Si bien es cierto que el ritmo de caída en el nivel de reservas internacionales es importante, la merma, así como su nivel actual, por si solas no constituyen elementos suficientes que justifiquen y expliquen la medida tomada.

 

 

De hecho en el gráfico se muestra como, aún en caída, los nivel de reservas internacionales de enero de 2003 expresados como meses de importaciones, supera a los niveles mostrados durante los años 2001 y 2002. 

Es la situación fiscal, aunada a lo que entre líneas se desprende del decreto de suspensión de la actividad cambiaria (la imposibilidad de reactivar la industria petrolera en el corto y mediano plazo) los verdaderos motivos de tal medida. 

Asimismo, la profundización de una visión intervensionista del Estado y particularmente del ejecutivo, por medio de la economía de decreto desarrollada sin el menor resquemor desde el inicio del año 2003, abonó el camino para este nuevo control sobre parte de la economía y los mercados. 

A este nivel del partido uno se pregunta: ¿se buscó el control de cambio o es parte del absoluto desafuero visceral que significa el ejecutivo y sus medidas hoy día?. Entre tantos arrebatos del ejecutivo contra sectores de la economía nacional, la amenaza contra instituciones financieras particulares, así como acciones neófitas e irresponsables como la acometida por Acosta Carlés, la reacción no puede ser otra que la manifiesta por empresas como Microsoft o por cámaras como Venamcham (la cual recomendó asumir niveles operativos de cierre o cierre absoluto ante la indefensión del privado ante el gobierno). No parece fortuito que se inicie una escalada contra la propiedad privada, un ataque contra la banca, mientras el TSJ suspenda el referéndum, para finalmente tener que decretar control de cambio. 

Ahora bien resulta importante analizar brevemente los “motivos” esgrimidos en el Decreto Ejecutivo N°2.278 en el que se le da facultad al ministro de finanzas para tomar la medida de control de cambio. 

El primer “motivo” expresa: 

“Considerando: Que la República enfrenta acciones que han mermado los ingresos provenientes de la industria de hidrocarburos, lo cual ha afectado la estabilidad de las reservas internacionales”. 

Las acciones que no se explican ni mencionan en el Decreto Ejecutivo no quedan nada claras para los venezolanos, ya que la primitiva, extremista e infantil visión y política petrolera del actual gobierno constituye la verdadera y principal causa de la merma en el nivel de la actividad petrolera nacional. Básicamente el enfoque purista de defensa de precios y un nuevo marco regulatorio del sector que estrangula toda potencialidad de la industria petrolera al atarla a la capacidad financiera de PDVSA; son los elementos distorsionantes y atrofiantes de la actividad petrolera venezolana. 

La actividad económica petrolera en Venezuela ha mostrado un desempeño negativo durante el periodo presidencial de Hugo Chávez de 1999 a 2002 cercano a los 34,60%. A continuación se presenta un cuadro que muestra la variación acumulada por cada año de la gestión Chávez, en comparación con el nivel de actividad petrolera de 1998 cuando los precios de la cesta petrolera venezolana alcanzaban los 10,75 US$/B promedio.

 

 

Recordemos que el paro se inicia el 2 de diciembre de 2002, entonces, ¿cómo explicaría el desempeño negativo sistemático de la actividad petrolera el ejecutivo nacional?. 

El segundo “motivo” del Decreto Ejecutivo N°2.278 expresa: 

“Considerando: Que el mercado cambiario se ha visto afectado por movimientos inconvenientes de carácter especulativo, afectando de forma negativa la estabilidad del valor externo e interno de nuestra moneda,” 

Resulta insólito que el ejecutivo, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela enarbolen el justificativo de estabilidad de precios, toda vez que poco importó la mencionada estabilidad cuando el 12 de febrero de 2002 se dejó flotar la moneda al punto de generar una devaluación en el mencionado año de 84,19%, y una inflación puntual de enero de 2002 a enero de 2003 de 151,47%. Asimismo esta devaluación utilizada como último recurso de financiación del déficit fiscal presionó sobre la inflación del año 2002, llevándola 31,21% al cierre del año. De hecho en un comunicado emanado del Banco Central de Venezuela, que buscaba justificar la abrupta devaluación provocada por el ejecutivo, dejo ver que “el Banco Central de Venezuela está comprometido con una política activa con el propósito de procurar la estabilidad de los precios en el mediano plazo, que es donde verdaderamente adquiere significación la lucha contra la inflación”. 

El tercer “motivo” expresa: 

“Considerando: Que en las últimas semanas la demanda de divisas sobrepasa en forma excesiva las necesidades reales de la economía nacional.” 

En un principio esta consideración más que servir de justificativo hacia la medida, la desvalida; ya que si bien la actividad económica, la demanda interna y las importaciones se han reducido, esto implica que se liberan niveles de reservas antes requeridas para atender los niveles normales de las importaciones. 

Adicionalmente, esta consideración resulta absurda toda vez que tan sólo en febrero de 2002 fuera sustituido el sistema de bandas por un régimen de flotación libre. Es así como se supone que en un sistema de cambio flexible es el nivel de reservas la variable de defensa y no el tipo de cambio, quedando evidenciado que la actual gestión no puede controlar ni el nivel del precio de la divisa ni los niveles de reservas internacionales. 

La última consideración del Decreto Ejecutivo la representa la siguiente: 

“Considerando: Que la estabilidad económica del país constituye requisito fundamental para el logro de los objetivos del Estado, entre ellos garantizar el desarrollo de los derechos del colectivo y la satisfacción de sus necesidades, todo lo cual se sobrepone a los intereses de cualquier grupo o particular.” 

Esta frase que parece ser acuñada a la medida de los últimos hechos acometidos por el ejecutivo contra empresas (hechos violatorios del debido proceso), pretende validar la violación del legitimo derecho a la defensa. Por medio de este tipo de peroratas politiqueras se pretende justificar actuaciones sencillamente inconstitucionales, violatorias de los derechos individuales y económicos garantizados por la constitución nacional. 

Concretamente sobre la aseveración que hiciera el ministro entorno a lo nocivo de la aplicación de medidas ortodoxas, como el incremento de las tasas de interés, se dejó ver una media verdad, intencionalmente. Si bien es cierto que un incremento de las tasas de interés terminaría de estrangular un aparato productivo sin oxigeno, no se mencionó lo que verdaderamente motivó el desecho de medidas ortodoxas de este tipo, como lo es la apremiante situación fiscal. El sobredimensionamiento de la deuda interna y su peso sobre el presupuesto nacional, y la falta de confianza hacia la sostenibilidad de la gestión fiscal y por tanto de la moneda, hacen estéril una medida de remuneración del bolívar en comparación al dólar. 

Lo anterior explica como por un lado el jefe del ejecutivo arremete contra la banca, generando incertidumbre y retiro de fondos de las instituciones financieras, y como por otro lado el jefe de las finanzas públicas tiene que decretar un corralito implícito, ya que es la banca como mecanismo de intermediación de fondos, la que financia gran parte del desbarajuste fiscal actual. 

Finalmente, un control de cambio generará en Venezuela entre otras consecuencias: mayor escasez de bienes, incremento de precios, la aparición de mercado paralelo con un bolívar más depreciado, asignación no sólo ineficiente de recursos, sino discrecional y carnetocrática. 

Asimismo se produce una paralización de las expectativas de inversión en el país, principalmente externas (aún cuando se diseñen mecanismo, facilidades y movilidad a los nuevos entrantes).  

Se condenará a la precaria demanda interna a la ya mermada producción interna y/o inexistente; esto generará mayor desabastecimiento e inflación . 

Se estará creando más control económico, mientras esta medida constituirá un mecanismo de presión y manipulación política (así como fuente insospechada de corrupción).    

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