Estatizaciones, Intervencionismo y la Banca
 

Enrique R. González Porras (*)
enriquergp@yahoo.es
 

La intervención del Estado en la economía se justificaría solo si los agentes económicos, -consumidores y oferentes- fuesen incapaces de alcanzar altos niveles de bienestar social, que sólo resultarían posible ante una intervención pública.

En la mayoría de los mercados, los intereses privados se encuentran perfectamente alineados con los intereses colectivos. Lo anterior, ocurre en los mercados competitivos, donde el mercado y la competencia garantizan la accesibilidad de los ciudadanos a los bienes y servicios. En estos mercados, un planificador central omnipotente podría escasamente replicar el resultado de bienestar social alcanzado por el libre mercado.

En tal sentido, la intervención del Estado en la economía sólo se justificaría ante fallas de mercado tales como: existencia de monopolio natural, asimetrías de información, existencia de externalidades y bienes públicos.

González Porras, E.R.: "Estatizaciones, Intervencionismo y la Banca" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 102, septiembre 2008. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/

Sin embargo, en Venezuela muchos problemas se relacionan con falta de mercado más que con fallas en el mismo. En este caso, se requiere una expansión de la oferta y un mayor soporte a la producción realizada por los privados, en contraposición a la intervención regulatoria y al Estado empresario. Lo anterior, requeriría adicionalmente reducir las barreras legales y burocráticas a la entrada, e imprimir seguridad jurídica a favor de los actuales productores y los potenciales inversionistas.

Por tanto, las actuales posiciones intervencionistas asumidas por el Ejecutivo Nacional, sin previo análisis sobre la existencia de fallas de mercado, resultan Ad Hoc o carentes de asidero empírico y analítico, pudiendo pensarse que el objetivo de la arremetida intervencionista responde más a intereses individuales del actual Gobierno, que a razones normativas en favor del bienestar social.

Pero es que, incluso en aquellos casos en que existe justificación para la intervención del Estado en la economía, como por ejemplo ante un monopolio natural, debe advertirse que la alternativa de “Estado Empresario” no es la más conveniente. En este caso, podría requerirse algún tipo de regulación económica que no implicase el cambio de propiedad de privado a público, ni su alto riesgo de corrupción e ineficiencia.

En el caso del sector bancario nacional, la profundización de un Estado banquero debería cuando menos responder a una justificación, toda vez que los esfuerzos y los fondos públicos implican costos de oportunidad al poder ser utilizados en actividades mejor ponderadas por la sociedad: salud, educación, inversión en infraestructura, seguridad ciudadana, etc.

El Sistema Bancario venezolano se caracteriza por ser un sistema basado en banca, en contraposición a los sistemas financieros basados en mercado. Lo anterior, significa que básicamente son los bancos los que prestan la función de intermediación financiera, sin que enfrenten mayor poder disciplinario a través de subsistemas alternativos.

Adicionalmente, el acceso a fuentes de financiamiento constituye una de las principales barreras de entrada a cualquier sector de la economía. Esta barrera resulta trascendental para los pequeños o potenciales entrantes. Existe cierta preferencia ante las distintas alternativas de financiamiento por razones fiscales y razones de costo, a saber: el financiamiento propio, créditos y emisión de deuda y acciones. Sin embargo, para un entrante la primera fuente resulta imposible, toda vez que no cuenta con utilidades retenidas. Así las cosas, los potenciales entrantes se encuentran con la situación de acudir al sistema financiero para solicitar acceso al financiamiento. Una vez que estos entrantes no cuentan con historial crediticio, están expuestos a condiciones muy onerosas o incluso imposibles de cumplir, aun cuando el proyecto cuente con perspectivas de éxito económico. Si bien la situación anterior constituye una justificación para diseñar políticas de acceso al financiamiento por parte de pequeños o nuevos empresarios, existen alternativas previas a la nacionalización.

Una banca estatizada podría introducir el riesgo de competencia desleal, al poder apalancarse en el músculo financiero del Estado representando una amenaza de desaparición de alternativas privadas de acceso al ahorro y al financiamiento. Más allá, las instituciones financieras en manos del Estado han mostrado un pobre desempeño en la función de intermediación financiera y financiamiento, a la par que ya existen imposiciones de gavetas crediticias sobre las instituciones financieras nacionales.

* Economista UCV

Master in Competition and Market regulation

Barcelona Graduate School of Economics (Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, CREI). Con especializaciones en Agua, Transporte, Telecomunicaciones, Energía y Banca.

Master en Economía Industrial

Especialización en Economía del Sector Telecomunicaciones

Especialización en Economía del Sector Energía

Especialización en Economía del Sector Transporte

Especialización en Economía del Sector Farmacia

Universidad Carlos III de Madrid

Programa Avanzado en Política de Competencia

Instituto de Empresas

Experto-consultor en Derecho y Economía d la Competencia y la Regulación Económica