Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía de Nicaragua

NICARAGUA: CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA. CINCO VARIABLES CRÍTICAS DEL CICLO DE LA CORRUPCIÓN

Oguer Reyes Guido (CV)
oguerreyes@hotmail.com
Universidad del Valle de México

 

Resumen:

La corrupción en Nicaragua es un fenómeno complejo que se ha establecido y arraigado en las instituciones públicas con el beneplácito del Gobierno. El análisis de cinco variables críticas: contrataciones públicas, redistribución de la tierra, recaudación de impuestos, nombramientos gubernamentales y gobierno local  nos revela un diagnóstico inquietante en relación con la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos de este país centroamericano. El posicionamiento del Gobierno frente a este tema no contribuye de manera alguna en la búsqueda de una estrategia que combata la corrupción campante que corroe el entramado institucional del país.
Palabras clave: Nicaragua. Corrupción. Gobierno. Instituciones.

 

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NOTAS DEL EDITOR: El texto que se ofrece en esta página web carece de fórmulas, notas, gráficos y tablas. Su objetivo es facilitar que sea encontrado al utilizar buscadores en Internet y que el investigador pueda revisar el texto antes de bajarse el artículo completo que está aquí en formato PDF.

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Para citar el artículo puede utilizar el siguiente formato:

Reyes Guido "Nicaragua: corrupción institucionalizada. Cinco variables críticas del ciclo de la corrupción " en Observatorio de la Economía Latinoamericana nº 164, marzo 2012, accesible a texto completo en www.eumed.net/cursecon/ecolat/

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Hace algún tiempo ya, la Organización Transparencia Internacional (TI) publicó un completo manual bajo el título Anatomía de la Corrupción para el estudio del fenómeno de la corrupción en ámbitos públicos.
  En este interesante manual se puede identificar una combinación muy básica de variables que pueden ser útiles al momento de analizar, de una manera general, el complejo entramado que sostiene y alimenta a la corrupción generalizada en las estructuras institucionales de un país como Nicaragua.
 Según la encuesta de 1995, citada en dicho manual, sobre la experiencia de los capítulos de Transparencia Internacional, las áreas más afectadas por la corrupción en el ámbito público resultan ser las mismas tanto en un país en vías de desarrollo como en un país desarrollado. De este modo, existen cinco variables muy importantes a seguir en el análisis del fenómeno de corrupción institucional.
La primera de las variables críticas es la de las contrataciones públicas. En Nicaragua las contrataciones públicas se hacen en su mayoría con una flagrante falta de transparencia y según las orientaciones específicas que bajan directamente del despacho de la Presidencia de la República o del despacho de la Primera Dama; quien desempeña amplias funciones dentro del gabinete de gobierno que la convierten en una especie de superministro. La ausencia de leyes de contrataciones públicas eficaces dificulta el monitoreo y la rendición de cuentas sobre los recursos presupuestarios destinados al gasto público.
Otro elemento crucial para el desarrollo de la corrupción en instituciones de gobierno ha sido la inoperancia de la Contraloría General de la República (CGR) que no ha podido desempeñar el papel que le corresponde según su ley creadora. Tal y como ocurre con todos los cuerpos colegiados que dirigen instituciones de mucha importancia para Nicaragua, la Contraloría General de la República se ha convertido en un rehén del sistema de partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional. Los nombramientos de Magistrados y Contralores se hacen con especial atención a los intereses y a las cuotas que negocia el partido gobernante, FSLN, con una oposición cada vez más debilitada.
  Un claro ejemplo de la inoperancia de la Contraloría General de la República es que hasta la fecha, según la información publicada portal oficial de la CGR existen para consulta ciudadana un total de dieciséis informes de las Unidades de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Cabe precisar que estos informes datan de los años 2002 y 2003 los más recientes; estando ya en el ejercicio fiscal 2012 es por demás inquietante esta situación. Para el presente año 2012 el MTI tiene asignado un total de 2,895 millones de córdobas, lo que equivale a unos 131 millones de dólares que serán administrados por una institución que desde el año 2003 no publica informes de auditoría a través de la CGR.
La segunda variable crítica es el de la redistribución de la tierra. En este ámbito pocos han sido los avances que en Nicaragua se han tenido ya que no se articulado un programa coherente que resuelva de una vez por todas la crisis de la propiedad urbana y rural que generaron las leyes aprobadas precipitadamente en los años noventa, conocidas como las Leyes de la Piñata; mismas que legalizaron el abuso rapaz por parte de funcionarios y protegidos del partido FSLN sobre propiedades urbanas y rurales. Los legítimos propietarios, víctimas de expropiación arbitraria y corrupta, aún transitan por los tortuosos caminos del sistema judicial nicaragüense reclamando una indemnización justa.
La tercera variable crítica es la recaudación de impuestos. La legislación tributaria nicaragüense requiere urgentemente una reforma integral a la ley de Equidad Fiscal y, sobre todo, reducir los criterios de exoneraciones que son aún muy laxos. La base de contribuyentes no aumenta sostenidamente debido a que la mayor parte de la población se dedica cada vez más a giros económicos informales y que no son gravados. A la par de este fenómeno existen algunos grandes empresarios de la Salud Previsional (sistema privado de servicios de salud adscrito al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) 1 que han hecho fortuna y que se han beneficiado al amparo de las exoneraciones de impuestos previstas en la vigente Ley de Equidad Fiscal. Por lo tanto, la situación que se presenta es de un franco desajuste del sistema tributario nicaragüense.
La cuarta variable crítica está relacionada con los nombramientos gubernamentales. La conformación del gabinete de gobierno del presidente Daniel Ortega desde el inicio de su mandato en el año 2007 ha estado determinada por elementos completamente marginales al funcionamiento requerido o al perfil que deben tener los altos funcionarios. La especialización y elevado perfil académico por parte de ministros, asesores y directores de entidades públicas debería apuntar, en el mejor de los casos, a un fortalecimiento institucional que reduzca la discrecionalidad y hegemonía que ejerce la Primera Dama y portavoz del Gobierno sobre todo el gabinete.
 Dar un poco de autonomía a los ministros y directores convendría, incluso, al mismo Gobierno ya que esta delegación de autoridad contrarrestaría un poco el excesivo control en el flujo de información por parte de la Presidencia de la República así como la toma de decisiones que proviene exclusivamente de las más altas estructuras del poder; entiéndase Secretaria General del Partido FSLN, o bien del Despacho de la Presidencia de la República, que para este caso resulta ser lo mismo dada la mixtura indisoluble de ambas estructuras.
 En la actualidad, los operadores políticos de la cúpula del Gobierno juegan un papel de intermediarios externos a las estructuras formales de autoridad institucional en ministerios, entes autónomos y empresas estatales. Estos intermediarios exógenos llegan muchas veces a tener más poder real que muchos ministros de Estado, por ejemplo.
 La quinta variable crítica es la del Gobierno Local. Este es un complicadísimo tema en Nicaragua ya que la presencia del Gobierno Central es tan fuerte que borra del radar político al Gobierno Local. Los Gobiernos Municipales se han quedado prácticamente sin margen de maniobra y casi en un rol estrictamente estético.
 La autonomía municipal podría representar una oportunidad para dar mayor eficiencia a la gestión del Gobierno Local que por estar directamente conectado con las necesidades inmediatas de la población podría, efectivamente, desarrollar una estrategia de respuesta a las necesidades de la población que resulte más expedita y eficaz.
 Desafortunadamente, el diagnóstico obtenido a partir de estas cinco variables críticas es en extremo desalentador para el futuro de la nación. En la situación actual de Nicaragua pareciera no existir la más mínima posibilidad de una acción reformadora desde el punto de vista legal para enfrentar el fenómeno de la corrupción. Al contrario, el sistema de gobierno se radicaliza cada vez más y resulta muy difícil alzar la voz para señalar algún tipo de corrupción. Básicamente, por estas cinco razones es que Nicaragua está y al parecer continuará estando dentro del rango de países con mayor corrupción en la Región Latinoamericana.
 

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