Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía de México

 

Globalización y privatización: ¿Dos caminos rumbo a la desnacionalización integral?

 

 

Isaac Enríquez Pérez(*)

 

 

Resumen: Se analiza la vinculación entre la intensificación de los procesos de globalización y la privatización, concibiendo a los primeros en una de sus variadas vertientes (tras a una precisión conceptual) como parte de las estrategias de  transferencia de valor de la periferia al centro del sistema mundial al generarse la reconversión en los tipos organizativos de las empresas; mientras que la privatización es pensada como un proceso enfocado al desmantelamiento del

aparato productivo nacional de las economías latinoamericanas (en particular la

mexicana) para trasladarse éste a los márgenes de actuación de las redes empresariales globales.  

 

Conceptos clave: Globalización, privatización, redes empresariales globales, desnacionalización integral, neoliberalismo.

 

 

Por lo general, en los textos y eventos académicos, en las pretensiones informativas de los medios masivos de difusión comercial, en las plataformas discursivas de las organizaciones gubernamentales, de las organizaciones no gubernamentales, de los partidos políticos, entre otros, encontramos un uso excesivo, paranoico, eufórico y hasta malentendido del concepto globalización; su historia como tal, se ha caracterizado por un ir y venir entre la boca y la pluma de muchos; su exageración, su escepticismo y hasta su denuncia han dejado solo saldos de tristeza ante la imprecisión por definirlo desde las mismas ciencias sociales latinoamericanas.

(Isaac Enríquez Pérez)

 

La globalización está presente en la realidad y en el pensamiento, desafiando a muchos

en todo el mundo. A pesar de las vivencias y opiniones de unos y otros, la mayoría

reconoce que esta problemática está presente en la forma mediante la que se diseña

el nuevo mapa del, en la realidad y en lo imaginario.

(Octavio Ianni, “Teorías de la globalización”). 

 

 

 

 

Introducción.

 

Las siguientes notas parten de la necesidad teórica de conceptualizar los procesos de globalización y privatización a la luz de las reestructuraciones a fondo del modo de producción capitalista después de la saturación mundial de los mercados ante la avanzada de las empresas japonesas que instrumentaron una fragmentación del proceso productivo y una constitución de la empresa flexible que transformó la división técnica del trabajo al conformar redes empresariales globales.

            Tanto la globalización como la privatización son procesos que conceptualmente no es viable reducirlos a expresiones estructurales de la explicación, sino que es necesario privilegiar el análisis de la tensión entre las estructuras socioeconómicas y los actores sociales partiendo de la idea de que los individuos hacen su propia historia al tiempo que se rehacen en ella, es decir, son los actores sociales los que construyen la historia, pero al mismo tiempo, esta historia es resultado de la evolución de las estructuras socioeconómicas y de los intereses y motivaciones de los actores involucrados.

            Más que denunciar los acontecimientos manifestados en América Latina en torno a la reestructuración de la economía y el Estado durante las últimas décadas, analizaremos qué es lo que ha sucedido tras este proceso; por lo que nos desplazaremos constantemente de niveles exploratorios donde se expongan datos concretos a niveles descriptivos y explicativos que ayuden a interpretar los ejemplos tomados para el caso del proceso de privatización; se retornará a niveles exploratorios vía preguntas utilizadas de manera tentativa sobre las posibles tendencias respecto a la correlación de los actores en torno a posibles privatizaciones en México, sin dejar de lado, por supuesto, la importancia de la referencia histórica como método.

  

 

La globalización como transferencia de valor.

 

En una perspectiva amplia que abandone el acentuado economicismo que caracteriza a las ciencias sociales latinoamericanas, la globalización es un proceso sociocultural que se relaciona con la interacción entre presencia y ausencia, con el entrecruzamiento de eventos y relaciones sociales que se producen a distancia de los contextos locales. La intensificación de las relaciones mundiales permiten establecer nexos entre diferentes localidades, de tal forma que lo que sucede en una de ellas determina lo que ocurre en las otras. Esta interconexión de relaciones sociales se intensifica con los procesos de desterritorialización de las acciones sociales de los actores al ser redefinidas las pautas de la “sociedad nacional” ante la subsunción y redefinición impulsadas por la constitución de la “sociedad global”, además, de la importancia del sistema de comunicación mundializado, la fragmentación de los procesos productivos, impulsores tanto de acciones sociales, políticas (toma de decisiones) o económicas (empresa red o recesiones) que ocurren en algún espacio e influyen en otros a escala global, lo cual por supuesto, no implica la desaparición y aniquilamiento de las “sociedades nacionales”.

La globalización como resultado de extensos y amplios procesos de comunicación entre diferentes sociedades y culturas al estar vinculadas estas por redes de intercambios en todo el planeta, la concebimos como una relación sociocultural que rebasa con mucho los intercambios y transacciones comerciales y financieras. En suma, la globalización es un proceso dialéctico, pues mientras sucede una integración social diferenciada mediante las interacciones de los individuos socialmente determinados a escala global, ocurre una fragmentación socioeconómica que subsume a Estados, mercados, sociedades e individuos. Esto es, se ha dado una reconversión de los mecanismos, interacciones e instituciones de la “sociedad nacional” para integrarse a una “sociedad global” con inmensos procesos de interdependencia, dependencia e intercomunicación vía el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones, las fuertes transferencias de capitales especulativos de un ordenador a otro en tiempo real, así como la transferencia de excedentes de la periferia al centro del sistema mundial.

La globalización se caracteriza por relaciones virtualmente instantáneas que no reconocen fronteras geográficas y temporales; el mundo se estructura como un todo desde el punto de vista económico, social, político, cultural, militar y geopolítico; además, se alientan y fortalecen identidades y lealtades locales, étnicas e indigenistas. 

Si pensamos, tal como lo ilustra el Doctor Pablo González Casanova[1], que la globalización es un proceso de dominación y apropiación del mundo, es necesario enfocar a la globalización como un proceso de transferencia de valor en tanto objetivación del trabajo humano vía las redes empresariales. Pero, ¿cuál es la génesis de estas redes empresariales que han intensificado la transferencia de valor desde las empresas filiales a las empresas matrices? Los mercados durante los últimos años de la década de los 60’s y principios de los 70’s experimentaron una saturación por bienes homogéneos derivados de la producción en masa, además de la expansión de la empresa japonesa que instrumentó por vez primera la producción flexible gracias a las nuevos modelos de organización, y ofreció bienes y servicios a bajo precio que desplazaron de los mercados a empresas europeas y estadounidenses, ingresando estas en una caída de la tasa de ganancia que las llevó al colapso y las obligó a terminar con la organización jerárquico-burocrática de la producción en masa.

La empresa con pretensiones globales se articula a partir de una nueva división técnica del trabajo en la industria que apunta a la configuración de la empresa red caracterizada por el tránsito de la producción de altos volúmenes de bienes y servicios a la producción de “alto valor” basado en el desarrollo del conocimiento específico satisfactor de necesidades concretas de los clientes vía la multitud de unidades y subunidades descentralizadas unidas a otros grupos también descentralizados que se desplazan por todo el mundo[2].

            En un primer momento, distinguimos una división internacional del trabajo que parte de la empresa red que ubica a la empresa matriz generalmente en el centro del sistema mundial mientras que en la periferia se ubica la empresa maquiladora o la empresa filial. Es necesario pensar que esta división de la industria a nivel mundial tiene su génesis y su impulso en una división técnica del trabajo al interior de la empresa que ha reestructurado su organización y descentralizado sus funciones. Esta división técnica del trabajo es una nueva lógica organizacional que se vincula a los cambios tecnológicos, y que desarrolla las bases del proceso histórico llamado “Nueva Economía” cuyo principal exponente es la empresa red. A la vez, esta nueva lógica organizacional se expresa de manera diferenciada en los distintos escenarios del sistema mundial. Y más aún, esta lógica organizacional conforma una nueva clase directiva mundial sustentada en aptitudes como los conocimientos, la competencia y los contactos mediante los cuales agregan valor a la economía mundial independientemente del espacio donde se toman las decisiones.

            Los productos como combinaciones internacionales de insumos le dan sentido a esta empresa red. La empresa matriz tiene su complemento necesario en la empresa maquiladora. Lo que se intercambia entre los países para crear valor es la especialización en la identificación y solución de problemas, la coordinación de servicios, los elementos estandarizados, mientras que la plusvalía extraída de la mano de obra se mantiene como ventaja competitiva de las naciones semiperiféricas y periféricas. Son transacciones de exportación-importación al interior de la empresa red. La empresa matriz tiene una planta mínima de trabajadores manipuladores de símbolos y conocimientos aplicados a la producción localizados en las Tecnópolis[3] y ciudades del conocimiento[4], mientras que sus unidades y subunidades descentralizadas y subcontratadas tienen a su mano de obra en lo que podríamos llamar las ciudades de la manufactura flexible ubicadas por lo general fuera del país sede de la empresa matriz; esta mano de obra es parte de la producción estandarizada de alto volumen trasladada al exterior para contrarrestar los embates de la competencia extranjera. En parte, las relaciones asimétricas que revitalizan la dialéctica centro/periferia se basan en ello.

            Es la empresa red lo que origina el proceso de globalización en tanto transformación organizacional de las unidades productivas tendiente a la mundialización de la producción y al dislocamiento entre tiempo y espacio en la toma de decisiones de los altos ejecutivos y analistas simbólicos que sin ser propietarios de los medios de producción ejercen un fuerte control sobre los mismos a escala mundial. Todo ello ha repercutido en la praxis económica en tanto expresión de la reproducción de la sociedad como un todo.

            Es sin duda, una reconfiguración de los mercados en el mundo a partir de la reestructuración organizacional, la quiebra y caída de la tasa de ganancia de las principales empresas del mundo. Lo cual llevó a una quiebra global de los sistemas económicos de los países primero en el norte y posteriormente en el sur del mundo mediante la crisis de la deuda. Crisis que se inicia cuando la saturación de los mercados impedía las inversiones productivas de las empresas, las cuales posteriormente se destinaron a las especulaciones financieras, desatándose la inestabilidad financiera mundial que conduce a la quiebra de los tratados de Bretton Woods, todo ello aunado a la crisis de las economías latinoamericanas en los 70’s y a la fuga de capitales en estas mismas economías. Es el endeudamiento de los gobiernos latinoamericanos lo que genera la presión de los representantes de la banca privada mundializada a negociar nuevos plazos y tasas de interés para el pago de la deuda, situación que llevó a la solicitud de mayores créditos internacionales, los cuales se otorgaron a cambio de la reestructuración del Estado y las economías latinoamericanas vía la aplicación de las medidas del Washington Consensus. Estas medidas exigían: 1)Búsqueda de disciplina fiscal; 2)Cambio de prioridades en el gasto público; enfocarlo a las necesidades sociales (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras); 3)Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados: Reforma de los impuestos consistente en ampliar la base más que en incrementar los tipos; 4)Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés: procurar tasas de interés positivas, determinadas por el mercado; 5)Liberalización del comercio y una reorientación de las economías hacia la exportación; 6)Tipo de cambio fijado por el mercado y no por los gobiernos; 7)Supresión de restricciones a las inversiones directas de capital extranjero; 8)Privatización de empresas públicas; 9)Procurar una extensa desregulación de la actividad económica; 10)Reforzar las garantías a los derechos de propiedad.

            En específico, respecto a las inquietudes reflejadas en este trabajo, es el octavo punto en el contexto de la globalización como proceso consistente en la transferencia de valor, lo que ha conducido a una “desnacionalización integral” de los países latinoamericanos.

 

La privatización como proceso desnacionalizador.

 

El proceso de la globalización tiene como una de sus expresiones y estrategias (y no la única) al llamado neoliberalismo.

El neoliberalismo en tanto teoría económica neoclásica es un desarrollo económico distinto al propuesto por los grandes economistas clásicos; estos tenían una visión macro, dinámica y estructuralista, concebían al mercado libre como uno de autentica libre competencia, con movilidad de capitales y tendencia a la igualación de las cuotas de ganancia ramales, atacaban a los grandes monopolios, su postura en general fue radical y revolucionaria; mientras que los neoclásicos como Milton Friedman, Hayek, Lucas, etc. tienen una visión micro, estática y no estructural, defienden los mercados oligopólicos y los monopolios, y su postura es conservadora y reaccionaria[5]. Pregonan también que el progreso económico solo se logra con la apertura de los mercados y con la postura de los Estados ha dejar libres a los individuos para que compitan, se promete un aumento de la productividad, y una generación de riqueza sin poner trabas al mercado.

En términos políticos, el neoliberalismo como doctrina se basa en la democracia, en el respeto a la libertad privada de los ciudadanos; tiene nula consideración en la igualdad de los aspectos sociales de los individuos, una tendencia a que el Estado no debe preocuparse por la asistencia social, la igualdad de oportunidades, además de considerar de que el acceso a los bienes y servicios sociales se logra sólo con el aumento de la riqueza.

Al ser llevada al rango de ideología estatal, la teoría económica neoclásica responde a los intereses de la clase y los países dominantes.

En la dimensión de política económica, la economía neoclásica se ha presentado como un proceso de “desnacionalización integral”  tras una desregulación estatal y una privatización económicas, en las que la intervención del Estado y la actitud a favor de la “espontaneidad del mercado” buscan favorecer la libre competencia que en la realidad no existe. Ha influido también la regulación de los salarios, las políticas de relación externa, y el predominio del capital dinero de préstamo que consiste en la apropiación hecha por el sector del capital de la masa de plusvalía global generada por el sistema[6].

El concepto de “desnacionalización integral” es introducido por John Saxe-Fernández en un gran esfuerzo de construcción conceptual, el cual “sirve para organizar y aumentar el entendimiento, sobre una vasta masa de eventos, procesos y datos que se han venido experimentando y acumulando en la relación de México con la economía mundial [...] es un concepto que ayuda a describir partes significativas de los procesos políticos inducidos por la estrategia económica, con importantes consecuencias internas y externas”[7]. La “desnacionalización integral” se caracteriza por una política de desincorporación que se traduce en procesos desnacionalizadores que tienen impactos profundos en el aparato productivo y en la sociedad mexicana como un todo; se expresa mediante el desmantelamiento de la función rectora del Estado en la economía, la amplia e intensa acción privatizadora y la apertura comercial; predomina una “extranjerización” de la toma de decisiones en materia de política económica, implicando la cesión de la soberanía, como una estrategia que gira en torno a la deuda pública y a la caída de la inversión pública destinada a apoyar proyectos y sectores estratégicos de la economía. “Cuando hablamos de ‘desnacionalización integral’, hacemos referencia precisamente al desmantelamiento histórico que sufre el sector público mexicano”[8]. La descapitalización que se da en áreas económicas estratégicas se traduce en desincorporaciones y entregas del aparato industrial al capital de las redes empresariales globales y a sus socios internos. “Ocurre la ‘desnacionalización integral’  por medio del diseño presupuestario impuesto por los acreedores, en que el Estado se aparta de sectores estratégicos del quehacer económico”[9].

La privatización como expresión de la economía neoclásica en tanto política económica tiene como antecedentes en México la añeja intervención del gobierno en la economía que viene desde la consolidación del capitalismo en los últimos años del siglo XIX; en el caso de la época histórica llamada Porfiriato se carecía de un sistema productivo autónomo y de una burguesía industrial fuerte por lo que el gobierno asume distintas actividades económicas, después de la lucha armada que derrocó al régimen de Porfirio Díaz y que institucionalizó a una nueva cúpula en el poder político fueron mayores sus funciones económicas y entonces se tuvo un recelo hacia la inversión extranjera por el apoyo que habían entregado esos países al gobierno Díaz para consolidar su dictadura. La construcción de infraestructura, la instrumentación de nuevas pautas del sistema financiero y el impulso a servicios sociales fue notable desde la década de los veinte. Con el gobierno presidido por Lázaro Cárdenas se profundiza la reforma agraria, se nacionalizan el petróleo y los ferrocarriles, se crea la Comisión Federal de Electricidad, así como bancos estatales de desarrollo. Para impulsar la industrialización del país mediante el modelo de sustitución de importaciones se hizo necesaria dicha intervención, lo cual trajo estabilidad económica, salarios e ingresos considerables y precios fijos en medio de un régimen político clientelar, corporativo y autoritario. Ya para 1970 se contaba con 272 empresas paraestatales, impulsándose la creación de empresas productoras de bienes intermedios y bienes de capital.

Es con la crisis estructural de la década de los setenta como comienza a gestarse el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, entonces la intervención gubernamental se profundiza ante la debilidad de la inversión privada, para lo cual se requirió la elevación del gasto público y el endeudamiento externo; las tasas de crecimiento se mantuvieron altas pero la inflación, la inestabilidad y los desequilibrios comerciales, monetarios y financieros no se hicieron esperar, entonces la intervención mostró sus límites ante la crisis pues no se resolvieron las contradicciones de la reproducción del capital. En estos años de crisis, las empresas paraestatales crecieron de manera anárquica tras el acaparamiento de empresas en banca rota y tras la combinación de proyectos de desarrollo industrial donde intervenía tanto el gobierno como el sector privado, todo esto bajo la creencia de que los ingresos petroleros vencerían las dificultades. En suma, es a partir del sexenio presidido por Miguel de la Madrid Hurtado en que se inicia este proceso de cambios profundos, aunque ya se tenía el intento protagonizado en el gobierno de José López Portillo, en el que se puso en práctica la política económica dictada por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional consistente en la reducción del gasto gubernamental para disminuir el endeudamiento público e impedir que los salarios suban al ritmo de los precios, al tiempo que las empresas gozaban de amplia protección.

Como ya se mencionó, la iniciativa privada y los organismos financieros internacionales presionaron fuertemente para instrumentar la privatización de las empresas, la cual se realizó en dos tramos: el primero –centrado en fusiones, quiebras y venta- se llevó acabo durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en el cual desaparecieron 743 entidades del sector público de las 1155 existentes en 1982, mientras que pocas fueron las privatizaciones durante este periodo presidencial. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se desincorporaron 191 empresas entre las que se encontraban las más grandes y las más productivas. Sin embargo, ante la corrupción que privó en este proceso y tras sus efectos negativos, las políticas privatizadoras siguieron aplicándose en la administración de Ernesto Zedillo, pues en 1995 se inició el proceso para transferir empresas de los ramos energético, comunicaciones y transportes, servicios financieros y tecnología, entre las que se pueden contar 61 plantas petroquímicas, puertos marítimos, ferrocarriles, aerolíneas y aeropuertos.

La privatización se ha visto influida por algunos factores condicionantes tales como: el ser un proceso de dimensiones mundiales; el ser un proceso forzado por la crisis estructural de la década de los setenta la cual exigía la desregulación; el inicio de un modelo de acumulación caracterizado por la orientación del sistema productivo hacia las exportaciones de manufacturas, la apertura externa, la desregulación y la redefinición y no desaparición del papel económico del gobierno para otorgársele mayor importancia al mercado; el ser un proceso inscrito en otro proceso más amplio llamado Reforma del Estado y cambio estructural de la economía[10].

 

Algunas justificaciones ideológicas que se presentan en torno al fenómeno de la privatización”, son las siguientes: *se dice que el gobierno dejó de intervenir en la economía, pero en la realidad se dio una refuncionalización, un cambio en sus actividades económicas; en muchos de los casos ahora funge como el salvador, el socializador de las pérdidas y quiebras privadas; “la privatización aparece como una necesidad del progreso económico y social y su correlato es el retiro del Estado de ciertas actividades, lo cual permite su adelgazamiento, como una meta ideológica indiscutible, pero fundada en las evidentes deficiencias de la acción del Estado como elemento definitorio de la etapa anterior del desarrollo. Esta es una visión polar que, a la luz de la práctica se ha ido relativizando en los últimos años pero que sigue siendo importante en el trasfondo liberal de la ideología hoy dominante”[11]; *se piensa que el sector privado será el satisfactor de todos las necesidades sociales sin tomar en cuenta a las víctimas producidas por el sistema y mucho menos los desequilibrios que puedan causar estas; se piensa que este proceso como práctica dominante debe tener un carácter “natural” y que debe ser aceptado por todos así sin más, por lo que no se toman en cuenta las divergencias al respecto; es un proceso llevado a acabo para contrarrestar la corrupción gubernamental y la ineficiencia de sus bienes y servicios.

Las privatizaciones se han realizado como un mecanismo económico sustentado en reformas jurídicas para contrarrestar la caída en la tasa de ganancia del capitalismo y de sus agentes operadores (las grandes empresas, los capitales bancarios y financieros, y los dueños de los medios de producción) en el contexto de la crisis global de este modo de producción. Sin embargo, las rentabilidades obtenidas en estos procesos de privatización no se asocian al aumento de la capacidad de producción, pues se ha observado que paralelamente se instrumentan operaciones de fusiones y adquisiciones para constituir monopolios a costa del derrumbamiento de otras empresas tras la compra de sus acciones y capital.

En este contexto de crisis de la economía global, los procesos de privatizaciones, fusiones y adquisiciones tienden a una mayor concentración y centralización del capital y de la riqueza en pocas manos o firmas empresariales, y al mismo tiempo se propicia el aumento en las desigualdades sociales. Con estos procesos y transacciones se ha transitado de los monopolios estatales a los monopolios privados. Las privatizaciones se dieron en el contexto de fortalecimiento, consolidación y expansión de los grupos económicos concentrados a costa del debilitamiento y estrangulamiento del Estado en tanto propietario de los medios de producción, con la intención de detener la caída en la tasa de ganancia tras la liberalización de la economía y la comercialización de bienes y servicios .

Si entendemos por privatizaciones a los procesos de transferencia de bienes y servicios fuera del aparato estatal hacia la sociedad, es decir, su traslado en cuanto a producción y distribución a manos de empresas privadas o estatales (regularmente de otros países) capitalistas, tenemos que esto ha implicado una serie de contradicciones: La primera y principal radica en el hecho de que se da una contradicción entre la misión histórica del capitalismo (aumento de la producción) y las relaciones sociales de producción que le corresponden (expropiación y empobrecimiento de la masa de productores directos); la segunda consiste en que la supuesta eficientización y discurso de la calidad que se divulgaba publicitariamente sobre las empresas privatizadas no se a dado del todo en los hechos; tercera, al desarrollar la lógica de la ganancia como empresas capitalistas tenderán a caer en los fluctuaciones y perturbaciones de los ciclos económicos anteriormente analizadas; cuarta: se presentará una dialéctica consistente en la concentración de capital (con actores que gozan de capacidad de control y decisión sobre la producción y precios, además de la apropiación de recursos tanto a nivel sectorial como global) por un lado, y por otro, en el empobrecimiento y exclusión de grandes capas de la población.

Un ejemplo de estos argumentos son las serie de privatizaciones de los servicios urbanos que se realizaron a partir de 1989 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en el contexto de la llamada Reforma Económica y la Reforma del Estado. En estos procesos de privatizaciones se transfirieron a pocas manos de capitales privados los servicios de agua y cloacas, de energía eléctrica, de gas, de teléfonos, de transportes (trenes y metro o subterráneo), el manejo de residuos sólidos; control que supone una gran capacidad de decisión sobre la gestión urbana y sobre la modificación de las estructuras sociales. Con dichas transferencias, debido a la condiciones en que se realizaron los actuales propietarios de las empresas de servicios han obtenido importantes ganancias; “las telefónicas en sus primeros tres ejercicios tuvieron una ganancia neta equivalente a 75 por ciento del precio que pagaron por la empresa pública y Aguas Argentinas, luego de una pérdida de 23 millones de dólares en el primer ejercicio (ocho meses de 1993), logró una ganancia de 25 millones en 1994, sobre la base de un capital social de 120 millones”[12], en el otro extremo de la pirámide, este proceso económico concentrador ha generado un crecimiento en la pobreza de la ciudad; “según datos oficiales, en la ciudad metropolitana de Buenos Aires existen tres millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. De ellos, unos 470 mil no logran cubrir una dieta mínima de subsistencia. En un año se incorporaron a la población que está por debajo de la línea de pobreza unas 700 mil personas. Esa población se encuentra, mayoritariamente en los municipios metropolitanos de lo que se llama el ‘segundo cordón’. Esa población con dificultades para la sobrevivencia es llevada hacia la exclusión de los servicios privatizados junto con los demás componentes mercantiles de su reproducción. Información periodística indica que ha comenzado a producirse su salida de los servicios privatizados esenciales, como el agua: se calcula que 30 por ciento de la población incorporada con la reciente expansión de la red ha dejado de pagar”[13]. Por supuesto, todas estas cifras han evolucionado a raíz de la recesión económica vivida por la Argentina en los últimos años.

En el caso de México, el fenómeno de las privatizaciones de empresas y servicios estratégicos aun en propiedad del Estado se presentará como una cuestión de seguridad nacional y social; se atentará contra el carácter público de los bienes y servicios al anteponerse el interés comercial; el interés de la sociedad no quedará salvaguardado y menos aún la satisfacción de sus necesidades. Supongamos y cuestionemos, en el caso de la producción y distribución de energía eléctrica ¿cuáles serán las implicaciones que tendría su privatización cuando en gran parte de las actividades de una ciudad es un elemento impulsor de su desenvolvimiento en la satisfacción de necesidades y en los procesos de las actividades productivas y de servicios?, además, lo que se puede presentar es que los nuevos propietarios no estén decididos a invertir en localidades con poblaciones pequeñas donde anteriormente el Estado abastecía el servicio, con lo cual se aplicarían criterios de selección y discriminación de los clientes pues se priorizarán las poblaciones con un mayor número de demandantes, o en casos extremos, se tendrán grandes territorios y poblaciones a oscuras mientras se prioriza satisfacer y librar la crisis energética que vive el Estado de California en Estados Unidos. Tan sólo piénsese que para 1995 de los 91,200,000 habitantes del país, 36,530,000 (40.1% del total) habitaban en localidades menores a los 15,000 habitantes, dentro de estos datos existían 193,268 localidades menores de mil habitantes; mientras que los 54,670,000 individuos restantes se localizaban en 481 localidades urbanas mayores a 15,000 habitantes, de estos, 23,300,000 (25.5%) habitaba en 28 metrópolis o ciudades mayores de 500,000 habitantes[14].  ¿En caso de privatizarse la industria eléctrica, resultará rentable para las corporaciones privadas invertir en esas localidades con una población menor a los 15,000 habitantes considerando que existe una mala distribución y dispersión de la población mexicana?  En suma, las implicaciones pueden ser múltiples, lo mismo en el caso de una posible privatización del servicio de agua potable, tal vez se pretenda dejar de suministrar en estas localidades puesto que la inversión para el mantenimiento de la infraestructura y la distribución del servicio es altamente costosa, además, se cuenta con el problema en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana consistente en que en los mantos acuáticos o subterráneos se ha realizado una sobrexplotaciçon incontrolada de los pozos y generado consecuencias como el hundimiento de la ciudad en 40 centímetros por año y el agrietamiento del suelo ante su desecación, es decir, ante la extracción de la humedad del suelo, además de dislocamiento de redes de servicios como drenaje. La insuficiencia de agua está relacionada con el incesante y constante crecimiento de la población, por lo que no se genera el suficiente líquido, ante ello se traslada desde otros lugares aledaños como el Sistema Cutzamala ubicado en Valle de Bravo y constituido por ojos de agua cuyo líquido es natural, además del Río Lerma; de ambas fuentes se reciben 35 metros cúbicos por segundo, lo cual representa el 30% del agua distribuida y consumida en la Ciudad de México y su zona conurbada, mientras que el 70% restante es extraído de 5,000 pozos profundos y dos manantiales de la cuenca del Valle de México cuya extensión territorial es de 9,600 kilómetros cuadrados. Con el paso del tiempo se tenderá a dejar sin abasto tal como sucede hoy día a localidades cercanas a dichas fuentes acuíferas ubicadas en el Estado de México,  y tal vez (tómese como hipótesis) se tienda a concentrar la distribución del líquido tan sólo en la megalópolis, lo cual aunado a la posible privatización del servicio significaría primeramente asegurar la satisfacción de la demanda en las poblaciones con mayor número de clientes con el objetivo de asegurar mayores ganancias, lo que representaría alejarse del “interés público” del servicio; contribuyendo también a la lógica de grandes privilegios de las llamadas “ciudades globales” que son las que verdaderamente están conectadas e interconectadas al mundo globalizado debido a su alto poder concentrador de funciones en actividades financiera, académicas, tecnológicas, comunicacionales, políticas, económicas, administrativas (centralización de decisiones y funciones burocráticas tanto estatales como en empresas privadas) y de esparcimiento.

 Lo dicho en este último párrafo corresponde a una necesidad de creación de escenarios y de conocer las tendencias seguidas por el capital privado absorbedor de lo público; por lo que lo mencionado en ese párrafo debe considerarse como hipótesis a complementarse y corroborarse empíricamente tanto con los datos citados como con los futuros acontecimientos que se desprendan del tema.

Tal parece que México después de los resultados del 2 de julio de 2000 y del ascenso al poder de un nuevo régimen caracterizado por el predominio de gerentes y empresarios por encima de los políticos (1 de diciembre del mismo año), vivirá como país, como nación y como proyecto político una fuerte y profunda reconversión en su estructura económica concentradora y centralizadora de capital; esto es, con el ascenso de una nueva cúpula gobernante encabezada por Vicente Fox y su espectáculo mediático la “cosa pública”, el “interés público”, el patrimonio nacional  quedarán subordinados a la lógica del mercado, al abaratamiento y a la entrega (hasta donde sea posible) de los bienes y servicios propiedad de la nación mexicana, y de los cuales depende la satisfacción de necesidades básicas de toda la población, así como la constitución con base en ellos de un proyecto de nación integral que no atenté contra la seguridad nacional, social e individual. Para reforzar este comentario debemos partir de la idea de que la política económica neoliberal se aplica en todo el mundo, pero al aplicarse se hace de manera distinta y en diferentes tiempos y lugares, es decir, cuando se aplica en algunos países no se aplica en otros para posteriormente dejarse de aplicar en los primeros e instrumentarse en los segundos. En el caso de México, la instrumentación de las políticas privatizadoras y desreguladoras no tocaron fondo durante los últimos tres gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (P.R.I.), pues en cierta forma su persistencia en el poder como clase política dependía de un régimen corporativo-clientelar sustentado en el Estado de Bienestar y en la posesión y control de empresas paraestatales [abastecedoras de bienes y servicios tales como teléfonos, transportes (aerolíneas, ferrocarriles, e infraestructura de los mismos), energía eléctrica, agua, petróleo, petroquímica básica, industria siderúrgica, Compañía Nacional de Subsistencias Populares o CONASUPO, fertilizantes, productoras de semillas agrícolas, banca para el desarrollo (Banrural y Nacional Financiera)], es decir, la correlación de fuerzas políticas y sociales al interior (políticos que integraban la cúpula, caciques locales, sindicatos tanto obreros como magisteriales, etc.) representaban obstáculos para que los gobiernos presididos por Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) no impulsasen al extremo dichas políticas privatizadores, además de que esas fuerzas jugaban el papel de contrapeso ante ello y demandaban los beneficios propios de un Estado de Bienestar (seguro social, educación pública, créditos para construcción de viviendas, subsidios en alimentación y transporte, etc.). Al comenzar a desmantelarse este Estado de Bienestar, el P.R.I. ya no representó una opción política viable para amplios sectores de la población, situación que fue aprovechada por la cúpula empresarial para presentar un especie de mesías mediático llamado Vicente Fox que tuviera como objetivos el capitalizar y detener ese descontento de la sociedad mexicana para alcanzar el poder político y aunarlo al poder económico para limpiar el escenario y contar con las condiciones jurídicas y políticas propicias para continuar y profundizar el desmantelamiento del patrimonio nacional y por lo tanto, la desnacionalización de México ante el predominio del capital financiero internacional y la subordinación del capital nacional ante las fuertes presiones de los principales países de la Unión Europea, el Japón y los Estados Unidos, cuyos objetivos geopolíticos y geoeconómicos es el constituir a México como un puente para la expansión y dominación de sus capitales empresariales y financieros en pugna hacia el resto de América Latina y de comunidades enteras de indígenas que aún no se encuentran insertos en la lógica omniabarcadora del mercado y del capital.  

Frente a estas tendencias, la misma sociedad tiene como tareas el definir y valorar históricamente lo que será considerado como “interés público” y será sancionado jurídicamente como tal tras las distintas correlaciones de fuerzas en los procesos políticos y sociales. En cierta forma, lo que ha sucedido en Argentina se debió a una modificación de la valoración de la sociedad con respecto a los bienes y servicios públicos pues se juzgó que no debían seguir en manos del Estado sino que era necesario encargarse a empresas capitalistas privadas para mejorar su producción y distribución; con ello se cambió el “interés general” por componentes del mercado, es decir, por el “interés privado”; además de que las privatizaciones en ese país se llevaron a cabo sin resistencias y oposición de la sociedad puesto que estas ya habían sido controladas, perseguidas, reprimidas y hasta desaparecidas durante el régimen de las dictaduras militares entre los años de las décadas de 1970 y 1980; en cierta forma, estos regímenes autoritarios instaurados en Sudamérica brindaron las condiciones necesarias tras limpiar el camino para instrumentar posteriormente desde principios de la década de los 90’s las políticas económicas neoliberales.

            Más aún, es necesario pensar, repensar y conceptualizar a la “desnacionalización integral” como un proceso en que la toma de decisiones de los procesos productivos están a cargo de los consejos de administración y los analistas simbólicos de las redes empresariales mundiales cuya empresa matriz concibe a las empresas filiales ubicadas en países periféricos como apéndices minimizadores de los costes de producción. El caso latinoamericano es ilustrativo sobre el cómo las empresas y los bancos privatizados al internacionalizarse están formando parte de las redes empresariales y del sistema bancario mundializado.