En México la actividad impositiva del Estado mexicano más que fomentar la actividad económica la inhibe de manera muy importante pues prácticamente se grava todo: la renta (con ISR), el consumo (con IVA), el ahorro (con ISR y, más recientemente, con el Impuesto Sobre Depósitos en Efectivo, IDE) y la inversión (con el Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU, y con el 2 por ciento al activo de las empresas); por lo que más que incentivar el consumo, el ahorro, el trabajo y la inversión, o en una palabra la actividad productiva, la desincentiva.

Lo anterior, cuando supuestamente en México se aplica una política económica de corte neoliberal que exige bajos impuestos como condición necesaria para estimular la inversión, la acumulación privada de capital y, por tanto, el crecimiento económico generador de empleos. Al respecto, y a manera de ejemplo de lo anterior, Arthur Laffer, uno de los teóricos partidario de la economía de mercado y, por tanto, enemigo de la intervención estatal en la economía, expone lo siguiente: “si el tipo impositivo medio sigue subiendo después de traspasado cierto nivel, provocará una caída del trabajo y la inversión; por lo que el Estado, en vez de recaudar más, terminará recaudando menos porque habrá menos fábricas produciendo y menos personas trabajando” (nada más ni nada menos que el famoso enunciado de la “curva de Laffer”).

Al respecto, la explicación es la siguiente: si el gobierno aumenta el tipo impositivo medio asociado al Impuesto Sobre la Renta (ISR, tal como sucedió recientemente en México al haber pasado del 28 al 30 por ciento) se producirá un efecto ambiguo sobre la disponibilidad de las personas a trabajar (como empleado asalariado) y a producir (como empresario que invierte en bienes de capital con miras a obtener una ganancia). ¿Pero por qué un aumento del tipo impositivo medio asociado al ISR produce un efecto ambiguo? Porque da lugar a un efecto-renta y a un efecto-sustitución que operan de la siguiente manera: si aumenta el ISR disminuyen las rentas de trabajadores y empresarios (salarios, sueldos y ganancias) una vez deducido el incremento del impuesto en cuestión, al disminuir la renta disminuye la demanda de ocio (en este caso porque se supone que se trata de un bien “normal” cuyo consumo se relaciona directamente con la renta pero inversamente con su propio precio) pero en contrapartida aumenta la oferta de trabajo (es decir, que consumidores y empresarios desearán trabajar más), por lo que estamos en presencia del efecto-renta. Desde esta perspectiva, el Estado recaudador, un auténtico obstáculo a la actividad productiva según los teóricos neoliberales, terminaría recaudando más.

Sin embargo, no es así; antes, más bien, es el efecto-sustitución el que domina por la siguiente explicación que debiera de ser de sentido común para nuestros neoliberales gobernantes que conducen, con mucho desatino, los destinos del país: si aumenta el ISR, mientras todo lo demás permanece constante, diría con elegancia algún economista por ahí, disminuyen sueldos y salarios una vez deducido el incremento del impuesto; como se supone que el salario es el precio tanto del trabajo como del ocio, y adicionalmente se supone que este último es un bien “normal” porque se relaciona inversamente con su propio precio (que es el salario), al disminuir el salario aumenta la demanda de ocio (ya que éste se abarata) pero en contrapartida disminuye la oferta de trabajo (es decir, que consumidores y empresarios querrán trabajar menos porque no tiene ningún caso que la mayor parte de sus rentas se las transfieran al Estado bajo la forma de más altos impuestos a las rentas procedentes del trabajo y de la actividad empresarial).

En pocas palabras el incremento del ISR (del 28 al 30 por ciento en el caso de México) hace que cierren muchas empresas (por lo que aumenta el desempleo) y que muchos consumidores-trabajadores prefieran no laborar (qué caso tiene, si la mayor parte de sus rentas laborales se las van a transferir al Estado bajo la forma de más altos impuestos), por lo que el Estado termina recaudando menos cuando su intención era exactamente todo lo contrario: recaudar más.

El peor de los mundos posibles: el aumento del ISR, después de traspasado cierto nivel, no sólo provoca desempleo involuntario (en este caso por el cierre de empresas que deja a muchos trabajadores en la calle) sino que también desempleo voluntario (muchos consumidores-trabajadores deciden voluntariamente no trabajar, retiran su oferta de trabajo del mercado respectivo y se van a casa a descansar: ¿qué caso tiene que trabajen si la mayor parte de sus rentas se las van a transferir al Estado bajo la forma de más altos impuestos?).

Hay que señalar, sin embargo, que en México la actividad impositiva del Estado va dirigida principalmente a micro, pequeños y medianos empresarios, así como a trabajadores asalariados; ya que las grandes empresas, amparadas en el famoso régimen de consolidación fiscal, no pagan o casi no pagan impuestos (Ver Cuadro 1).

De esa manera, la actividad impositiva del Estado mexicano es alta y abrumadora por dos poderosas razones: una, para compensar los impuestos que dejan de pagar al fisco las grandes empresas (Ver Cuadro 1); y dos, para mantener a una clase política que detenta numerosos privilegios y, por encima de todo, onerosas remuneraciones salariales sin que las desquite del todo. Entre esa clase política improductiva (por percibir emolumentos muy superiores a su productividad laboral) se encuentran los integrantes del Congreso de la Unión; esto es, los diputados y los senadores de la República.

El Régimen de Consolidación Fiscal, concebido como un sistema de incentivo a las empresas, pero con la condición de que no produjera un daño a las finanzas del país o que, de producirlo, implicara un simple diferimiento en el pago del ISR, se estableció mediante un decreto firmado por Luis Echeverría en junio de 1973. A través de este mecanismo, incorporado a la Ley del ISR en 1982, se permite que un grupo de empresas con un mismo accionista mayoritario pueda pagar impuestos como si fuera una sola empresa. Si un grupo tiene varias empresas, se le permite deducir las pérdidas de algunas de las empresas contra las utilidades de las otras, con lo que los consorcios tienen la posibilidad de crear empresas “diseñadas” expresamente para perder. Esto, además, les permite posponer o diferir el pago de los impuestos que deberían entregar a las autoridades de Hacienda, a pesar de tener utilidades de miles de millones de pesos. El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) ofrece la siguiente información contundente al respecto: “El Régimen de Consolidación Fiscal que se contempla en la Ley del ISR permite que alrededor de 400 grandes grupos empresariales, mismos que en conjunto acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal en ISR de apenas 1.7 por ciento en promedio”. Además, amparadas en el mencionado Régimen de Consolidación Fiscal, las empresas que se enlistan a continuación arrastran una deuda fiscal global de 143 mil millones de pesos con Hacienda:

Al respecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de este año (2010) proporciona la siguiente información:

La percepción bruta anual, esto es, antes de deducir el 28 por ciento de ISR, de un diputado federal es de un millón 941 mil 683 pesos (161 mil 806.92 pesos al mes, o 5 mil 393.56 pesos al día) y que se conforma de la siguiente manera: sueldo base, un millón 264 mil 536 pesos al año (105 mil 378 pesos al mes, o 3 mil 512.60 pesos al día); aportaciones a seguridad social, 19 mil 668.8 pesos al año; aguinaldo, 184 mil 484.7 pesos; ayuda para despensa, 38 mil 45 pesos al año (3 mil 170.42 pesos al mes, o 105.68 pesos diarios que superan, y por mucho, al monto del salario mínimo diario que devenga un trabajador común y corriente y de poca calificación, aunque hay muchos diputados que apenas si saben leer y escribir); seguro de vida institucional, 37 mil 71.7 pesos anuales; seguro de gastos médicos mayores y menores, 203 mil 649.5 pesos al año y, finalmente, seguro de separación individualizado, 194 mil 227.2 pesos (Ver Cuadro 2). Todas ellas percepciones ordinarias, según el Anexo 16.3.3 (remuneración total anual del puesto de elección diputado federal) del PEF de este año.

Una vez deducido el 28 por ciento de ISR, que no el 30 por ciento como ellos mismos lo aprobaron, la “remuneración total anual neta” de un diputado federal asciende a un millón 541 mil 478.5 pesos; o bien, 128 mil 456.54 pesos al mes, o 4 mil 281.88 pesos al día (Ver Cuadro 2). Un sueldo que ya quisiera un profesor-investigador universitario de tiempo completo y con doctorado o postdoctorado, y que labora en las mejores universidades del país (Colegio de México, CIDE, UNAM, UAM, IPN, FLACSO, UIA, ITAM, entre algunas otras) y que además pertenece al SNI (Sistema Nacional de Investigadores).

Y ni que decir de un senador de la República, gana mucho más tanto en términos nominales (percepción bruta anual) como en términos reales (remuneración total anual neta); para ser precisos, y según el Anexo 16.2.3 (remuneración total anual del puesto de elección Senador de la República) del PEF 2010, un senador de la República gana 39 por ciento más en términos nominales y 31 por ciento más en términos reales que un diputado federal. Según el referido Anexo 16.2.3, la percepción bruta anual de un senador de la República ascendía, en el año anterior, a 2 millones 699 mil 643 pesos (224 mil 970.25 pesos al mes, o 7 mil 499 pesos al día), estructurada de la siguiente manera: sueldo base, 2 millones 57 mil 328 pesos al año (171 444 pesos al mes, o 5 mil 714.8 pesos al día); aportaciones a seguridad social, 39 mil 742 pesos anuales; aguinaldo (sueldo base), 233 mil 802 pesos; seguro de vida institucional, 58 mil 840 pesos; seguro de gastos médicos mayores, 24 mil 191 pesos y, finalmente, seguro de separación individualizado, 285 mil 740 pesos. Ya descontado el 28 por ciento de ISR, la remuneración total anual neta de un senador de la República es de 2 millones 19 mil 116 pesos (168 mil 259.67 pesos al mes, o 5 mil 608.65 pesos al día) (Ver Cuadro 2). Un salario que realmente envidia cualquier obrero calificado, profesionista con estudios de maestría y doctorado, o cualquier trabajador medianamente más productivo que un diputado o un senador de la República.

Esto es, 628 mexicanos privilegiados (500 diputados y 128 senadores de la República que conforman la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión) viven holgadamente con ingresos que con toda seguridad les permite más que cubrir sus necesidades de alimentación (con toda seguridad comen carne todos los días, e ingieren caviar y champagne en lujosos restaurantes), salud (en prestigiados y exclusivos hospitales de la ciudad de México o de Houston, Texas), educación (muy probablemente los hijos de estos legisladores estudian en prestigiadas y exclusivas universidades privadas como el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, la Universidad Iberoamericana o la Universidad de las Américas Puebla), vivienda (con toda seguridad tienen casa chica y casa grande en exclusivos fraccionamientos residenciales), transporte (muy probablemente conducen lujosos y caros automóviles como Mercedes Benz, Ferrari o ]Corvette) y vestido (ropa y calzado no precisamente comprados en Milano o Copel y a crédito).

En contrapartida, y según información disponible hasta el año de 2008, 19.5 millones de mexicanos (o el 18.2 por ciento de la población total) apenas si disponían de 949.38 pesos mensuales en el ámbito urbano, o 706.69 pesos en el medio rural, como para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, por lo que eran considerados como pobres alimentarios por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); por otra parte, 26.8 millones de personas (equivalentes al 25.1 por ciento de la población total que el país tenía en 2008) apenas si podían satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, salud y educación por disponer de 1 164.41 pesos mensuales en el ámbito urbano, o 706.69 pesos en el área rural, por lo que SEDESO y CONEVAL las clasificaban como pobres de capacidades. Finalmente, 50.6 millones de mexicanos (que representaban el 47.4 por ciento de la población total) apenas si disponían de 1 904.84 pesos mensuales en el medio urbano, o 1 282.36 pesos en el ámbito rural, como para satisfacer sus necesidades más elementales de alimentación, educación, salud, vestido, transporte y vivienda, clasificando, por tanto, en la dimensión de pobreza denominada por SEDESO y CONEVAL como pobreza patrimonial.

En consecuencia, nuestra hipótesis es la siguiente: una clase política improductiva, que se ha hecho del poder a través del fraude electoral, la compra de votos con recursos del erario público, el cohecho y la corrupción, aprueba e impone numerosos y altos impuestos a una clase social productiva (conformada por el albañil, el ama de casa, el plomero, el profesor, la costurera, el carpintero, el pequeño y mediano empresario, el comerciante, el ebanista, el radiotécnico, el electricista, el arquitecto, el ingeniero, el tablajero y un largo etcétera) que apenas si dispone de lo necesario para sobrevivir; y gracias a la cual el país se sostiene y marcha a pesar de esa clase política improductiva que venimos mencionando, y que además mantiene a esa bola de zánganos que son los diputados locales y federales, los senadores de la República, los presidente municipales y el presidente de la República, y los ministros y magistrados del poder judicial de la federación. Claro, con algunas cuantas excepciones muy probablemente. El poder político no para servir a la sociedad, sino para servirse de ella. Por tanto, urge pasar de una democracia representativa a una democracia participativa en la que haya transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. La reforma del Estado en México está muy pendiente (en términos de urgencia de la misma) y deberá ser muy profunda para superar el desempleo, la marginación, la pobreza y las desigualdades sociales y regionales y la enorme corrupción de los funcionarios públicos, así como el actual problema de la inseguridad pública.

Documentos consultados y referencias

CONEVAL: Evolución de la pobreza en México, Coneval 2009, en www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/3967.pdf, consultado el jueves 1 de julio de 2010.

Monterrosa, Fátima: El verdadero hoyo fiscal. 400 grandes empresas (casi) no pagan impuestos, en Eme-Equis (Periodismo Indeleble): www.m-x.com.mx/xml/pdf7195/22pdf, consultado el jueves 1 de julio de 2010.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Cámara de Diputados, en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf, 158 pp., consultado el jueves 1 de julio de 2010.

Samuelson, Paul A. y William D. Nordhaus: Economía, McGraw-Hill, Decimoctava Edición, México, 2005.