Enrique R. González Porras (CV)
enriquergp@starmedia.com

(Dedicado a Ana M. De Lemos)

Existen dos modelos básicos de análisis del Estado. El primero se remite a un Estado depredador o explotador que captura rentas o ingresos de la sociedad en beneficio del grupo o clase social que lo mantiene en el poder, por el contrario el otro Estado apegado a la teoría del contrato que busca maximizar la riqueza conjunta de la sociedad, para lo cual buscará constituir derechos de propiedad eficientes.

La dirección por la cual transitará un Estado contractual se suscribe por el camino de la reducción de costos transaccionales en la sociedad, de manera tal de aumentar la producción, incrementando de esta manera la torta a ser redistribuida (incrementar las bases impositivas y la recaudación fiscal, ambas dos).

De la teoría desarrollada por Douglas North se concluye que mientras en un Estado depredador las instituciones, organizaciones y políticas están diseñadas hacia los intereses de un grupo, en uno contractual sirve al crecimiento económico y el resto de los objetivos que surgen del contrato social que crea el Estado.

Si termina siendo cierto que la naturaleza del Estado determina a las instituciones, reglas del juego y políticas a ser construidas y desplegadas, es posible concebir al régimen político como variable intermedia.

Según Pszeworski y Limongi son tres los tipos de regímenes políticos existentes. Uno, la democracia, donde los ciudadanos deciden el tamaño del Estado y tienen derecho sobre el remanente fiscal; segundo, la autocracia, donde el aparato del Estado decide su tamaño y puede apropiarse del remanente fiscal (caso de dictaduras personalizadas) y por último, la burocracia, donde el aparato estatal decide el tamaño del Estado sin que los ciudadanos tengan derecho al remanente fiscal. Utilizando esta clasificación y vinculándola con el aporte de North se desprende la analogía: la autocracia es el régimen político por excelencia de un Estado explotador, mientras que la democracia lo es de un Estado contractual.

Un estado depredador podría construir instituciones, derechos de propiedad y reglas que operen como expropiadoras de toda la riqueza de un país, buscando favorecer al grupo social o político que lo mantiene. El problema del modelo radica en el momento en que los ciudadanos consideren que su nivel de vida corre riesgos de empeorar, estarán dispuestos a apoyar a la oposición interna. Si los poderes públicos, instituciones y sistema impositivo que construye el Estado son considerados abusivos, los ciudadanos son incentivados a cambiar el poder estatal o buscar la forma de evadirlo. Es de esta manera que ante la ausencia de pluralidad que podría imprimir competencia al sector público, ha obligado a los sectores excluidos del proceso actual a constituir instituciones formales, así como la utilización de instituciones formales para desempeñar funciones no propias que de alguna manera equiparen la tremenda asimetría de poder, participación y protagonismo.

Lo anterior se traduce para el caso venezolano de la siguiente manera. Hugo Chávez con su candidatura y su proceso revolucionario invitó a una gran porción de los venezolanos a llevarlo al poder, por medio de las urnas electorales. Ahora bien, como él ha resultado ser en lo pragmático, el presidente de sólo un grupo de los venezolanos, y ha puesto al Estado al servicio de un grupo particular y del "proceso", requería de un sistema o régimen político autocrático.
Efectivamente la flagrante violación de los artículos 6, 9, 10, 12, 13, entre otros, de la Carta Democrática Interamericana, evidencia la necesidad por parte de Hugo Chávez de violar el estado de derecho que sustentaría cualquier democracia, de manera tal de poder erigir instituciones, reglas del juego (leyes y normativas) y políticas que en lo macroinstitucional garantice el apoyo de un grupo social.

Con lo que no contó y de hecho subestimó Hugo Chávez y sus personeros, fue la capacidad de construcción de instituciones informales, así como el llenado de vacío que protagonizaron instituciones formales como los medios de comunicación, gremios, etc. Estas instituciones formales e informales realizaron y constituyeron juicios informales y sentaron posiciones ante la obscena ausencia de poderes públicos como la fiscalía y el poder del pueblo (caso típico de regímenes autocráticos).

El papel de este tipo de instituciones ha sido tan importante, que la base de apoyo de la autocracia se ha visto severamente desgastado, y obliga indefectiblemente a la actual gestión a tener que retroceder en su voracidad antidemocrática, entre otros la constitución de los poderes públicos subordinados, las 49 leyes inconsultas de la Ley Habilitante, el no reconocer la CTV, etc.

El hecho de que un Estado depredador reduzca la torta a repartir, le ha estallado en el rostro a la actual administración, que no sólo ante un desempleo y nivel de informalidad histórico, sino que con una tesorería nacional prácticamente quebrada, y ante la acción equilibradora de poderes ejercida por los medios y gremios, imposibilita hoy día echarle mano a PDVSA, y continuar con un proyecto notoriamente antidemocrático.

La Gobernabilidad y el Estado de Derecho:

Para que exista un clima de gobernabilidad en un país que supone la aplicación del un régimen democrático, debe en primer término existir estabilidad política directamente relacionada a un proceso de integración socioeconómico interno (y que ciertamente ha sido más que precario durante los últimos periodos presidenciales), debe existir fortaleza en las instituciones democráticas y debe garantizarse la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. De no cumplirse lo anterior la sociedad llenará los vacíos que la naturaleza no permite, por medio de la constitución de instituciones informales que reemplacen las funciones sociales de los poderes públicos subordinados al poder ejecutivo.
En segundo lugar, la gobernabilidad exige condiciones de confianza, seguridad y algún grado de previsibilidad, que sólo garantizaría un marco legal apropiado y la protección de derechos fundamentales para los ciudadanos como los derechos de propiedad, libertad contractual, garantía de los derechos humanos, etc.

Para que se cumpla las máximas de la democracia (justicia e igualdad ante las instituciones) debe existir independencia en los poderes públicos, poder ciudadano y poder judicial, de lo contrario, se estará minando la gobernabilidad y el sostenimiento de la autocracia impuesta. Sin independencia de los poderes públicos, poder ciudadano y poder judicial no se podría hablar de la existencia de Estado de Derecho.

La constitución de un Estado de Derecho requerirá imperativamente poderes judicial, públicos y ciudadano con apegado indefectiblemente a la Constitución y a la ley, los cuales ofrezcan a todos igual posibilidad de fácil acceso y de protección eficaz de sus derechos individuales y colectivos.

Lo anterior obligaría a la actual gestión a solicitar públicamente o no, la inhibición a los máximos representantes de tales poderes, permitiendo de esta manera el nombramiento de sustitutos ad hoc, imprimiendo no sólo credibilidad de representatividad plural a las necesidades actuales de la sociedad venezolana, sino que daría confianza sobre la decisión y resultados de la investigación sobre los sucesos acaecidos a partir del 11 de abril de 2002.

Definitivamente, la democracia venezolana y sus instituciones están pasando una de sus más fuertes evaluaciones, hoy más que nunca se pone a prueba para nuestro país la precisión conceptual de Montesquieu: "la injusticia contra uno es la amenaza para todos".
La justicia que exista en el actual proceso de esclarecimiento de los sucesos recién acaecidos representará evidencia no sólo del nivel de solidez democrática y pragmática de nuestras instituciones, sino que revelaran cuan apego constitucional y responsabilidad social tienen los individuos encargados de administrarla.