Venezuela se olvida del cacao

Gráfico 1: Precios y producción mundial de cacao

Fuente: Base de datos de la FAO
Elaboración propia.

Actualmente se producen alrededor de 3,3 millones de toneladas métricas de cacao, siendo Costa de Marfil y Ghana los productores principales, sumando entre ambos algo más del 50% de la producción total (3). Venezuela no es un productor relevante en cuanto al volumen total de producción (no alcanza el 1% de la producción mundial), pero si atendemos únicamente a la producción de cacaos finos, la cuota de mercado de este país se sitúa en torno al 8,5%.

La producción de cacao en Venezuela ha descendido un 2,9% desde 1961, situándose en el año 2003 en 16.500 toneladas. El descenso de la producción no sorprende si tenemos en cuenta que la superficie total cultivada se ha visto reducida en un 21% desde 1961, y que tiene uno de los peores rendimientos por hectárea cultivada del mundo, con un promedio de 292 kilos por hectárea en los últimos cuatro años (Gráfico 3) (con el método y la técnica apropiada se puede alcanzar sin mayor dificultad un rendimiento de 600-800 Kg./Ha (4)). Además, la calidad del cacao se ha ido deteriorando, no compensándose con un aumento de la cantidad.

Gráfico 2: Rendimiento y producción de cacao en Venezuela

Fuente: Base de datos de la FAO. Elaboración propia.

Como resultado del descenso en la calidad del producto, en el año 1993 el país fue degradado por parte de la Alianza de Países Productores de Cacao a la condición de productor parcial de cacaos criollos, finos o de aroma, como consecuencia de la progresiva introducción de los tipos trinitario y forastero, de menor calidad (Cartay, 2000). Hasta aquel año Venezuela había producido únicamente cacaos de calidad suprema.

La producción cacaotera recae sobre agricultores cuya edad media se sitúa entre los 55 y los 65 años, que cultivan pequeñas y medianas extensiones de tierra. El sector carece de una generación de agricultores de reserva suficiente, debido al desprecio de los jóvenes hacia este cultivo por ser muy intensivo en mano de obra y a la situación crítica en la que se encuentra.

Por el lado de la demanda

Aproximadamente un tercio de la producción total de cacao en grano es procesado y consumido internamente, y el resto es destinado a los mercados internacionales. El consumo nacional de cacao en grano tiene dos destinos: la industria procesadora y la chocolatera. La primera se encarga de producir los semielaborados de cacao (licor, manteca y polvo de cacao) que sirven básicamente como insumos para la industria chocolatera extranjera. Se compone de empresas de mediano tamaño, capital nacional y de propiedad familiar, y actualmente se encuentra en un momento crítico debido al incremento de los costes y a la apreciación del tipo de cambio (5).

Por otro lado, la industria confitera o chocolatera venezolana procesa cacao en grano para el desarrollo de su actividad principal, que es la fabricación de productos finales para el mercado doméstico e internacional. Esta industria está compuesta por empresas de mayor tamaño que las procesadoras, siendo una de ellas de capital multinacional, y el resto de capital nacional.

El comercio

Venezuela ha registrado tradicionalmente superávit en la balanza comercial debido a las exportaciones de petróleo y sus derivados, que representan el 80% de las exportaciones totales. El socio comercial por excelencia es Estados Unidos, destino de más de la mitad de sus exportaciones y del cual reciben más de un tercio del total de las importaciones. Atendiendo al comercio cacaotero, las exportaciones de cacao crudo tienen como destino Francia, Bélgica, Holanda y Japón, todos ellos compradores del cacao fino que demanda la industria confitera de esos países. No ocurre lo mismo con las exportaciones de productos alimenticios con contenido de cacao (partida arancelaria 1806), puesto que en este caso los compradores principales son tres países con los que tiene acuerdos comerciales: Colombia (CAN y G3), Méjico (G3) y Perú (CAN). Las exportaciones de estos productos alimenticios con contenido de cacao se han incrementado más que notablemente en los últimos años, aumentando en 2,48 veces desde 1997 hasta 2001. Sin embargo, las importaciones de esta misma partida 1806 suponen casi seis veces más que las exportaciones, y, además, se han incrementado en más de 2,5 veces en el período 1997-2001 (frente a un incremento de las exportaciones de 2,48 veces).

Un aspecto clave en el comercio del cacao, y del sector agrario en general, es la dependencia de la economía venezolana de los ingresos generados por las exportaciones de petróleo. La economía del país muestra unos claros síntomas de un sesgo antiexportador y se deja sentir la enfermedad holandesa (OMC, 2002). Al respecto, el trabajo de Corden y Neary (1982) nos muestra el modelo básico acerca de la teoría económica de la enfermedad holandesa a partir de modelos estáticos simples, explicando los efectos de una fuerte y repentina expansión de los recursos de un país sobre el resto de la economía. El boom de los recursos puede venir dado por los inesperados descubrimientos de petróleo, por la subida de los precios internacionales de la energía, por el progreso tecnológico, etc. Los autores establecen un marco teórico con una economía abierta de tamaño pequeño en el que existen tres sectores: el de los servicios, con bienes no comerciables, el sector energético y el sector manufacturero, cuyos bienes sí son comerciables (6).

El boom de los recursos energéticos produce dos efectos principales sobre el resto de la economía: el efecto gasto y el efecto desplazamiento de los recursos. Atendiendo al efecto gasto, el boom sobre el sector energético conlleva un aumento considerable de los ingresos del país, y por consiguiente un incremento de la demanda de bienes comerciables y no comerciables. Como los precios de los bienes comerciables están fijados por los mercados internacionales, se produce un aumento en el precio de los bienes no comerciables en relación con el de los comerciables (se produce una apreciación real del tipo de cambio). Esto conlleva un desplazamiento de los factores de producción del sector de los bienes comerciables (manufacturero) al sector de los bienes no comerciables (servicios) y del sector energético, produciendo una contracción del sector de los bienes comerciables. Observando ahora el efecto desplazamiento de los recursos, el boom genera un desplazamiento del factor trabajo desde el sector de los bienes comerciables y del de los no comerciables al sector energético, debido al aumento del producto marginal del trabajo en este último sector. Como resultado se obtiene una contracción del sector de los bienes comerciables provocado por una disminución en la disponibilidad de recursos de producción en ese sector.

III.- La política comercial venezolana

Una visión general (7)

Venezuela se encuentra en un período de cambios importantes, como por ejemplo la adaptación a una nueva Constitución aprobada en 1999 y la consolidación del proceso de apertura y liberalización comercial consecuencia de los acuerdos multilaterales a los que se ha comprometido. El país está inmerso en diversos procesos de integración regional, de los cuales la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es el más avanzado y probablemente el más sólido. En el marco de la CAN, Venezuela aplica el Arancel Externo Común consistente en un gravamen estructurado en 4 niveles de 5, 10, 15 y 20% para todos los países no socios.

La República también es miembro del Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3), en el que además participan Colombia y Méjico. Dado que Colombia y Venezuela son miembros de la CAN y el comercio entre ambos países es libre, el proceso de integración hacia una zona de libre comercio se está realizando sobre la base de dos procesos bilaterales de desgravación automática y lineal del universo arancelario: entre Venezuela y Méjico y entre Colombia y Méjico.

El país también pertenece a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y como tal, es parte de una estructura creciente de acuerdos preferenciales de comercio, entre los que se encuentran los acuerdos del alcance regional y acuerdos de alcance parcial, incluyendo la Preferencia Arancelaria Regional (PAR), a través de la cual Venezuela concede y recibe preferencias arancelarias para el comercio entre miembros de la ALADI, atendiendo a criterios de grado de desarrollo económico de cada país. Asimismo, pertenece a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), con una presencia muy activa en esta organización. Merece la pena resaltar que la estrategia adoptada por el país en materia petrolera no está resultando muy eficaz, al no explotarse de manera eficiente las reservas “infinitas” de petróleos extrapesados (Montiel, 1999).

El país participa activamente en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuyo objetivo es la eliminación progresiva de las barreras al comercio y a la inversión, e igualmente, es miembro de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que es una organización para la consulta, la cooperación y la acción concertada entre todos los países del Caribe.

La política comercial venezolana la ejecuta el Ministerio de la Producción y el Comercio (MPC), y el país aplica el Arancel Externo Común de la CAN, siendo el promedio del arancel NMF del 12,2%. A esto hay que añadir la tasa por servicios aduaneros del 1% que aplica a las importaciones de todos los países, incluyendo a las de sus socios de la CAN. Como miembro fundador de la OMC, Venezuela ha consolidado todas las líneas arancelarias, a un nivel general del 35% para los productos no agrícolas y de entre el 10 y el 135% para los agrícolas. Venezuela, en el contexto del Sistema Andino de Franjas de Precios, puede emplear derechos variables a las importaciones de determinados productos agropecuarios (8) procedentes de países fuera de la CAN, aunque el arancel resultante nunca puede ser superior al tipo consolidado de la OMC.

Actualmente, las inversiones extranjeras reciben trato nacional salvo en algunos sectores específicos, como parte de la estrategia (no muy exitosa) de atraer una mayor inversión directa exterior. También es remarcable el esfuerzo que se está realizando para potenciar la participación de las empresas nacionales en la contratación pública (9) mediante disposiciones temporales basadas en preferencias adicionales que pueden llegar al 20%. Además, el país somete a contingentes arancelarios 11 productos (10) mediante licencias no automáticas de importación y aplica una serie de reglamentos técnicos y una normativa sobre medidas antidumping y compensatorias cuya legislación es anterior a la creación de la OMC, pero que en el caso de las medidas técnicas ha actualizado de acuerdo con la normativa internacional.

La política comercial agrícola y cacaotera

El sector agrario emplea al 10,7% del total de la población ocupada y es el que menor tasa de desempleo registra, con un promedio de 8,3% en 2003; si bien es cierto que se ha producido un éxodo importante del campo a la ciudad. Este sector tiene un peso porcentual en torno al 4,9% del PIB, que se ha mantenido prácticamente invariado desde 1993. Dentro del sector, la ganadería representa el 47,6% del PIB agrícola y la agricultura el 40,6%, el resto corresponde a la actividad pesquera. Los productos agrícolas con mayor volumen de exportaciones son por este orden el tabaco, las frutas, el café, el cacao, el azúcar y el algodón.

Desde el año 2002 el Ministerio encargado de diseñar y ejecutar la política comercial agraria es el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), que aplicó la nueva Ley de Tierras y Desarrollo agrario (11) aprobada a finales del año 2001 y cuyos objetivos quedan reflejados en el Artículo 1º:

“…establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.”

(Gaceta Oficial Nº. 37.323, 13 de noviembre de 2001.)

Esta nueva ley introdujo cambios significativos, afectando principalmente a la tenencia de la tierra. Al respecto, elimina el latifundio (12) y regula todas las tierras privadas y públicas, quedando sometido el uso de éstas a un conjunto de factores tales como la capacidad de trabajo del usuario, la densidad de la población local apta para el trabajo agrario, las condiciones agrológicas de la tierra o los rubros preferenciales de producción (Núñez, 2003). La nueva ley contempla la aplicación del Impuesto sobre Tierras Ociosas, que penalizará a aquellos agricultores cuyas tierras estén siendo utilizadas de manera ineficiente, y cuya alícuota se incrementa de forma inversa al rendimiento de las mismas. Este impuesto tiene como objetivo la eliminación de la subutilización de las tierras y el incremento de la productividad de las mismas.

Por otra parte, los niveles arancelarios NMF medios del sector agrícola son superiores al del resto de los sectores, situándose en 14,6%. Si a éstos les añadimos los derechos variables (2,8%) y la tasa aduanera (1%), el tipo medio se sitúa en 18,4%. Los aranceles aplicados son de naturaleza ad valorem, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta que el tipo de cambio del bolívar es bastante inestable (la aplicación de un tipo específico en un contexto de volatilidad cambiaria restaría efectividad recaudatoria en comparación con los derechos ad valorem. Polo, 2002). Diferenciando por productos, los tipos arancelarios más altos son por este orden los lácteos, las bebidas, los productos de la pesca y el café, el cacao y el azúcar. El promedio simple para el Capítulo 18 correspondiente al cacao y sus preparaciones es igual a 16,7% (tasa aduanera no incluida). De todas las partidas arancelarias de este capítulo 18, son las que equivalen al cacao en grano y a los residuos de cacao, es decir, aquellas partidas que recogen los productos con menor valor añadido y de los que Venezuela no importa, las que tienen un tipo promedio más bajo (12,5% y 10% respectivamente). Las demás partidas, que recogen los productos con mayor valor añadido y en las que Venezuela sí tiene una mayor competencia, tienen tipos arancelarios medios más altos, del 15% y del 20% respectivamente. En definitiva, Venezuela aplica unos aranceles mayores en aquellos productos de cacao con mayor valor añadido. Esto beneficia a las industrias procesadora y chocolatera que utilizan el cacao crudo como insumo, ya que se trata de industrias que sí tienen competencia con productos importados. Lewis (1989) remarcó que si existen restricciones al comercio los sectores exportadores serán penalizados, y aquellos que compiten con productos importados saldrán beneficiados. En este caso, los productores de cacao venezolanos no tienen que competir con importaciones, sin embargo, los procesadores o chocolateros sí.

Venezuela aplica contingentes arancelarios administrados a través de licencias a la importación (válidas por tres meses) a 11 productos (13), los cuales están sujetos a derechos variables bajo el Sistema Andino de Franjas de Precios, que abre la posibilidad de añadir o quitar un margen al arancel aplicado.

Las subvenciones a la exportación de productos agrarios que concede Venezuela en forma de subvenciones directas son limitadas y están relativamente concentradas, no llegando a superar el límite que establece el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Entre los productos a los cuales se subvenciona se encuentra el cacao crudo, cuya ayuda total no supera la mitad del límite impuesto por el Acuerdo para dicho producto. La cartera agrícola obligatoria es un programa adicional que Venezuela implantó en el año 2000 y por el que el Ministerio de Agricultura y Tierras, junto con la banca y las casas comerciales, concierta en el primer mes de cada año un monto destinado al sector agrario. Sin embargo, no parece que esté resultando un éxito dado que gran parte de los productores no pueden acceder a la financiación y que existe una desconfianza generalizada de la banca para realizar inversiones, especialmente agrícolas, hasta que no se aclare el panorama político, económico y legal. A todo esto hay que añadir que Venezuela tiene un esquema de comercialización atrasado y baja productividad de los cultivos. El cacao no es uno de los productos más beneficiados de la cartera agrícola obligatoria, ya que en el año 2000 sólo se destinó a este producto un 1,47% del total, mientras que se reservó a los cereales, al café, a la caña de azúcar y a la leche y la carne más del 10% del total a cada uno.

Como consecuencia del pobre rendimiento del cultivo de cacao y del decaimiento de este producto bandera (14), el gobierno venezolano intenta llevar a cabo desde el año 1999 un programa dirigido a la siembra de 20.000 nuevas hectáreas de cacao y el rescate de 35.000. Además, en el período 1999-2000, el gobierno eliminó definitivamente el organismo público Foncacao (15), que tradicionalmente había otorgado asistencia técnica y crédito a los agricultores cacaoteros, llegando incluso a tener el monopolio sobre su comercialización, tanto nacional como internacional. Foncacao era una oficina de comercialización cuyos objetivos consistían en el apoyo a las actividades de investigación, la asistencia técnica y la financiación. Según Lewis (1989), debe prestarse atención a ciertos factores si se desea que la exportación agraria juegue un papel importante en el desarrollo económico. En primer lugar, dado que la evolución tecnológica es vital para el desarrollo de la agricultura, la inversión destinada a la investigación y al crecimiento del sector juega un papel importante. En segundo lugar, puesto que la evolución tecnológica se ha asociado al uso de insumos avanzados como pesticidas y fertilizantes y a otros tipos de gestión del entorno, el desarrollo de la agricultura enfocada a la exportación dependerá de los recursos financieros para obtener esos insumos y el acceso físico a ellos. Tercero, puesto que existe una clara evidencia de que los agricultores se ven afectados por los cambios en los precios relativos de los productos, el régimen de comercialización que regula la exportación de la agricultura tiene gran importancia. Cuarto, la agricultura de exportación es un mercado potencial por definición en los países orientados principalmente hacia el sector primario. Por último, puesto que la agricultura de exportación depende del acceso a los mercados internacionales, se necesita de una red de transporte y la infraestructura adecuada para llevar los productos al mercado y recoger los insumos necesarios desde el mismo.

Las afirmaciones del Lewis (1989) contrastan con la actuación de Foncacao, ya que desde los primeros años de control sobre el mercado cacaotero el sector sufrió una carencia de financiación que tocó fondo con la crisis del cultivo a mediados de la década de los ochenta, llegando incluso a incumplir en diversas ocasiones los pagos de las cosechas acordados a los agricultores. Esta institución estatal no proporcionó el marco financiero necesitado por el sector, ni una asistencia técnica a los agricultores que supliese la carencia de financiación, y tampoco un sistema de comercialización efectivo. Además, fue este organismo el que decidió abandonar una práctica muy positiva con más de 150 años de historia: vender el cacao según el nombre de cada lugar o región de producción. Este organismo consideró al cacao como un producto genérico, propiciando el cese de las actividades de poscosecha, lo que mermó de manera considerable la calidad aromática del grano (16). Foncacao perdió el monopolio de comercialización en 1991, permitiendo a varias empresas del sector modernizar los procesos productivos y orientar su producción a la exportación. Focacao fue eliminado definitivamente en el período 1999-2000.

Una alternativa opuesta a la política de Foncacao de tratar al producto de manera genérica, y que en la actualidad sería una buena opción para desarrollar el sector, sería la diferenciación del producto. El cacao venezolano podría catalogarse según las regiones en las que se produce, constituyéndose una Denominación de Origen que aumentase el valor añadido del producto, lo que permitiría obtener ganancias significativas mediante la incursión en los mercados internacionales como un producto para gourmet (17). Al respecto, Calvani (2001) señala que “…la Denominación de Origen constituye un mecanismo de diferenciación de producto donde la calidad y el cumplimiento de ciertos estándares preestablecidos juegan un papel determinante… No es simplemente una “protección” regional o local de unos productos y de unos productores; se transforma en un proceso de desarrollo de la calidad de uno o más productos donde la concertación entre los distintos actores de la cadena y la fijación de unas determinadas normas y procedimientos redundan en beneficio del conjunto”. Se trata de diferenciar el producto añadiendo un mayor valor añadido con el objetivo de incrementar su precio, para aumentar los ingresos derivados de la exportación y reducir el riesgo ante las fluctuaciones en los precios internacionales de este rubro, puesto que al tratarse de un producto diferente, no tendría por qué cotizar en el mismo mercado que el cacao común.

Ambientalmente el cacao es uno de los cultivos considerados de bajo impacto puesto que requiere de la sombra que proporcionan los grandes árboles para su cultivo, lo que evita la deforestación (18). Esto es relevante puesto que en los países desarrollados existe una conciencia medioambiental que está cambiando los hábitos de consumo hacia productos más verdes (con un precio superior). Si Venezuela se esforzase en recuperar totalmente el prestigio de su cacao diferenciando su producto mediante la Denominación de Origen y además potenciase su exportación con un sello de calidad ambiental, podría incrementar notablemente su cuota en los mercados de los países industrializados y vender el producto a precios todavía más altos.

IV.- Impacto sobre el sector y la economía

Los acuerdos de integración han influido de manera determinante en la evolución del comercio agrario, especialmente el que se ha desarrollado con Colombia. El proceso de integración económica con este país ha generado efectos estáticos de tipo creación de comercio, no quedando tan claro si se han producido beneficios dinámicos, puesto que se ha incrementado el comercio entre ambos de manera significativa aprovechando los menores costes de producción pero no parece que se hayan producido cambios estructurales en los sectores productivos ni aumentos de la competitividad (al menos en lo que al cacao respecta). Asimismo, se ha producido un incremento significativo en los intercambios comerciales de productos de cacao con Brasil, Perú y Méjico.

La nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario debería acabar con la precariedad legal que ha caracterizado a Venezuela en lo que atañe al mercado de la tierra. La irregularidad legal, resultado de la conjunción histórica de la propiedad de la tierra y de los graves problemas que padece el mercado, ha afectado negativamente a los productores con menos recursos ya que tradicionalmente han sido considerados como invasores o usuarios de tierras estatales de las que nunca serían propietarios y que por lo tanto nunca podrían llegar a vender o alquilar (Machado-Allison, 2002). Sin embargo, tal y como se ha planteado esta nueva Ley, parece que no va a acabar con uno de los mayores problemas que arrastra el país desde la reforma agraria de 1960: la incertidumbre sobre la propiedad y la tenencia, dado que no proporciona un marco legal sólido y transparente. Además, el Impuesto sobre Tierras Ociosas parece bastante difícil de justificar, puesto que son los agricultores más pobres los que menos recursos tienen para utilizar las técnicas, la maquinaria, los fertilizantes, etc., apropiados con los que aumentar el rendimiento de la tierra, y por ende serán ellos los que al final paguen dicho impuesto. Este es el caso de los agricultores dedicados al cultivo del cacao, al tratarse de agricultores pobres con plantaciones pequeñas o medianas que subsisten de modo precario (muchos de ellos incluso han dejado el cultivo de cacao como su segunda actividad), y cuyas tierras ofrecen rendimientos muy pobres.

La financiación agraria obligatoria reinstalada en el año 2000 tampoco está exenta de problemas. La cartera agrícola ha sido más que cuestionada por los organismos multilaterales debido a que no es un sistema equitativo y beneficia a los sectores preferenciales marginando la producción de otros rubros. Además, no facilita el acceso de los pequeños productores al sistema, lo que significa que gran parte del sector cacaotero no puede acceder a la financiación que necesitan. Por su parte el seguro agrícola en Venezuela está asociado a la cobertura de la financiación y no ha sido un negocio rentable para las empresas, al crearse con mucha frecuencia una cartera morosa. El sector carece de un desarrollo adecuado de los seguros agrícolas que actúe como soporte para combatir los riesgos derivados de contingencias climáticas, plagas y enfermedades. Este aspecto es importante para el sector del cacao fino procedente del árbol de tipo criollo, ya que es más proclive a plagas y enfermedades. Se han dado muchos casos de abandono de este cultivo por parte de los agricultores con pequeñas plantaciones al no poder afrontar la reinversión necesaria tras la destrucción de una plantación causada por alguna enfermedad.

Como se ha señalado anteriormente, el cacao es un producto que se vio fuertemente perjudicado por la política comercial de la organización Foncacao, ya que desde 1976, año en que el Estado tomó el control sobre este producto a través de esta entidad, el cultivo de cacao comenzó a sufrir un progresivo deterioro y minó la ventaja comparativa que tenía el país en la producción de este rubro.

El sector agrario venezolano ha aprendido a vivir al margen de la política comercial agrícola, debido a que gobierno tras gobierno se han ido modificando, instaurando y derogando leyes, creando confusión y no proporcionando un marco político y económico estable que contribuya al crecimiento del sector. La apreciación del tipo de cambio de la moneda venezolana, problema asociado al país desde hace más de diez años, ha deteriorado la capacidad exportadora en materia agraria, incrementando las importaciones de alimentos, que, por otra parte, no han aumentado al mismo ritmo que la población, resultando en un empeoramiento significativo de la alimentación y nutrición del pueblo venezolano. Adicionalmente, la dependencia de la economía de las exportaciones de petróleo y sus derivados provoca que ante un descenso de los precios internacionales del petróleo o una crisis política o social (19), los ingresos derivados de dichas exportaciones se reduzcan notablemente, lo que en Venezuela se traduce en un descenso de las importaciones de alimentos. Al mismo tiempo, el país está sufriendo un empobrecimiento de la población rural, entendido como el deterioro en las condiciones de ingreso y calidad de vida (Machado-Allison, 2002). Esto ha generado un masivo movimiento de población del campo a la ciudad desde los años sesenta hasta nuestros días, creando en la actualidad los llamados “cinturones de miseria urbana”.

V.- Conclusiones

El estudio que recoge este trabajo muestra que Venezuela efectivamente parece haberse olvidado del cacao, y esto viene sucediendo desde hace más de medio siglo. ¿Por qué? Venezuela ha dado prioridad al sector de los hidrocarburos, entrando en una dinámica peligrosa conocida como la enfermedad holandesa. Ante esta situación, parece que lo más lógico sería aplicar una política que evite apreciaciones exageradas del tipo de cambio real para preservar la competitividad de la producción de bienes comerciables, aunque esto es condición necesaria pero no suficiente, ya que se requiere además que el Estado retire liquidez del sistema mediante la emisión de Bonos o Deuda del Estado de manera que se reduzca la presión inflacionaria y se preserve la competitividad (esterilizar los saldos).

En el caso del cacao venezolano, y en general de muchos rubros agrarios, hay una carencia de política agrícola para el cultivo, una falta de asistencia técnica, un sistema de financiación poco efectivo y una ausencia de política de calidad del producto. Más aún, el sector ha estado siempre condicionado por el problema de la tenencia de la tierra, que no parece haberse resuelto con la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y por la falta de un sistema de seguros agrícolas. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Escasez de mano de obra para el cultivo, existencia de plantaciones viejas con presencia frecuente de enfermedades, insuficiente rentabilidad del cultivo, y paralización de la investigación agronómica.

El autor de este trabajo opina que se debe dar solución a estos problemas y potenciar el cultivo del cacao de alta calidad para su exportación, porque afectará de forma positiva al desarrollo rural evitando mayores migraciones a los núcleos urbanos sobrepoblados y con altos niveles de pobreza y delincuencia. Asimismo, es necesario diversificar las exportaciones para evitar la dependencia tan elevada que tiene la economía del sector energético, que provoca que la base alimenticia y nutricional de la población dependa de las exportaciones de este sector.

La alternativa de la diferenciación del producto mediante la Denominación de Origen y el sello de calidad ambiental parece una vía factible para el desarrollo sector, sin embargo, si no se producen los cambios estructurales necesarios en el sector, conducidos por una política agrícola eficaz, poco o nada podrá conseguirse.

Este cultivo es parte de la identidad nacional venezolana, y lo es desde hace más de trescientos años. Por su especificidad y por su tradición, se trata de un producto típico del país que lo convierte en un “patrimonio irremplazable” (Cartay, 1997). Al respecto, el ejemplo de la catalogación de productos típicos de la Unión Europea podría serle muy útil a Venezuela.

NOTAS

18 De hecho, según afirma Lim (1999): “…sin que se haya establecido sombra con pequeñas junglas secundarias, plantas de banano u otros árboles frutales altos en la extensión de terreno, plantar semillas de cacao en el terreno vacío debería ser descartado”.

19 Desde diciembre de 2002 hasta febrero del año siguiente los partidos políticos de la oposición y las entidades empresariales convocaron un paro generalizado, lo que supuso probablemente el momento de mayor tensión política y social que ha vivido el gobierno del actual presidente Chávez.