Sin lugar a dudas un hito de gran significación para cualquier análisis de la situación del país, lo constituye la implementación por las administraciones gubernamentales en el periodo de inicios de la década de los 80 a finales de la década de los 90 del siglo XX. (1980 a 1998).

Este periodo fue caracterizado por la implementación de una serie de medidas tendientes a desregularizar la función del estado en la economía, privatizando un conjunto de empresas tuteladas por este, para ser gestionadas por particulares.

Casos de las empresas eléctricas de la ciudad capital y del estado nueva esparta y del estado Zulia; la empresas del aluminio en la región de Guayana, la empresa de telefonía, algunas empresas administradoras del servicio de agua potable, entre otras.

Este periodo dio al traste con una situación de empobrecimiento sobre grandes conglomerados de la población. Al aplicar; adicional a la política intencional antes indicada bajo el pretexto de que el estado no es eficiente en la gestión además de la corrupción, de un conjunto de medidas tendientes a incrementar las cargas impositivas a la población, reducción en términos reales del salario, aumentos persistentes en el nivel de precios, ajustes sobre el tipo de cambio, reducción en el precio del principal rubro de exportación del país.

En la indagación realizada al respecto de este trabajo, encontramos la investigación titulada: “Caracas metropolitana: exclusión social, pobreza y nueva pobreza en el contexto de las políticas neoliberales”, de Cecilia Cariola y Miguel Lacabana, pp. 141-149. En este trabajo se plantea: “La crisis social se agudizó después de sucesivos ajustes económicos asociados a la integración de la economía venezolana a la nueva economía global, especialmente con el plan de ajuste y apertura de la economía de 1989. La pobreza derivada de estas políticas es acompañada por nuevas lógicas excluyentes, por el aumento de las desigualdades sociales y sociometropolitanas, y llega a constituir un problema social de principal importancia en la Venezuela contemporánea. No es ésta solamente una versión ampliada y profundizada de un fenómeno estructural, sino que representa una problemática social diferente, diversa y compleja, con un fuerte sesgo urbano y una expresión particular en las grandes áreas metropolitanas, donde se concentran profundas desigualdades. Nuevos sectores sociales hicieron más heterogéneo el mundo de la pobreza, a la vez que la vivencia incorporó dimensiones subjetivas de la crisis social donde las percepciones de desigualdad y de bloqueo del futuro, así como temores de ese nuevo presente, dieron pie a una extendida sensación de malestar social”.

En este contexto, la situación empresarial basada en la implementación de políticas donde el Mercado (Interacción de la Oferta y la Demanda), determinaban precios, distribución, consumo, comercialización, empleo etc.; a todas luces planteaban un proceso de explotación y de irrespeto a las mínimas condiciones sociales de las mayorías a favor de una minoría que se apropiaba de las riquezas generadas por toda la sociedad.

En ese sentido y siguiendo las líneas de la investigación antes señalada, se indica que: “a los viejos pobres, sujetos que hacen parte de los sectores populares, se sumaron sectores medios empobrecidos, quienes viven un abrupto proceso de caída durante los años noventa. Con esta nueva pobreza se fue gestando una cara distinta del fenómeno estructural que no ha sido asumida en los estudios tradicionales de la pobreza en el país. La heterogeneidad social de la pobreza metropolitana como producto del avance de procesos excluyentes y de desigualdad en el marco de la globalización constituyó el objeto de estudio de esta investigación. Entender por qué y en qué forma se expandió el empobrecimiento, la exclusión y la desigualdad social en la Caracas y en general en Venezuela de los años noventa remitió, en primera instancia, a los procesos de reestructuración, en particular la del mercado de trabajo. Junto con considerar las determinaciones de los procesos globales se trató de rescatar los efectos sociales y socio-territoriales a través de la acción de los sujetos sociales en sus contextos particulares y desde su propia subjetividad individual y colectiva. Adoptar esta perspectiva analítica corresponde al énfasis dado a la comprensión de las formas y significados que tiene el vivir la pobreza y la exclusión, más allá de los esfuerzos por medir la dimensión que estos fenómenos alcanzan”.

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1.999.

Como resultado de una larga y dura lucha de enfrentamientos a la exclusión progresiva por la aplicación de las políticas neoliberales tratadas en el capitulo anterior; la explosión social del 27 de Febrero de 1.989, el 4 de Febrero y 27 de Noviembre de 1.992, la respuesta del pueblo frente a políticas económicas llamadas “Paquetes de medidas” El Gran Viraje” primero y “La Agenda Venezuela” después; hacen indetenible pese a todos esfuerzos por los grupos hegemónicos políticos y económicos de la IV Republica la llegada al poder de Hugo Chávez Frías con sus propuestas de emancipación, liberación nacional, soberanía e igualdad. Así en el proceso eleccionario de diciembre de 1.998 y en 1.999 se decreta un proceso constituyente para la refundación del país y una nuevo texto constitucional donde se definen un gran numero de derechos políticos, económicos y sociales; dentro de los cuales el estado recupera su participación como regulador y controlador de la actividad económica a los fines de salvaguardar estos derechos colectivos de la población.

La organización de grupos colectivos en empresas cooperativas, lo cual da cuenta hoy de haber alcanzado una relación de 11% de participación en el PIB (Producto Interno Bruto), es un hecho que marca una singular importancia; toda ves que se ha generado mayor participación e inclusión de grandes sectores de la población que mantenían una situación de precariedad social y marginalidad o pobreza extrema.

Pero mas recientemente, en noviembre de 2006 son promulgadas las Medidas temporales de Promoción y Desarrollo de las PyMI`s, Cooperativas y otras formas asociativas”, productoras de bienes, prestadoras de servicio y ejecutoras de obras, ubicadas en el país con base a lo establecido en el Decreto No. 4.998, Gaceta Oficial No. 38.567 del 20-11-2006.

En este instrumento legal de muy reciente data; se establecen no solo un conjunto de medidas para la promoción y consolidación de empresas cooperativas y las Pymes a fin de participar en los procesos de contratación con el estado, sino además de establecer el compromiso de la responsabilidad social empresarial. Este queda definido de la siguiente manera: COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Constituido por todos aquellos acuerdos donde se establezca al menos un compromiso relacionado con: la creación de nuevos empleos permanentes, formación socio productiva de integrantes de la comunidad, venta de bienes a precios solidarios, por ofertas sociales para la ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitarios, aportes en dinero o especies a programas sociales desarrollados por el Estado o a Instituciones sin fines de lucro.

Estas medidas aunadas a otras tales como la obligatoriedad de las empresas privadas de mantener vigente la Solvencia Laboral, que permite verificar que las empresas cumplen con las obligaciones sociales marcadas por el estado para sus trabajadores, en el caso de las empresas cooperativas del certificado de cumplimiento para evitar el reparto de excedentes producidos por trabajadores bajo el esquema de la Ley Orgánica del Trabajo, la LOPCYMAT que impone unas condiciones de higiene y seguridad laboral para evitar los accidentes personales y crear condiciones de resguardo a la salud; son entre otras políticas encaminadas a crear una situación empresarial en Venezuela a fin de lograr una distribución mas equitativa del ingreso y la riqueza. Por otra parte importantes sectores empresariales en eventos y asambleas realizados por estos infieren sobre la responsabilidad empresarial social lo siguiente: *La colectividad, el Estado y los empresarios deben sumar esfuerzos en las Perspectivas sociales en Venezuela”.

En el evento anual los empresarios hicieron una revisión de lo que es y será su rol, el tema de la responsabilidad social fue el que tuvo mayor prominencia entre los que expusieron sus ideas La Alianza Social de Venamcham presentó sus perspectivas sociales para el presente año. El evento contó con la apertura del presidente del comité de Alianza Social y de Procter & Gamble en la región andina, Edward D. Jardine, quien hizo una reflexión sobre la responsabilidad social empresarial: piensa que ésta debe ser parte de la estrategia de negocios de una empresa.

Seguidamente, con la moderación de Germán Toro, el padre Armando Janssens, quien está vinculado con organizaciones como Cesap y la Fundación Bangente para la Economía Popular, disertó sobre las relaciones armónicas que deben procurar la empresa y el Estado con la finalidad de beneficiar a la colectividad, al mismo tiempo resaltó el impacto positivo que han generado iniciativas sociales públicas como Mercal y Barrio Adentro.

Por su parte, Alie Cristina Charr, vicepresidente de Datos, explicó, según recientes investigaciones de la empresa, cuáles son las necesidades del venezolano. Dentro de la jerarquía de valores establecida por Charr, resalta la obtención de una vivienda propia y la educación.

En lo relacionado con las principales preocupaciones de la población, figura la delincuencia, seguida de un alto costo de vida y el desempleo. Por otro lado, destacó que cuarenta y cuatro por ciento de la población se beneficia de los apoyos estatales, en todos los niveles socioeconómicos.

*Hacia una Venezuela diferente Enrique Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación-Escuela de Gerencia Social, ente adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo, habló del impacto generado por las misiones y programas sociales que el Estado, el cual apuesta según Rodríguez, por una nueva forma democrática, integrada con el hecho de fortalecer a la clase media del país, distribuir la riqueza equitativamente, luchar contra el latifundio y generar poder en el ciudadano para que se convierta en un "sujeto histórico".

El segundo bloque de las jornadas estuvo centrado en la reflexión de las políticas sociales que pueden emprender una organización; dentro de ese marco, Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa, explicó que mediante relaciones afectivas se pueden trazar objetivos comunes: "es necesario conocer las más crudas realidades y a partir de allí construir las verdaderas iniciativas sociales".

Expone como ejemplo el programa que mantiene la empresa, denominado Alcatraz, que ofrece posibilidades laborales a jóvenes con problemas de conducta en el Municipio Revenga, en el estado Aragua.

Ernesto Vogeler, presidente de Protinal, comentó que el accionar empresarial en la sociedad debe estar centrado en un esfuerzo común, en el que el Estado, la empresa y la comunidad son partícipes. Hay que buscar los puntos de encuentro -dice- nos sentimos responsables, debemos diseñar estrategias para ser ejemplo de progreso. Además, sostiene que Venezuela debe procurar mantener buenas relaciones económicas tanto con Estados Unidos como con China, "son los dos motores de la economía: China produce y Estados Unidos consume".

*El nuevo modelo de gestión Al coordinador ejecutivo de Forum Empresa Chile, Hugo Vergara, le llama la atención el avance del fenómeno de la responsabilidad social empresarial en Venezuela, tanto en el ámbito público como en el privado. Al ofrecer su visión sobre el tema, explica que no se trata ni de una moda ni de una política de marketing, es un modelo de gestión para ejecutar acciones económicas y generar riquezas: llegó para quedarse.

Italo Pizzolante moderó el tercer bloque de ponencias, en el que Haydee Luz Salazar de Carrillo, directora ejecutiva de la Fundación Tamayo, habló sobre las iniciativas de inclusión social llevadas a cabo en la comunidad de Taguay (Aragua). Se creó una caja de ahorro y crédito, la cual comenzó con ciento treinta mil bolívares y en la actualidad cuenta con un capital de once millones. Cuenta Salazar que en la zona se ha estimulado el comercio, la agricultura y la reparación de la Iglesia local, fomentando el trabajo en equipo.

El economista Salomón Raydan, presidente de la Red Bankomunales, quien lleva diez años trabajando en una propuesta financiera donde el ciudadano de bajo ingreso pueda solicitar créditos y prestamos a bancos comunitarios a través de los bancos corporativos, define al modelo como un espacio "para la generación de capacidades individuales y colectivas de inclusión económica y social a partir de la relación con el dinero para impulsar negocios y estimular el ahorro".

Distribución del Ingreso en Venezuela, 1984-2006.

En base a cifras estadísticas del BCV incluimos en este breve ensayo; cuyo objetivo es mostrar la situación empresarial en el país en dos épocas. Con estas cifras solo queremos verificar que cambios se han experimentado con el diferente enfoque de políticas adoptadas, las cuales han determinado un modelo empresarial en el país.

Además de exponer nuestros comentarios relativos al tema pero en lo especifico sobre el estado falcón; y finamente que recomendación podemos ofrecer en función de la temática aquí planteada.

Por lo tanto y luego de revisar las estadísticas en cuestión que registramos en los siguientes cuadros, se puede observar que en el periodo 1984-1998 la distribución del ingreso y la riqueza es 60,4% a favor de los dueños de empresas mientras que para los asalariados tan solo el 39,6% tendencia que se mantiene para los años 1999-2006; en 60,8% para los empresarios y 39,2% para los trabajadores.

En consecuencia nuestra conclusión al respecto ira dirigida a proponer un tipo de política por parte del estado para el impulso de empresas de producción y propiedad social en base al modelo de desarrollo endógeno a fin de incrementar la participación del colectivo en el proceso productivo nacional y regional, a la ves de modificar la tenencia sobre los medios productivos a fin de provocar una mejor y mas equitativa distribución de la riqueza y del ingreso. En ese sentido la propuesta de la reforma constitucional va en la dirección correcta al generar mayor inclusión social y mejor distribución de la riqueza al desmontar el actual estado capitalista, modificando la estructura de la sociedad y por su puesto de la superestructura para impactar en la estructura económica y una nueva formación económico social donde la preeminencia sea sustentada en lo social y en el capital.