Esto ha generado o agudizado, en muchos casos, problemas de provisión de servicios públicos, como agua potable, alcantarillado, drenaje, seguridad pública, educación básica, salud pública; y de obras públicas de infraestructura social como carreteras, vialidades, electrificación y puentes que son necesarios para el desarrollo de las comunidades.

Ante la precariedad de la situación, que ha traído consigo aumento en los índices de violencia, deserción escolar, problemas de salud, agudización de la migración internacional y estancamiento económico, la sociedad civil organizada ha reclamado, a lo largo de todo el continente, mayor participación en los asuntos públicos que le conciernen y le afectan directamente.

Inmersos en un sistema económico que desgasta la estructura social y que privilegia la concentración de la riqueza, es necesario echar mano de estrategias imaginativas que busquen la redensificación social y que privilegien la calidad de vida de la población.

Es en este punto donde nos preguntamos: ¿Qué experiencias exitosas, densificadoras de lo social, se han dado en Latinoamérica respecto de la participación ciudadana en los asuntos públicos?, ¿Cuáles han sido los intentos más significativos en nuestro país? y ¿Qué tan viable es instaurar parlamentos ciudadanos como el de Ciudad Mendoza, en la búsqueda de esta redensificación social que el sistema económico dominante ha erosionado?

Dar respuesta a estas interrogantes es motivo del presente ensayo; iniciaremos planteando los antecedentes más importantes de la participación ciudadana en América Latina, analizando las estrategia de presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil, en Caracas, Venezuela y en Montevideo, Uruguay; a continuación haremos un breve recorrido por los intentos que se han hecho en México para impulsar la participación ciudadana, primordialmente en la capital del país, poniendo énfasis en el programa “hacia un presupuesto participativo” que se llevó a cabo en la delegación Tlalpan entre 2001 y 2003; posteriormente analizaremos la instauración del Parlamento Municipal en Ciudad Mendoza, Veracruz, durante el gobierno de Enrique Romero Aquino, entre 1995 y 1997; concluiremos con algunas consideraciones en torno a esta experiencia, inédita en el estado de Veracruz, a sus avances, logros y dificultades, asi como a la pertinencia de este tipo de mecanismos para redensificar a la sociedad.

Antecedentes de la participación ciudadana en América Latina

Desde principios de la década de los noventa se implementaron instrumentos efectivos de participación ciudadana en varias ciudades latinoamericanas, algunos de ellos incluso, tienen que ver con la forma en que se ejerce el presupuesto público municipal, el llamado presupuesto participativo, los ejemplos más destacados son Porto Alegre, Caracas y Montevideo.

El ejemplo más emblemático es el de Porto Alegre, Brasil, que para 2005 tenía una población de 1, 416, 000 habitantes (1), en 1989, tras el triunfo del Partido de los Trabajadores (PT) se tomó la decisión de incorporar sectores sociales organizados en las estructuras decisorias del gobierno municipal, el primer reto del nuevo gobierno fue proponer una nueva regionalización de la ciudad, basada en identidad comunitaria. Este nuevo patrón incorporaría no solamente aspectos urbanos generales, sino también homogeneidades sociales y económicas locales.

Las organizaciones sociales existentes tomaron parte en la decisión de la nueva subdivisión de la ciudad, la cual quedó dividida en 16 regiones, a partir de las cuales se elegirían delegados que las representarían en el consejo municipal y a través de las cuales funcionaría posteriormente el consejo del presupuesto participativo.

Al principio imperó la fórmula de que cada asociación de barrio fijaba una audiencia con el alcalde para pedirle alguna cosa, pero después de dos años de organizar las demandas, los petistas y las autoridades de la alcaldía lograron que los problemas y las demandas fueran discutidos y jerarquizados en la propia asociación barrial, en el mismo lugar en que aparecían (Zermeño, 2005: 155).

A su vez, dentro de cada prioridad, debían elaborarse un listado de demandas en orden jerárquico, como cuál calle se va a pavimentar primero, o si se va a construir un centro de salud en vez de remodelar uno existente.

El mecanismo completo es el siguiente: en el mes de abril se llevan a cabo asambleas en cada una de las 16 regiones de la ciudad, en ellas la administración municipal rinde cuentas de las inversiones del año anterior y se presenta el plan de inversiones para el siguiente año, que va a constituirse en objeto de discusión y análisis.

En reuniones plenarias públicas, en cada región, se eligen los consejeros (2 por cada región) y se eligen también delegados regionales que acompañarán a sus consejeros en el mes de mayo al recinto parlamentario de la ciudad que se constituye en recinto del presupuesto participativo.

En esas reuniones, los consejeros deben transmitir fidedignamente las decisiones de las asambleas regionales, de lo que dan fe los delegados, ahí se discuten y ordenan las prioridades temáticas con respecto al saneamiento, la educación, la salud, etcétera, y se contrastan con el plan gubernamental para el gasto público (Zermeño, 2005: 156).

Como es lógico, las demandas siempre superan la disponibilidad de recursos, por lo que en el mes de junio se lleva a cabo una segunda ronda de reuniones por región en las que se redefinen las prioridades y en las que el gobierno argumenta también cuáles obras considera más viables, sobre todo, las que involucran a más de una región.

Paralelo a las reuniones regionales, se llevan a cabo también reuniones temáticas sobre las doce áreas en las que han sido divididas las necesidades de la población: saneamiento básico, política habitacional, pavimentación, transporte, salud, cultura, asistencia social, educación, áreas de recreación, deporte, organización de la ciudad y desarrollo económico.

Aparte de los consejeros regionales y temáticos, el consejo del presupuesto está compuesto por un representante del sindicato de trabajadores de la alcaldía, dos consejeros del gabinete de planeación y dos consejeros de la coordinación de relaciones con la comunidad de la prefectura (las sesiones son abiertas para el público y para los medios de información). Entre julio y diciembre este organismo debe compatibilizar las prioridades de la población y los montos presupuestales, de manera que los acuerdos son tomados con el grado de precisión de la propia obra a ser ejecutada (Zermeño, 2005: 156).

Asi, la ejecución del presupuesto participativo en Porto Alegre creó una oportunidad única para evaluar, no solamente el desempeño general del gobierno, sino también rutinas sectoriales y acciones operativas planificadas, además, anula la discrecionalidad en la asignación de la inversión pública y desincentiva la corrupción.

Lo que garantiza el presupuesto participativo es una definición de obras públicas, que son una expresión de necesidades e intereses locales acordados en un contexto de sucesos sociales que, hasta ahora, otros actores políticos no se han atrevido a cuestionar (Navarro, 2005: 281).

El presupuesto participativo ha funcionado como un poderoso mecanismo de distribución del ingreso, ya que las regiones más pobres han recibido el mayor volumen de inversiones por residente en toda la historia de Porto Alegre (Navarro, 2005: 285).

Esta redistribución del ingreso interregional hace que la sociedad en su conjunto experimente mejoría en su nivel de vida, que aumente el bienestar social y que todos los ciudadanos tomen conciencia de que la organización comunitaria, el diálogo y la búsqueda de acuerdos les benefician.

Sin embargo, la experiencia del presupuesto participativo en Porto Alegre ha demostrado la existencia de muchas dificultades para iniciar el proceso. Una cultura política basada en relaciones clientelistas debilitó y hasta desmoralizó la participación popular en la política en general durante muchos años (Navarro, 2005: 262).

La inexperiencia de las autoridades municipales, la carencia de recursos en los primeros años, la diversidad de las demandas de las regiones (algunas con una capacidad asociativa más fuerte que otras) y la persistente dependencia de muchas organizaciones comunitarias, de los funcionarios municipales fueron también obstáculos importantes al inicio de proceso (Navarro, 2005: 263).

Otra experiencia participativa importante de considerar es la de Caracas, cuya población ascendía en el año 2000 a 1, 975, 000 habitantes (2) y que a principios de los noventa emprendió una descentralización efectiva y participativa sobre las diecinueve juntas parroquiales que componen la ciudad.

En un principio, las juntas fueron más bien expresión de las organizaciones políticas y no tanto de organizaciones vecinales, sin embargo, conforme pasó el tiempo fueron ingresando en ellas grupos de profesionales y técnicos y la solución a los problemas concretos y específicos sustituyó las discusiones ideológicas y las confrontaciones de corrientes políticas (Zermeño, 2005: 152).

Es muy importante considerar en este caso que cuando se tiene la voluntad por parte del gobierno de compartir la responsabilidad con la ciudadanía en la asignación de parte del presupuesto municipal, los problemas políticos pasan a segundo plano, pues la gente tiene un gran incentivo para resolver los problemas cotidianos, que les afectan a todos.

El gobierno de Caracas distribuye el presupuesto de obras, conservación y mantenimiento (lo que está directamente relacionado con los problemas de la gente) de la siguiente manera: 50% por igual entre las diecinueve parroquias, 25% de acuerdo al peso poblacional de cada una de ellas y el otro 25% de acuerdo con la gravedad de los problemas (Martha Harneker, 1995, citada en Zermeño, 2005: 156).

Este criterio es sumamente interesante en términos de políticas públicas, porque busca equilibrar el criterio de cobertura (al asignar 50% del total a todas las parroquias por igual) con el criterio de equidad (invertir más en las regiones más pobladas y en las más atrasadas).

La otra experiencia que rescatamos en este apartado es la de Montevideo, capital de Uruguay, que para el año 2000 contaba con 1, 378, 000 habitantes (3), y cuyo gobierno inició un programa de desconcentración administrativa a principios de los noventa.

Montevideo fue dividida en 18 centros comunales zonales hacia los que se descentralizaron los servicios (alumbrado, saneamiento, arbolado, cultura, espacios verdes, etcétera); cada centro está habitado por entre 60 mil y 100 mil personas; una junta local se constituye en órgano político de gobierno y se encarga de la gestión de los servicios. La ciudadanía, por su parte, en cada centro comunal zonal, está organizada en un consejo vecinal que se integra, a su vez, por dos consejeros vecinales electos en cada uno de los barrios (Zermeño, 2005: 151).

De estos consejos vecinales fueron desprendiéndose varios programas sociales, que dieron un giro a la simple desconcentración administrativa que el gobierno pretendía, convirtiéndose en participación ciudadana efectiva que incide en el desarrollo comunitario.

El frente amplio que gobierna Montevideo desde la década de los noventa, intentó aplicar una política diametralmente opuesta a las concepciones neoliberales, esas concepciones que buscan traspasar a otros las responsabilidades originarias del Estado sin traspasar, en realidad, los recursos con los que hasta ese momento se venía respondiendo a esas obligaciones…la política frenteamplista…antes de recluir al ciudadano en lo privado, “parte de la base de que para que el proceso sea democrático tiene que contar con la participación popular y con un real traspaso de poder que es, entre otras cosas, un real traspaso de recursos” (Zermeño, 2005: 153-154).

En suma, estas y otras experiencias latinoamericanas, después de varios lustros, han puesto en claro que se pueden llevar adelante con cierto éxito experiencias autónomas al margen de los aparatos gubernamentales, pero que cuando hay articulación orgánica y legalmente establecida entre los dos ámbitos la eficiencia es mucho mayor (Zermeño, 2005: 151).

Participación ciudadana en México

Al inicio de la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas en la ciudad de México, en 1997, había gran expectación por la promulgación de la nueva Ley de Participación Ciudadana, sin embargo, el gobierno privilegió la discusión sobre la Reforma Política del Distrito Federal.

Las discusiones en torno a ambas legislaciones comenzaron a dilatarse y la euforia que el triunfo de Cárdenas podría haber proyectado hacia el tema central de la campaña, en torno a la reorganización participativa de los ciudadanos, se perdió en 1998…al final de cuentas las negociaciones en torno a la reforma política del Distrito Federal no prosperaron y la Ley de Participación Ciudadana fue aprobada unilateralmente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) después de más de un año de retraso y sin el impacto que hubiera podido tener en el comienzo de la gestión (Zermeño, 2005: 157).

En esta nueva ley se prefirió a los comités vecinales atomizados y evitó crear un consejo en cada delegación, aunque si creó algunas prácticas de fomento al asociativismo vecinal, como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, etcétera.

Los comités vecinales atomizados, junto con las prácticas neopatrimonialistas de los nuevos delegados y la pulverización de la solidaridad en extensos medios populares, erosionan los espacios públicos vecinales de densificación social, aquellos que verdaderamente fortalecen el asociativismo de la sociedad civil, aquellos que permitirían enfrentar colectivamente los problemas de la ciudadanía: seguridad, servicios básicos, abasto, etcétera (Zermeño, 2005: 160).

Además, la posible sedimentación ciudadana que se lograría, aunque sea precariamente, con la instauración de los 1300 comités vecinales, se diluyó ya que los recursos económicos para su fomento fueron muy limitados y el proceso de participación ciudadana dio inicio en 1999, año muy politizado por la dinámica electoral previa a las elecciones federales y locales del año 2000.

El nuevo gobernante del Distrito Federal a partir del año 2000, Andrés López Obrador, se propuso desde el inicio de su gestión, revitalizar a los comités vecinales, dotarlos de recursos suficientes, de personalidad jurídica y de atribuciones para aplicar programas de desarrollo social.

Al escuchar que habría dinero, muchos comités se reagruparon con gran oportunismo en la mayoría de los casos y con grandes fricciones entre sus miembros…hasta el extremo de que el propio López Obrador tuvo que desconocerlos (Zermeño, 2005: 161-162).

Instituyó, entonces, unas asambleas vecinales que se reunieron dos o tres veces a lo largo del primer año y después prácticamente desaparecieron.

En 2005 se hicieron reformas a la Ley de Participación Ciudadana que denotan un retroceso a estructuras más jerárquicas y cercanas a las burocracias delegacionales, nuevamente al acercarse las elecciones federales y locales en 2006, el gobierno no tuvo la voluntad para llevar a cabo un proceso efectivo de participación ciudadana, que tendrá que esperar.

No se quiso empoderar a los ciudadanos en sus espacios naturales, que es donde son más fuertes; ahí se les atomizó y, de entre esos átomos, se separó de su territorio a unos representantes a los que se encuadra en referentes temáticos (salud, educación, servicios públicos, seguridad), teniendo que enfrentar por igual problemas de Topilejo que de Perisur (Zermeño, 2005: 164).

Un caso aparte, digno a considerar, es el programa “Hacia un presupuesto participativo”, emprendido por el gobierno delegacional de Tlalpan, encabezado por el intelectual Gilberto López y Rivas, entre 2001 y 2003, en la ciudad de México.

Hacia un presupuesto participativo, como la misma administración lo definió, fue un proyecto que pretendió, pese a las limitaciones antes mencionadas, en el entorno del gobierno de la ciudad de México, dar un paso en el camino de ampliar el margen de participación de la ciudadanía en asuntos públicos, con el propósito de avanzar en la construcción de una cultura democrática, de diálogo y de respeto ante la diversidad de opiniones que existen en la comunidad, así como de transparencia y corresponsabilidad ante la acción del gobierno.

El argumento del gobierno delegacional para estimular a la ciudadanía a participar en la definición de las obras públicas es que, precisamente, es el ciudadano quien mejor conocimiento tiene de las necesidades del entorno en el que habita.

La delegación consideró para la aplicación de este programa, la división territorial dada por las 5 secciones electorales en que se divide el territorio de Tlalpan: Centro de Tlalpan, Villa Coapa, Héroes de Padierna, Ajusco Medio y zona de pueblos; se asignó al programa en 2002 el 17% de su presupuesto total de la delegación y se creó la figura de “equipos de monitoreo”, conformados en comités ciudadanos que buscaban ser parte de la contraloría social del programa.

Uno de los principales problemas del programa es la falta de autonomía de la delegación, ya que la Asamblea Legislativa es la que define los techos presupuestales, negando a la delegación la facultad de priorizar sus recursos como mejor le convengan.

Otro factor que dificulta la implementación de un ejercicio de este tipo son las resistencias del propio equipo de gobierno, pues al dar voz y voto a la población se rompe con esquemas de gestión corporativa, con posibles actos de corrupción y con formas de participación individualista que buscan el beneficio propio sobre el colectivo, pues uno de los criterios para presentar una propuesta es el mayor beneficio social.

Por último, el programa no logró consolidarse sin el liderazgo del jefe delegacional que lo impulsó y las nuevas autoridades delegacionales disolvieron el programa, sin embargo, la densificación social que se logró, al menos parcialmente, sigue adelante, tal es el caso de la Asociación de comités vecinales de Coapa, que ha logrado mejoras importantes para su comunidad, de la mano de expertos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en cuanto al respeto del uso del suelo, el ordenamiento de los giros mercantiles, vialidad y seguridad pública.

En síntesis, el camino por recorrer en México en cuanto a procesos que densifiquen a la sociedad es aún largo, es necesario que otros gobiernos, otros partidos y otros actores sociales se interesen efectivamente en la participación ciudadana como mecanismo para la gestión y resolución de los problemas sociales.

Es necesaria, además, una legislación consistente, que garantice la participación de la ciudadanía, que impida el secuestro de los comités vecinales por parte de grupos políticos caciquiles y que esté orientada democráticamente, no sólo para la ciudad de México, sino para todo el país.

El Parlamento Democrático Mendocino

El municipio de Camerino Z. Mendoza, mejor conocido como Ciudad Mendoza, está situado en la parte central del estado de Veracruz y pertenece a la región Córdoba-Orizaba. Esta región, que comprende los municipios medios de Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, es predominantemente urbana, industrial y comercial pero está conformada en su periferia por poblaciones indígenas nahuas de la sierra de Zongolica y asentamientos rurales aledaños al volcán Citlaltépec.

El municipio cuanta con una cabecera marcada históricamente por la industria textil que le dio vida, y ahora más, por el comercio y los servicios urbanos que proporciona; la población, según el censo de 1990 era de 35, 084 habitantes, de los cuales el 13% eran indígenas, hoy en día, según datos del II Conteo de Población 2005 de INEGI, hay 39, 002 habitantes, de los cuales sólo el 8% es indígena (4).

Durante la década de los ochenta se encuentran los antecedentes del proceso político y social que da origen al Parlamento Municipal, la unión de las colonias estuvo auspiciada en un principio por el sindicato de la industria textil, que buscaba asegurar para el sindicalismo los votos de la sociedad mendocina para ganar las alcaldías y las diputaciones por parte de los candidatos obreristas del PRI.

Sin embargo, en 1988, con el debilitamiento del sindicalismo, debido a la crisis económica en que cayó la industria, y con el auge del Cardenismo y del Partido Acción Nacional (PAN), el avance de los partidos de oposición se registró como un fenómeno nacional. En las elecciones municipales de 1991, el PRI pudo mantener aún el poder de las presidencias municipales de la región, pero en algunos casos tuvo que postular, por primera vez en muchas décadas, candidaturas no obreras.

En 1994, las elecciones municipales cambiaron sorprendentemente el mapa político de la región. La oposición derrotó al PRI en casi todos los municipios: Córdoba (PAN, Candidato empresario), Fortín (PAN, Candidato profesionista), Orizaba (PAN, Candidato empresario), Río Blanco (PAN, Candidato comerciante), Ciudad Mendoza (PRD, Candidato profesionista). (Ocegueda, 1999: 504).

En este marco político se consuma el triunfo electoral de un partido de oposición en Ciudad Mendoza, en 1994, ante esta situación se creó el Departamento de Participación Ciudadana Municipal para que elaborara una propuesta en la que se plasmaran los intereses democráticos del nuevo gobierno y los ofrecimientos de la población para la colaboración con el ayuntamiento.

Una de las primeras acciones del departamento fue la de convocar a asambleas por colonias para la elección de dos representantes de las mismas para pertenecer al Parlamento Ciudadano. Posteriormente se hizo una asamblea de los representantes y se eligió un Comité Coordinador del Parlamento Ciudadano, con Presidente, Secretario, Tesorero y vocales.

La viabilidad de instaurar el parlamento se justificó en el hecho de que los ayuntamientos tienen facultades ejecutivas y colaboran en actividades judiciales con las autoridades competentes, pero están limitados en labores legislativas. Es decir, la facultad reglamentaria de los ayuntamientos no es suficiente para controlar las labores del cabildo y determinar si los presupuestos están siendo bien utilizados.

Con esta idea se creó el Parlamento Ciudadano que fue una instancia de representación de las 22 colonias y dos comunidades (La cuesta y Necoxtla) del municipio. Cada colonia tenía su comité coordinador y el presidente municipal asistía regularmente al parlamento a discutir los problemas y necesidades del municipio, y para supervisar que el ayuntamiento estuviera cumpliendo correctamente con sus tareas de gobierno (Ocegueda, 1999: 511).

El Parlamento Ciudadano era una instancia de interlocución entre los ciudadanos y el gobierno municipal, ante el cual, por reglamento, comparecían periódicamente los ediles para explicar y dar cuenta de las actividades y políticas impulsadas desde sus comisiones correspondientes.

Los miembros del Parlamento, representantes de cada una de las colonias, se dividían en comisiones la fiscalización de las acciones de los miembros del ayuntamiento, pero también realizaban acciones de cooperación con las mismas.

De esta manera un miembro del Parlamento Ciudadano tenía una doble función: atender sus comisiones que en el organismo le asignaron y representar a la colonia ante el ayuntamiento. Esto les otorga cierta movilidad que requería del conocimiento paulatino de la administración municipal.

Así fue como nació el Parlamento Ciudadano, que fue demandando cada vez mayor autonomía del gobierno municipal y definiendo sus propios estatutos. A mitad del trienio, el cabildo había aprobado la instalación del Parlamento y un reglamento de participación ciudadana que los reconocía como interlocutores del gobierno municipal, ante los cuales cada uno de los ediles y el presidente municipal tenían que comparecer con cierta regularidad.

El departamento de Participación Ciudadana, tuvo un presupuesto destinado para convocar a las sesiones del Parlamento Ciudadano que se llevaban a cabo en las sala de cabildo del palacio municipal. Así mismo, contaba con papelería y teléfono y la asesoría de un organismo civil (Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara A.C.) que capacitó al Comité Coordinador del Parlamento para el ejercicio de sus funciones definidas estatutariamente y para el conocimiento general de la administración municipal.

El Parlamento definió su tareas como: a) tarea de gestión y autogestión; b) tareas propositivas, c) tarea de planeación; d) tarea de contraloría y, d) tarea legislativa. En cada una de ellas los miembros del Parlamento crearon comisiones para llevar adelante las actividades propuestas. Estableció sesiones periódicas con el ayuntamiento en las que cada uno de los ediles y funcionarios comparecen ante el Parlamento Ciudadano para la revisión de sus actividades y para escuchar las quejas y demandas de la ciudadanía, y elaboró un Reglamento Interno del Parlamento Municipal de Cd. Mendoza, así como el acta constitutiva del Comité Coordinador.

Este programa estuvo vigente en Ciudad Mendoza entre 1995 y 1997 y tuvo como aspectos positivos: la existencia misma del parlamento como proyecto, inédito en los municipios veracruzanos, que fue una oportunidad de que la sociedad civil de manifestase en la vida pública municipal, empoderándose y redensificando la base social de la comunidad; la voluntad tanto del gobierno como de los parlamentarios para participar en acciones de beneficio social; la elaboración del reglamento interno de funcionamiento, el haber normado la acción de los ediles y las gestiones que se realizaron ante las autoridades (la más notable fue de electrificación para una comunidad de Necoxtla) .

Entre los aspectos negativos encontramos la inasistencia y la falta de participación constante, ya que de los 88 miembros originales del parlamento, a mediados de 1997 sólo 15 asistían regularmente a las juntas; llegó el momento en que en las reuniones había más retórica política, que preocupación real por la resolución de los problemas de la gente; otro problema fue la inercia del pasado paternalista obrero priísta, ya que la gente si participaba, pero estaba acostumbrada a que el gobierno les diera todo en bandeja de plata; otros aspecto que complicó la aplicación del programa fue el choque de intereses entre el parlamento municipal y los ediles, así como la falta de recursos económicos que se agravó el último año de la administración municipal.

El parlamento se disolvió a finales de 1997, con el regreso del PRI al gobierno municipal, sin embargo, quedan algunas reflexiones en torno a este experimento de participación ciudadana inédito en la historia de Veracruz.

El impulso de instancias de participación ciudadana que fiscalicen las actividades del ayuntamiento contribuye a que las autoridades municipales promuevan entre sus colaboradores métodos eficaces y eficientes para llevar a cabo su trabajo. Además contribuye a inhibir la corrupción al interior y al exterior del palacio municipal. Un ayuntamiento que promueve que lo fiscalicen, promueve también que la ciudadanía conozca perfectamente los procedimientos y reglas mediante los cuales debe conducirse.

El reto estriba, como se mencionó líneas arriba, en el caso del Presupuesto Participativo de Tlalpan y en el del Parlamento Municipal Mendocino, en que los buenos programas puedan institucionalizarse, reciban los recursos necesarios y puedan seguirse aplicando sin depender de la continuidad o no del partido o de las personas que lo promovieron.

Conclusión

El requisito previo más importante y decisivo que se debe tener en cuenta para emprender un proceso participativo social, es que las autoridades locales deben tener una fuerte voluntad política para compartir con sus electores una proporción considerable del poder que detentan.

Otro aspecto a considerar es que la participación autoorganizada con base territorial requiere de reglas y por lo tanto de reglamentos, de planes dedicados a incentivarla, de papeles bien definidos para los distintos actores y, lo que parece más importante y no abunda, de tiempo y de sedimentación hasta que todo ello se convierta en una cultura social participativa (Zermeño, 2005: 150).

La evidencia empírica aquí enunciada ha demostrado que una combinación de instituciones públicas fuertes y asociaciones organizadas, constituye una herramienta poderosa para la redensificación social y el mejoramiento del nivel de vida de la población.

La implementación de instrumentos como el presupuesto participativo o el parlamento municipal son benéficos tanto para la población como para el gobierno que los promueve, ya que anima la participación y el involucramiento de la sociedad en los asuntos del gobierno, fomenta el adecuado ejercicio de la labor pública y la rendición de cuentas, da al cabildo mayor legitimidad política y hace que éste cuente con más elementos para la resolución de los problemas de la comunidad.

Sin embargo, es necesario reconocer que la eficiencia y eficacia de estos instrumentos participativos se da en mayor medida en territorios medios bien delimitados, donde la población comparte problemáticas concretas y donde es más factible la organización de comités, asambleas o grupos vecinales que realmente densifiquen la acción social determinadas a través de la participación ciudadana efectiva en los asuntos gubernamentales que más les conciernen y afectan.

La propuesta final de este texto va en el sentido de que es justamente en las ciudades medias de nuestro país, donde la cercanía de la gente con sus autoridades, el reconocimiento de los vecinos como tales y la solidaridad que existe en muchos barrios y colonias, donde mayores posibilidades de éxito tienen propuestas imaginativas como el presupuesto participativo, el parlamento municipal u otras, que busquen la redensificación de lo social y el mejoramiento en las condiciones de vida de la gente, en un espacio de cooperación y corresponsabilidad gobierno-ciudadanía.

BIBLIOGRAFÍA

• Navarro, Zander (2005). Presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil, en Isabel Licha, “Ciudadanía activa: gestión de presupuestos locales en Asia Oriental y América Latina”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington.

• Ocegueda, Alfonso (1999). El parlamento municipal de Ciudad Mendoza, en Enrique Cabrero y Gabriela Nava, “Gerencia pública municipal: conceptos básicos y estudios de caso”, Miguel Ángel Porrúa/CIDE, México.

• Zermeño, Sergio (2005), La desmodernidad mexicana y las alternativas a la violencia y a la exclusión en nuestros días, Editorial Océano, México.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS

• Página web del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

www.inegi.gob.mx/CONTEO2005.htm

• Página web del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)

www.ibge.gov.br/2005.htm

• Página web del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INEV)

www.ine.gov.ve/cifras/desplegable.htm

• Página web del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INEU)

• www.ine.gob.uy/biblioteca/CENSO/MONTEVIDEO.htm

NOTAS

1. Obtenido en www.ibge.gov.br/2005.htm

2. Obtenido en www.ine.gov.ve/cifras/desplegable.htm

3. Obtenido en www.ine.gob.uy/biblioteca/CENSO/MONTEVIDEO.htm

4. Obtenido en www.inegi.gob.mx/CONTEO 2005.htm