Es evidente que la corrupción ha sido definida como uno de los obstáculos más importantes para promover el crecimiento económico sostenible y alcanzar reducciones importantes en los niveles de la pobreza. No hay elemento mas indignante para cualquier residente de un país, que observar como ciudadanos se aprovechan de los bienes públicos para hacer fortuna, esto además de significar una ineficiente utilización de los recursos, trastoca toda la moral nacional, y merece el mayor de los repudios.

En el entendimiento que la corrupción es un síntoma de la debilidad estructural de las instituciones en un determinado país, los enfoques del problema se orientan por lo general al fortalecimiento de las capacidades institucionales en el sector público, así como al desarrollo de mecanismos más efectivos de control de responsabilidades, lo que incluye la participación de grupos de la sociedad civil, y hasta mediciones internacionales.

Dado que la corrupción se ha convertido en una de las áreas claves de las agendas para el desarrollo, los países “tratan” a toda costa de reducir los niveles internos de corrupción y crear mejores condiciones para su desarrollo social y económico. Estos esfuerzos también están centrados en tratar de alcanzar buenos lugares en los estudios que sobre el tema realizan diversos organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF, etc.), ciertamente estos organismos siguen estrechamente estos indicadores, ante el temor del desvío de los recursos, que a través de préstamos, envían a determinados países.

Es claro que la corrupción no se encuentra presente en un sitio específico de la administración pública, por lo cual las estrategias anticorrupción tienen que ser multidimensionales y multisectoriales. Los esfuerzos en modernización del estado siempre deben incluir componentes específicos de anticorrupción o enfatizar los efectos anticorrupción esperados. Para reducir los efectos corrosivos de la corrupción en forma sostenible, es muy importante tratarla como toda enfermedad, ir más allá de los síntomas y abordar las causas de la misma, no quedarse con el castigo (cuando llega, lo cual casi nunca pasa) a unos pocos culpables.

Se ha demostrado que las estrategias anticorrupción efectivas deben basarse en cinco elementos claves: Aumentar la responsabilidad política; Fortalecer la participación de la sociedad civil; Crear un sector privado competitivo; Desarrollar mecanismos institucionales de control al poder; y Mejorar la gestión del sector público.

Si analizamos objetivamente cada uno de estos puntos, nos encontramos con que actualmente nuestro país, puede jactarse de estar bien en uno solo: La participación de la sociedad civil, aunque con un claro peligro, luego de los acontecimientos del domingo, de volver a nuestra situación de hace algunos años (una sociedad sumamente apática y para nada organizada).

Lo cierto es que las evidentes y claras fallas de los organismos nacionales que se deberían de encargar del control de la administración pública, subordinados completamente al poder central, junto al grave deterioro de las instituciones, hacen que esta problemática, en Venezuela, esté muy lejos de resolverse. La falta de rendición de cuentas claras y lo atractivo y poco riesgoso que resulta emprender actos de corrupción, hacen de esta practica una de las más lucrativas y de moda en nuestro país.