Enrique R. González Porras (CV)
enriquergp@yahoo.es

La aceleración en la emisión de deuda interna durante los primeros años de la actual gestión ha desembocado en la presente situación de búsqueda por parte del fisco de aliviar el flujo de caja de la tesorería nacional.

Algunas cifras refieren que entre el 75% y el 78% de las colocaciones de Deuda Pública Nacional (DPN) estarán venciendo entre el 2003 y el 2004. El sólo anuncio sobre la necesidad de canje y prolongación de la estructura de vencimiento de la deuda emitida internamente, levanta suspicacia sobre la capacidad y posibilidad por parte del fisco de responder estas acreencias.

Por otro lado la incertidumbre que asalta al mercado de dinero ha favorecido a la conformación de una estructura de vencimientos y preferencias de corto plazo. Es destacable el hecho de que aún cuando el nivel de sobrevaluación que poseía el bolívar de alrededor de 53,74% para diciembre de 2001 fue corregido con la devaluación a lo largo del año (al grado presentarse una subvaluación en septiembre de 3,01%), no sea posible colocar deuda interna e instrumentos de captaciones de corto plazo y denominados en bolívares.

Ahora bien el canje de los actuales bonos poseídos por la banca por bonos indexados a la devaluación, representa una costosa forma de refinanciamiento y de búsqueda de posponer una situación de desgaste de solvencia y de liquidez por parte del gobierno.

Con este mecanismo (el canje), no necesariamente se estaría aliviando la situación de iliquidez del fisco, por el contrario pudiera sobre-exponerla a los shocks externos.

Por otro lado, este mecanismo de refinanciamiento de deuda representa una señal de incentivo para apostar a un evento de profecías autocumplidas, tendiendo así a incrementar el rendimiento hacia el final del período del bono; a menos que se diseñe un mecanismo de compensación o ajuste hasta el vencimiento del bono, que haga equivalentes la inversión en dólares y la inversión en bolívares durante el período de duración del bono.

Aún cuando ya en prensa se anuncia la democratización de la posibilidad de canje para todos los tenedores de deuda pública, este punto deberá ser fiscalizado de cerca, ya que en el diseño del mecanismo de subasta y adjudicación podría introducirse elementos exclusionarios y discriminatorios que favorezcan a un sector de los financistas del gobierno.

Es así como deberá ofrecérseles en los mismos términos y condiciones tanto a instituciones financieras como a contratistas, proveedores, profesores universitarios, empleados universitarios, etc.

Otro elemento que deberá ser considerado en la discusión lo constituye el hecho de que los títulos que poseen las instituciones bancarias de ninguna manera son adquiridos con patrimonio propio, sino por el contrario son adquiridos por medio de la cesión de los fondos prestables de los agentes económicos superavitarios o ahorristas. He aquí un problema de profunda implicación moral, ya que se está rentabilizando y minimizando el riesgo sobre la rentabilidad, a favor de la banca, mientras que los superavitarios primarios de fondos prestables podrían sufrir de pérdidas patrimoniales o de capital. Recordemos que ante la economía política regulatoria los verdaderos propietarios de las instituciones financieras son sus mayores financistas o prestatarios, que en este caso serían los depositantes. Es así como el acuerdo de refinanciamiento vía canje beneficia a los bancos y a aliviar la desesperada situación fiscal del gobierno, aún cuando se actúe de espalda de los principales protagonistas que son los originales poseedores de fondos prestables, los ahorristas. Para nosotros esto representa un problema que requiere al menos del pronunciamiento de un ente público como Procompetencia, primero para que determine si el mecanismo de subasta y adjudicación no representa un sistema exclusionario, y segundo para que se pronuncie ante el trato discriminatorio hacia los superavitarios primarios u originales, a favor de los intermediarios financieros.


Asimismo, se estaría forzando hacia el incremento del tamaño de la deuda, ya que aún cuando se aliviaría la estructura de duración de la deuda pública nacional, esto no es garantía alguna de la emisión de nueva deuda. Por el contrario lo que se busca por medio de la minimización del riesgo es mantener financistas cautivos lo que podría expender la base de proveedores y financistas del gobierno.

Finalmente, el desespero fiscal actual por liberar el flujo de caja de la tesorería, está llegando al nivel de transferir la acumulación de deuda hacia el futuro (aquí cabe preguntarse, ¿es que las necesidades de financiamiento de corto plazo desaparecerán en el futuro?). Un elemento de cuidado en esta operación de canje de deuda, lo representa el hecho de que el si bien el riesgo cambiario sería asumido por el gobierno, por lo que los rendimientos de los títulos deberían ser mucho menores, consecutivamente el alivio en pago de deuda interna debería concretarse. 

Un problema que parece no haberse discutido públicamente es que este canje de bonos DPN por bonos indexados no solo deberá aliviar la estructura de vencimientos, sino de costo de la deuda ya que el riesgo lo cubrirá el fisco. Mucho cuidado y el gobierno termina pagando igual o más a los bolívares, aún cuando se encuentren indexados o cubiertos del riesgo cambiario.