1. Presentación del problema

No cabe duda que adentrarse en el tema del desarrollo económico en México, y en general en toda América Latina, ha sido polémico, pero enriquecedor. Han predominado en ciertos momentos de la historia posturas e interpretaciones tales como aquella que contrapuso la civilización a la barbarie, entre 1750 y 1850. A ella debe nuestra cultura uno de sus textos más vigorosos, el Facundo. Civilización y Barbarie, del argentino Domingo Faustino Sarmiento, publicado en Santiago de Chile en 1845. Posteriormente, de mediados del siglo XIX hasta la década de 1950, predominó la dicotomía progreso–atraso, que tuvo en Herbert Spencer uno de sus promotores más y mejor conocidos en la América Latina del Estado liberal oligárquico.1

Para la década de 1950, el mito fundamental del imaginario colectivo se expresó en otra dicotomía, la del desarrollo-subdesarrollo, a partir de una metáfora importada al campo de las ciencias sociales desde el de las ciencias naturales. En su medio de origen, en efecto, el concepto de desarrollo expresa el proceso de formación, maduración y muerte de un organismo, en interdependencia con sus semejantes. Su apropiación por las ciencias sociales excluyó este último componente, y generalizó además una forma específica de desarrollo –la de las sociedades capitalistas maduras, que hegemonizan el moderno sistema mundial– a todas las sociedades que forman parte de ese sistema.
La idea de desarrollo, entonces referida a un conjunto de procesos sociales articulados contribuyó de manera decisiva durante la segunda mitad del siglo XX, como lo señala Celso Furtado, ocupó un lugar importante al relacionar las distintas ciencias sociales divididas por la influencia positivista.2 Los planteamientos elaborados se caracterizaron por sobrepasar las fronteras de la economía y se enfocaron también en problemáticas de orden histórico y sociológico con el fin de encontrar las posibles causas del atraso, enfatizando algunas de ellas en las consecuencias derivadas de la posición del subcontinente en el sistema internacional y en las claras desigualdades del libre comercio, argumentando entonces que dichas causas provenían de una relación entre el centro y la periferia insertada en la lógica capitalista. En otras palabras, era más bien el resultado de factores exógenos y no el producto de la propia organización interna.
El campo disciplinario de la historia económica no fue ajeno al debate, en las últimas décadas, se han intentado encontrar las raíces del atraso económico mexicano y que permanece hasta nuestros días, formulándose diversas interpretaciones. Si bien es cierto, se enfocan en su mayoría al crecimiento económico y no al desarrollo.
En el análisis de un problema de tal complejidad no puede pasarse por alto es el tema del cambio institucional ya que permite comprender lo que Douglas North destaca.3 Se refiere a las instituciones como las reglas del juego en una sociedad, es decir, son los límites impuestos por el hombre (creaciones humanas) para organizar la interacción humana y su función principal es reducir la incertidumbre proporcionando una estructura a la vida diaria ya que definen y limitan el conjunto de las elecciones de los individuos. Junto con la tecnología empleada, ellas determinan los costos de transacción y transformación y, por lo tanto, la rentabilidad y la posibilidad de emprender la actividad económica.4 Un aspecto central en el enfoque neoinstitucional es el de los costos de transacción. Estos se definen como los costos de información, los costos de los contratos y la supervisión de su cumplimiento, o sea, los costos legales y del sistema de justicia, el costo de los riesgos implícitos en las operaciones que se reducen por el desarrollo del cálculo de esos riesgos.
Los derechos de propiedad constituyen otro elemento importante, se definen como instituciones relevantes en la asignación de recursos que dispone una sociedad, algunos economistas los consideran cruciales para el intercambio, pues entre los agentes les permite llegar a acuerdos sobre cómo distribuir los diversos costos, cuidar las fallas del mercado, con la finalidad de superarlas así como las externalidades, monopolios, oligopolios, información y la economía a escala. 5
En la presente investigación se podrá observar cómo se desarrollo una combinación de reglas formales e informales en el ámbito regional, y se muestra la flexibilidad y la adaptación ante las condiciones locales que permitían hacer frente a dificultades particulares. El campo de conocimiento del que se desprende el estudio es la historia económica, pues se han construido historias con una clara prioridad por el estudio de lo regional, de los elementos particulares, y por generar vínculos entre la economía, la política, la sociedad y la cultura propia, comprendiendo que bajo un enfoque multidisciplinario pueden encontrarse otra clase de respuestas. En este sentido, lo que se pretende rescatar es el papel de las instituciones y la toma de decisiones como factores que orientan y determinan los cambios y permanencias en una sociedad.
Lo anterior se justifica por el interés de abordar el tema de las transformaciones económicas que impulsaron o frenaron el proceso de desarrollo mexicano -entendido como un proceso histórico de larga duración-, a partir de los cambios institucionales ocurridos y su relación con los actores principalmente locales (grupos políticos y elites empresariales regionales). Resulta entonces interesante comprender cómo se fueron conformando proyectos de construcción con miras a formar un Estado nacional y dentro de ese marco de reglas formales, ubicar a las elites económicas que en muchos casos se vincularon a los grupos políticos o eran parte de ellos, razón que lleva a pensar que no podrá pasarse por alto el vínculo entre los negocios, la política e incluso la corrupción, pues generaron prácticas y acuerdos informales que delinearon reglas del juego, las cuales en muchas ocasiones funcionaron para disminuir los costos de transacción y la incertidumbre generada en el naciente mercado y que los cambios institucionales formales no resolvieron.
Como hipótesis se señala que las instituciones formales y la política eran necesarias en el proceso de constitución del Estado nacional mexicano y en el desarrollo económico regional durante el período que parte con las Reformas Borbónicas y que se extiende hasta la primera mitad del siglo XIX, porque serían las encargadas de modelar y determinar el rumbo del desempeño económico al definir e implantar las reglas económicas. Por tanto, eran fundamentales para la generación de certidumbre e integración nacional. Sin embargo, ante su inexistencia o la tardanza para ser creadas y las dificultades para lograr su cumplimiento las instituciones informales regularon la vida del país de modo local y regional atendiendo a intereses particulares y éstas fueron las que definieron el rumbo de los cambios institucionales formales.
Asimismo, durante el período de estudio la experiencia regional mostrará cómo se tejieron relaciones que dieron forma a sus propias instituciones, las cuales atendían a necesidades particulares y como es sabido, el valor que cualquier ley depende de su cumplimiento, siendo así que los intentos por imponer marcos institucionales a nivel nacional fracasaban. La sociedad que entró en la vida independiente se caracterizaba por su heterogeneidad y el contraste heredado de tres siglos de vida colonial, los cuales no podían cancelarse con leyes ni disposiciones administrativas.
De lo anterior se desprende un objetivo central, que consiste en analizar la relación entre las instituciones y la transformación económica en el ámbito regional. Para ello se toman en cuenta los cambios institucionales ocurridos y su influencia en el desarrollo de la economía mexicana y la regional. Otro objetivo particular consiste en demostrar cómo el estudio de lo regional va más allá de la generalización sobre la inexistencia de una organización económica eficaz en el país y la falta de flexibilidad en la adaptación de sus estructuras institucionales para adecuarse a los cambios económicos, políticos, sociales y culturales.
En esta lógica la historia regional servirá para matizar la diversidad en México -que sin embargo no impidió la formación de un Estado nacional-, no sólo geográfica, sino incluso en la aplicación de las leyes, normas y en el conjunto de reglas que muestran cómo el cambio institucional y las bases legales no se adoptaron de manera automática ni equilibrada. Por lo tanto, se decidió estudiar un caso particular como lo representa la península de Baja California, pues se trata de un territorio alejado del centro del país, donde se tomaban las principales decisiones y desde donde se impulsaron importantes cambios institucionales. No obstante, su condición de insularidad no fue motivo suficiente para buscar la separación política del país. México entonces se convirtió no en una suma de regiones sino en una serie de historias locales interconectadas en donde cada territorio encontró salidas institucionales, políticas y económicas ante sus propias coyunturas locales.
Vale la pena retomar la explicación de Arturo Taracena sobre las regiones y la historia para justificar su utilidad en esta investigación. Argumenta que reducir la noción de región a una entidad enfocada en lo administrativo y lo geográfico, no garantiza un estudio global de las complicadas relaciones entre actores, intereses y procesos en el espacio regional ni las de ésta con realidades mayores, como el Estado. El punto de partida, desde su postura, debe ser el análisis del espacio y el tiempo desde la actividad social producida por los humanos que los habitan y hacen posibles. Tal actividad se traduce por actos identitarios y procesos económicos y políticos, pues la región en sí es una construcción social en la historia y no un determinismo de origen geográfico o administrativo. 6 Vista así, se estimula una historia regional menos encerrada en sí misma, más propensa a entender la historia nacional y a entenderse desde la historia nacional, salvando las trampas de las “totalidades”.
A lo largo de las siguientes páginas se buscará explicar lo que en una perspectiva general de la historia nacional no se toma en consideración y que, como lo muestran estudios más detallados sobre el desenvolvimiento regional durante las cuatro o cinco décadas siguientes a la independencia, fue posible la instauración de prácticas e instrumentos públicos, mediante los cuales se pudieron plantear demandas y se alcanzaron soluciones colectivas; lo que a su vez facilitó la integración política de las diversas entidades y su vinculación con el gobierno nacional. De tal manera, puede decirse que hubo un proceso de desarrollo normativo e institucional que se fue ajustando a lo largo del siglo XIX y en el cual las experiencias, tanto en el centro de los poderes como en las regiones, fueron de vital importancia.
En el ámbito regional se percibe con mayor claridad cómo se generaron dos condiciones básicas para la integración de los territorios a una dinámica nacional. Por un lado, la formación de una economía local que fue el punto de partida para poner en contacto su mercado con otras regiones y con el extranjero. La otra condición es la relativa a la constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno locales. La creación de los ayuntamientos, el nombramiento de la Diputación territorial, la elaboración de estatutos orgánicos, entre otros, fueron factores de primer orden para facilitar la dirección de los asuntos públicos.7
En este sentido, un objetivo particular de este trabajo consiste en exponer algunos de los principales rasgos que delinearon parte de una región de México, es decir, la península de Baja California, localizada en el noroeste.8 Se tendrá que reconocer desde un primer momento el grado de integración de la península durante un período que tiene como punto de partida un acontecimiento, es decir, la visita de José de Gálvez y la implementación de las llamadas reformas borbónicas que habrán de considerarse para comprender la dinámica que ya se estaba desarrollando desde el siglo XVIII y cómo se trascendió hasta alcanzar el siglo XIX, cuya primera mitad no significó en su totalidad la ruptura con las viejas estructuras coloniales, más bien se trató de una adaptación ante los nuevos cambios y las permanencias del pasado. La meta consiste en hilar una doble vertiente; la de la creación de instituciones y la del impulso económico que a su vez delinearon un desarrollo cultural específico.
Para el alcance de dicha meta se considerará en términos metodológicos a la península de Baja California como un caso de estudio independiente del resto de la región (Sinaloa y Sonora). Esto se justifica por el hecho de que las trasformaciones socioeconómicas y los cambios institucionales ocurridos experimentaron características propias que pueden explicarse principalmente por su lejanía geográfica -con el noroeste en particular y en general con el resto del país- lo cual caracterizó a la península de una cierta insularidad en la que la circulación de noticias, de información y el flujo de personas sufría de constantes retrasos.
Por lo tanto, sus habitantes se fueron envolviendo en una vida propia, en buena medida derivada de su vínculo con el mundo exterior a través del mar y con sus vecinos de la contracosta localizados en Sinaloa y Sonora. Tales hechos fueron determinantes en su estructura social y económica como también lo fue la temprana presencia de la Compañía de Jesús y la llegada de españoles a los presidios para controlar a los grupos indígenas originarios.
Un tema central será el cambio institucional ocurrido en materia de derechos de propiedad.9 Con la conquista española del territorio en el que se conformó el virreinato de la Nueva España, la corona hispana introdujo e impulsó el desarrollo de la propiedad privada de la tierra a través de la donación de mercedes y con las ventas de tierras realengas. No obstante, la realidad fue que con leyes o sin ellas, los españoles tomaron en propiedad enormes extensiones de tierras y también a los indígenas que las habitaban. Wistano Luis Orozco lo describió así en una publicación de 1975:

[…] la gran propiedad, la pingüe propiedad del país, fue toda repartida entre los hijos de la península ibérica. El gran despojo se consumó para siempre; y de allí surgieron no sólo los títulos de propiedad expedidos a favor de aventureros afortunados, sino también los títulos dados en favor de las iglesias, es decir, surgió allí la propiedad santa y sagrada, la propiedad piadosa y comunal. 10

Como punto de partida será destacado un momento relevante en la definición de los derechos de propiedad, es decir, en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se desató en las cortes europeas una fuerte corriente de oposición a los jesuitas, que culminó con su expulsión de Portugal en 1759; de Francia en 1762, y en 1767 de los dominios españoles por orden de Carlos III. A partir de entonces, la propiedad de la tierra perdió el carácter comunal que le dieron los Padres de la Compañía y los indígenas cayeron en condición de peones. Quienes aprovecharon la mala administración de las temporalidades de las misiones fueron los españoles y criollos que tomaron posesión de esas tierras y para ello pudieron contar con la mano de obra indígena como labradores, pastores, vaqueros y brazos para las minas. Es así que se presentarán los problemas y los cambios ocurridos principalmente en la definición de la propiedad, sobre todo de la tierra, y cómo éstos fueron claves determinantes para el posterior desarrollo de las diferentes actividades económicas de la región.

2. Rasgos generales del noroeste

La corona hispánica comprendió que la articulación de un vasto imperio transoceánico sólo podría lograrse con el control de las vías marítimas, por lo que tuvo que poner atención en los adelantos náuticos de la época, incluyendo la formación de una marina confiable basada en los conocimientos de las tripulaciones. Los adelantos dependieron de los avances existentes en astronomía, cálculo en las longitudes en alta mar y confección correcta de cartas marítimas. Y al parecer fueron las crónicas de viajeros las que incitaron a los hombres a adentrarse en el mar. El deseo de aventura que despertaban las narraciones de países exóticos, y el sueño de enriquecimiento, animaron a muchos a voltear su mirada a los océanos y dedicar su vida a ellos.

Así las cosas, en esa búsqueda Francisco Xavier Clavijero decía en su Historia de la Antigua o Baja California, que debido a que los californios habían permanecido por el espacio de tantos siglos encerrados en la que denominó “miserable península”, privados de toda comunicación externa y sepultados en la más espantosa barbarie, no tuvieron noticia de los otros pueblos de la tierra, ni éstos la tuvieron de aquéllos hasta el siglo XVI en que la sed del oro, que llevó a los europeos a otros países del Nuevo Mundo les impelió también a la California.11
Al igual que en la California, hubo un momento clave en la colonización del noroeste y fue el que se dio a partir de la penetración militar y religiosa que permitió la presencia española en la región. A partir de entonces se establecieron vínculos y relaciones que propiciaron estrechos contactos entre los territorios de Sinaloa, Sonora, y la península de Baja California. 12 Bajo el dominio español, se dieron diferentes cambios y acomodos administrativos que posibilitaron la conjunción de una región como resultado histórico de la interacción de elementos geográficos, económicos, institucionales, culturales, etc., y así comenzó a desarrollarse una nueva región como resultado de la historia material de las sociedades que en ella fueron habitando.
La llegada de los españoles a estas tierras desde el siglo XVI vino acompañada de un andamiaje institucional que sería el encargado de dar forma a un nuevo proyecto de formaciones sociales. El recurso de la fuerza en las primeras expediciones fue una de sus características esenciales, pues la Corona española obligó a que se instrumentaran medidas que permitieran, a corto o a largo plazo, el control e integración de los nativos al sistema de dominación español. De aquí la importancia que desempeñarían las misiones13 y la red de presidios que tenían la función de resguardar el área ocupada por los españoles y sus propiedades, así como la de contener invasiones indígenas, combatir a los insurrectos y abastecer a reales mineros, rancheros y haciendas que se iban formando.14
La sociedad del noroeste de México emergió lentamente en el siglo XVI, para continuar titubeante durante los siguientes dos siglos. Previo a 1760, el noroeste de Nueva España constituía sólo una frontera transitoria y la base de la colonización hispánica estuvo centrada como ya se mencionó, en misiones a cargo de la Compañía de Jesús y presidios; entonces las actividades mercantiles eran escasas y desempeñaban un papel secundario. Desde la época colonial, la ciudad de México, capital de la intendencia del mismo nombre, se consolidó como centro de la vida política, cultural, social y económica de Nueva España. La ciudad de México controló las conquistas que sometieron y agregaron territorios a lo largo de tres siglos de dominación colonial. Las tierras incorporadas al final quedaron muy alejadas del núcleo rector y las sociedades coloniales establecidas adquirieron distintos ritmos de afianzamiento, pero incluso desde 1750 el desplazamiento de personas y mercancías por la ruta de la costa del Pacífico se convirtió en la vía principal de la región, siendo así que la navegación a través del océano brindó la oportunidad de cubrir las necesidades que desde el interior del territorio no se lograron solventar.
En 1765, el rey Carlos III decidió enviar visitadores a la Nueva España para que le informasen de la situación real de sus dominios y de la conveniencia de establecer reformas administrativas y políticas en las colonias con base en el modelo de intendencias. Cuestiones tales como la estructura de la tenencia de la tierra y la baja productividad se convirtieron en temas centrales para el absolutismo ilustrado en la parte final del siglo XVIII. La propiedad, aún en la Europa del siglo XIX, era considerada casi exclusivamente como propiedad de tierras, de ahí que los postulados doctrinarios de los ilustrados en pro de la libertad o el derecho de propiedad tuvieran un gran efecto y trascendencia entre los filósofos, intelectuales y hombres de Estado.15 En el caso del noroeste podrá notarse la importancia y la necesidad de garantizar jurídicamente la apropiación de la tierra, sobre todo porque al convertirse la tierra en objeto de comercio fue adquirida por propietarios con plena libertad para comprarla, venderla y explotarla, dando paso al desarrollo de actividades como la minería, la agricultura y la ganadería, las cuales con la expansión obtenida permitieron que el comercio se convirtiera en un eje regional articulador fundamental.
Para formalizar la aplicación de las reformas borbónicas, el hombre elegido fue José de Gálvez,16 quien pretendió dar forma a una nueva administración económica y controlar las zonas en donde los apaches daban continua guerra, así como expandir el dominio español hacia los confines del noroeste, hasta detener la avanzada rusa. Por lo tanto, se atrajeron inmigrantes que provenían sobretodo de la península -en su mayoría eran de pequeños pueblos del norte y este de España-, dando paso a la formación de centros de población que emergieron como ciudades en las que se formó una primera generación de familias distinguidas o notables.
Por lo tanto, un momento destacado en la historia del noroeste tuvo comienzo el 21 de enero de 1768, cuando se le encomendó a Gálvez, de manera particular, la reorganización del noroeste, y tratar de contener el desastre que la expulsión de los jesuitas ocasionaba, poniendo las misiones al cuidado de los franciscanos. Fue el 23 de enero de 1768, cuando el visitador elaboró su “Plan para la erección del gobierno y comandancia general que comprenda la península de California y las provincias de Sinaloa, Sonora y Nueva Vizcaya”. En dicho plan se proponía darle a la región unidad política, independiente de la Nueva España, con autonomía económica y Casa de Moneda y con una reorganización cabal de las jurisdicciones eclesiásticas.
Pretendía crear tres intendencias, con libertad de comercio hacia la California, habilitando los puertos de ésta y de Sonora, en particular al de Guaymas al que le asignaba una concesión de feria. Un mes después, en virtud de que no le facilitaban recursos, escribió al marqués de Croix, virrey de la Nueva España, para solicitar entre otras cosas la erección de un poblado en la frontera de Sonora; reclutar voluntarios para llevarlos como colonos, publicar un bando para la libertad comercial de Sonora y California; autorizar una o dos ferias francas en Loreto y Guaymas, San Blas y Acapulco, para el embarque y registro sin derechos e impulsar la minería y fabricar la pólvora en California; también solicitó la facultad de establecer en San Blas y las tres provincias a los ministros de la Real Hacienda. 17 Gálvez no pudo lograr todos sus cometidos, pero fue un personaje relevante que impulsó cambios institucionales de gran alcance en la región.18
En ese contexto, existían pocas instituciones o bases anteriores de poder familiar a las cuales tuvieran que someterse esas nuevas familias. Con la expulsión de los jesuitas en 1767-1768 la Iglesia se debilitó y solamente existía la presencia de compañías presidiales. La llegada de los franciscanos a la península bajacaliforniana coincidió con la del visitador general José de Gálvez, quien como ya se dijo, señaló las directrices del nuevo gobierno, dispuso el reparto de tierras, reacomodó a la población indígena, expidió un reglamento de jornales, dictó providencias par a favorecer las industrias y el comercio, arregló lo relativo a la hacienda pública y se marchó creyendo que dejaba asegurada la felicidad de los californios. No obstante, pronto el desarrollo de los hechos demostró la inoperancia de las disposiciones del visitador. 19
En la periferia del noroeste no existían los puestos políticos establecidos, la jerarquía clerical ni los latifundios en los que pudiera invertirse el capital que portaban. Al haber tan pocas familias prominentes, los casamientos exógamos tuvieron una importancia central para su formación y para la consolidación de redes como en Sonora a finales del siglo XVIII con la unión de dos familias influyentes, la de los hermanos José y Antonio Almada y los Elías González de Zayas, originarios de Álamos.20 En realidad pocas familias podían reclamar prominencia y habían llegado a ella por sus servicios en los presidios como fue el caso de los Elías González que representaron la orientación patrimonial esencial del noroeste hasta el siglo XIX.
La expulsión de los jesuitas provocó la desarticulación del sistema de misiones, proceso que culminó en 1842, cuando los últimos franciscanos que había en la Pimería Alta abandonaron las misiones que tenían encomendadas. El vacío de autoridad se intentó resolver con los ayuntamientos; los indígenas que aceptaran las nuevas autoridades civiles se constituían de inmediato como ciudadanos y tenían derecho a una porción de tierra. Muchos indígenas tuvieron que acogerse a la legislación que los convertía en ciudadanos, pues los indígenas ciudadanos y los dueños de los ranchos y haciendas solicitaban tierras en esos pueblos o las llamadas demasías, con lo que poco a poco iban rompiendo el control del territorio que tenían las autoridades indígenas; por lo que muchos prefirieron que se deslindara una parcela antes de perderlo todo.
Así las cosas, al transcurrir los años, la llegada de 1810 resultó ser una fecha significativa ya que el control económico que había ejercido la capital novohispana se rompió a causa de las continuas batallas y por el bandolerismo que empezó a proliferar en el centro de Nueva España. 21 Las rutas comerciales y de comunicación con las provincias más lejanas se hicieron intransitables. Las remesas para ayudar a las provincias no tuvieron la continuidad deseada a causa de la crisis hacendaria del gobierno virreinal por los constantes envíos de dinero que la metrópoli exigía y por los gastos que se realizaban para hacer frente a la insurgencia. Esto puede explicar el por qué en ese tiempo se decretó la libertad de buceo de perla y de la pesca de ballenas, nutria y lobo marino en todos los dominios de Indias con el fin de promover la navegación y el comercio nacional. En el decreto se estableció como absolutamente libre para los súbditos de la monarquía en ambas Californias. Asimismo, se declaró libre de derechos toda especie de alimentos, perlas, pieles de nutrias, esperma de ballenas de las costas de ambas Californias y quedarían exentos de impuestos los artículos alimenticios introducidos y extraídos del puerto de San Blas. 22
En relación a esto, los primeros antecedentes de la inversión extranjera, si se le puede considerar como tal, se encuentran al final de la Colonia en el comercio ultramarino. Éste fue incentivado por la lucha de independencia y por el sitio y la toma del puerto de Acapulco en 1812 por las fuerzas insurgentes. Ello dio lugar para que el comercio del Pacífico se efectuara a través del puerto de San Blas, en donde los panameños distribuían los productos ingleses a través de un circuito conformado Jamaica, Panamá, Guayaquil, Lima, Valparaíso, San Blas y otros puertos del Pacífico ubicados en el septentrión, entre los que se encontraba Guaymas.23
Entre las principales transformaciones ocurridas desde los primeros años independientes se ubica la reorganización de la actividad comercial para poner fin a las instituciones mercantiles coloniales. El primer paso consistió en acabar con los consulados de comercio, para luego definir las atribuciones comerciales de los gobiernos federal y estatales. Por un decreto del 16 de octubre de 1824 se suprimieron los consulados;24 en adelante, el papel que se asignó a la federación fue claro: sería la única responsable de la regulación del comercio y de la fijación de impuestos a los productos de importación y exportación. Los estados y ayuntamientos se encargarían de fijar los tributos al comercio interior, pero en muchas ocasiones ambas medidas complicaron y entorpecieron el desarrollo comercial. 25
Asimismo, otro de los cambios tiene que ver con los colonos españoles, quienes se convirtieron a comienzos del siglo XIX, en los principales productores agrícolas y ganaderos, desplazando con ello a los pueblos indígenas. Se produjo el ascenso de las elites regionales y provinciales que ya se venían consolidando desde finales de la colonia. Los caudales obtenidos en la actividad productiva financiaron otras empresas en esta esfera y la comercial. Los capitales estaban invertidos en diversas ramas económicas y tenían un mutuo enlace. Es así que el control del dinero, la escasa circulación de este medio de intercambio mercantil y los largos ciclos de circulación del capital para el logro de los frutos de sus inversiones, convirtieron a los poseedores de pesos y plata en actores económicos primordiales, gracias a su capacidad para otorgar crédito, recurso básico de la economía e instrumento de dominio regional.26
Finalmente, uno de los impulsos que favoreció el rompimiento de la estructura mercantil tradicional del noroeste en las dos primeras décadas del siglo XIX fue el contacto mercantil directo que logró establecerse con comerciantes extranjeros y de otras regiones novohispanas. Bajo esta nueva dinámica los puertos de Mazatlán y Guaymas se convirtieron en las puertas que comunicaron a sus provincias con el mundo exterior.
Pero además del aspecto económico debe resaltarse también el institucional, principalmente en lo que se refiere a los cambios ocurridos en materia de derechos de propiedad, pues si bien es importante explicar cómo se consolidaron las diferentes elites regionales, para ello resulta necesario analizar las modificaciones institucionales en la definición de la propiedad de la tierra, en los contratos para explotar los recursos y las dificultades en su aplicación. En este sentido, se trató de un proceso de largo plazo que comenzó de manera formal a partir de la implementación de las reformas borbónicas y que va a consolidarse a mediados del siglo XIX, aunque en cada caso con sus propias particularidades.
Con relación a lo anterior, dos acontecimientos que modificaron las estructuras de las sociedades establecidas en la época novohispana y que dan comienzo a una nueva estructura socioeconómica en el siglo XIX fueron en primer lugar, la expulsión de los jesuitas en 1767, y en segundo lugar, como consecuencia de esto, la aceleración el proceso de apropiación de la tierra, 27 sobre todo por parte de españoles establecidos en las provincias.
La salida de la Compañía de Jesús fue tal vez uno de los sucesos más trascendentes en el desarrollo posterior en el noroeste y que resultó muy significativo para las comunidades indígenas ya que sufrieron cambios tanto en la propiedad de la tierra como en su condición de fuerza de trabajo. La expulsión de los jesuitas les dio a los colonos la oportunidad de acelerar el proceso de privatización y acaparamiento de las tierras productivas y la libre utilización de la fuerza de trabajo indígena, sin la presencia de los misioneros que anteriormente obstaculizaban esta tarea y todo bajo esquemas formales o legales. De esta manera, como reacción a lo que había sido, en manos de los jesuitas, un régimen misional exclusivista, el de los franciscanos se vio desde un principio sometido a una serie de restricciones impuestas bajo la idea de no permitir que el grupo misionero tuviera otro poder que el derivado estrictamente de sus funciones religiosas.
Los jesuitas no habían en modo alguno favorecido la inmigración de colonos, por considerar que así, al mantener en aislamiento a la comunidad misional, la cubrían de los excesos a que propendían el español y el mestizo. Aun después de que Galvéz procuró instrumentar una política de puertas abiertas, con dotaciones de tierras y solares para los pobladores, no llegó a incrementarse el número de colonos que, antes bien, disminuyó con los enganches que se hicieron para las expediciones de la Nueva California. De origen español habría, por aquellos años, acaso un medio millar de individuos.28
Asimismo, en comparación con el centro del país, en el noroeste las nuevas ideas y los decretos o leyes llegaban en muchas ocasiones con retraso. Las enormes distancias, las complicadas comunicaciones; la despoblación de las provincias significaban una barrera para la difusión de tales ideas. En general se hablaba de serias deficiencias en educación, administración pública, organización política, y una queja recurrente de los contemporáneos sobre la insuficiencia en el manejo de las estadísticas. 29 A pesar de esto, existía un interés claro en el apartado territorio del noroeste, sobre todo ante las amenazas expansionistas de los Estados Unidos, que entonces experimentaban un proceso de crecimiento tanto extensivo como intensivo.30 Por tal motivo, se fue desarrollando un marco institucional orientado hacia la colonización con la idea de frenar al país vecino.31
Después de la Independencia el gobierno federal decidió fomentar la ocupación de las regiones escasamente pobladas, por colonos mexicanos y extranjeros, con preferencia por los inmigrantes europeos, porque se esperaba que con ellos se elevaría el nivel cultural de los indígenas y se establecerían nuevas industrias. A fin de hacer más atractiva la colonización, el gobierno prometió a los interesados, entre otras cosas, la entrega gratuita de terrenos baldíos.
La idea de la colonización se mantuvo presente en la región, desde el proyecto colonial se resaltaba la necesidad de reformar el sistema de colonización y de propiciar la privatización de la tenencia de la tierra; por ejemplo, en 1722 los mineros del real de San Juan Bautista en Sonora ya lo planteaban con el fin de terminar con la propiedad comunal y con los pueblos de indios. Asimismo, la rebelión de los yaquis en 1740 despertó nuevamente la incertidumbre sobre si se había logrado conquistar plenamente la región y si era necesario hacer reformas al sistema establecido, sumado a esto, la presencia de los no indígenas aumentaba y exigían espacios propios.32
Por lo tanto, con la llegada de José de Gálvez, lo que apenas era una tendencia se acentuó en la región y se inició la transformación del modelo de colonización; se inauguró formalmente el proceso de destrucción de las comunidades indígenas y la implantación de uno nuevo sustentado en la propiedad privada. Bajo este nuevo ordenamiento, se consideró de vital importancia otorgar tierras en propiedad privada, con lo que se pretendía arraigar al colono y promover el desarrollo de la región; incorporar a los indígenas como propietarios y sujetos de obligaciones, entre ellas la de pagar tributos, en síntesis, incorporarlos al mercado, en calidad de individuos. Para lograrlo, se dictaron las medidas para secularizar las misiones del sur de la provincia, la formación del padrón de tributarios y el reparto de tierras en propiedad con lo que la Corona asumió directamente la responsabilidad de transformar el tipo de tenencia de la tierra.
De tal modo que la colonización del norte de México cobró relevancia en los tiempos de Iturbide cuando el gobierno mexicano puso la mirada en Europa. En el año de 1822, José Mariano Michelena, ministro plenipotenciario en Londres, recibió la instrucción de atraer artesanos calificados en la industria textil y papelera, marineros expertos para que se dedicaran a la pesca de ballena en el Océano Pacífico y agricultores irlandeses a quienes el gobierno mexicano les daría tierras. 33 Con el fin de frenar las aspiraciones expansionistas de los norteamericanos y para evitar que por la fuerza los del norte se apropiaran del territorio mexicano más cercano a ellos, se recomendaba atraerlos mediante leyes que reglamentaran su presencia; ese fue el objetivo de un primer decreto sobre Colonización del 18 de agosto de 1824.34 En él se recomendó la inmigración de extranjeros católicos que vinieran a México junto con sus familias a ejercer actividades que fueran útiles y debido a que la mayor parte de la población se concentraba en el altiplano, los proyectos de colonización estuvieron diseñados para poblar la vasta zona del norte y los litorales de ambos lados.
El mayor énfasis se puso en las Californias y la promoción de su colonización. En 1825, pero particularmente a partir de 1827, los californianos insistieron mucho en la creación de la compañía Asiático-Mexicana para fomentar el desarrollo mercantil regional, el cual se establecería en Monterrey, capital de la Alta California. Los ofrecimientos hechos a los colonos extranjeros tanto por el gobierno general como por el estatal fueron atractivos, pues las autoridades compartían la idea de que la colonización dependía del desarrollo del país y había quienes como José María Luis Mora creían en la necesidad de la colonización para fusionar al indio a la cultura occidental y para “blanquear” la población.35
En 1830 se elaboró otra Ley de Colonización, que no pudo entrar en vigor. El 27 de noviembre de 1846 se expidió el decreto que creaba la Dirección de Colonización e Industria, en sustitución de la Junta de Industria que había fundado Lucas Alamán. Sin embargo, este nuevo organismo tampoco pudo obtener resultados favorables porque no se emitió una ley al respecto, debido a la controversia que se había desatado en torno a la tolerancia religiosa. El 4 de diciembre siguiente se dio a conocer el reglamento al que debería sujetarse dicha Dirección. En él se especificaba que este organismo levantaría planos de los terrenos que pudieran ser colonizados, los cuales serían vendidos en subasta pública cuando menos a 4 reales el acre, a excepción de los de Baja California, donde tendrían un precio de 2 reales. Se consideraban como terrenos baldíos pertenecientes a la Federación los que no estuvieran en propiedad de particulares, sociedades o corporaciones. Un objetivo del documento era dejar clara la situación de los colonos extranjeros, el reglamento especificó que no deberían proceder del país cuyo territorio fuera limítrofe con los terrenos que fueran a adquirir, ni de nación con la que México estuviera en guerra; los que no estuvieran en esta situación, recibirían franquicias y exenciones conforme a los decretos del 25 de octubre de 1842 y el 5 de noviembre de 1846.36 Finalmente, en los años cincuenta surgieron otros proyectos, uno de Santa Anna en 1854 y otro de Comonfort en 1856, pero tampoco lograron sus objetivos. Fue necesario esperar hasta 1863 para que se volviera a emitir una ley a favor de la colonización.
La intención de considerar los intentos de colonización impuestos por los diferentes gobiernos del nuevo Estado mexicano tiene que ver con el hecho de que la promoción de la colonización implicó el uso de los recursos naturales y el servirse de ellos, de todo lo que ofrecía el paisaje, hasta agotar o exterminar diversas especies de plantas y animales, conceder el usufructo del patrimonio regional a extranjeros negándoselo a los habitantes locales, dictar leyes y reglamentos inadecuados a las condiciones naturales y socioeconómicas de la región. Lo interesante será ver cómo se gestó una colonización de facto, es decir, organizada por la economía y los mercados locales-regionales más que por las propias decisiones políticas llevadas a la práctica mediante leyes y decretos.37
En suma, un balance rápido sobre la primera mitad del siglo XIX muestra cómo la guerra de Independencia coincidió con el establecimiento del sistema comercial del Pacífico en Estados Unidos y Europa, y el impacto sobre el noroeste fue significativo; apareció el contacto con el extranjero. Comenzó con una autorización para comerciar con los países neutrales durante la guerra y se expandió con la apertura de embarcaderos para el comercio internacional y costero después de la Independencia. Los comerciantes extranjeros que llegaron por vía marítima, con una visión mundial del comercio, competían entre sí por imponer sus propios proyectos mercantiles y asignaron un papel económico determinado a cada región, así como también establecieron agentes en sus puertos para que controlaran el comercio exterior e influyeran sobre la economía interna.38
A Sinaloa y Sonora se les asignó la función de exportar metales preciosos; la Alta California proveía pieles finas y productos pecuarios, pero el principal papel asignado a esta subregión fue el de servir de base para el dominio de la navegación transpacífica. La importancia de Baja California en los proyectos de los comerciantes extranjeros durante la primera mitad del siglo XIX fue su participación en una red de intercambio comercial interregional con el macizo continental (Sonora y Sinaloa). Sin embargo, esta es sólo una parte de la actividad comercial peninsular; el trato directo con extranjeros tendió a darse de manera ilegal, principalmente en la zona de Los Cabos, ya que sus costas eran puntos de arribo de las grandes embarcaciones mercantiles y de los buques balleneros para conseguir agua, leña y víveres. Asimismo, el desarrollo del comercio de cabotaje en la segunda y tercera década del siglo estuvo ligado al contrabando, pues era común que los comerciantes internaran en territorio peninsular mercancía extranjera sin haberla nacionalizado en otro puerto del país, y por lo tanto, sin que hubieran pagado los derechos correspondientes por importación. 39
En términos generales, se puede decir que las circunstancias históricas que afectaron al noroeste en el período 1821-1854 influyeron en la escisión del sector social dominante en facciones antagónicas. Se aceleró el contacto del noroeste con el mercado internacional que entonces era ya inevitable. Al término del período el noroeste había sufrido grandes transformaciones, la más patente era la pérdida de Alta California y Arizona. De la explotación colonial española había pasado a la influencia de los grandes sistemas económicos mundiales del momento y las comunidades indígenas avanzaron en su mayoría hacia su completa desintegración.
Respecto a la apertura del comercio internacional, será importante considerar que la unidad geográfica y económica de Sinaloa-Sonora-Baja California fue reiteradamente observada y expresada por los misioneros sonorenses y californianos. En general, esta unidad geopolítica tuvo la atención de todos aquellos interesados en el noroeste mexicano, menos de los funcionarios secundarios – a veces, también el virrey- de la corona española, para quienes el impulso colonizador había dejado de ser empresa del imperio para convertirse en empresa mercantil en que cada peso debía redituar centavos en el corto plazo. Los propios filibusteros entendieron esta unidad. Walker y Raousset-Boulbon, al invadir simultáneamente Baja California y Sonora, así lo entendieron a mediados del siglo XIX.40
Una de las consecuencias positivas del mal estado de las carreteras del occidente de México que dificultaban y hacían tardado y costoso el traslado de mercancías fue el florecimiento del comercio de cabotaje y de la actividad comercial costera entre los puertos de Mazatlán, Guaymas y también San Blas, aunque la mayoría de las embarcaciones eran de Sinaloa. Otro factor que influyó en la formación de los puertos sucedió en 1849 con el descubrimiento del oro en California que permitió la fundación del puerto de San Francisco en California, pues las economías del occidente se ligaron con Estados Unidos. La zona que participó más activamente fue San Blas- Tepic, y le seguían Mazatlán, Guaymas, Acapulco, Manzanillo y La Paz. 41 Entre las primeras empresas que realizaban viajes en la costa del Pacífico se encontraba la Pacific Mail Steamship Company y la Nicaragua Line, cuyos barcos hacían escala en Mazatlán y Acapulco. Mazatlán por su parte, se convirtió en una escala para las embarcaciones de la ruta San Francisco a Panamá. Pero, además de los factores externos que contribuyeron al desarrollo del puerto estuvieron presentes los regionales y locales, por ejemplo el auge minero sinaloense en el sur, principalmente en San Ignacio, Concordia, Copalá y el Rosario.42

3. Una historia de insularidad en el noroeste: la península de Baja California43

La heterogeneidad de las características biogeográficas de la península de Baja California ha determinado las diferencias regionales en cuanto a las posibilidades para explotar el medio y asegurar la sobrevivencia de la población autóctona. Dada la fragilidad de los ecosistemas peninsulares, únicamente una estricta organización espacial pudo permitir a los californios hacer frente al desafío de la subsistencia.44
Los antiguos pobladores fueron grupos dedicados a la recolección, la caza o la pesca, por lo que su economía se basaba en obtener lo que les dotara la naturaleza y debido a que no conocían la agricultura no tuvieron una idea de la propiedad de la tierra – tal como se concibe en la actualidad-. Para ellos, la única forma de propiedad individual conocida fue la de los instrumentos de trabajo, que generalmente fueron fabricados con madera, fibras, vegetales o piedra.
La pesca de ostras perleras fue la causa de los primeros contactos entre la cultura indígena y la europea en la península de Baja California. A través de los medios habituales del trueque y del trabajo forzado, los españoles supieron aprovechar la capacidad de los californios para bucear. Tras varios fracasos al intentar colonizar la península, la Corona española decidió intervenir para estimar las posibilidades de una colonización efectiva y permanente. Se hicieron las averiguaciones y como resultado se resolvió apoyar la fundación de misiones para evangelizar a los indígenas y poblados civiles con fondos de la Real Hacienda; crearon el Fondo Piadoso de las Californias, mediante el cual obtenían financiamiento para iniciar las misiones y continuar apoyándolas.
En 1567 se dio la licencia a la Compañía de Jesús para la conquista de esta región con dos condiciones: que se realizara en nombre del rey de España y que no significara un gasto a la Real Hacienda. El padre Juan María de Salvatierra logró fundar en 1697 la primera misión en suelo californiano y fue la de Nuestra Señora de Loreto Conchó la base de los siguientes establecimientos misionales. 45 Para poder realizar su labor con los indígenas, los religiosos se relacionaron con los soldados e insistieron en la necesidad de que se les apoyara con fuertes militares o presidios. 46
La cultura bajacaliforniana que sucedió a la de los pobladores autóctonos -libres o sujetos al régimen misional- fue la desarrollada por los rancheros, cuyo origen está relacionado con la colonización jesuita. Primero bajo forma de soldados, luego dedicados al mantenimiento de centros agropecuarios allegados a las misiones, y finalmente inmigrados por diversas razones; muy lenta y limitadamente fue desarrollándose un contingente de población civil cuya subsistencia reposaba en la economía ranchera. 47 Los soldados del presidio de Loreto fueron los primeros en descubrir vetas de minas de plata en San Antonio y en solicitar tierras, luego de su retiro del servicio militar.
Aunque la fundación de ranchos ocurrió en la mayoría de los casos después de la expulsión jesuítica en 1768, algunos ex-soldados cobraron cierta independencia respecto a la voluntad de los misioneros, ya que la única forma de propiedad era la misional, o aquella autorizada por el padre rector. Fue el caso de Manuel de Ocio, personaje reconocido en la historiografía regional como el fundador del establecimiento secular en la península en la primera mitad del siglo XVIII.48
En el siglo XVIII, con la visita de José de Gálvez se realizaron reformas institucionales rápidas; se nombró un gobernador civil y militar para la California y se le dio a los soldados una función más activa, se enviaron a los franciscanos del Colegio de San Fernando de México para que continuaran con la obra jesuita; se ocuparon formalmente del territorio de la Baja o Antigua California y se organizó el avance hacia el norte hasta llegar al puerto de San Diego y se le dotó a Galvéz de las facultades necesarias para otorgar concesiones de tierras y promover el asentamiento de particulares.49 Entre sus primeras acciones en la península declaró que todas las tierras, así como los mares e islas, fueran declarados propiedad de la Corona por su Instrucción del 12 de agosto de 1768; de tal manera, todo terreno no ocupado por las misiones o por los naturales de California pertenecía al Rey y fue declarado desocupado. Con esta medida quedaron anulados todos los títulos de propiedad que habían sido acordados antes, y la tierra fue distribuida bajo criterios que pretendían evitar la concentración de riqueza y lo mismo ocurrió con las cabezas de ganado existentes. Dicha Instrucción, por mucho tiempo fue la norma que se observó para expedir títulos de propiedad a particulares, pues todavía hasta 1830 se le siguió invocando para ese fin.50
Al comienzo del siglo XIX, en 1804 fueron separadas las dos Californias en Alta y Baja, y a cada una se le concedió un gobierno propio. Por otra parte, con la guerra de Independencia se interrumpió el transporte de abastos a las Californias. Una grave sequía afectó seriamente la economía y para este momento ya se habían establecido algunas generaciones de pobladores y conforme fueron decayendo las misiones la población intensificó sus actividades agropecuarias al fundar ranchos particulares de tipo ganadero, pero iban dirigidos al consumo familiar. En el México independiente, en la Constitución de 1824 se consideró a la Península como parte del Territorio de las Californias regido por un gobernador. A los primeros propietarios que se fueron formando se añadirían varios individuos más, interesados en la minería y en el comercio marítimo que llegaron en las primeras décadas del siglo XIX. Es hasta la tercera y cuarta décadas del siglo cuando los mismos colonos presionaron para que se efectuara el reparto de las tierras misionales. Fue así que durante la primera mitad del siglo XIX, en el extremo sur de Baja California la población y sus nuevas formas de asentamiento – pueblos y rancherías- aumentaron como resultado de la disolución misional y el desarrollo de actividades productivas llevadas a cabo por particulares, aunque si bien es cierto, se trató de un proceso que se vio dificultado por las condiciones geográficas, sobre todo por la escasez de agua para el consumo y la agricultura.
El avance de pueblos y rancherías sucedió sobre todo durante los años de la guerra de independencia, principalmente porque el abasto a la península quedó prácticamente suspendido y la subsistencia dependió de los bienes que en ella se producían. A partir de entonces y durante la primera mitad del siglo XIX, la ganadería demostró tener más perspectivas de desarrollo y en ese contexto la posesión de sitios de ganado mayor empezó a dar a la tierra un valor económico y político que previamente no había existido en el extremo sur de Baja California la población y sus nuevas formas de asentamiento – pueblos y rancherías- fueron en aumento como resultado de la disolución misional y el desarrollo de actividades productivas llevadas a cabo por particulares. En el período de auge de la actividad ganadera, a partir de 1830, buena parte de los productos: las reses en pie, el cuero y el cebo formaron la producción excedentaria que permitió a la economía ranchera pasar del autoconsumo a su incorporación en el mercado regional, no sólo peninsular sino también noroccidental.
Por otra parte, la lejanía de la región con respecto al altiplano central generaba costos relacionados con el acceso a la información. Uno de los problemas a los que se enfrentaron los habitantes era la tardanza en la llegada de las noticias y cambios institucionales ordenados por los nuevos gobiernos mexicanos. Un ejemplo es la Ley de Colonización que se expidió el 18 de agosto de 1824 que incluía el proceso de secularización de las misiones de las Californias,51 y su reglamento básico de implementación que fue decretado el 21 de noviembre de 1828, -con éste se decía quedaban sentadas las bases jurídicas para otorgar en propiedad privada, gratuitamente terrenos nacionales-. No obstante, en las Californias se tuvo conocimiento de él hasta febrero de 1830. 52 El problema fue que mientras no se contaba con el reglamento la titulación de terrenos estuvo sujeta a la tradición, a las normas de la época colonial y a las circunstancias locales. 53
La importancia de la Ley consistió en ese momento en que se puso fin a la incertidumbre que existía en Baja California sobre la tenencia de la tierra ya que ésta quedó dividida en propiedad privada con el fin de promover la colonización civil, en propiedad misional, la cual estaba en proceso de decadencia, y en la posesión transitoria en grupo para los indígenas quienes avanzaban fatalmente hacia la extinción. Aunque se suscitó una polémica para decidir qué se haría con los terrenos ocupados por las misiones después de su secularización y entre 1825 y 1851 se expidieron cinco decretos sobre secularización. 54 Lo interesante es que apenas habían tomado conocimiento oficial los habitantes de la península de la Ley y de su reglamento cuando el nuevo jefe político, el coronel Mariano Monterde, informaba las instrucciones del supremo gobierno el decreto del 17 de agosto de 1833 sobre la Ley de Secularización de las misiones, 55 y con ello se declaraba concluida la labor de las misiones comprendidas entre San Juan del Cabo y San Borja; además de que en adelante se podrían ocupar sus tierras por otras personas procurando mantener ciertas porciones para los indígenas cristianizados. Justificaba esta medida, la decadencia de los establecimientos por ausencia de misioneros que velasen en su conservación y adelantos, y la falta de neófitos56 en número suficiente para formar comunidades.
Aunado a esto, la reglamentación en la tenencia de la tierra hasta mediados del siglo XIX retardó el desarrollo de actividades como la agricultura, debido a un fenómeno común de desconocimiento de los títulos de propiedad de las autoridades subsecuentes. La inseguridad en las posesiones fue constante desde la época colonial y hasta ya bien entrado el siglo XIX. Si además a esto se le añade que en el período comprendido entre 1847 y 1857 se generaron momentos de incertidumbre sobre la validez de los títulos de propiedad. En primera instancia, durante dos años (1846-1848), la península estuvo ocupada por los norteamericanos. El 2 de febrero de 1848, en Tacubaya se celebró el Tratado Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la lucha y quedaron definidos los nuevos límites entre ambos países, comenzando en el Golfo de México hasta llegar al punto donde se juntan los ríos Gila y Colorado.57 Al término de la guerra y en virtud del Tratado, la Alta California pasó a formar parte de dicho país. Fue en 1849 cuando fue dividida la Baja California en dos partidos: Norte y Sur.58
El 25 de abril de 1850 se expidió la Ley Orgánica con la que la Diputación Territorial quedó facultada para declarar colonizables las tierras pertenecientes a los padres misioneros y en virtud de esas facultades, el 12 de enero de 1851 se declararon colonizables las tierras de las extintas misiones, reservando sólo en cada una de ellas un lote de media hectárea para huerta de los padres que las administraran. Se declararon también colonizables los terrenos sin título legal y para adquirir un sitio el interesado debía tener cuando menos cincuenta cabezas de ganado. Declaró nulos los títulos que fueron expedidos en 1841, pero reconoció a sus poseedores el derecho de preferencia, dentro de determinado plazo, para adquisición del nuevo título a que quedaban obligados para conservar la propiedad y además la Diputación dictó algunas disposiciones para aseguramiento de la propiedad urbana, por haberse extraviado los archivos durante la invasión norteamericana muchas de las constancias que la garantizaban. 59
Otro acontecimiento que impactó de manera directa los derechos de propiedad ocurrió el 10 de marzo de 1857, cuando el gobierno de Ignacio Comonfort decretó la nulidad de la venta de islas y terrenos baldíos de la Baja-California que hubiesen hecho hasta entonces y desde 1821, mientras no obtuvieran la ratificación del Supremo Gobierno, a cuyo efecto, se autorizó a los agentes de Fomento para recoger los títulos. El decreto establecía lo siguiente:
Artículo 1°. Las ventas ó enajenaciones de las islas ó terrenos baldíos de la Baja California que se hubieren hecho desde el año de 1821 hasta el presente, por los jefes políticos, gobernadores, y cualquiera otra autoridad civil ó militar del territorio ó departamento de ambas Californias, son nulas y de ningun valor miéntras no obtengan la ratificacion del supremo gobierno.

Dicha ratificación se podía obtener según el artículo cuarto en el que se decía que:
El jefe político del Territorio de la Baja California, poniéndose de acuerdo con el agente del Ministerio de Fomento, remitirá dentro de tres meses, contados desde la fecha de la presente ley, una noticia circunstanciada de todas las enajenaciones de islas y terrenos baldíos que se hubieren hecho por las autoridades del mismo Territorio desde el año de 1821 hasta el presente.

Finalmente, se establecía una sanción por el incumplimiento:

Artículo 5°. Las islas y terrenos baldíos enajenados por dichas autoridades, cuyos títulos no se presenten á la revision del expresado ministerio dentro de seis meses, contados desde el dia en que se publique esta ley en la capital de la Baja California, volverán por solo ese hecho al dominio nacional. 60
Las razones que motivaron a tal decreto son explicadas en la Memoria de la Secretaría de Fomento en 1857, por el ministro del ramo, Manuel Siliceo. En ella se dice que multitud de terrenos baldíos fueron enajenados por autoridades subalternas que no tenían facultades para ello, se expidieron además títulos de forma ilegal y algunos poseedores los vendieron o rentaron a extranjeros residentes en la Alta California. Se dice que la codicia por esos terrenos se incrementó con la noticia de la construcción del ferrocarril interoceánico que pasaría por la frontera de Baja California, cruzando por la cabeza del golfo; que esa fue precisamente la causa de la invasión de William Walker. 61
Asimismo, debido a que en esa época la población se asentaba sobre todo en la punta de la península -de la bahía de la Paz hacia abajo- concentrando un 60% de la población total, y otro 20% para sumar 80% estaba en el resto de la mitad del sur. Consecuentemente, los terrenos titulados se concentraban en la misma proporción. Es por esto que el decreto introdujo la incertidumbre en la ganadería y la agricultura que se practicaban en el sur.
Conforme a las Leyes de Colonización, la revalidación de los títulos de las enajenaciones de los terrenos baldíos, se debía hacer mediante la indemnización de $300 pesos por cada sitio de ganado mayor que como unidad de medida se decía que equivalía a 1,747 hectáreas, 62 y en caso de no cumplirse, se volvían terrenos de dominio nacional. Sin embargo, esa suma era elevada, ya que el propio gobierno había regularizado terrenos de mayor calidad que los de Baja California, en Sonora, Chihuahua y Coahuila, a precios que variaban entre 50, 30 y hasta 7 pesos por sitio de tierra. 63
Adrián Valadés64 relata que, como consecuencia del decreto del 10 de marzo, se inició un éxodo de familias peninsulares al extranjero, después de que habían vendido sus intereses, temerosas de verse despojadas de los terrenos que poseían en colonización, por carecer de los medios necesarios para cubrir la cantidad asignada a la revalidación de los títulos respectivos. Debido a esto, el jefe político, Manuel Amao, dirigió una proclama a todos los habitantes, fechada el 13 de marzo de 1858, recomendando a los propietarios que esperaran hasta saber el resultado de las gestiones que hiciera en México ante el Supremo Gobierno la comisión que habían nombrado con tal objeto.65
Urbano Lassépas, fue nombrado el 28 de junio de 1856 agente del Ministerio de Fomento de Baja California. Una vez que la función que él desempeñaba se pasó al jefe político de ese territorio, los poseedores de terrenos afectados por el decreto en cuestión lo nombraron apoderado, para que defendiera sus derechos ante el gobierno. Sostuvo que la propiedad de la tierra es un derecho natural que tienen los habitantes de un país y que por lo tanto, el gobierno es únicamente administrador del territorio, sometido a reglas convenidas por los ciudadanos. Asimismo, señalaba que desde los años veinte y hasta marzo de 1857, se promulgaron diversas leyes y decretos, contradictorios e inestables sobre colonización, emanados del sistema federal o de la dictadura, y resintiéndose, en consecuencia, de la fuente de que procedían, favoreciendo o entorpeciendo la marcha y forma de la colonización, declarando que los terrenos públicos, como propiedad exclusiva de la nación, jamás habían podido enajenarse por las autoridades de los estados, o bien que los títulos expedidos por las de los departamentos, sin el previo consentimiento del poder central, eran nulos, estaban sujetos a revisión y debían ratificarse mediante una indemnización pecuniaria al tesoro público, indemnización que se dejaba a la disposición y posibilidad de los poseedores. También criticó la relación directa, inmediata del supremo gobierno con la jefatura, y de ésta con la península, y remarcaba lo siguiente:

Vemos en primer lugar, a la Dirección de Colonización e Industria, esperando sobre la propiedad en California, informes precisos, que jamás se le remitirán, aconsejar al gobierno. Vemos en seguida a los jefes políticos, con acuerdo de la diputación o sin él, comenzar por cuarta o quinta vez la revisión y registro de los títulos, y la colonización de los terrenos de las misiones, separando de éstos algunos lotes para la subsistencia de los misioneros. En fin, para coronar la obra, para dar alguna luz en medio de tales tinieblas, vemos la administración de Ayutla quemar los archivos, romper absolutamente lo pasado, destruir con un solo rasgo de pluma la colonia de California, declarando nulos, fraudulentos los títulos todos, expedidos desde la Independencia por las autoridades locales, sin conocimiento y previo consentimiento del supremo gobierno. 66

Es así que uno de los mayores esfuerzos por regularizar los títulos de propiedad fue el que Ulises Urbano Lassépas llevó a cabo entre 1857 y 1859. Su lucha tuvo por origen el decreto mencionado. Estas disposiciones sembraron la inquietud en Baja California, donde los únicos problemas que habían existido en torno a la tenencia de la tierra habían sido siempre causados por leyes y reglamentos impuestos por agentes de las autoridades centrales, ya se tratar del visitador Gálvez en 1768-1769, o los decretos de Santa Anna en 1853 y 1857.
En la práctica, los rancheros y agricultores de la región conocían bien los límites de sus propiedades y procuraban respetarlos en la medida de lo posible. Lassépas, en su carácter de funcionario público y sabedor de las tradiciones locales emprendió la defensa de los propietarios bajacalifornianos en la que demostró la existencia de las concesiones y el nombre del otorgante. Sus trámites tuvieron éxito logrando que se respetaran los derechos de los propietarios.67
En su trabajo, Lassépas elaboró un registro de las concesiones de tierra otorgadas en Baja California hasta 1858. En éste se decía que entre 1821 y 1858 se concedieron 315 títulos que correspondían a 382 sitios para ganado, los que junto a los 32 ½ concedidos en la época colonial hacían un total de 514 ½ sitios para ganado. En el caso de las tierras dedicadas a la agricultura, el autor menciona 386 suertes en promedio concedidas desde la época del visitador Gálvez hasta 1858. Los sitios para ganado mayor medían aproximadamente 1,755 hectáreas, si bien en los hechos podían ser más grandes, pues los animales requerían deambular por extensos territorios en busca de agua y alimento; las suertes de tierra, por su parte, eran pequeñas dotaciones de alrededor de 1.40 hectáreas en promedio, aunque una mayoría de labradores poseía porciones más pequeñas utilizadas como huertas. Además resumió las tierras concedidas en cada municipalidad. Comondú, San José del Cabo, Mulegé y Todos Santos, donde existían más abundantes fuentes de agua, eran jurisdicciones con más tierras agrícolas. En conjunto, la zona del extremo sur integrada por La Paz, San Antonio, San José del Cabo y Todos Santos, concentraban en total 203 ½ suertes de tierra (52%), mientras que Mulegé y Comondú reunieron 159 ½ (41%). El restante 7% de tierras agrícolas se había dado en la frontera. 68
Las tierras ganaderas se repartieron de la siguiente manera: 60.5%, correspondientes a 311 ½ sitios para ganado, se ubicaron en el extremo sur de la península; mientras 23 % se localizaban en Mulegé y Comondú. Entre las características de la propiedad, Lassépas registró 334 propietarios consignados en toda la península, 304 se ubicaban en las jurisdicciones hoy pertenecientes al estado de Baja California Sur. De ellos, 168 (55.26%) poseían solamente sitios para ganado, 105 (34.53%) eran dueños de pequeñas propiedades conocidas como suertes de tierra y sólo 31 (10.19%) habían adquirido ambos tipos de tenencia agrícola y ganadera. De quienes aparecían registrados en dicho territorio, se destacan 58 (19%) dueños con propiedades entre cuatro y ocho sitios para ganado (7 mil a 14 mil ha.) y 7 de dos a nueve suertes de tierra (3 a 10 ha.), es decir, contaban con mayor número de propiedades o eran éstas las de mayor extensión. El resto eran 246 dueños de uno a tres sitios para ganado (de 1 755 a 5 265 ha.) y de pequeñísimas porciones de terrenos agrícolas que iban desde ¼ hasta 1 ½ suertes de tierra, es decir, de 3 mil m2 hasta poco más de 2 hectáreas aproximadamente.69
A partir de lo señalado respecto de los propietarios de tierras, se puede advertir que la mayoría eran pequeños y medianos terratenientes. La escasez de agua limitaba el interés por las tierras carentes del líquido y que constituían la mayor parte de la península. Es posible que el factor de diferenciación económica más importante no fuera la concentración de tierras, sino el disfrute de un número considerable de cabezas de ganado. Además de la cantidad de ganado o de las tierras agrícolas con las que contaban, influyó en el mayor desarrollo de algunos propietarios la posibilidad de participar de manera paralela en otras actividades económicas, tales como la minería, la pesquería de perlas y el comercio. 70
Buena parte de los colonos establecidos desde mediados del siglo XVIII habían sido soldados o familiares de éstos y fueron los primeros en descubrir minas de plata y en solicitar tierras. Se convirtieron en mineros y propietarios y se dedicaron al comercio de cabotaje con el objeto de vender plata y esquilmos ganaderos en Sonora y Sinaloa a cambio de granos, textiles y herramientas. Sin embargo, la actividad mercantil pasó a manos de quienes se dedicaron al comercio marítimo; entre los primeros comerciantes que se establecieron en la península varios eran extranjeros, aunque también los hubo de Sinaloa, Sonora y Nayarit. 71
Es en este contexto que la conformación económica de la península se fue desarrollando por un lado debido a la desaparición de la población indígena y por otro, al proceso colonizador que además se vio fortalecido con el descubrimiento de vetas de plata y por el incentivo del comercio marítimo. Los colonos se asentaron en la zona minera de San Antonio y en los terrenos de las antiguas misiones ubicadas en el sur peninsular (San José del Cabo, Santiago y Todos Santos), que se convirtieron en los principales centros agrícolas de la región en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX; esa zona junto con La Paz, integraron la principal región económica.
El desarrollo de un núcleo de actores económicos se vio dificultado como ya se mencionó por las condiciones geográficas, sobre todo por la escasez de agua que llevó a diversificar sus actividades económicas para dar paso a una economía local siendo las principales la extracción de plata, perlas y sal, así como el aprovechamiento de la fauna marina (nutrias y ballenas), del ganado vacuno y de los recursos agrícolas y que a su vez, éstas fueron incentivadas por los intereses comerciales nacionales y extranjeros.
Respecto a las actividades económicas puede decirse lo siguiente. En realidad la producción agrícola era limitada y estaba formada sobre la base de los núcleos agrícolas de los misioneros del siglo XVIII, y los colonos continuaron con los mismos esquemas productivos basados en el cultivo de frutales, caña de azúcar y hortalizas, así como de algunos granos y leguminosas; aun así, lograron satisfacer la demanda local y regional. Debido a lo anterior, la sobrevivencia de los peninsulares dependió del ganado vacuno que además era necesario para solicitar tierras que colonizar y sobre todo porque durante la primera mitad del siglo XIX funcionó como medio de pago a soldados de los presidios, empleados públicos y maestros de la región dada la constante escasez de circulante.72
En lo que se refiere al interés en la minería, estuvo centrado en los metales preciosos. La minería fue el factor de mayor peso para atraer inmigrantes a esas tierras. Sin embargo, la forma cómo se explotaron las minas hablaba de propietarios carentes de capacidad económica y tecnológica para hacer excavaciones profundas o resolver el problema de las inundaciones. Los denuncios de la época muestran que las minas fueron trabajadas, por lo general, en sociedad, es decir, el denunciante (que podía ser el ranchero dueño de la tierra donde se ubicaba la mina, un operario o un minero) se asociaba con otros para poder llevar a cabo la extracción.
La minería, a pesar de los problemas para sostener la actividad, fue fundamental en la vida económica de la primera mitad del siglo XIX, sobre todo en Baja California Sur, por lo que gozó en diversos momentos de exención de impuestos, lo que posibilitó vender los minerales como el oro y la plata directamente a los extranjeros que se acercaban a las costas, facilitó a los comerciantes de cabotaje evadir la obligación de presentar la plata a su llegada al macizo continental, donde tenía que ser quintada y pagado el impuesto correspondiente. Fue hacia 1860 cuando se empezó a explotar la plata, el oro, el cobre, el fierro, el plomo, la arcilla y los porfidios y fue la plata la que tuvo mayor trascendencia en la estructura socioeconómica de la región. El Triunfo y San Antonio, cercanos al antiguo Real de Santa Ana, fundado por Manuel de Ocio, fueron las más explotadas, desafortunadamente, el beneficio económico derivado de la explotación argentífera fue para el extranjero, ya que las empresas mineras eran norteamericanas e inglesas.
En el caso de la sal, se trató de un producto de suma importancia que fortaleció la integración de la economía minero-agropecuaria. Debido a la existencia de grandes salinas naturales en la península, con las reformas borbónicas la sal fue considerada patrimonio de la Corona y ya en la vida independiente el control paso a la federación. La minería y la ganadería permitieron que se diera un mejor aprovechamiento del recurso ya que no solamente era empleado en el consumo humano sino que era útil en el beneficio de los metales, en el curtido de pieles y en la elaboración de productos como queso y mantequilla. Fue necesario crear una serie de marcos institucionales para su explotación ya que las salinas eran controladas por las autoridades hacendarias y por los jefes políticos quienes permitían su explotación en diversas modalidades como la concesión de permisos, pero ante los abusos de los comerciantes, que en muchas ocasiones la vendieron sin los permisos previos o el pago de derechos y de manera clandestina a precios elevados, tuvieron que recurrir al arrendamiento, el cual tampoco se cumplió y los comerciantes de cabotaje continuaron la extracción por su cuenta empleando como fuerza de trabajo de los presos en la zona. Será hasta la segunda mitad del siglo cuando los responsables de la Hacienda logren establecer precios y cobrar los impuestos respectivos.73
Por otra parte, debido a la cacería de mamíferos y pesquería de perlas, la península de Baja California fue asediada por embarcaciones nacionales y extranjeras hasta llegar al punto de diezmar algunos recursos marinos de sus litorales. Su explotación fue realizada principalmente por extranjeros pues contaban con mayores recursos y mejor tecnología. Desde el siglo XVI la codicia por las perlas motivó la incursión de exploradores. En el siglo XVIII se hicieron presentes rusos, europeos y norteamericanos por el interés de la cacería de nutrias, lobos, elefantes marinos y ballenas, y, a lo largo de todo el siglo XIX fue constante la depredación, incentivada por la demanda en los mercados asiáticos y europeos de pieles de nutria y grasa de ballena.
Para realizar dicha cacería, desde la segunda década del siglo XIX, el gobierno de las Californias otorgó permisos para la pesca de nutrias y tanto ingleses y rusos obtuvieron contratos entre 1822 y 1828. Las debilidades institucionales se hacían evidentes a pesar de tales contratos, como uno expedido en 1856 a Manuel Múgica para la cacería de focas durante ocho años y que lo comprometía a pagar dos centavos por galón de aceite. No obstante, lo más seguro fue que las expediciones para la cacería se realizaron sin ningún tipo de permiso, como en el caso de los balleneros, que también perseguían elefantes marinos para quitarles la grasa y elaborar aceite.74
Finalmente, la extracción de perlas 75 impactó mucho más la economía local; el descubrimiento de los ostrales atrajo la atención de empresarios y cazafortunas que organizaban armadas (expediciones de pesca) para navegar a lo largo del golfo de California. Durante la primera mitad del siglo XVIII, hubo un caso especial, se trata del ya mencionado Manuel de Ocio, de origen andaluz y que sirvió como soldado en las misiones desde 1734 y renunció a su puesto militar para dedicarse a las pesquerías. Al cabo de algunos años se dedicó a la minería y fue propietario de tierra, ganado y barcos. Con su iniciativa se dieron los primeros pasos hacia una economía de carácter privado en la península y otros como Gaspar Pisón y Guzmán lo siguieron para convertirse en pescadores, mineros y ganaderos, evadiendo las reglas establecidas por los misioneros jesuitas que procuraron evitar que sus soldados y empleados se dedicaran a otras actividades diferentes a las que ellos ordenaban.76
Manuel de Ocio llegó a tener el monopolio de la explotación de perlas y después de su muerte se conformó una nueva generación de empresarios mineros que no lograron prosperar debido a problemas de financiamiento pero si se produjo una mayor participación de mineros que permitieron el desarrollo a la par de la ganadería.77
En 1796, el visitador Gálvez ideó el primer reglamento para la pesca de perlas. Lo consideraba necesario para asegurar una explotación racional de los placeres y con ello asegurar ganancias en el largo plazo. Sin embargo, al igual que muchas de sus disposiciones ésta quedó sin efecto, siendo así que en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, la pesca de perlas decayó casi por completo. Existen registros de permisos expedidos para el buceo de concha-perla entre 1838 y 1853, por lo que al parecer retomó el auge la actividad. En 1851, la Diputación Territorial estableció el pago de derechos: por cada quintal de concha extraída medio real, por cada buzo radicado en el territorio dos reales, y cuatro si provenía de otra región. Esto favoreció el poblamiento y la economía de La Paz durante ese momento.
Es así que a principios del siglo XIX los placeres perleros eran explotados principalmente por empresarios mexicanos provenientes de Sonora y Sinaloa, ya que contaban con el capital para la compra y habilitación de embarcaciones así como para la contratación de buzos, que eran principalmente indios yaquis y el comercio se vio favorecido por la demanda de compradores extranjeros, sobre todo rusos. Asimismo, el comercio de la concha llegó a ser sobresaliente a partir de 1830, cuando un negociante francés de nombre Combier percibió el gran beneficio que podía obtener con la comercialización del nácar, ya que hasta ese momento las conchas eran desperdiciadas por completo. 78 En 1845 comerciantes de La Paz como Manuel Hidalgo, Antonio Ruffo y Manuel Castellanos embarcaron 225 toneladas.79
Para 1838 de los nueve propietarios de armadas de buceo tres eran sonorenses y el resto de La Paz, de éstos últimos sólo dos eran comerciantes, y en 1854 quienes se dedicaban a esta actividad habían diversificado sus intereses económicos, eran mineros, ganaderos y comerciantes, predominando los empresarios de La Paz. El hecho de que los empresarios perleros fueran procedentes de estas dos regiones se debía a que eran los que contaban con mayor capacidad financiera para invertir en embarcaciones, en la contratación de buzos y los que podían abastecer los alimentos requeridos en los tres meses que duraba la temporada de pesca.
Gracias al desarrollo del comercio marítimo, al final de la primera mitad del siglo XIX, en La Paz se comenzó a registrar una mayor actividad comercial. No obstante, para 1837 había 17 tiendas y tendajones y veinte años después eran 27, en otras zonas como Santa Anita sólo había un comerciante, en San Antonio eran 11 y en todos Santos eran tres.80 De ahí que para las elites emergentes en la península fuera importante la flexibilidad para participar en otras actividades, además de poseer tierras agrícolas y ganaderas, se dedicaron a la minería, eran empresarios perleros y comerciantes. No obstante, se trató de un grupo reducido de propietarios y comerciantes mexicanos y extranjeros que tuvieron la oportunidad de explotar las minas y las perlas y al mismo tiempo realizaban intercambios mercantiles con la población, los gobiernos locales y otros propietarios. Entre los nombres que se pueden mencionar estaban Antonio Navarro, Manuel y Tirso Hidalgo, originarios de Nayarit, Manuel Amao, de Perú, Antonio Ruffo y Antonio Belloc, ambos de nacionalidad española. 81 Desde la década de los veinte se vieron favorecidos para formar una economía local que fue el punto de partida para poner en contacto el mercado peninsular con otras regiones, principalmente en la contracosta con Nayarit, Sonora y Sinaloa y con el extranjero.
Debido a las limitaciones regionales fue necesario interactuar con otros mercados como el de Sonora para conseguir harinas y granos, así como manufacturas provenientes del extranjero o del propio territorio nacional. Por lo tanto, el desarrollo y expansión de la zona costera y los establecimientos portuarios fueron fundamentales. Los puertos de La Paz y San José del Cabo realizaron la mayor parte del intercambio comercial de la región y garantizaron la articulación entre las zonas productoras peninsulares y los mercados externos. A dichos puertos llegaban mercancías de sus respectivas áreas de influencia para ser embarcadas y transportadas a la contracosta de Sonora, Sinaloa o al extranjero.
En el caso de los puertos de San José del Cabo y La Paz, 82 su importancia radicaba en que eran eslabones de un circuito comercial que conectaba por un lado a la región sur de la península con las casas importadoras de Sonora y Sinaloa y por otro con el extranjero. Cada uno contaba con una ventaja sobre el otro; en el primero se conjuntaba el ser una zona de producción agropecuaria y un puerto de arribo de barcos extranjeros procedentes de California, Sudamérica o Islas Sandwich y además de un importante puerto de cabotaje fue un lugar propicio para el contrabando; en La Paz, se articulaban la cercanía con el área minera y pecuaria de San Antonio y la condición de capital política y administrativa del territorio peninsular.83
El funcionamiento de dichos puertos, como lo señala Trejo, dependió de su apertura o clausura al comercio de cabotaje y de altura, situaciones que tuvieron que ver no sólo con los intereses comerciales en uno y otro puerto, sino con los más poderosos intereses comerciales establecidos en Sonora y Sinaloa. El comercio en La Paz fue favorecido por la habilitación como puerto para el comercio extranjero en 1828, por el establecimiento de la subcomisaría de Hacienda y de la Aduana Marítima en 1829 y para 1830 las autoridades de gobierno pasaron a residir a ese lugar, abandonando el antiguo presidio de Loreto.84
En 1837 el comercio paceño se obstaculizó debido a que se suprimió el comercio de altura en Baja California y tanto La Paz, como Loreto y San José del Cabo fueron declarados como puertos de cabotaje, lo que representó que casi durante dos décadas el comercio con extranjeros no se realizara de manera legal. Por ejemplo, en los años 1845-1846, parece que se incrementó el comercio de contrabando, cuando los balleneros intensificaron sus contactos en Baja California para cazar ballena gris. No fue sino hasta 1854, cuando por un decreto de Santa Anna se habilitó el comercio extranjero en La Paz. Sin embargo, a pesar de la solicitud de funcionar también como depósito para exportar efectos extranjeros, ésta se le negó en 1857 en otro decreto y ello en buena medida se debió a la presión que ejercieron las casas comerciales importadoras de Guaymas, Mazatlán y San Blas pues sus intereses sustentados en el contrabando y la reventa serían afectados. 85
Si bien es cierto, para los comerciantes de Mazatlán, los puertos bajacalifornianos no eran los más importantes, eran relevantes en la medida en que formaban parte del circuito comercial por el que transitaban embarcaciones de cabotaje y las ganancias en su mayoría se quedaban en las casas comerciales establecidas en Mazatlán, pero en cambio, para los bajacalifornianos dicho puerto era el más importante. Mientras que el comercio de La Paz fungía como intermediario legal de los comerciantes de Sonora y Sinaloa, el de San José del Cabo parecía cumplir el papel de intermediador, pero en el tráfico ilegal y en los arreglos antes de llegar a las aduanas de la contracosta. 86 En la península de Baja California, en los dos puertos mencionados radicaron fija o temporalmente los hombres más ricos del territorio, unos que como ya se vio además de tener sus negocios en el comercio, eran propietarios de ganado, tierras, minas y otros se dedicaban exclusivamente al giro comercial.87
En el territorio Norte, el puerto de Ensenada, bautizado por Sebastián Vizcaíno con el nombre de Ensenada de Todos Santos, hasta mediados del siglo XVIII sirvió como punto de referencia geográfico y de escala de las expediciones marítimas y terrestres como la de Junípero Serra que dio origen a la colonización de California con sus 21 misiones. Posteriormente, el lugar fue ocupado para realizar la venta de pieles de nutria entre los misioneros norteños y los barcos norteamericanos. A principios del siglo XIX, la nutria casi estaba extinta, por lo que se comenzó a explotar la ballena y el puerto en su extremo sur se volvió estación ballenera. 88 La formación del puerto, con la infraestructura necesaria para el comercio marítimo se planteó hasta 1849. Sin embargo, fue en 1856 cuando se declaró puerto de altura, aunque nunca funcionó como tal, lo mismo podría decirse de Mulegé y de la Bahía de Magdalena, éste último autorizado en 1871.
Para terminar este recorrido, es importante resaltar el aspecto político e institucional durante el período ya que si bien desde 1822 se instalaron los primeros ayuntamientos en la península de Baja California cuyas funciones eran las mismas que las contempladas en la Constitución de Cádiz89 y tenían que ver con el cuidado del orden, la educación primaria, la salubridad y obras y servicios públicos, así como inversión y gestión de los propios caudales, la recaudación y la promoción de las actividades económicas con potencialidad para ser desarrolladas en el territorio. No obstante, la frecuente insuficiencia de recursos fiscales limitó la capacidad real de los ayuntamientos pero aun así se logró expandir la institución municipal en las siguientes tres décadas. En abril de 1850, una vez firmado el tratado de paz con Estados Unidos, el Congreso General emitió un decreto donde quedaba asentada la facultad de la Diputación Territorial de Baja California para expedir un Estatuto Orgánico que normara la organización de la administración pública territorial formando así un gobierno autónomo que más tarde, en 1858 Ramón Navarro, un propietario local, fue nombrado jefe político provisional y la Diputación tomó el nombre de Asamblea Legislativa con la cual las fuerzas locales controlaron los órganos de gobierno de manera autónoma.90
Fue así que la presión realizada por los propietarios sobre las tierras misionales de Baja California, sólo tuvo éxito hacia finales de los años cincuenta, aprovechando las tendencias nacionales hacia la desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. En la península se presenció una situación especial, debido a la desaparición de la población indígena, pero no faltó quien dificultara el acceso a las tierras comunales a los ávidos empresarios, en este caso fue el representante de las misiones, aunque sólo significó el retraso del proceso de desamortización hasta la década de los cincuenta.
Para concluir, puede decirse que la historia decimonónica de la península se caracterizó por la intensificación de la explotación de los recursos naturales. Durante la primera mitad del siglo XIX, la extracción de riquezas marinas, minerales y terrestres fue en mediana y pequeña escala, realizada por iniciativa de empresarios nacionales más que por extranjeros. Sin embargo, generalmente se llevó a cabo al margen de cualquier legislación o acuerdo con los gobiernos federal y territorial. Esta situación cambió radicalmente desde la década de 1860. A partir de esos años, el gran capital extranjero comenzó a solicitar del gobierno federal la concesión de vastas extensiones territoriales para obtener la exclusividad sobre los recursos naturales. En consecuencia, se abrió un nuevo período en el que la explotación llegó a niveles de saqueo, pero bajo un marco institucional formal establecido. Un ejemplo de esta situación fue la política de concesiones iniciada por el gobierno juarista. El primer privilegio concedido a extranjeros por el gobierno mexicano, otorgado por Benito Juárez, fue el 30 de marzo de 1864 para la Compañía Colonizadora de la Baja California, mejor conocida por el nombre de su representante Jacobo P. Leese. El objetivo era colonizar los terrenos baldíos de aquella península desde el 31 de latitud norte en dirección al sur hasta los 24 y 20 minutos de latitud. Esta superficie de 47 mil millas cuadradas corresponde aproximadamente al 85% del total de la extensión territorial de Baja California. Además se le dio la concesión para explotar la orchilla, planta que fue explotada hasta el siglo XX.
Otro ejemplo fue la extracción del guano que era uno de los fertilizantes utilizados en las labores agrícolas más baratos y de mejor calidad. El gobierno mexicano otorgó la concesión para su explotación con la idea de evitar el contrabando y poder cobrar impuestos. Desde mediados del siglo todas las islas de la península fueron concesionadas. El 16 de enero de 1854 firmó un contrato con Carlos y Manuel Valdovinos y socios, dándoles el privilegio exclusivo por 10 años para explotar todas las costas e islas pertenecientes a la República Mexicana tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico. Exceptuando solamente las islas Marías.91 Aunque la concesión inicial debía finalizar el 1° de enero de 1864, fue prorrogada hasta 1868 y dio lugar a la formación de la Compañía Americana para la Explotación de Guano Mexicano, a la que se le dio una concesión exclusiva. 92

4. Consideraciones finales

A lo largo de este trabajo se trató de explicar cómo se impulsaron diferentes prácticas e instrumentos públicos, con los cuales se pudieron plantear demandas y soluciones colectivas; lo que a su vez facilitó la integración política del territorio de la península de Baja California y su vinculación con el gobierno nacional. De tal manera, hubo un proceso de desarrollo normativo e institucional que se fue ajustando desde la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, en el cual las experiencias, tanto en el centro de los poderes como en la región, fueron de vital importancia.
Elaborar un estudio en el ámbito regional brindó la oportunidad de comprender con mayor claridad cómo se generaron dos condiciones básicas para la integración de los territorios a una dinámica nacional. Por un lado, se dio la formación de una economía local que se convirtió en el punto de partida para que entrara en contacto su mercado con otras regiones y con el extranjero. La otra condición es la relativa a la institucionalidad, es decir, a la constitución y el funcionamiento de los órganos de gobierno locales encargados de desarrollar el marco regulatorio de la vida social y económica de la región.
Para entender el noroeste debe tenerse presente que desde la llegada de los españoles a estas tierras en el siglo XVI se definió un andamiaje institucional que sería el encargado de dar forma a un nuevo proyecto de formaciones sociales. De aquí la importancia que desempeñaron las misiones y la red de presidios que tenían la función de resguardar el área ocupada por los españoles y sus propiedades, así como la de contener invasiones indígenas, combatir a los insurrectos y abastecer a reales mineros, rancheros y haciendas que se iban formando.
Un acontecimiento fundamental en la definición de los derechos de propiedad, ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII, con su expulsión en 1767 de los dominios españoles por orden de Carlos III. A partir de entonces, la propiedad de la tierra perdió el carácter comunal que le dieron los Padres de la Compañía y los indígenas cayeron en condición de peones. La expulsión de los jesuitas dejó un vacío de autoridad que se intentó resolver con los ayuntamientos; los indígenas que aceptaran las nuevas autoridades civiles se constituían de inmediato como ciudadanos y tenían derecho a una porción de tierra.
Como resultado, en el noroeste pudo notarse la importancia y la necesidad de garantizar jurídicamente la apropiación de la tierra, sobre todo porque al convertirse en objeto de comercio fue adquirida por propietarios con plena libertad para comprarla, venderla y explotarla, dando paso al desarrollo de actividades como la minería, la agricultura y la ganadería, las cuales con la expansión obtenida permitieron que el comercio se convirtiera en un eje regional articulador fundamental.
Lo anterior dio paso al desarrollo de circuitos mercantiles independientes fortalecidos con la apertura de puertos destinados al comercio internacional y de cabotaje y fue así que el movimiento mercantil dejó de ser controlado exclusivamente por los grandes almaceneros de la ciudad de México, sobre todo a partir de 1810, año en el que el control económico que había ejercido la capital novohispana se rompió a causa de las continuas batallas y por el bandolerismo que empezó a proliferar en el centro de Nueva España y las rutas comerciales y de comunicación con las provincias más lejanas se hicieron intransitables.
Uno más de los cambios ocurridos tuvo que ver con los colonos españoles, quienes se convirtieron a comienzos del siglo XIX, en los principales productores agrícolas y ganaderos, desplazando con ello a los pueblos indígenas. Se produjo el ascenso de las elites regionales y provinciales que ya se venían consolidando desde finales de la colonial, así como el contacto mercantil directo que logró establecerse con comerciantes extranjeros y de otras regiones novohispanas.
Pero además del aspecto económico se resaltó el institucional, principalmente en lo que se refiere a los cambios ocurridos en materia de derechos de propiedad, pues si bien fue importante explicar cómo se consolidaron las diferentes elites regionales, también fue necesario analizar las modificaciones institucionales en la definición de la propiedad de la tierra, en los contratos para explotar los recursos y las dificultades en su aplicación. En este sentido, se trató de un proceso de largo plazo que comenzó de manera formal a partir de la implementación de las reformas borbónicas y que se consolidó a mediados del siglo XIX, aunque en cada caso con sus propias particularidades.
Se consideró necesario estudiar el caso de la península de Baja California de manera independiente al resto de la región noroeste (Sinaloa y Sonora). La justificación se basó en que las transformaciones socioeconómicas y los cambios institucionales ocurridos experimentaron características propias resultado de su lejanía geográfica -con el noroeste en particular y en general con el resto del país-; lo que marcó en la península una cierta insularidad reflejada en los constantes retrasos en la circulación de noticias, de la información y en el flujo de personas y por lo cual sus habitantes se fueron envolviendo en una dinámica propia.
En comparación con el centro del país, en el noroeste las nuevas ideas y los decretos o leyes llegaban en muchas ocasiones con retraso, en el caso de la península de Baja California era aún más lento el flujo de la información. A pesar de esto, existía un interés claro en el apartado territorio del noroeste, sobre todo ante las amenazas expansionistas de los Estados Unidos.
Al término del período el noroeste había sufrido grandes transformaciones, la más patente era la pérdida de Alta California y Arizona. De la explotación colonial española había pasado a la influencia de los grandes sistemas económicos mundiales del momento y las comunidades indígenas avanzaron en su mayoría hacia su completa desintegración.
Durante el período lo que caracterizó a la península de Baja California fue la incertidumbre, aludiendo con esto a sucesos imprevisibles, cuya probabilidad de que se produzcan no es conocida. Se trató de un problema al que sus habitantes se debieron enfrentar sobre todo después de la expulsión de los jesuitas y con la llegada de los franciscanos en 1768, debido a que las autoridades tenían el propósito de establecer en la región condiciones distintas a las de la época jesuítica y las tierras y temporalidades de las misiones fueron puestas en manos de los soldados comisionados; los franciscanos sólo recibieron las iglesias y los objetos para el culto. Con la denominada Instrucción puesta en marcha por José de Gálvez se modificaron las condiciones existentes en materia de tenencia de la tierra que básicamente consistía en la propiedad comunal y en las tierras de misión.
La propiedad, tanto de solares como de suertes de tierra, se comenzó a otorgar gratuitamente, pero fueron impuestas ciertas modalidades que tenían como finalidad arraigar a los titulares en el predio que se les concediera y con ello crear una especie de patrimonio familiar. Por lo tanto, se declararon los bienes inalienables e individuales perpetuamente y se les dio carácter de hereditarios a los hijos y descendientes. Asimismo, en materia de tenencia de la tierra el decreto introdujo lo que podría considerarse una innovación dando acceso al indígena a la propiedad privada. Sin embargo, el propósito de Gálvez de encuadrar la región dentro de un esquema ideal, trazado a base de disposiciones legales no dio resultados, porque la realidad regional tenía sus propias reglas, emanadas de su misma conformación geográfica, ecológica y humana.
Como lo afirma David Piñera, la mayoría de los que recibieron los primeros títulos eran soldados de los presidios existentes en la península, un buen número solicitó la “reforma”, esto es, la licencia para retirarse del servicio. Por lo general eran criollos, en cuanto se ostentaban como españoles y manifestaban haber nacido en Nueva España; algunos eran originarios de la propia California, otros de la contracosta, ya sea de Sinaloa o de Sonora. Por ello nunca se formaron pueblos españoles, ni los de los indios ya que éstos, vendieron los lotes aun cuando se les prohibió y continuaron vagando, no se convirtieron en los “ciudadanos occidentales” que el quiso hacer. A pesar de lo anterior, el cambio institucional obra de Gálvez consistió en la introducción de la propiedad privada de la tierra; y en la práctica, como se desconocían otras leyes en la península, por mucho tiempo la Instrucción fue la norma que se observó para expedir títulos de propiedad a particulares y todavía para 1830 era aplicada con ese fin.
Al lograr el país su independencia de España, empezaron a crearse en Baja California nuevas condiciones en la tenencia de la tierra. Debido a lo apartado de la península, las autoridades del centro desconocían algunas de las circunstancias que prevalecían en ésta. Es durante la primera mitad del siglo XIX cuando se van a generar los momentos de mayor incertidumbre debido al constante desconocimiento de los títulos de propiedad.
En la península de Baja California se elaboraron diferentes marcos institucionales formales que pretendieron por un lado fomentar la colonización y por otro promover una organización económica sustentada principalmente en la ganadería, la minería y el comercio; pero que sin embargo, entorpecían el libre desarrollo de estas actividades al invalidar los títulos de propiedad, aun cuando en la realidad bajacaliforniana, sus habitantes contaban con sus propias reglas de operación para poner en marcha la economía local. En síntesis, se trató de un período en el cual los intentos para formar una nueva estructura económica estaban cargados de elevados costos de transacción, y en términos teóricos, esto se explica como una asignación de recursos que no fue la más eficaz, sobre todo cuando legalmente se intentaba hacer la distribución de derechos de propiedad.
Al finalizar el período de estudio, entre 1858 y 1859, Baja California se hallaba, en su administración interior, en el desconcierto, se carecía de una Ley Orgánica, la cual sólo fue prometida por la Constitución. Adrián Valadés señala que el gobierno se vio obligado a asumir la independencia de acción y se instaló la Diputación Territorial el 17 de octubre de 1858; se declaraba que estaría vigente mientras no se restableciera el orden en toda la República y se consideró legalmente autorizada siendo lo primero en que se ocupó lo relativo a la hacienda. La Asamblea Legislativa conformada en abril del siguiente año expidió una Ley de baldíos, que al parecer, no correspondía en lo inmediato, a urgencias de interés público, y sin ninguna seguridad de que continuara en vigor una vez restablecido el gobierno de la República.
La Ley exigía el reconocimiento de los derechos sociales y políticos de los bajacalifornianos y establecía que eran derechos inseparables de la propiedad, por lo que debía respetarse esa propiedad en todas sus relaciones y la autoridad pública no podría, en caso alguno, cambiar la esencia de aquellos derechos. Asimismo, señalaba que la Asamblea Legislativa, con la obligación de procurar un porvenir de sólida felicidad, después de todos los males que se habían causado a la península, por no haberse concedido los terrenos en plena y perfecta propiedad, como lo exigían los intereses de la nación, estaba obligada a tomar cuantas medidas fueran conducentes para retirar del país las calamidades que lo estaban agobiando. Y entonces se les pedía a quienes eran dueños de terrenos debían revalidar sus títulos, sin cuyo requisito no se considerarían como propietarios.93 Esta ley tuvo cierta importancia histórica, no por la ley misma, que no tuvo trascendencia, sino por las ideas en que se basó y por la búsqueda de una solución institucional a los problemas derivados del constante desconocimiento de los títulos de propiedad.
Finalmente, el 12 de febrero de 1860 fue promulgado el Estatuto Orgánico y se expidió la Ley Orgánica fundamental. No obstante, durante ese año se declararon ilegales los títulos de propiedad de terrenos baldíos expedidos por algunas autoridades de Baja California, mientras no fueran revisados por el Gobierno General, especialmente los que estaban delimitados por la ley del 18 de agosto de 1824. A su vez, el Gobierno General, el 14 de marzo de 1861, declaró también nulas y sin ningún valor las enajenaciones de baldíos que hubieran hecho las autoridades políticas o militares del Territorio sin el consentimiento del mismo Gobierno. Se dice que entonces el Partido del Norte se gobernó de una manera desordenada, combinando lucrativas especulaciones, enajenando grandes extensiones de los mejores terrenos de la frontera y se pensaba establecer nuevas colonias de mexicanos que se hubieran quedado en el territorio cedido a los Estados Unidos que desearan volver a la República, pero la Guerra de Intervención Francesa impidió su establecimiento.94
Fue así que el período final de la colonia y las primeras décadas de vida independiente en la península de Baja California estuvieron marcados por una serie de cambios institucionales de orden formal inconsistentes con los intereses particulares de sus habitantes, los cuales intentaban participar en la construcción de una organización económica en la que los propietarios reconocían unas reglas del juego, determinadas más bien por la conformación del espacio y sus características ecológicas y por las necesidades diarias de la población, de ahí el papel que tuvo el contrabando para abastecer su pequeño mercado interno y su vinculación constante con el mundo exterior. Los diferentes niveles de gobierno, ya fuera el local o el general no entendieron que un contrato sería completo si estableciera claramente lo que deben hacer cada uno de los contratantes ante cualquier suceso futuro que afecte al objeto del contrato, de haberlo comprendido, la incertidumbre en materia de derechos de propiedad no habría sido de tal magnitud. Al respecto, el caso contrastante ocurrió en la contracosta, en Sonora y Sinaloa, donde la definición de la propiedad privada fue fundamental en su desarrollo desde muy temprana época.
En suma, este recorrido ha servido para corroborar el que las instituciones y la política importan ya que han sido determinantes en la transformación económica de México y de las regiones que componen al país. Lo anterior no ha quedado exento de ser un proceso generador de desigualdad, entendida en sus múltiples manifestaciones -políticas, económicas, sociales-. Por lo tanto, es razonable suponer que cualesquiera oposición al progreso y al crecimiento sería mucho menor si los costos totales de tal cambio fueran repartidos más equitativamente que en el pasado y si, como lo señala William Kapp, 95 se indemnizaran adecuadamente las pérdidas sociales.
Como lo argumenta Margarita Carbó, nuestra lucha por separarnos de España fue una revolución de corte moderno, aunque sin “burgueses” -que son los agentes primordiales del tránsito hacia la modernidad- ni “ciudadanos”, razón por la cual la desaparición del Estado absolutista no abrió paso aquí a un Estado democrático, sino a un enorme vacío de autoridad, que trajo como consecuencia el fortalecimiento de las más diversas formas fragmentarias del poder: en primer lugar las corporativas, fundamento del antiguo régimen, y paralelamente las de los poderes locales y regionales, los cacicazgos, que pudieron incluso alcanzar rango nacional en determinados momentos y circunstancias.96
Hay quienes argumentan que tanto los derechos de propiedad privada como su protección jurídica han sido definidos incorrectamente, como por ejemplo Isaac Katz, quien señala que esto ha derivado en una asignación ineficiente de recursos, que ha traído como consecuencia bajas tasas promedio de crecimiento económico, bajos niveles de ingreso por habitante y por consiguiente una distribución inequitativa de la riqueza.97 En términos teóricos esto también se explica y se complementa de otra manera, es decir, es posible que la clave para conseguir el crecimiento y el desarrollo económico, no estuviera en la manipulación de variables macroeconómicas, sino en la reelaboración de las instituciones que regían el comportamiento y las relaciones entre individuos en su actividad cotidiana, en el interior de los negocios y en el seno del aparato del naciente estado.
En este sentido, el aspecto central desde el período que ha sido estudiado y hasta nuestros días ha estado relacionado con el problema de la agencia, es decir, con la delegación de cierto poder de decisión en la defensa de los intereses comunes y la aplicación de normas legales que han sido aprovechadas para la defensa de intereses particulares. De esta manera, en la creación de organismos del estado se puede utilizar su capacidad de decisión para obtener maliciosamente beneficios personales a expensas del ciudadano lo cual implica un riesgo moral. Esto cobra relevancia cuando se observa el interés de las elites locales para incrementar sus ganancias en los negocios y para ello debían controlar el poder político pues es el que se encargaría de defender sus derechos de propiedad. Por lo tanto, más que tratarse de una definición incorrecta, se trata de tener en cuenta lo que Ibarra destaca sobre la existencia de articulaciones funcionales que denomina redes de negociación. Al tiempo que se produce una alta especialización en el control de circuitos de circulación, la competencia se ciñe a los tensores de las relaciones de interdependencia. Sugiere que el funcionamiento de dichas redes de negociantes, fincadas en el crédito y la confianza, permiten salvar tensiones corporativas y crear nuevas territorialidades comerciales impulsadas por la prosperidad. 98 Así se teje entonces el vínculo entre la economía y la política y para aquéllos que se benefician, la definición de los derechos de propiedad les resulta muy favorable.
Finalmente, resulta complicado responder si es que las historias regionales son la suma de la historia nacional, esto es así porque el caso estudiado mostró cómo la historia nacional y la regional se contraponían en ciertos momentos y cómo las instituciones se iban adaptando a las propias necesidades locales. En todo caso, no se trata de una suma, sino de la historia de una totalidad llamada México y sus partes interconectadas en un mismo sistema lleno de complejidades. Los conflictos entre el centro y las regiones fueron una constante en la vida política no sólo mexicana, sino en general hispanoamericana en los albores del siglo diecinueve, a pesar de las marcadas diferencias que existieron en la historia de la integración de cada una de las naciones.
La consolidación del Estado independiente se caracterizó por la marcada diferenciación cultural de las regiones a partir de las cuales se quiso integrar la nación moderna. El espíritu nacionalista que surge en las últimas décadas de la época colonial expresa la oposición que una parte de la sociedad, los criollos, manifiesta frente a España y la dominación colonial. Esto no supuso el consenso del conjunto de individuos. 99 En este sentido, la instauración de un nuevo sistema político se encontró en contradicción con el hecho de que la nación no se había constituido como tal: el Estado carecería de coherencia en tanto que la contradicción persistiera, mientras tanto, el desarrollo regional fue la alternativa elegida por aquéllos que tuvieron en sus manos la oportunidad de impulsar el cambio institucional.

5. Fuentes consultadas
Documentos

Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, el documento se puede consultar en Biblioteca Garay.
www.biblioteca.tv/artman2/uploads/1/consti1812.pdf.

Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República. Ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María Lozano, México, 1876. Consultada en www. biblioweb.dgsca.unam.mx/dublanylozano/

Decreto del gobierno.-- Marzo 10 de 1857 – Sobre nulidad de la venta de islas y terrenos baldíos de la Baja-California, Biblioteca Garay, www.biblioteca.tv

Tratado de Guadalupe Hidalgo. Tratado de paz, amistad y límites entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América., 30 de mayo de 1848. Consultado el 6 de junio de 2008 en Biblioteca Garay, www.biblioteca.tv

Bibliografía y hemerografía