Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
Crisis agrícola, Tratado de Libre Comercio y Migración internacional en México
Ponencia presentada al II CONGRESO MUNDIAL SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO RURAL. LA GUARDIA, RIOJA ALAVESA, ESPAÑA. 24-25 de Octubre del 2002.Rodolfo García Zamora
Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Zacatecas
rgarciaz@prodigy.net.mx
Este texto
está alojado en el
Observatorio de la Economía Latinoamericana
www.eumed.net/cursecon/ecolat/
INTRODUCCIÓN.
El
maíz es aún el primer cultivo en México. En superficie, valor producido y
personal ocupado, su participación es de lejos la más importante en el país.
Su cultivo se expande sobre distintos contextos geográficos, ecológicos y
sociales, a la vez que incorpora diversos tipos de productores y tecnologías.
Por otra parte, el grano sigue siendo el núcleo de las dietas nacionales,
proporcionando la mayor parte de las calorías y proteínas consumidas por la
población(1)
Protegido
por las políticas oficiales hasta 1994 y por el impacto devaluatorio al año
siguiente, el maíz dio muestras de resistencia incluso cuando el modelo
agrícola dejó de favorecerlo. A últimas fechas, sin embargo, este espectro de
fortaleza empieza a desvanecerse: en 1995 se detiene su avance productivo,
situación que a partir de entonces es de retroceso. Cultivo temporalero en su
mayor parte, afronta con dificultades la adversidad climatológica,
particularmente aguda en fechas recientes. Sin embargo, este factor, pese a su
importancia, no es el único en la explicación del fenómeno: más bien parece
entrelazado con otro, de índole menos natural, cuyo impacto es insoslayable.
Se trata de su inserción en el universo de las ventajas comparativas y a las
fluctuaciones internacionales. Programada su apertura para un plazo de quince
años, esta situación no se cumple, pues ya hoy se importa el grano que se
quiere sin restricciones ni aranceles. Ello implica que el maíz como los demás
granos, ingresa a una etapa riesgosa y amenazante, dado que difícilmente puede
hacer frente a los retos que impone el nuevo modelo.
Para Magda Fritscher(2)la incorporación del maíz al TLC, pactada en 1992, fue el preámbulo de un nuevo giro en las políticas para el grano. Concebido el Tratado como un acuerdo de apertura total entre ambos países, poco margen quedaba para la continuidad de las políticas previas de protección. Así, de igual forma que los demás granos, el maíz ingresaría a partir de la puesta en marcha del Acuerdo en un periodo de abrupta transición. Las nuevas directrices contemplaban, además de su liberalización, un cambio radical en la política de subsidios, con el paso de los apoyos administrados por la vía de los precios a un sistema de pagos directos a los productores. Así, también, los sistemas estatales de comercialización tendieron a ser cancelados, transfiriéndose esta actividad a agentes privados. Las ayudas a través de los insumos y tasas de interés declinaron bruscamente, con la privatización y reestructuración de las empresas estatales.
Conocida la enorme brecha de costos y rendimientos entre el maíz estadounidense y el mexicano, era evidente que el último tendería a sucumbir, convirtiendo a México en una enorme plataforma importadora. Salvo un escaso margen de productores competitivos, saldría afectada por las nuevas disposiciones la mayor parte de los sectores que destinan su grano a la venta, ya sea que procedan de riego o temporal, sean empresarios o campesinos que comercialicen sus cosechas en forma total o parcial. De ello supuestamente quedaban al margen los productores de subsistencia que, al no vender el grano, tampoco se exponían a la competencia foránea. Sin embargo, de hecho, el esperado colapso de los maiceros comerciales alcanzaría también en forma indirecta al sector de subsistencia, al bajar la tasa de ocupación agrícola. Preocupado el gobierno por los efectos empobrecedores de la nueva política, diseño un proyecto de ayuda a los maiceros más pobres destinado a compensar dichos daños. Nació así el Procampo, un nuevo programa de subsidios, encaminado, según el discurso oficial, a extender el apoyo a la totalidad de los productores, no sólo a los comerciales(3).
Según Felipe Zermeño(4), para México el maíz es aún más importante que para Estados Unidos, no sólo por su peso específico en cuanto volumen y valor de la producción, sino porque aquí es la base de la alimentación popular, a diferencia de Estados Unidos, donde se destina fundamentalmente al consumo animal. La existencia del México rural depende fundamentalmente de la agricultura del maíz. El rendimiento físico y económico de este producto es el indicador clave del bienestar de la sociedad rural mexicana. El maíz, es con mucho, el cultivo más extendido del territorio nacional. De las 14.4 millones de hectáreas que se cultivaron en el país en 1988, 6.8 millones, esto es, el 47.2% correspondieron al maíz. De la superficie dedicada a los cultivos básicos-frijol, trigo, arroz y maíz- éste ocupo el 74%. Es también el cultivo con mayor participación social: 2.5 millones de campesinos se dedican a su producción, cifra que equivale al 68% de la población ocupada en todo el sector agropecuario.
La crisis agrícola que aqueja a México desde hace más de veinte años, se expresa primordialmente en la producción de maíz. En las últimas dos décadas disminuyeron la producción, la superficie cultivada, los rendimientos por hectáreas, incluso el consumo de maíz por persona. Lo único que experimento crecimiento fue la proporción de la superficie siniestrada y las importaciones necesarias de este grano para completar una demanda nacional también estancada.
Para definir con precisión el desigual poder competitivo de la agricultura del maíz respecto de la de Estados Unidos, debemos considerar primero las diferencias productivas en los rendimientos por hectárea y la superficie cultivada por hombre ocupado en la producción de maíz. En Estados Unidos los rendimientos promedio por hectárea son de 7.5 toneladas, y en México de sólo 1.7 toneladas. En Estados Unidos la superficie por hombre ocupado en la producción de maíz es de 9.7 hectáreas, en México es de 2.14 hectáreas. En consecuencia, el producto por hombre ocupado en la producción de maíz en Estados Unidos es 72.5 toneladas, y en México de sólo 4 toneladas. Esto es, la productividad de Estados Unidos en este cultivo es mayor a la de México en 17.8 veces. Además, Estados Unidos otorga subsidios directos a sus productores en cantidades muy superiores a las que otorga México. Allá los subsidios van directamente al ingreso de los productores, en México la mayor parte de los subsidios son al gasto; además, cada vez menores.
En las condiciones anteriores, Felipe Zermeño señala en 1992 que México no tiene ninguna posibilidad competitiva. Si se libera el maíz en el Tratado de Libre Comercio, sería eliminada la mayor parte de nuestra agricultura maicera. Toda la producción comercial de maíz resultaría excluida casi de inmediato, lo que significa excluir a la mitad de la agricultura nacional. La producción maicera de autoconsumo podría sobrevivir un tiempo más, pero en un entorno económico mucho más desfavorable para los campesinos que la practican. Los costos por tonelada que enfrentan los productores comerciales de maíz en México, en más del 50% están por arriba del precio internacional del maíz, que es determinado fundamentalmente por Estados Unidos.
El autor señalaba que se debían resistir las presiones de Estados Unidos y aplazar indefinidamente la liberación del maíz en el TLC. Pero, no sólo eso, señalaba también la necesidad la rectificación de la liberación unilateral que México ha hecho de la soya, el sorgo, el arroz y otros productos. Ya que ningún país acepta una disminución significativa de su agricultura, ya que ello debilita su estructura económica y la hace vulnerable ante los vaivenes del mercado y las recurrentes crisis financieras. Esas enseñanzas las han dado los países europeos, Japón e incluso Estados Unidos, los que mediante subsidios y barreras arancelarias y no arancelarias protegen sus productos agrícolas. Es más en los Tratado de Libre Comercio que se han firmado existen las llamadas cláusulas de salvaguarda, que tienen por objeto, precisamente, evitar un grave deterioro de algún sector productivo. Éstas cláusulas le conceden a la agricultura una importancia estratégica.
Pero no es suficiente sólo pugnar por esa política externa en defensa de nuestra agricultura. Se requiere, según Zermeño, también una vigorosa política interior de apoyo a los productores agrícolas, especialmente a los campesinos que son los que poseen un gran potencial productivo, que por la falta de recursos hasta ahora no se ha realizado. Se requiere también una política agraria que tienda a superar la gran desventaja del minifundio, sin despojar a los campesinos de al tierra que actualmente les pertenece. Lo anterior junto con un gran esfuerzo de organización de los campesinos, orientados a ocupar productivamente la frontera agrícola aún existente y a un mejor uso del suelo agrícola y del agua, para incrementar los rendimientos por hectárea. Se necesita también la acción organizada de los campesinos para participar en la comercialización e industrialización de sus productos agropecuarios. Mediante la libre asociación productiva de los campesinos, con el apoyo de las instituciones públicas, se debe pugnar por superar las evidentes desventajas del minifundio sin necesidad de entregar las tierras al gran capital nacional o extranjero, que es proyecto agrario que hoy está en marcha desde el poder del Estado.
La agricultura mexicana se caracteriza por su gran polarización. Por ejemplo, en la agricultura del maíz al inicio de los noventa 3% de los productores medianos y grandes, poseen las mejores tierras de riego y temporal, el 27% de la superficie cultivada, y aportan el 50% de la producción nacional de maíz que va al mercado. En el otro polo está el 51% de los productores de maíz(cerca de un millón y medio de campesinos), que poseen apenas el 20% de la superficie cultivada, constituida por las tierras de peor calidad, repartidas, en promedio, a razón de una hectárea por cada productor. En medio está el 46% de los productores de maíz, que son los campesinos con mejores condiciones productivas: aportan al mercado nacional el 40% del maíz y poseen el 50% de la tierra de cultivos.
Ante la situación prevaleciente al inicio de los años noventa, Zermeño prevé dos opciones:
La que está en marcha, de facilitar una mayor concentración de la tierra de buena calidad, a favor del 3% de los productores que son los empresarios agrícolas. Y la otra, apoyar a este vasto sector de la agricultura mexicana, dándole prioridad en el avance sobre la frontera agrícola aún existente y en la aportación de recursos técnicos y financieros, para elevar los rendimientos por hectárea. Para ello también se debe promover la libre asociación de los campesinos para que eleven y diversifiquen su actividad, incorporando a sus actuales labores agropecuarias las de transformación y comercialización de sus productos primarios. Debemos en serio impulsar esta segunda opción(5)
CRISIS AGRÍCOLA Y TRATADO DE LIBRE COMERCIO.
De la misma forma que el conjunto de la economía mexicana, el sector agropecuario ha estado sujeto, desde 1983 a una severa política de ajuste económico que, buscando reducir la inflación y el déficit fiscal, ha significado: mantenimiento de precios adversos, reducción drástica de la inversión pública y retiro de los subsidios que existían para un conjunto de insumos estratégicos para ese sector. Lo sucedido en el campo mexicano, señala José Luis Calva(6) ha sido un proceso de regresión técnica y económica, que ante los precios adversos, desplome de la inversión pública, retiro de los subsidios y negación del crédito ha causado que México dependa crecientemente del exterior para satisfacer la demanda interna de alimentos.
El campo mexicano representa el sector más vulnerable dentro de la modernización del país, no únicamente por la dificultades que presenta en términos económicos y técnicos, sino también políticos y sociales. Al inicio de los años noventa, congruente con la política salinista neoliberal de reducir la participación del Estado en la economía, se ha buscado que el capital nacional sea el que cubra los huecos que deja el retiro estatal. Sin embargo, el remplazo es lento e insuficiente para el conjunto de la economía y para el campo en particular. Por lo que resulta explicable el apresuramiento del gobierno mexicano por promover el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá a toda costa, por considerar que el capital extranjero habrá de ser la palanca de la modernización nacional. Planteamiento que se hace extensivo al campo, donde se ha hecho más evidente la insuficiente respuesta del capital nacional para invertir internamente, por lo cual se toman medidas legales que propicien que el capital extranjero fluya libremente por todos los surcos del campo nacional para lograr su modernización y correcta ubicación en el nuevo contexto del acuerdo trilateral. En este sentido resulta congruente, desde la perspectiva oficial, la modificación del artículo 27 constitucional de noviembre de 1991, que posibilita la privatización del ejido para quitar las trabas al libre flujo del capital extranjero hacia el campo mexicano. Esto significa que el gobierno mexicano está pensando que el TLC será la clave para lograr lo que fue incapaz de realizar durante 50 años: la modernización y la justicia social en el campo mexicano(7)
Con la firma del TLC y la nueva crisis económica mexicana de 1994-1995 se profundiza la crisis de la economía mexicana y crece la pobreza en el campesinado, sin ninguna alternativa en el propio campo, ni tampoco en los otros sectores económicos afectados por la recesión y la creciente inestabilidad financiera. Ante ello urge un nuevo tipo de política económica para el campo, que sin olvidar la necesidad de elevar la eficiencia y la competitividad, considere la especificidad de la economía campesina, el papel estratégico que juega en la economía y en la estabilidad social y política del país.(8)
Desde la crisis económica de 1982 y el establecimiento del nuevo modelo neoliberal, el sector agropecuario mexicano que ya venía sufriendo una larga crisis desde los años setenta es afectado por las políticas de ajuste antes señaladas. Como se indicó anteriormente, en el sexenio 1988-1994 se manejó al TLC como la palanca para la modernización del país y del campo, esperando una avalancha de capital y tecnología que nunca llegaron. Por el contrario, se consolidó la apertura casi total a las exportaciones agropecuarias norteamericanas, agravando la profunda crisis agropecuaria nacional en los noventa, con una creciente polarización social y regional en el país que viene a acentuarse con la nueva crisis económica de 1994-1995.
En mayo de 1995, Sherman Robinson y Mary Burfisher(9)planteaban que dependiendo del “aterrizaje” que hiciera la economía mexicana de su crisis, suave o brusca, serían los impactos sobre la agricultura y la migración positivos o negativos. Agregando que ante la creciente interdependencia con Estados Unidos, México debería aprovechar el cambio estructural para modificar su política hacia el agro, y Estados Unidos, por su parte, debía facilitar el aumento de las exportaciones para una rápida recuperación y disminución del flujo migratorio. A finales del año anterior se constataba cómo la nueva crisis económica nacional y la devaluación, no sólo no aumentaron las exportaciones del sector, sino por el contrario, profundizaron el impacto negativo sobre su funcionamiento. Hubert Cartón de Gramont(10)señala como la política gubernamental, consecuente con el nuevo modelo económico aperturista y desregulador, ha consolidado la polarización del campo mexicano
con un 15% de los productores con capacidad productiva, que son los que pueden competir en e actual marco económico; el 35% con potencial productivo que depende del respaldo de los programas gubernamentales adecuados, y el 50% de los productores sin potencial productivo que bajo el nuevo modelo deberían abandonar el sector, sin que exista ningún sector económico emergente nacional que los pueda absorber.
Para cada uno de esos grupos el gobierno mexicano ha definido políticas específicas. Se considera que los productores con “capacidad productiva”(15%) pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado abierto. Para los productores con “potencial productivo”(35%) se contempla la necesidad de programas de fomento a la producción para elevar la eficiencia productiva(que no se dan por falta de presupuesto). Para el resto de los productores agropecuarios(50%), los pobres o marginados, se abandona la idea de fomentar su producción para plantear programas de combate a la pobreza, que hasta ahora han consistido esencialmente en otorgar servicios básicos y apoyar pequeños proyectos productivos. En realidad, para esta amplia capa de la población se espera que a futuro, la política de ajuste económico permita crear más empleos en los sectores modernos del campo y la ciudad. El mismo Cartón de Gramont indica como el gobierno mexicano es optimista ya que si bien no queda duda de que hoy en día al menos el 50% de los productores del campo no tienen cabida en el modelo neoliberal, es poco probable que los productores “con potencial” logren mantenerse en las actuales condiciones de grave abandono del campo mexicano. De acuerdo a la lógica económica actual esos productores deberán ubicarse paulatinamente en uno de los polos de la estructura social, acentuando la polarización de la estructura productiva. El aumento de la cartera vencida agropecuaria a medianos de los noventa refleja esa situación.
En el discurso todo mundo coincide en que la agricultura campesina puede ofrecer mejores ingresos, más empleos, y ser un espacio que permita al campesino y su familia una vida digna. El problema comienza cuando se pregunta cómo se logran esos resultados, ante lo cual se presentan dos opciones según Enrique Astorga Lira(11): la campesina y la neoliberal. La primera parte de que la agricultura campesina prospere en base a su realidad y a su esfuerzo, en el marco de una nueva institucionalidad y de una relación diferente hacia adentro hacia adentro y con el mercado. Ninguna salvación vendrá de afuera, ni menos del capital extranjero, ni de los consorcios nacionales o los caciques regionales. Las instituciones que por tantos años apoyaban a los campesinos, han claudicado por el peso de la burocracia, el paternalismo, la demagogia y por el neoliberalismo que las deshizo o reestructuró. Los campesinos se enfrentan, ahora solos, a una nueva realidad que amenaza su existencia.
La opción neoliberal se viene instrumentando desde el inicio de los ochenta. Consiste en modernizar la agricultura, hacerla competitiva y dejar que el mercado vaya dando las pautas para el crecimiento del sector. Para ello el gobierno impulsa cuatro lineamientos principales para el sector campesino:
a) Formar empresas rentables en áreas campesinas mediante la compactación de tierras.
b) Privatizar los ejidos para que los campesinos puedan rentar, vender sus tierras asociarse con los empresarios agropecuarios.
c) Cambiar los cultivos campesinos por otros más rentables.
d) Promover la descentralización gubernamental para realizar obras, servicios y subsidios, que dejan intacta la pobreza.
El razonamiento del gobierno es el siguiente: el minifundio es antieconómico, no tiene salvación, la única manera de hacer producir las tierras campesinas es compactándolas, haciendo empresas mayores en tierras pobres. Para que ello sea posible tienen que deshacerse de sus tierras, es decir, tienen que rentarlas, venderlas asociarse con los empresarios locales. ¿Quiénes van a comprar las tierras de los campesinos en las regiones? Sencillamente los núcleos adinerados de las regiones que con las reformas constitucionales tienen pavimentado el camino para apropiarse de las tierras campesinas. Estos grupos dominantes podrán compactarlas, para que nazcan explotaciones mayores, aumente la producción, se incrementen los ingresos y la importación del sector en el PIB(mediante el despoblamiento de campesinos pobres y el ingreso de las nuevas empresas).
El aspecto dramático en que descansan estos propósitos es que las nuevas instituciones tienen que convencer a los campesinos para que se deshagan de sus tierras. La única manera para lograrlo es empobreciendo a la gente del campo, porque de lo contrario difícilmente venderían sus tierras, por reducidas que sean sus parcelas. Si los campesinos no se deshacen de sus tierras, sencillamente no funciona el modelo. Por ese motivo se suprimieron los apoyos productivos, se les endeudó y crearon subsidios de hambre; mientras tanto se establecieron líneas de crédito blandas para los agricultores que quisieran comprar o rentar tierras. La nueva institucionalidad neoliberal forma parte de un complot orquestado para modernizar la agricultura campesina, pero, sin los campesinos. Manteniéndolos con subsidios mientras crece la demanda laboral en otros sectores. Hasta ahora no se conocen los programas adecuados para modernizar la agricultura campesina, pero sí para que pierdan sus tierras(12)
En el contexto de las posibilidades del TLC como un instrumento que le dé dinamismo al campo y al conjunto de los sectores económicos del país, resulta interesante el trabajo de Alain De Janvry y Elisabeth Sadoulet, “El TLC y la agricultura: una evaluación inicial”(13), en el cual, asumiendo el corto funcionamiento del Tratado, las asimetrías entre los países y los impactos macroeconómicos de la crisis de 1995, señalan entre otros elementos, los siguientes:
a) Problemas de los pequeños productores para cambiar a cultivos más rentables.
b) El TLC presenta oportunidades limitadas para los obres de México y para su problemas estructurales.
c) Actualmente se ha generado una pobreza transitoria en el campo, resultado del cambio estructural, la cual a mediano plazo desaparecerá. Sin embargo, la pobreza estructural(la de la inmensa mayoría de los campesinos) permanecerá por largo tiempo.
d) Necesidad de programas más amplios y reformas sociales, financiados con los ingresos del avance del comercio y la inversión extranjera directa.
La evaluación anterior de los investigadores de la Universidad de Berkeley, California, descarta la ilusión de que el TLC podría convertirse en la alternativa para la modernización del conjunto de los sectores económicos sociales del país. Lo que debe llevar a una revisión sería de las políticas sectoriales, sus avances, limitaciones y las necesidades del país. Análisis bajo el cual resultan muy importantes los señalamientos de la Comisión Económica para América Latina(CEPAL) cuando señala como el campo mexicano se encuentra en una “auténtica crisis” desde 1988, a consecuencia de las políticas agropecuarias impuestas a partir de entonces, pues dieron una “variación radical” a su antiguo rumbo. Y advierte que de no haber rectificaciones esa crisis se puede profundizar. Para dicho organismo, con dichas políticas se abandonaron los objetivos de seguridad alimentaria y la autosuficiencia, así como la protección estatal hacia los productores que desde hace décadas regulaba las políticas agrícolas. Destaca que los principales ejes sobre los que giró esa reforma fueron la reestructuración del crédito rural, la privatización de las empresas productoras de insumos, la eliminación de los subsidios por la vía de los créditos y de los insumos, la supresión de los precios de garantía, el retiro de la Conasupo como principal instrumento de comercialización, la eliminación de los permisos de importación, con la reducción de los aranceles y la creación de Procampo(14)
Asumiendo que la profunda crisis económica y social que experimenta el campo mexicano se remonta a los años setenta, no hay duda que con el nuevo modelo neoliberal establecido desde diciembre de 1983 la crisis rural se acentúa y no se le ve salida en el marco de ese modelo. Bajo esta perspectiva resulta muy importante el análisis de Blanca Rubio(15)cuando señala que al inicio del siglo XXI la característica esencial del nuevo modelo consiste en una forma de “dominio excluyente” sobre las clases explotadas, lo cual genera una enorme marginación social, así como una concentración sin precedente del capital en pocas manos. El dominio excluyente es la forma a través de la cual el capital se apropia la riqueza: constituye el corazón del capitalismo neoliberal, su motor de avance a la vez que el origen de sus contradicciones.
Por dominio excluyente Blanca Rubio entiende una forma de explotación y subordinación que no es capaz de reproducir las clases subalternas en su condición de explotados, sino que tiende a excluirlos debido a su carácter depradatorio. En el caso de los campesinos, la imposición de precios no rentables y la sustitución de producción nacional por importada desgasta la unidad productiva, con lo cual resultan excluidos de la producción y no logran reproducirse como explotados. Ella identifica tres sectores del capital que impulsan la subordinación excluyente comandan el nuevo modelo de desarrollo: el sector especulativo financiero, el sector industrial transnacional y el sector agroalimentario transnacional.
La exclusión de los campesinos y productores de alimentos para el mercado interno deriva de tres procesos: el dominio del capital financiero sobre el productivo, el cual genera que las actividades productivas se tornen marginales y por tanto, trae consigo menor inversión privada y pública que un enorme endeudamiento de los productores que de esta forma transfieren valor al sector financiero.
El dominio del capital industrial transnacional por otra parte margina a los campesinos como productores de bienes baratos para la contención salarial, al separarse el establecimiento de los salarios del precio de los alimentos, a la vez que excluye a los campesinos y productores rurales como consumidores de los productos de vanguardia industriales.
Finalmente, el capital agroindustrial multinacional subordina a los campesinos y pequeños y medianos empresarios agrícolas imponiéndoles precios bajos sin los subsidios correspondientes, con lo cual ejerce un dominio que los reproduce en la exclusión.
De esta forma, los campesinos han perdido en el modelo neoliberal el rol de producir alimentos baratos para contener el salario y tienen ahora el de producir materias primas baratas para el ascenso de las grandes empresas agroalimentarias y el papel residual de completar el salario. Este rol apuntala el desarrollo de una industria particular, pero está ajeno al ascenso de la industria en general, por lo cual la producción rural se encuentra desvinculada del proceso de reproducción global del capital. Mientras se fortalece el dominio agroindustrial se debilita el dominio de la industria en general y este proceso genera exclusión entre los campesinos(16)
La exclusión de que son objeto los campesinos y pequeños y medianos empresarios en la región ha generado un enorme descontento social que se expresa en dos vertientes principales: la lucha por demandas sectoriales que enfrentan los efectos del modelo neoliberal en el campo, y la lucha contra el modelo económico neoliberal que rebasa el plano puramente sectorial y asume un carácter nacional. La primera vertiente se refiere a los movimientos contra las importaciones de alimentos, por renegociación de deudores, por la tierra, etc. que se circunscriben al plano agropecuario. La segunda vertiente corresponde al nuevo ciclo de movilizaciones campesinas que surge en los años noventa, a través de movimientos que tienen impacto a nivel nacional y pugnan por la transformación del modelo neoliberal. Se trata de luchas como las del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en México, de los Sin Tierra en Brasil, los cocaleros en Bolivia y el movimiento indígena en Ecuador. Ambas vertientes expresan las contradicciones del modelo de desarrollo y de la forma de dominio del capital sobre los productores rurales. Sin embargo, la lucha sectorial expresa de manera directas las contradicciones que enfrenta la subordinación excluyente del capital agroempresarial, mientras que el nuevo ciclo de movilizaciones, por su carácter general, expresa las contradicciones de la nueva fase de desarrollo.
El análisis de Rubio resalta como la crisis que experimenta el campo mexicano en particular y el latinoamericano en general no es sólo una crisis coyuntural que pueda revertirse con un simple cambio en las políticas públicas, como con frecuencia se pensó años atrás. Si no que se trata de que en la nueva etapa del capitalismo neoliberal es una fase en la cual la producción campesina y los campesinos mismos son excluidos de la dinámica de su funcionamiento. Así la sustitución de la producción nacional por la importada, la compra de insumos externos en época de cosecha, la obtención de subsidios por parte de los gobiernos latinoamericanos como un estimulo para comprar la producción nacional, hace aparecer como si la producción nativa de materias primas resultara prescindible para las agroempresas. El avance en los Tratados de Libre Comercio que amenaza la producción campesina de los países latinoamericanos refuerza esta apreciación, como si los campesinos, sometidos a una competencia internacional desventajosa, constituyera un sector que por su ineficiencia productiva se encontrara fuera del interés de las empresas agroalimentarias. Sin embargo, la economía campesina es capaz de producir a precios bajos y sin subsidios oficiales, hecho inaudito en el que se sustenta la obtención de elevadas ganancias por las agroindustrias multinacionales.
El neoliberalismo mundial, en el análisis de Blanca Rubio, ha logrado erradicar la renta de la tierra, someter a los campesinos de los países subdesarrollados a una expoliación extrema del excedente y con ello abaratar las materias primas a nivel mundial. A su vez, ha logrado imponer una visión social que identifica a los campesinos como un sector retrógrado, atrasado, premoderno, inepto, carente de visión. Este perverso modelo alimentario expolia al campesino al mismo tiempo que lo denigra. Le quita su excedente y su sentido de utilidad social. Al hacer aparecer a la producción campesina de los países subdesarrollados como ineficiente, cara, sustituible y prescindible por parte de las agroindustrias multinacionales, éstas velan el proceso de explotación sobre el que sustentan su poderío. Este es el gran triunfo ideológico del modelo actual de desarrollo. Los campesinos han perdido la dignidad de explotados que mantuvieron en las etapas anteriores, y aparecen como un lastre social. Aquellos a los que se les compran sus productos por caridad.
También desde otros ámbitos ha decaído la visión del campesino. Desde la teoría han devenido un sector invisible. Abordar hoy los problemas campesinos, los mecanismos de subordinación a que están sujetos, sus luchas y reivindicaciones, se considera irrelevante, reiterativo, poco novedoso. Después de ser el centro de atención de la sociología y la antropología en los años setenta, el campesino ingresa al nuevo siglo pasado de moda, fuera de la vanguardia teórica, ajeno a los debates de la ciencia social. Como si la exclusión de que es objeto le restara méritos para ser analizado. Además de ser excluido de los engranajes económicos del sistema, es también un excluido del saber del nuevo milenio. Ha pasado a formar parte del patio trasero de la postmodernidad. Desde diversos planos se argumenta que el término campesino ya no refleja la realidad, debido a que la heterogenidad que existe en el campo impide nombrar del mismo modo a todos los productores rurales. Desde la teoría de la Nueva Ruralidad se argumenta que el hecho de que sus ingresos ya no provengan prioritariamente de la parcela impide considerarlos como campesinos, por lo que en esta nueva etapa han perdido hasta su identidad social.
Ser campesino en el neoliberalismo es un estigma, una marca. Pero si se ha podido ocultar su condición de explotado, no ha sido posible ocultar su otra cara, la más visible, la más conocida. El campesino es a la vez el alzado, el insurrecto, el levantisco, el insubordinado. Sea mestizo o indígena, comanda en este nuevo milenio la lucha contra un modelo de desarrollo que degrada la fuente de riqueza sobre la que se sustenta. Los sin tierra de Brasil, los cocaleros de Bolivia, los indígenas chiapanecos de México, los indígenas de Ecuador, todos ellos son campesinos, son quienes comandan la lucha actual contra el neoliberalismo. Tienen una larga experiencia histórica como excluidos, y por ello, más armas para resistir. Encarnan a la mayoría excluida del nuevo siglo y no se dejan vencer. Cuando son reprimidos como en la matanza de Acteal en México, o en la del Dorado dos Carajas en Brasil, persisten en la lucha; cuando son traicionados como los indígenas de la CONAIE, acumulan fuerzas para regresar. En el 2001 la escena mundial se encuentra siempre ocupada por los campesinos. En enero, los indígenas de la CONAIE regresaron a Quito y lograron imponerle al gobierno de Noboa un conjunto de acuerdos antes de volver a sus comunidades. En febrero y marzo, los zapatistas realizaron la marcha por la dignidad y lograron que el Congreso de la Unión las abriera la máxima tribuna para exponer sus demandas. En abril, los cocaleros de Bolivia se hicieron presentes en la Paz para exigirle a Bánzer la solución a sus demandas.
Si la ideología neoliberal les niega su condición de explotados y los hace ver como un sector redundante, ellos, con su movimiento, han recobrado su dignidad. Los que no se dejan dominar, los que no están dispuestos a aceptar la condición de parias que les quieren imponer. Estas luchas expresan la debilidad de un modelo que aparenta solidez. No se puede atrofiar lo productivo sin agotar el valor, no se puede excluir a la población como consumidora, sin reducir la ganancia; no se puede subordinar en la exclusión sin agotar la capacidad productiva; no se puede excluir a la mayoría sin generar el descontento general: no se pueden arriesgar los pies rurales, sin arriesgarse a caer.
Los campesinos e indígenas que impulsan la lucha contra el neoliberalismo no se van a rendir y eso lo saben los gobiernos. Tampoco pueden ser exterminados, porque una amplia franja de la población mundial está con ellos. Por eso, esta lucha es decisiva en el futuro de nuestros pueblos. Es la lucha de la esperanza. Como dijeron los indígenas de la CONAIE cuando fueron traicionados por los militares: " Nos vamos llorando, pero volveremos. Somos como la paja del páramo, que cuando se quema, vuelve a brotar”(17)
TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y MIGRACIÓN.
Al inicio de las negociaciones del TLC uno de los temas más controvertidos fue el de sus impactos posible sobre la migración tanto en la opinión pública, como en el ámbito gubernamental y académico. En este, de acuerdo con la teoría económica convencional, se planteaba que la reducción y eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias permitirían usar y asignar con más eficacia los recursos productivos en función de la totalidad de los mismos. En un mercado abierto y ampliado, como el que supuestamente existiría en el TLC, se obtendrían beneficios adicionales por la explotación de las economías de escala. En ese marco se esperaba que México lograra un uso más eficiente y pleno del factor trabajo. Se esperaba, además, una reducción de la brecha de los salarios e ingresos entre los países firmantes. De hecho la mayoría de los ejercicios econométricos sobre los efectos del TLC estimaban que los beneficios de la integración serían mayores para México que para los otros dos países(18)
La reducción de las presiones para emigrar a Estados Unidos, como resultado del TLC, se hace depender de los incrementos esperados del empleo y de los salarios en la economía mexicana, provenientes de la mayor inversión productiva en México. En términos generales se argumentaba que el potencial de crecimiento económico y de generación de empleos sería mayor en una economía abierta, orientada al exterior, que en una economía cerrada.
Dentro de los modelos econométricos empleados para medir los posibles impactos del TLC sobre la migración destaca el modelo de equilibrio general computable elaborado por Santiago Levy y Sweder van Wijnbergen que ofrece una explicación detallada de los sectores agrícolas y de la migración del campo a las ciudades. Explícitamente se modelan las políticas de apoyo agrícola, incluso la protección para el sector del maíz y los subsidios para la alimentación de los sectores urbanos pobres. Incluyen migración de zonas rurales a urbanas y la migración se ajusta para mantener un diferencial de los ingresos reales explicados exógenamente entre los hogares rurales y urbanos. Se exploran varios escenarios en los que se liberaliza el sector del maíz, al permitir el libre comercio, y se simulan diversas políticas compensatorias diseñadas para atenuar el efecto sobre los pobres. En su análisis, la liberación del sector maíz produce un nivel significativo de migración del campo a las ciudades entre 650 mil y 700 mil trabajadores. El empleo rural total se estimaba en 6 millones, de los cuales el 29%(1.7 millones)correspondía al sector del maíz. Sin compensación, los autores concluyen que los efectos distributivos de la liberación comercial son regresivos, pero es posible diseñar paquetes de compensación viables que equilibren en gran medida las pérdidas de ingreso de los pobres. Con base en varios escenarios simulados, argumentan que se pueden diseñar programas de ajustes específicamente dirigidos, con los que se logran ganancias sustanciales en eficiencia por la liberalización comercial y se mitiga el impacto distributivo regresivo de la eliminación de la protección a los productores de maíz de bajos ingresos(19)
En una versión dinámica de su modelo, los autores señalados exploran diferentes trayectorias de transición hacia el libre comercio a través de un periodo de ajuste de nueve años. Exploran el efecto de introducir la liberalización comercial y los cambios y los cambios en las políticas internas de inmediato o gradualmente, analizando el efecto de la velocidad de la reforma sobre la migración. Concluyen que si la liberalización se realiza de golpe, en el primer año los beneficios en eficiencia son elevados, pero la migración es también muy alta con 700 mil migrantes del sector rural en un solo año. Este movimiento migratorio ejercería fuertes presiones sobre el sistema social y político. En todas las perspectivas de liberalización, la migración acumulativa del campo a las ciudades durante los nueve años sería de 1.9 millones de trabajadores. No obstante, un panorama de liberalización gradual permite que la migración se distribuya con regularidad a lo largo del tiempo, con tasas anuales de aproximadamente 200 mil migrantes. En un escenario base sin liberalización, el modelo genera una migración acumulativa de 1.2 millones de trabajadores del sector rural. Su modelo incluye las tendencias demográficas implícitas. Destacando como México enfrenta cambios estructurales importantes en sus mercados laborales con o sin liberalización comercial(20)
Sherman Robinso et al. exploran algunos de los mismos temas relacionados con el mercado laboral de los autores anteriores, pero, en el contexto de un modelo binacional México-estadounidense(21). Emplean una subdivisión similar de los sectores agrícolas, separando maíz, frutas, verduras y otras cosechas programadas(importantes para capturar las políticas agrícolas estadounidenses). Utilizan el mismo tipo de función para la migración que Levy y Van Wijnbergen, pero establecen diferencias en la fuerza laboral por categorías de calificación y agregan y agregan la migración a Estados Unidos. Sus resultados son en gran medida congruentes con esos autores. Deducen que la liberalización comercial total incrementa el comercio bilateral y conduce a ganancias en eficiencia para ambos países. En un panorama de liberalización total, más de 800 mil trabajadores abandonan el sector rural y más de 600 mil emigran a Estados Unidos. La mayoría de ellos se dirigen al mercado labora urbano, por ejemplo a Los Ángeles y no a la agricultura. Robinson y sus colegas exploran también varios escenarios de liberalización parcial, en busca de paquetes de políticas que ofrezcan una trayectoria de transición hacia el libre comercio con menos perjuicios sociales. Concluyen que es factible diseñar tales paquetes de política de transición.
Sherman Robinson y sus colegas estimaron la cantidad de crecimiento que requiere México para absorber la fuerza de trabajo que deja la agricultura, sin que aumente la migración a los Estados Unidos. Por ejemplo, un aumento de 25% en el acervo de capital agregado de México en relación con el de Estados Unidos, según sus cálculos, eliminaría el aumento en la emigración al país vecino inducida por la liberalización total. Este diferencial de crecimiento es coherente con la experiencia de otros países semiindustrializados que han adoptado con éxito una estrategia de desarrollo abierta. El problema político para México, destacan, es que la liberalización del comercio del maíz libera fuerza de trabajo rápidamente, mientras que el crecimiento adicional requerido para absorber es mano de obra en la industria toma tiempo. Los resultados, congruentes con los de Levy y Van Wijnbergen, indican que México requerirá un periodo de transición largo y que deberá asignar recursos a la agricultura durante la transición. La introducción inadecuadamente rápida del libre comercio en la agricultura puede no ser deseable para ninguno de los dos países, si se sopesan los costos sociales y económicos de una mayor migración con los del crecimiento comercial(22)
Aceptar el argumento de que el crecimiento económico reduce las presiones migratorias, sin embargo, no determina que la relación sea lineal o inmediata, ni tampoco que cualquier tipo de desarrollo produzca los mismos resultados, señala Francisco Alba. La actividad económica del pasado, fruto de una estrategia económica cerrada y protegida frente al exterior, no tuvo los resultados que se esperaban del TLC. Desde 1940 hasta 1981 el país creció con rapidez y se desarrolló a un ritmo aceptable. Con todo, el fenómeno migratorio parte de la economía y la sociedad de México y sus relaciones con el exterior. ¿Qué hace suponer que en el futuro las cosas serán diferentes al pasado? Más allá de asociar la generación de empleos y el crecimiento del ingreso con la reducción de las presiones migratorias, esa interrogante no se abordó de manera explicita.
Si la migración a Estados Unidos es resultado de las condiciones del mercado laboral mexicano en términos de generación de empleo y nivel salarial, así como de las disparidades económicas existentes entre México y el país vecino, la tarea a que se enfrenta el TLC es enorme indicaba Alba en 1993. Por un lado, las condiciones del mercado laboral constituyen un legado muy pesado y, por otro, el tiempo previsto para que las disparidades puedan reducirse es bastante largo. La recuperación del crecimiento económico durante los últimos años, producto de una reestructuración que en parte previene las condiciones del TLC, en general no ha revertido las condiciones del mercado laboral mexicano en materia de empleo y salarios respecto de las vigentes en épocas anteriores cuando se desenvolvió la migración a Estados Unidos. Desde esta perspectiva, la reactivación económica tiene un buen espacio que recorrer sólo para alcanzar los niveles previos de empleo y salario.
Sin embargo, Francisco Alba(23) destaca que el conocimiento de los sistemas migratorios ha apuesto en claro que los factores económicos de empleo, salario e ingreso son apenas una parte del conjunto de elementos que alientan las corrientes migratorias internacionales. En este conglomerado de fuerzas se pueden apreciar tres grupos diferentes, si bien interrelacionados. Uno se refiere a los factores económicos, incluidas las relaciones comerciales y la integración económica. Otro comprende los numerosos factores sociales que ligan al migrante con la familia, los amigos, las comunidades de origen y las de destino. El tercero lo conforman los factores políticos, entre los cuales figuran las políticas migratorias de los estados nacionales. A partir de estos elementos, Alba en 1993 presenta varios escenarios posibles sobre el futuro de los impactos del TLC y la migración:
a) Aprovechar los programas de trabajadores temporales H2A y H2B, subutilizados al inicio de los noventa, con 5000 trabajadores en 1991 para el primero y 2000 para el segundo.
b) A partir de la intensificación de los nexos regionales se pueden considerar arreglos para el manejo del fenómeno migratorio.
c) Extender la liberalización del movimiento de personas en e TLC, aprovechando que ya existe para categorías de trabajadores altamente calificados.
d) Creación de fondos específicos para el desarrollo regional en México como la estrategia más adecuada para prevenir migraciones masivas como lo indica la experiencia Europea.
A finales de los años noventa era evidente que los escenarios optimistas de los impactos positivos del TLC sobre el empleo e ingreso de los mexicanos no se había cumplido. Sin embargo, como se señaló en el Taller Regional sobre Migración, los Acuerdos de Libre Comercio y sus Impactos en la Migración en noviembre del 2000(24) es difícil evaluar con claridad los impactos que el TLC ha provocado sobre la economía, el empleo y la migración en México, debido a que el Tratado forma solamente una parte del nuevo modelo económico instaurado desde 1982; el cual junto con el ingreso al GATT en 1986, el crecimiento sostenido de la economía norteamericana de los últimos doce años y la crisis económica de 1994-1995, conforman la compleja red de factores que pueden explicar el aumento en la migración de mexicanos hacia el exterior.
En la negociación del TLC fueron notorias las asimetrías en lo económico entre los países participantes, al igual que en cuanto a experiencia, capacidad y perspectivas de los equipos negociadores. México negoció en condiciones de desigualdad económica y política, pues en aquel momento se encontraba saliendo de la profunda crisis de la deuda externa, enfrentando un gran inflación, una fuerte caída del mercado interno y del empleo, así como una creciente dependencia del capital externo y un fuerte cuestionamiento a su sistema político vigente. El TLC desde su inicio es parcial, pues excluye los temas sociales de movilidad de mano de obra, el empleo, los mecanismos binacionales de compensación y la creación de fondos estructurales para el desarrollo regional como se hizo en la experiencia de la Europa comunitaria. Los impactos que ha tenido el TLC sobre la planta productiva y el empleo, sumados a la liberalización comercial de 1986 con la entrada al GATT, se manifiestan de manera diferencial por sectores y regiones. La pequeña y mediana empresa textil, del juguete, del calzado el sector agropecuario en su conjunto, son los que sufren las principales impactos negativos de quiebras masivas y desempleo. Los impactos regionales positivos se dan en el Norte del país y en la frontera con Estados Unidos, beneficiando al sector maquilador y automotriz, consolidando una tendencia iniciada hace treinta años.
Sin desconocer la multicausalidad de la migración internacional, resulta claro que el TLC no ha tenido los efectos esperados en la reducción de la migración. Por el contrario, si la economía norteamericana sigue creciendo y México mantiene si situación económica actual anualmente seguirán emigrando 300 mil mexicanos por causas laborales. Si la economía empeora ese flujo se incrementará a 500 mil en los próximos años.
En el contexto anterior, los participantes en el Taller referido(25) hacen cuatro propuestas centrales:
a) No tiene caso excluir el tema de la migración cuando se negocian acuerdos comerciales Por el contrario, frente a las tendencias del crecimiento en la migración internacional hacia Estados Unidos en los próximos años, se requiere discutir la Convergencia e Integración Económica Binacional entre Estados Unidos y México. Estableciendo los objetivos, métodos y procesos de la integración, que permita la colaboración en una propuesta de desarrollo compartido, que incluya la problemática migratoria como tarea conjunta.
b) Se requiere una visión diferente del TLC, con objetivos distintos, con un compromiso mutuo por el Desarrollo con Equidad, que a mediano plazo posibilite atenuar las causales de la migración internacional y la inclusión de la libre movilidad de mano de obra como parte de la convergencia entre los países de ese Tratado y otros, regulando el flujo de las migraciones.
c) Es importante retomar el desarrollo económico y la colaboración internacional como medidas fundamentales para defender y restablecer el tejido productivo y social interno, que garantice el mantenimiento de las plantas productivas nacionales, su nivel de empleo y la reducción de la migración a mediano plazo.
d) Las organizaciones civiles deben promover y defender la obligación del Estado como promotor del desarrollo económico, del empleo y bienestar, diseñando y difundiendo propuestas de pequeña, mediana y gran escala que incidan a nivel microregional, regional, estatal, nacional e internacional. Estas propuestas deberán hacerse llegar a los Municipios, Congresos locales y Nacionales, para que formen parte de los respectivos Planes de Desarrollo Municipal, Estatal y Federal, para que tengan el soporte técnico y financiero necesario y permitan la construcción de un futuro diferente en el que exista democracia, empleo y bienestar para todos.
LA CRISIS AGRÍCOLA Y LA MIGRACIÓN EN EL 2002.
Al inicio del siglo XXI la crisis rural permanece y se profundiza en América Latina y México. Así, Rubén G. Echeverría, jefe del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo(BID), expresa a finales de mayo del año en curso en Pachuca, México que el problema de la pobreza rural en América Latina “es un tema sin solución” y por ello es que los organismos financieros internacionales están recibiendo más peticiones de apoyo que antes por parte de los gobiernos de la región, y se observa además que el rubro de políticas de tierras adquiere mayor relevancia. Según los cálculos de esa Institución, 80 millones(64% del total) de los habitantes rurales de Latinoamérica enfrentan condiciones de pobreza. El dato se vuelve más grave si se considera que 50 por ciento de toda esa población es indigente. Sin embargo, el funcionario mencionado expresa que el subcontinente tiene el potencial de menguar la pobreza campesina mediante el “desarrollo rural”, concepto éste que hoy vuelve a ser prioritario e la agenda de los países y que va más allá de la producción estrictamente agrícola, pues implica la promoción de las artesanías, el turismo, la microempresa y la minería(25)
La apreciación anterior es corroborada para México por un estudio del Banco Mundial que revela que uno de cada dos habitantes de zonas rurales del país sobrevive en una situación de “extrema pobreza”, con un ingreso menor a un dólar diario, y considera que México es una de las economías con mayor desigualdad en América Latina en cuanto a distribución del ingreso. Dicho estudio resalta la existencia de una profunda y generalizada desigualdad, con niveles de pobreza que en el ámbito rural, donde habita la cuarta parte de la población del país, resultan inaceptables(26)
Los problemas del campo mexicano en el año 2002 parecen incrementarse ante la decisión del presidente norteamericano George W. Bush del 13 de mayo pasado de aumentar los subsidios gubernamentales a la agricultura de su país hasta colocarlos en un volumen de 19 mil millones de dólares anuales durante la próxima década. La primera consecuencia de catástrofe por esa decisión será la invasión de productos agrícolas baratos-subsidiados- en los mercados de los socios comerciales de Estados Unidos, comenzando por México, y la consiguiente liquidación de los productos agrarios locales. Ello, a su vez, se traducirá en una profundización de la crisis del campo, en presiones sociales y políticas desestabilizadoras y en un incremento de los flujos migratorios hacia territorio norteamericano. Bajo este escenario, el Editorial de La Jornada del 15 de mayo plantea que ante el desequilibrio de los nuevos subsidios norteamericanos para su agro de 19 mil millones de dólares anuales para su promoción, en el caso de México se dedican menos de 3 mil 500 millones de dólares, no basta con protestar ni con tramitar controversias en el marco del TLC: el campo mexicano requiere de una defensa decidida y enérgica que llegue, si es necesario, a cerrar los mercados a los productos que signifiquen una competencia desleal. Están en juego y en cuestión la dignidad y el sentido de nación del actual gobierno, la supervivencia de nuestros campesinos, la estabilidad política y la gobernabilidad(27)
Sobre la medida anterior, Alejandro Nadal, investigador del Colego de México, señala que Estados Unidos tiene menos agricultores que reos en sus cárceles, pero el nivel de subsidios a la agricultura es de los más elevados del mundo. Ello no fue obstáculo para la aprobación de la nueva ley agrícola que aumentará los subsidios en 80 por ciento durante los próximos diez años, hasta un record de 190 mil millones de dólares. La nueva Farm Bill es la amenaza más seria para los productores agrícolas del mundo subdesarrollado. Es también el golpe más severo a la retórica del libre comercio y exhibe la hipocresía de la nueva ronda de negociaciones “para el desarrollo” aprobada en Doha”(28)
Al inicio del siglo XXI, aparejado a la profundización de la crisis del campo mexicano se ha incrementado y diversificado la migración a Estados Unidos, la mayor parte de los estados del país y el 96.2% registran migración y/o recepción de remesas. Las muertes dramáticas de veracruzanos en mayo del 2001 en el desierto de Arizona y el éxodo masivo de trabajadores chiapanecos a la frontera norte dan cuenta de ello. No hay duda de que esa migración prevalecerá en los siguientes treinta años y que urge tomar medidas sobre sus causas estructurales y sobre la forma de abordar ese fenómeno como responsabilidad compartida entre ambos países. Los eventos del 11 de septiembre del 2001 acabaron con la euforia del gobierno mexicano de que era posible un acuerdo a corto plazo entre ellos sobre la Agenda Migratoria que contemplaba la legalización de 3.5 millones de mexicanos, otorgamiento de mayor número de visas, combate a la violencia en la frontera norte, programas de trabajadores temporales y proyectos de desarrollo regional en México con fondos de ambos países. Sin embargo, con la política de seguridad nacional la migración deja de ser materia de los diplomáticos y se convierte en tarea de los militares y las agencias de inteligencia, así a famosa “enchilada” de Jorge Castañeda se cayó, se quedó sin queso, sin verdura y sólo permanece una tortilla llena de chile con las muertes masivas en la frontera norte, las nuevas disposiciones legales que les niegan los derechos laborales a los indocumentados mexicanos y el problema del agua entre los dos países. La presión crece cuando en México el cambio estructural y el TLC no han tenido los efectos positivos esperados en el nivel de empleo e ingresos; el desempleo crece por la crisis crónica del campo nacional, los impactos negativos del TLC sobre la planta productiva nacional y los efectos de la recesión norteamericana sobre la economía de nuestro país. El imaginario social de los braceros de ver al Norte como país de las oportunidades, con una demanda ilimitada de mano de obra, se ha convertido en imaginario social de los mexicanos del siglo XXI: ante la grave situación económica nacional, ante la incapacidad de generar los empleos necesarios, el Norte se percibe como la opción de sobrevivencia para más de 8 millones de mexicanos en Estados Unidos y sus familias.
Si el modelo económico prevalece como hasta ahora con una apertura acelerada, el desmantelamiento estatal y abandono del campo y la pequeña y mediana empresa, se agudizará aún más la desigualdad social y estará en peligro la gobernabilidad del país. La migración se convertirá en un tema de creciente conflicto binacional y quedaran como buenos propósitos los mensajes del presidente Fox de ir avanzando hacia una integración económica de los tres países del TLC para los siguientes años.
Urge reorientar el modelo económico actual, su funcionamiento en América Latina y en México después de veinte años sólo han aumentado la pobreza en la región. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y exvicepresidente del Banco Mundial, señala que la primera década después de las reformas neoliberales en América Latina demuestra que el modelo ha fracasado en la generación de un crecimiento económico superior, y sólo ha beneficiado a los sectores más ricos de las poblaciones de la zona. Estos resultados, según él, muestran que en las políticas no puso suficiente atención a la inestabilidad y desigualdad en los países de la región latinoamericana. El FMI y el Consenso de Washington se centran en la idea de que el mercado determinará el mejor curso de un país, promoviendo la liberalización de los mercados, del capital, la privatización y la disciplina fiscal. Pero los resultados suelen ser que en lugar de que los recursos de un país sean trasladados de los sectores de baja productividad a los de alta productividad-como afirman los fieles de estas reformas-ocurre lo contrario: grandes sectores pasan de la baja productividad a la cero productividad. O sea, los de abajo sufren más(29)
CONCLUSIONES.
En el contexto anteriormente descrito siguen vigente las dos formas de lucha descritas por Blanca Rubio para los campesinos latinoamericanos en general, y los mexicanos en particular:
1.- La lucha por las demandas sectoriales que permitan enfrentar los efectos del TLC sobre la producción del maíz y otros cultivos básicos relevantes para la población con un nuevo tipo de políticas públicas que protejan el tejido productivo y social del campo en forma equivalente como lo hace Estados Unidos y la Unión Europea, reconociendo que el campo es más que un simple espacio económico, al constituir en el caso mexicano y latinoamericano una parte importante del tejido social y político nacional, que de no conducirse con un nuevo tipo de políticas públicas pueden llevar a estallidos sociales y a la ingobernabilidad. En esta perspectiva debe ubicarse una propuesta alternativa de fortalecimiento de la producción de cultivo básicos en la región, con un enfoque de integralidad del desarrollo regional y local; de nuevas políticas estatales que apoyen y refuercen los proyectos emergentes de desarrollo local que organizaciones de campesinos y migrantes como en San Juan Mixtepec, en Oaxaca, y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Zacatecas están planteando hoy de manera binacional para fortalecer el tejido económico y social de sus regiones.
2.- La lucha por el cambio del modelo neoliberal actual, respondiendo al reclamo de millones de productores rurales y ciudadanos de Latinoamérica, así como al análisis contundente de Joseph Stiglitz. Por sus resultados ese modelo no es alternativa para la mayoría de la población, la recesión económica actual en Estados Unidos y otros países
muestra que no se puede revertir sin la regulación estatal: ciertamente una regulación eficiente que no reproduzca los derroches del pasado, ni el subsidio a la especulación rapaz del presente. Esto significa, entre otras cosas, plantearse con toda seriedad la posibilidad de una Comunidad Económica de Norteamérica como lo propuso el presidente Fox en Bruselas el 13 de mayo pasado(30) y una política agropecuaria común en Norteamérica como planteó el Consejo Nacional Agropecuario de México el 11 de abril(31). Ello implica un cambio radical en la concepción de las relaciones entre los países del TLC, especialmente con Estados Unidos, que revierta sus políticas proteccionistas vía enormes subsidios que arruinan a los productores latinoamericanos; que se acepte la corresponsabilidad del fenómeno migratorio, y se retome la “enchilada”(la Agenda Migratoria Binacional) bajo el enfoque de una integración económica con equidad como en la Unión Europea, que tenga el soporte de los fondos estructurales para reducir las asimetrías económicas y sociales cuando la integración se lleve a cabo.
Notas.
1.-Magda Fritscher Mund “El maíz en México: Auge y crisis en los noventa”, en Cuadernos Agrarios, No.17/18. Nueva época, México, 1999,p.142.
2.- Ib. p.150.
3.-Ibidem.
4.- Felipe Zermeño, “La agricultura mexicana ante el TLC: El caso del maíz”, en La Disputa por los Mercados. TLC y el sector agropecuario. Ed. Diana, México, 1992,p.216.
5.-Ib. p.220.
6.-José Luis Calva. Crisis Agrícola y Crisis Alimentaria. Ed. Fontamara, México, 1989.
7.- Rodolfo García Z. La Agricultura en el Laberinto de la Modernidad, UAZ, México, 1996,p.61.
8.-Rodolfo García Z. Agricultura, Migración y Desarrollo Regional. UAZ, México, 2000,p.75.
9.- Sherman Robinson et al. “El impacto de la crisis mexicana sobre el comercio, la agricultura y la migración”. Stanford University, 5 de mayo de 1995(mimeo)
10.-Hubert Carton de Gramont. “El campo neoliberal:¿De que estamos hablando”La Jornada del Campo. Suplemento del Diario La Jornada, México 1º de noviembre, 1995.
11.-Enrique Astorga Lira. “Frustraciones y esperanzas de la economía campesina”, en La Jornada del Campo. Suplemento del Diario La Jornada, 26 d febrero de 1997.
12.-Ib.
13.- Alain de Janvry et al. “El TLC y la agricultura: evaluación inicial”. Revista Investigación Económica, UNAM, México, septiembre 1997,pp.13-60
14.- Angélica Enciso. “El campo mexicano: la crisis que llegó para quedarse”. La Jornada del Campo. Suplemento del Diario La Jornada, 30 de junio de 1997.
15.-Blanca Rubio. Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase neoliberal. Ed. Plaza y Valdes, México, 2001.
16.- Ib. p.140.
17.- Ib. 214
18.-Francisco Alba. “Libre comercio y migración”. Revista Comercio Exterior, Vol.43, No. 8, México, agosto, 1993.
19.-Santiago Levy- Sweeden Van Vijnbergen. Labor Market, Migration and Welfare: Agriculture in the México-USA Free Trade Agremeent, World Bank, june 1991, en El Impacto del Libre Comercio en América del Norte. Economía Mexicana, CIDE, Nueva época, junio, 1993,p.134.
20.- Santiago Levy – Sweeden Van Vijnbergen. Transition Problems in Economic Reform: Agriculture en the Mexico-USA Free Trade Agremeent, World Bank, december 1991, CIDE, op. cit. p.135.
21.-Sherman Robinson et al. Agricultural Policies and Migration in US-Mexico Free Trade Area: A computable General Equilibrium Analisis, Berkeley University, december, 1991, CIDE,op. cit.p.135.
22.-Ib.p.136
23.-Francisco Alba, op. cit. 746.
24.- Ciudad de Guatemala, 15-16 de noviembre, 2000.
25.- El Financiero, México, 23 de mayo, 2002.
26.-La Jornada, México, 2 de junio, 2002.
27.-La Jornada, México, 15 de mayo, 2002.
28.-La Jornada, México, 15 de mayo, 2002.
29.-La Jornada, México, 16 de mayo, 2002.
30.-La Jornada, México, 15 de mayo, 2002.
31.- La Jornada, México, 11 de abril, 2002.
