Antecedentes

El sistema fiscal de Nueva España se asentó sobre una estructura impositiva construida a lo largo de tres siglos, con cambios especialmente importantes en la segunda mitad del siglo XVIII. Estos últimos, conocidos como las reformas borbónicas, impulsaron un crecimiento notable en los ingresos fiscales de la administración virreinal, permitiendo cubrir no sólo el conjunto de gastos administrativos y militares locales, sino también remitir un creciente volumen de recursos fiscales a otras partes del imperio español (1).

Entre todas las reformas administrativas que adoptó la monarquía española del siglo XVIII, el sistema de intendencias fue la medida más significativa, que reformó casi todo el ámbito de la autoridad virreinal (2).

El establecimiento del régimen de intendencias en 1786 produjo una organización político-administrativa y territorial que tenía como objetivo reestablecer el poderío económico de España. En el aspecto impositivo, el cobro de los impuestos que realizaban las autoridades provinciales sin supervisión alguna por parte del centro se reestructuró para que fuera un sistema supervisable y sometido a reglas de subordinación unitarias. Asimismo, por medio de la Ordenanza, la Corona también intentó disminuir la cantidad de administraciones especiales para cada tipo de impuesto (3).

Aparte de las resoluciones del nuevo ordenamiento de la organización administrativa de las autoridades fiscales, que se enfocó en mejorar los métodos de cobro y en la eliminación de exenciones, la Ordenanza contenía especificaciones que se enfocaban en el logro de mayores ingresos por concepto de los diversos impuestos.

Sin embargo, a pesar del amplio número de impuestos y estancos que conformaron el sistema fiscal colonial en la época borbónica, el éxito que se alcanzó en la recaudación a partir de mediados del siglo XVIII se fincó fundamentalmente en las aportaciones de cuatro rubros: el impuesto sobre la minería, las alcabalas, el tributo indígena y el tabaco (4), entre los que destaca la alcabala, por su trascendencia e implicaciones históricas.

La alcabala –término de origen árabe- estableció sus raíces en España desde la edad media y en las colonias desde el siglo XVI, era un impuesto real que se cobraba por la vasta mayoría de transacciones mercantiles, parecido al moderno impuesto sobre el valor agregado, aplicado hoy en día por la mayoría de los países del mundo.

En México se implementó su cobranza por la Real Cédula del 1 de noviembre de 1571 durante toda la época colonial y luego, durante buena parte del siglo XIX fue el impuesto más importante del que disponían los gobiernos estatales (5).

Recapitulando, todos los cambios provocados por las reformas borbónicas en un tiempo reducido provocaron la desarticulación de la administración Novohispana, que se incrementó con la fragmentación territorial provocada por la lucha insurgente y por la suspensión del orden constitucional español en 1814 y su restitución en 1820.

En resumen, al término de la dominación española, el virreinato de Nueva España era una economía fragmentada por la desarticulación/deterioro de los caminos, debido a la lucha insurgente y a la nula inversión pública en infraestructura y por el fuerte regionalismo oligárquico, provocado por el poder conferido a los intendentes regionales a partir de las reformas borbónicas, con el agravante de que la población no pagaba sus contribuciones por considerarlas excesivas y porque era fácil y conveniente evadirlas (6).

Inicios de la era independiente

Ante la devastación y el caos que reinaba en México después de la consumación de la independencia eran necesarios varios ajustes, entre los más apremiantes se encontraban los fiscales, ya que durante la lucha armada los funcionarios de las tesorerías provinciales dejaron de remitir sus ingresos a la Real Caja de la ciudad de México, tanto por la inseguridad que reinaba en los caminos como porque las regiones tenían sus propias necesidades económicas que se debían atender con los recursos allí generados.

Con la consumación de la independencia, los mexicanos tenían la esperanza de que se reestableciera el esplendor de finales del siglo XVIII, por lo que las autoridades reorganizaron el sistema administrativo/fiscal que había sido relativamente exitoso durante los últimos años de la colonia, buscando recompensar lo más pronto posible a los grupos que habían apoyado la causa independentista.

De hecho, en este tenor, la estrategia fiscal del Gobierno de Iturbide entre septiembre de 1821 y febrero de 1823 fue en el sentido de reducir impuestos e incrementar algunos gastos, lo que generó presiones en el presupuesto público y desde los primeros meses de 1822 el gobierno se vio forzado a pedir préstamos que terminaron siendo forzosos.

Un punto esencial que removió la tensión entre las provincias y el centro, lo constituyó el intento de Iturbide de establecer impuestos directos y verse forzado a imponer préstamos forzosos ya que a pesar de la penuria hacendaria, se habían rebajado o suprimido viejos impuestos, pero no fue suficiente para satisfacer la convicción general en la población de que la independencia significaba la liberación total de éstos; por estas razones y otras causas de carácter político Iturbide fue derrocado en los primeros meses de 1823.

Después del derrocamiento de Iturbide, varias de las provincias insistieron en convocar a un nuevo congreso constituyente, e insistieron en decir que la soberanía residía en las provincias y que cada uno cedía una parte ante el congreso general para legitimarlo. Lo anterior debido a que el primer congreso constituyente de 1822 declaraba que en él residía la soberanía nacional (7).

Este pronunciamiento se dio principalmente debido al poder económico y a la soberanía relativa que algunos estados ostentaban desde las reformas borbónicas y que no querían perder, ya que los regionalismos se encontraban en un punto álgido y los estados veían con cierta desconfianza la delegación de varias de sus funciones y atribuciones en un poder federal con el que presumiblemente perderían poder y representatividad.

Estos problemas político-ideológicos generaron el debilitamiento de la administración tributaria, como veremos, la debilidad fiscal provocó a su vez la debilidad militar y política del gobierno general, los gobiernos vivieron agobiados por deudas que no podían pagar, tanto en la era federalista como en la centralista, de este importante período de la historia de México.

El constituyente de 1824 y el primer federalismo

El Pacto Federal de 1824 dio vida a una federación con poderes federales dotados de escasas competencias y reducida capacidad de ejercicio, pues la parte de soberanía que los estados concedieron tanto de hecho como de derecho fue interpretada como una delegación transitoria y acotada (8).

Este acuerdo en el marco institucional mexicano resultó un tanto contradictorio con la historia del país, ya que se estableció un modelo federalista tipo estadounidense sobre el viejo sistema colonial, que se caracterizaba por un alto grado de centralismo y por un amplio número de gravámenes tanto directos como indirectos.

La reorganización del espacio político mexicano a través de la consolidación de los estados, favoreció a su vez, en palabras de Carmagnani (9), la reformulación del conflicto centrípeto-centrífuga o bien centralizador-descentralizador, en la que el primer polo (centralistas) tiende a reagrupar todos los intereses a favor de una concentración de poder en manos de un poder central y el segundo polo (federalistas) se reorienta a reagrupar todos los intereses favorables a una mayor delegación de la soberanía de los estados en manos de un poder de tipo federal. Este conflicto guiará la historia de México todo este período y aunque en este momento los federalistas tomaban ventaja más adelante veremos que los centralistas no se dieron por vencidos y buscaron a toda costa imponer la forma de gobierno que consideraban idónea para el país.

Con la nueva forma de gobierno (Sistema Republicano Federal) emanada del congreso constituyente de 1824, los estados tenían, para beneplácito de los federalistas, aunque con ciertas restricciones, soberanía y libertad para crear sus propios sistemas tributarios, dejando al gobierno federal pocos recursos que definitivamente le impedían generar una estrategia de desarrollo económico integral. Los estados entendieron que la soberanía radicaba en el control de sus ingresos y egresos. De acuerdo con la Constitución de 1824, los estados se quedaron con la mayor parte de la recaudación impositiva, como lo eran las alcabalas, los derechos sobre la producción minera, el papel sellado, la venta de cigarros y puros, y las llamadas “contribuciones directas” que gravan los ingresos, beneficios o rentas de los individuos (10).

Al gobierno general le quedaron solamente los derechos aduanales, la producción y la venta de tabaco en rama, la acuñación de moneda, el monopolio de la sal, los correos, la lotería y el producto de la venta o arrendamiento de los bienes de la nación.

El nuevo sistema hacendario federal se basó en un régimen tributario esencialmente indirecto: el gobierno dependía sobre todo de las aduanas, los impuestos a las importaciones y a las exportaciones, mientras que los erarios estatales dependían principalmente de las alcabalas.

Los ingresos que le quedaron a la federación eran importantes, pero no alcanzaban a cubrir muchos de sus gastos, por lo que el Congreso creó una partida presupuestal llamada contingente, que cada estado debía dar a la federación con base en su población y en la capacidad económica de las entidades.

La cuestión del contingente generó malestar en algunas entidades, como por ejemplo Jalisco, cuyo Congreso local argumentó que las rentas asignadas a los estados no eran suficientemente altas como para manejar su administración interna, tener un fondo de reserva y cubrir el pago del contingente al gobierno general.

El congreso de Jalisco propuso que todas las rentas de la nación fueran administradas por los estados. A cambio, cada entidad trasladaría un porcentaje de su recaudación bruta a la federación en tanto no se determinara un contingente ajustado a la realidad económica de cada estado (11).

El congreso general respondió negativamente al congreso local de Jalisco, argumentando la necesidad de mantener un gobierno federal fuerte, que correspondiera con la forma federada de gobierno que la república había adoptado.

Es notorio que esta discusión se daba en el marco de la concepción adoptada por los jaliscienses de que la República debía regirse como una confederación y no como la federación que se conformó durante el constituyente de 1824, o por lo menos, parafraseando a Hira de Gortari, que los intereses locales y regionales en Jalisco veían conveniente pertenecer a la federación, pero acotando al gobierno central en todo lo referente a asuntos económicos y financieros.

La idea de los federalistas y de los más radicales confederalistas en materia de desarrollo económico estaba centrada en que los estados y los ayuntamientos, a diferencia de la federación, eran los organismos que conocían con mayor profundidad los problemas de la gente, sus actividades productivas y la forma de hacer que sus territorios se desarrollaran, por lo que consideraban necesario tener la mayor cantidad de recursos económicos que les garantizaran las posibilidades de desarrollo local, regional y estatal idóneas a cada realidad territorial. A la federación sólo se le debían transferir algunos recursos necesarios para su operación administrativa básica.

En suma, del acuerdo fiscal inicial resultó una soberanía menoscabada de la federación y hacia 1830 era claro el contraste entre la situación próspera de algunos estados y una federación empobrecida, endeudada (12) y con un nulo desarrollo económico.

Ante la apremiante situación, el gobierno general emitió dos importantes medidas, en 1827, por una parte abrió la frontera a la importación de algodón y lana, buscando con ello incrementar el ingreso de las aduanas que se habían reducido y por otro lado en 1829 intentó una reforma fiscal que buscaba reducir el déficit presupuestario. Esta reforma fracasó ya que no sólo implicó nuevos impuestos, sino también la contratación de recaudadores federales que amenazaban la independencia fiscal de los estados.

Durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832) se adoptaron algunas medidas importantes en materia fiscal, se eliminaron los decretos sobre contribuciones directas y se modificó la base del contingente, que pasó de una cuota fija aportada cada estado, a una tasa del 30% de los ingresos fiscales estatales.

Los resultados fiscales fueron positivos, sin embargo el gobierno de Bustamante cayó por cuestiones políticas en 1832; El gobierno de Santa Anna/Gómez Farías (1833-1834) redujo los derechos de importación y se liberaron algunos estancos, el gobierno se apoderó de los ingresos que percibían las casas de moneda de Zacatecas y Guanajuato. Sin embargo estas medidas no redujeron el déficit, por lo cual se recurrió a la constante contratación de deuda con los prestamistas más accesibles (13).

El gobierno de Santa Anna se inclinó por pedir préstamos en vez de crear una política fiscal, debido principalmente a que cualquier tipo de impuestos era una medida impopular para la sociedad mexicana. Era más factible solicitar dinero a los acreedores que permitía satisfacer rápidamente las necesidades de la federación.

Así, podemos afirmar como lo hace Jáuregui, que los problemas técnicos, administrativos, políticos y las urgencias hacendarias fueron causa del desastre fiscal mexicano de mediados de los treinta (14).

En cuanto al contingente, que todos los estados debían entregar a la federación, se dieron dos situaciones que agudizaron la crisis financiera del gobierno federal, por una parte, una gran cantidad de estados no pagaban dicho gravamen, argumentando no contar con los recursos suficientes para cubrirlo, por otro lado, el cambio de cuota fija a tasa del 30% mermaba las finanzas públicas federales, ya que el gobierno general no sabía a ciencia cierta el monto total de los ingresos de cada estado e incluso los estados que cumplían con el pago del contingente destinaban cada vez menos recursos a este pago, argumentando bajas recaudaciones a nivel estatal.

Para 1834, ante esta situación, Santa Anna se vio obligado a intervenir las haciendas públicas estatales, haciendo efectivo el cobro de los contingentes atrasados, generando con esto gran descontento que a la postre lo llevaría a dejar el poder.

En suma, ante la notoria incapacidad del Estado federal de sortear las dos funciones básicas para el control del territorio heredado de la Nueva España, el fiscal y el del orden y la defensa; las amenazas y la pobreza del gobierno federal frente a la riqueza de algunos estados y el aparente despilfarro de las autoridades municipales, se imponía la necesidad de hacer una reforma constitucional que fortaleciera al gobierno central; la solución intentada fue el centralismo en 1835 (15).

La implementación del centralismo

La tensión entre descentralización y centralización encuentra su momento culminante en 1835, momento en que se trata de dar vida a una nueva organización de tipo centralizador que fue vista, aún por la parte de los centralizadores, como un atentado a las autonomías estatales y municipales. El resultado fue una fuerte movilización en las regiones del norte (Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora), del occidente (Jalisco) y del centro-norte del país (San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, México y Puebla) entre 1836 y 1839 con el consiguiente aumento de los gastos del gobierno federal en materia militar, buscando imponer el orden y mantener el poder central por el que en ese momento se había optado.

El centralismo basaba su argumento más fuerte en materia fiscal en la idea de que si durante la colonia, con un régimen fuertemente centralizado en la ciudad de México, se habían obtenido ingresos considerables, se gozaba de estabilidad y de un cierto desarrollo económico, este mismo sistema podría ser aplicado en el país independiente, esperando resultados igualmente favorables.

El intento de los centralistas en materia fiscal se dio en el sentido de reformar la estructura de los ingresos fiscales mediante contribuciones de tipo directo: sobre el valor de las propiedades, los sueldos y salarios, las actividades comerciales e industriales, e incluso los objetos de lujo.

Aún con el cambio de un sistema federal a uno centralista, para 1835-1836 el déficit se incrementó de manera importante, por lo que el presidente Miguel Barragán buscó implementar nuevos impuestos que gravaran la riqueza de los individuos (contribuciones directas) y no los actos económicos que éstos realizaran, esta propuesta fracasó, por lo que el gobierno recurrió esta vez a la creación de dinero para financiar sus gastos, con la consecuente escalada inflacionaria que esto provoca.

Es necesario subrayar que el centralismo incrementó los ingresos del gobierno federal, sin embargo también se incrementaron y en mayor proporción, como se menciona anteriormente, los gastos administrativos y militares, por lo que el déficit al final de cuentas creció en forma continua.

El incremento de los ingresos en primer centralismo se explica por las contribuciones directas, que se aplicaron con fuerza a mediados de 1836 además de que con motivo de la guerra contra Texas en junio de 1836 se impuso una contribución ordinaria directa que se caracterizó por ser un gravamen al valor de las propiedades rurales y urbanas y por establecer un derecho de patente sobre cualquier actividad comercial, industrial y de servicios, tanto urbana como rural. El propósito de la reforma era eliminar las alcabalas y demás impuestos a la circulación interior a partir del 1 de enero de 1837 (16).

Esta reforma también fracasó, debido a que la población no estaba acostumbrada a pagar contribuciones directas a la federación y a la idea extendida de que la única relación de pagos entre los propietarios tanto urbanos como rurales y el gobierno federal era a través de los préstamos. Desde 1822 el gobierno federal recurría, a falta de préstamos extranjeros, a los usureros nacionales.

En 1838, ya durante el segundo periodo de gobierno de Anastasio Bustamante, el gobierno emprendió la aplicación de un impuesto de emergencia que se basó en la propiedad urbana y rural, el comercio, las profesiones y oficios, sueldos, salarios, el capital invertido y los bienes de lujo, el resultado fue decepcionante, pues los arrendatarios, por ejemplo, transfirieron el impuesto a los arrendadores (17).

Para 1840 los ingresos se redujeron una vez más, pero existía ya en el gobierno la idea de optimizar el gasto e invertirlo en lo absolutamente necesario.

Al llegar Antonio López de Santa Anna de nueva cuenta al poder en 1842 eliminó el incremento de los derechos de consumo, reasumió el control de la renta del tabaco y tiempo después implementó nuevamente impuestos directos.

La reforma fiscal de 1842 dio más ingresos que la de otros años, debido a un cierto optimismo entre la población de que el nuevo gobierno representaría más los intereses de las clases medias y que esta vez las clases altas no serían privilegiadas por la política fiscal del gobierno.

Sin embargo, así como el federalismo había favorecido a las élites provinciales, el centralismo lo hizo con la alta jerarquía del ejército, debido al estado constante de guerra y a las revueltas federalistas.

El fuerte incremento que experimentaron los ingresos del gobierno general a partir de 1842 y hasta 1844 se explica tanto por el paquete fiscal del primer año, que consistió fundamentalmente en la reducción de los derechos de consumo y en el control de la renta del tabaco por parte del Estado, como por las reformas aplicadas en los dos años siguientes, cuando Santa Anna asumió el poder dictatorial de la república después de haber disuelto el congreso constituyente de 1842 que proponía el regreso a la forma federada de gobierno (18).

La estrategia de Santa Anna era clara, como sus gastos militares y administrativos se incrementaban notablemente, debía buscar que sus ingresos tributarios aumentaran a la misma velocidad, manteniendo así la estabilidad presupuestaria.

Sin embargo, los costos de recaudación subieron considerablemente, por lo que el dictador se vio forzado a encarecer los aranceles aduanales, a suspender o postergar el pago de la deuda interna, a aplicar préstamos forzosos, a intensificar la presencia militar en las oficinas regionales de hacienda y a ampliar la base del derecho de patente.

Esto le generó enemistades con diversos grupos de la sociedad, desencuentros con los prestamistas que durante mucho tiempo fueron sus principales aliados y distanciamiento con la iglesia, que tiempo atrás había servido al gobierno como gestor y aval en diversos préstamos.

A final de cuentas, el resultado de la estrategia del dictador fue su derrocamiento a finales de 1844 y el posterior colapso de la forma de gobierno centralista (19).

Transición del centralismo y la vuelta al federalismo

Tras la caída de Santa Anna la mayoría moderada del congreso estableció un gobierno constitucional que no reestableció el federalismo por temor a debilitar el país, amenazado ya por Estados Unidos, aunque descentralizó en parte la administración en 1845.

Pero la conspiración monarquista, la debilidad ante la amenaza exterior y la crisis endémica de la hacienda pública proporcionaron pretextos para una nueva dictadura militar en 1846, esta vez encabezada por el general Paredes y Arrillaga (20).

La política fiscal aplicada por Paredes trató de sacar al país de la inmovilidad presupuestal combatiendo la corrupción, el contrabando e imponiendo la ley, pero sus esfuerzos no fueron suficientes y en medio de la inminente invasión norteamericana los federalistas se pronunciaron en gran parte del territorio nacional por la vuelta al orden federal, mismo que fue restituido en agosto de 1846 al reestablecer la Constitución de 1824, que el congreso reformaría al año siguiente.

A manera de conclusión, vemos en todo este periodo de federalismo temprano y centralismo en México, lo difícil que fue para el gobierno federal conciliar con los intereses oligárquicos regionales, consolidarse como poder rector del Estado federal, solventar sus gastos, impulsar reformas hacendarias y mantener la estabilidad política, económica y social en el territorio.

Finalmente, ante estas circunstancias de penuria en las finanzas públicas, endeudamiento constante, enfrentamientos militares, tanto internos como externos, y repentinos cambios de gobierno, fue imposible implementar estrategias de desarrollo económico que incidieran en el bienestar de la población, a tal grado que el bienestar general de los mexicanos se encontraba en niveles similares a los de 1821.

Consideraciones finales

Parafraseando a Carmagnani, el federalismo mexicano respondió como otras experiencias similares en el país a la inserción en un sistema internacional de estados soberanos, y en segundo lugar a la inserción derivada de las formas estatales que lo preceden históricamente. Además responde a la característica esencial de todo estado moderno, la tensión entre poder y libertad, enmarcado en el caso mexicano en la pugna entre centralistas y federalistas.

Tal y como argumenta Hira De Gortari, a pesar de las diferencias, las posiciones federalistas se mantuvieron durante el congreso constituyente de 1824, logrando puntualizar los límites y alcances de lo que debería entenderse por federalismo y dentro del cual era fundamental la noción de territorio y soberanía estatal en materia hacendaria.

Es necesario insistir, tal y como lo hace Josefina Vásquez, en que el sistema centralista fracasó en los mismos objetivos que el federalista, ya que no logró mejorar la captación hacendaria ni disminuir los gastos; además de que los desórdenes se multiplicaron y no se logró asegurar la defensa efectiva de la República.

En materia económica, siguiendo las consideraciones de Luis Jáuregui, la característica principal del período es el persistente déficit que se trasluce claramente a pesar de la insuficiencia de las cuentas. Esta situación obligó a contraer deudas, que posteriormente se convirtieron en elemento importante del mismo déficit, generando con esto un círculo vicioso en las finanzas públicas nacionales.

En el ámbito de los ingresos públicos, en varias ocasiones se intentó modificar su estructura mediante la aplicación de contribuciones directas, que se veían como una especie de “panacea fiscal” y que, se descubrió, sólo se podían aplicar con una forma de gobierno fuertemente centralizada, debido a que sin coerción gubernamental los usureros preferían prestarle dinero al gobierno que dárselo en forma de impuestos directos.

En todo momento las oligarquías regionales reclamaron una mayor autonomía fiscal, la cual venían exigiendo desde tiempos de la guerra de independencia. Este reclamo implícitamente exigía dos cosas de las entidades: la aplicación y cobro de su propia fiscalidad y la moderación en la contribución al sostenimiento de la federación.

En el período se observa un Estado nacional que no logra financiar sus gastos, ciertamente por falta de un sistema bancario y por diversos problemas administrativos. Sin embargo, la explicación también está en que dicho gobierno se enfrentaba a una sociedad que no estaba dispuesta a hacer sus aportaciones, o que no deseaba contribuir más de lo que ya pagaba.

El desarrollo económico estuvo siempre condicionado a las pugnas políticas y a intereses particulares, por lo que en este período tan complejo de la historia nacional, no fue posible implementar estrategias de desarrollo consistentes.

Para finalizar, una consideración muy importante se da en el hecho de que en estas décadas se encuentra el origen del problema fiscal mexicano (déficit recurrente, evasión y elusión de impuestos, alto costo de recaudación) que todavía no tiene solución.

BIBLIOGRAFÍA

Carmagnani, Marcello. “El federalismo liberal mexicano”, en Marcello Carmagnani (Coord.), “Federalismos latinoamericanos: México/ Brasil/ Argentina”, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

De Gortari Rabiera, Hira. “El federalismo en la construcción de los estados”, en Jaime Rodríguez, “México in the Age of Democratic Revolutions, Lynne Rienner Publisher, 2003.

Jáuregui, Luis. “Los orígenes de un malestar crónico. Los ingresos y los gastos públicos de México, 1821-1855”, en Abortes, Luis y Luis Jáuregui (coords.), “Penuria sin fin. Historia de los impuestos en México, siglos XVIII-XX”, Instituto Mora, México, 2005.

Marichal, Carlos, “El sistema fiscal del México colonial, 1750-1810”, en Luis Aboites y Luis Jáuregui (coords.), “Penuria sin fin. Historia de los impuestos en México, siglos XVIII-XX”, Instituto Mora, México, 2005.

Marichal, Carlos, “La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del imperio español, 1780-1810”, Fondo de Cultura Económica/COLMEX, 1999.

Pietschmann, Horst, “Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo”, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.

Vázquez, Josefina Zoraida. “El federalismo mexicano, 1823-1847”, en Marcello Carmagnani (Coord.), “Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina”, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
 

NOTAS

1. Marichal, Carlos, “La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del imperio español, 1780-1810”, Fondo de Cultura Económica/COLMEX, 1999, cap. 1.

2. Pietschmann, Horst, “Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo”, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 301.

3. Pietschmann, “Las reformas…”, op cit, p. 209.

4. Marichal, Carlos, “El sistema fiscal del México colonial, 1750-1810”, en Luis Aboites y Luis Jáuregui (coords.), “Penuria sin fin. Historia de los impuestos en México, siglos XVIII-XX”, Instituto Mora, México, 2005. p. 37.

5. Ibid, p. 47.

6. Jáuregui, Luis, “Los orígenes de un malestar crónico. Los ingresos y los gastos públicos de México, 1821-1855”, en Luis Aboites y Luis Jáuregui (coords.), “Penuria sin fin. Historia de los impuestos en México, siglos XVIII-XX”, Instituto Mora, México, 2005. p. 79-80.

7. De Gortari Rabiera, Hira, “El federalismo en la construcción de los estados”, en Jaime Rodríguez, “México in the Age of Democratic Revolutions, Lynne Rienner Publisher, 2003. p. 213.

8. Guerra, Francois Xavier, 1988 “México, del antiguo régimen a la Revolución”, FCE, México, p. 45; citado en Marcello Carmagnani, 1993. “El federalismo liberal mexicano”, en Marcello Carmagnani (coord.), “Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, FCE, México, p. 136.

9. Ibid., p. 137.

10.Jáuregui, “Los orígenes…”, op cit, pp. 81-82.

11.Ibid., p. 82.

12.Vázquez, Josefina Zoraida, “El federalismo mexicano, 1823-1847”, en Marcello Carmagnani, “Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina”, Fondo de Cultura Económica, México, 1990, p.25.

13.Jáuregui, “Los orígenes…”, op cit, pp. 85-86.

14.Ibid, p.86.

15.Vásquez, “El federalismo…”, op cit, p.17.

16.Jáuregui, “Los orígenes…”, op cit, p. 91.

17.Ibid, p. 93.

18.Ibid, p. 98.

19.Ibid, p. 99.

20.Vásquez, “El federalismo…”, op cit, p.44.