¿Compañía Anónima Empresa Nacional de Generación?

Enrique R. González Porras
Master en Economía Industrial.
enriquergp@yahoo.es

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González Porras,  E.R.: "¿Compañía Anónima Empresa Nacional de Generación?" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 69,  agosto 2006. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/

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Un eventual escenario de generación de empleo y de uso eficiente, socialmente hablando, de los recursos petroleros, entiéndase renta petrolera, pasan por entender que la existencia y justificación de una acción del Gobierno no resulta excluyente de la participación de los agentes económicos privados. Por el contrario, el potencial económico y de riqueza colectiva en Venezuela depende y pasa por el entender que ambos actores a la luz de su función para la sociedad, se complementan e incluso se potencian.

Las intenciones y declaraciones sobre la eventual configuración de una empresa pública generadora y comercializadora de energía se dirigen a darle la espalda a numerosas experiencias exitosas a nivel mundial de privatización, liberalización y puesta en funcionamiento de un régimen de competencia en el sector energético.

Más aun, el sector energético ha visto evolucionar sus tecnologías y formas de negocio de manera tal que aquellas actividades que en alguna oportunidad fueron consideradas monopolios naturales, hoy no son consideradas tal.

Así, actividades como la generación y comercialización de la energía, en promedio a nivel mundial, se dirigen hacia un régimen de competencia que posibilite, la competencia suficiente que pueda disciplinar a tales renglones de mercado.

En Venezuela el modelo regulatorio ampliamente entendido, que pasa por la relevancia que se otorgue a los operadores privados, resulta trascendente, no única y exclusivamente en lo que al desempeño del sector energético se refiere, sino al costo de oportunidad de utilizar a los ingresos petroleros como fuente “inagotable” para financiar no solo los déficits tarifarios que suelen existir en empresas públicas en gobiernos populistas, sino de igual manera el costo en usos alternativos de tal financiamiento y la creación de incentivos para corruptelas y elites entronizadas en las funciones directivas de tales empresas públicas.

Esta disyuntiva incluso debería formar parte del debate electoral. Por un lado encontraremos la sonoridad de una visión populista que cree “justificar” irrefutablemente el financiamiento sin cortapisas a cualquier actividad económica que emprenda el Ejecutivo Nacional o el Legislativo. En la acera de enfrente, se encontraría una visión menos efervescente y por tanto menos efectista, pero asistida por la razón empírica de experiencias exitosas y de un cuerpo analítico y teórico que desnuda los riesgos que implica que cualquier actividad económica sea desarrollada por el Estado o el Gobierno.

Sin tener que recurrir a la experiencia internacional, Venezuela cuenta con un pasado de empresas públicas de servicios públicos de pésima calidad del servicio, tanto en lo que a electricidad se refiere como a telefonía.

Exponer a la competencia a sectores como la energía, hasta que las economías de alcance y de escala, aunado a la demanda lo permitan, no es contradictorio con una acción regulatoria responsable sobre aquellas actividades consideradas monopolios naturales.

Así las cosas, una regulación responsable, basada en un esquema de incentivos para generar eficiencia productiva y reducción de costos que luego serían trasladados a la sociedad, como lo son instrumentos tipo price cap, aunado a los beneficios de la competencia en los renglones competitivos, benefician a la sociedad por medio de servicios de energía eficientes y poco onerosos, mientras permite mantener a salvo a los ingresos petroleros de aquellos que ven en la política populista la forma más rápida de hacerse con fáciles rentas.

Adicionalmente, deberá prestarse especial cuidado con prácticas verticales en sectores verticalmente integrados como el energético. Aun así, se cuenta con regulaciones ex post, tipo Antimonopolio, que podrían constituir amenaza suficiente para desincentivar prácticas lesivas al mercado y a los consumidores. De igual manera, podría aprobarse disposiciones especiales que se basen en visiones estructuralistas a favor de un Unbundling en el mercado, o que basadas en conductas garanticen la competencia a lo largo del sector.

Preocupa que en el proyecto de Ley de Servicios Públicos le sea impuesto obligación de servicios públicos a servicios parcialmente sustitutos, a saber: el gas y la electricidad. La doble acometida obligatoria de estos servicios constituye un altísimo costo que finalmente la sociedad tendrá que pagar, vía subsidios cruzados o vía incremento de problemas de baja de tensión o incluso apagones, ante el eventual recorte de gastos e inversiones de expansión y de mantenimiento.

Bajo este entramado legal, la desventaja financiera de los privados y el favoritismo regulatorio hacia empresas públicas se envía una señal tremendamente negativa hacia todo aquel que desee o se encuentre operando en el mercado energético nacional. Se esta creando vertiginosamente un ambiente que configurará una “competencia” desleal en contra de los prestadores privados de servicio públicos y especialmente en contra de los generadores y comercializadores de energía eléctrica en Venezuela. Adicionalmente, en sectores como el gas, por lo que se asoma en el panorama regulatorio y legislativo jamás arrancará eficientemente hacia un régimen de competencia (como normativamente se expone en la propia página Web de ENAGAS).

En lo que respecta al complejo tema de déficit de generación y transporte, aun cuando resulta más variopinto, de igual manera la función del Estado debería centrarse en crear los incentivos para que esta actividad sea viable y sostenible. Lo anterior pasa por no generar distorsiones, tipo rezagos de los ajustes tarifarios que acrecienten los problemas de mantenimiento y expansión.

Cuidado: Año Electoral:

Uno de los atributos percibidos por los usuarios del servicio de electricidad lo constituyen los precios o tarifas del servicio. Un segundo atributo lo simboliza la fiabilidad en el suministro de los servicios públicos. Así las cosas, los cortes de suministro y la poca fiabilidad en el suministro de la energía eléctrica han fungido como atributo que ayuda a cuantificar el bienestar que perciben los consumidores por parte de los servicios de electricidad suministrados.

Estos atributos considerados por los consumidores y votantes, son de igual manera considerados por los prestadores públicos de servicios públicos, ya que podrían reportarles rendimientos políticos. Aun así, lograr el que se resguarden estos dos atributos resulta complejo, toda vez que se encuentran contrapuestos. El cumplir con ambos atributos implica incrementos en el déficit de los generadores y demás agentes del sector eléctrico (dependiendo de la distribución y pago de los costos a los largo de la cadena de generación-transporte-distribución-comercialización). Particularmente en Venezuela, el Ejecutivo Nacional, tiende a mantener los precios vía controles, siendo una de las políticas más “fáciles” y rápidas de aplicar, y debido a que se encuentra alineada con sus objetivos electorales. Sin embargo, la garantía y expansión del suministro eléctrico requiere de inversiones que no se materializan inmediatamente y las fallas en el suministro que generalmente se manifiestan a mediano y largo plazo tendrían que coincidir en el tiempo con las amenazas electorales, sentenciando a la garantía de suministro a ciclos políticos. Lo anterior ocurre cuando el modelo regulatorio se basa en generadores y comercializadores públicos.

Finalmente y ante el escenario adverso, se incrementará el déficit tarifario que generalmente ocurre cuando se combinan controles de precios y se sucumbe a presiones políticas. Así el Ejecutivo Nacional y el Legislativo, condenarán a la sociedad a que los prestadores públicos de servicios públicos sean tremendamente ineficientes. El déficit e ineficiencias de estos generadores y comercializadores de electricidad, finalmente tendrán que ser financiados por la sociedad, bien sea vía impuestos directos o bien sea por medio de financiamiento público o por la renta petrolera. Así las cosas, se generaría un modelo de generadores y comercializadores públicos de electricidad que le costaría más a la sociedad de lo que la propia sociedad eventualmente valoraría dichos servicios energéticos, sin que con ello, se resuelvan las carencias de garantía de suministro y calidad en los servicios.

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