva como expansiva. Cuando ambos juegan de manera contractiva, la inflación y el empleo es bajo. Cuando ambos eligen expansiva, la inflación y el empleo son altos y; cuando sólo uno de ellos juega de forma contractiva, el resultado es inflación y empleo medios.
Se puede observar que ambos jugadores tienen preferencias diferentes sobre los niveles de empleo e inflación, se puede observar en la estructuras de preferencias. Mientras el BC considera importante disminuir la inflación, el Gobierno tiene como prioridad aumentar el empleo. Es por ello, que el único equilibrio de Nash que se puede conseguir es una política monetaria contractiva y una política fiscal expansiva (NOTA: Esto se debe al supuesto de que las diferencias en las preferencias de ambas autoridades son tan grandes como para obtener los resultados que se desean), las otras alternativas presentan beneficios particulares para las autoridades. Por ejemplo, si el BC accede optar por una política monetaria expansiva, aceptando una promesa del Gobierno de ser estrictamente restrictiva, a este le resultaría óptimo romper su promesa y llevar a cabo una política fiscal expansiva. De igual forma sucede con las demás opciones no óptimas. Sin embargo, a largo plazo en términos de resultados una política monetaria expansiva y una fiscal restrictiva son más saludables que el equilibrio de Nash, porque no compromete la sustentabilidad fiscal y no debilita la capacidad de inversión del sector privado.