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Novelo U., Federico: "Situación actual y perspectivas de la migración México-Estados Unidos" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 28, julio 2004. Texto completo en

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/

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            Pese a su prolongada duración, el asunto migratorio global y, en particular, la migración desde México a los Estados Unidos, ha cobrado una importancia reciente para un número significativo de analistas e instituciones en prácticamente todo el mundo, entre otras cosas, por su considerable relevancia material: “El movimiento de personas es una fuerza económica con un poder que sobrepasa potencialmente el del movimiento de productos o capital...” [1]. Buena parte de la complicación que enfrenta el tratamiento de dicho movimiento, especialmente visible en el tránsito de mexicanos hacia el país vecino del norte, descansa en el carácter unilateral de su gestión, por parte del país anfitrión, muy a pesar de los esfuerzos realizados por el actual gobierno de México para arribar a un acuerdo migratorio binacional, con lo que se pretendió abandonar la duradera “política de no tener política”, tampoco en materia migratoria, y así denominada por Manuel García y Griego[2]. El fenómeno migratorio, con todo y atraer la atención de muchos y muy notables académicos, aun carece de la fuerza del análisis multi e interdisciplinario que ha mostrado requerir; el variopinto de los enfoques económicos, por ejemplo, está visiblemente sesgado, ya por los empeños equilibristas, ya por los voluntarismos materialistas, sin conformar –todavía- un cuerpo teórico con eficacia explicativa y comprensiva del amplio espectro de variables, no sólo económicas, que impulsan a la migración.

            Las promesas incumplidas del trascendente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ofrecían un crecimiento de la economía, la productividad y el empleo en México que, de acuerdo con la Hipótesis de Convergencia, superarían a los de los dos socios comerciales y, así, frenarían al flujo migratorio sur-norte, simplemente no han hecho acto de aparición en los más de diez años de operación de ese instrumento, de forma tal que el movimiento migratorio se ha incrementado exponencialmente; el producto mexicano ha crecido muy poco, sin que su distribución adquiera mayor progresividad, y la recurrencia del ciclo económico, de cuño nacional o importado, es totalmente visible, arrojando el triple efecto del desempleo, el subempleo y el empleo precario[3].

            El presente trabajo hace un recorrido inicial por las teorías económicas que abordan el fenómeno migratorio, destacando su involuntaria complementariedad y cooperación, mucho más visible que su competencia como formas únicas de comprensión de dicho fenómeno; continúa con el examen de las características actuales de la migración de México a los Estados Unidos e incorpora las modalidades diplomáticas, propuestas por el actual gobierno, para alcanzar un acuerdo migratorio binacional. Finalmente, introduce un cuerpo de conclusiones relativas al estudio y a las posibles vías de atención del proceso migratorio.

I.- EN EL CAMINO DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS MIGRACIONES

     En el análisis actual de las migraciones, se ha puesto una especial atención en la forma en la que la ciencia económica aborda, desde distintas perspectivas teóricas, el fenómeno[4].

Se parte de las ideas neoclásicas, especialmente la del equilibrio general, que describe al migrante como el agente maximizador de beneficios que, al calor de diferencias sensibles entre el salario doméstico y el ofrecido en el lugar de destino, construye expectivas racionales que incentivan poderosamente la migración, de forma tal que, al incrementar la oferta de trabajadores en el exterior y reducirla en el país de origen, produce el triple efecto de la reducción salarial en el primero, el aumento salarial en el segundo y el incremento del producto total acompañado del deterioro de los términos de distribución:

“...las leyes malas u opresivas, los impuestos elevados, un clima poco atractivo, un entorno social desagradable e incluso la coacción (comercio de esclavos, deportación) han producido y siguen produciendo corrientes migratorias, pero ninguna de estas corrientes se puede comparar en volumen con las que surgen del deseo inherente de la mayoría de los hombres a prosperar en el aspecto material”[5].

La mecánica de este proceso, siempre de acuerdo con la teoría convencional, supone a un agente económico individual, suficientemente informado de las circunstancias actuales y mediatas de la realidad salarial en su país y en el extranjero, capaz de calcular el flujo de beneficios de la migración, así como el relativo a los costos de tal mudanza territorial, e informado, también, del espectro de oportunidades de trabajo en la nación receptora, aunque conozca poco, y se interese menos, por los efectos que tal migración pudiera tener

en los dos sistemas económicos; dicha mecánica se ilustra en la siguiente gráfica:

Al estar definida la curva de demanda de trabajadores por el valor del producto marginal (VPM) y la oferta de los mismos por la población, se tiene que en los Estados Unidos se ocupan 7 trabajadores por un salario equivalente a 9 dólares por hora; mientras tanto, en México se ocupan 7 trabajadores por 3 dólares la hora. El diferencial de salarios incentiva la emigración de 3 trabajadores mexicanos a los Estados Unidos, mismos que, al ocuparse junto con los siete que ya trabajaban, producen el efecto del incremento del producto, sumando las áreas e + d, y el de la reducción en la remuneración para colocarla en 6 dólares la hora. En México, la migración citada reduce la oferta de trabajo hasta cuatro oferentes, con lo que la remuneración se eleva a 6 dólares, de lo que deriva el establecimiento del equilibrio en las remuneraciones y se suprimen los incentivos para la migración; el supuesto es consistente con la hipótesis de convergencia de los salarios, aunque no se cumple en la realidad porque no existe convergencia en la productividad y porque en México los salarios se fijan administrativa y autoritariamente para la economía formal, en función de su hipotética e incomprobada influencia sobre el nivel general de precios. Finalmente, el ejemplo ilustra el crecimiento del producto total y el deterioro en los términos de distribución del mismo.

La llamada Nueva economía de las migraciones laborales no hace sino enmendar la página a la contribución neoclásica, de forma tal que identifica a la fuente de la decisión migratoria no en el agente individual maximizador, sino en el hogar, la familia que construye la estrategia de la migración de una parte de sus miembros, con el propósito no sólo de maximizar ingresos sino, fundamentalmente de diversificar sus fuentes y reducir los riesgos. En la medida en que la finalidad de la emigración es maximizar los ingresos, no lo es, necesariamente, en términos absolutos cuanto en relación con otros hogares en su grupo de referencia, retomando de este modo la vieja noción de la privación relativa[6]. Se infiere, entonces, que cuanto más desigual sea la distribución del ingreso en una comunidad determinada, más se sentirá la privación relativa y mayores serán los incentivos para la emigración. Cabe señalar que, a diferencia de la explicación neoclásica, la nueva economía de las migraciones laborales es sensible a la distribución de los ingresos.

Al abordar el asunto desde la perspectiva de los ámbitos receptores de las migraciones, la teoría de los mercados de trabajo segmentados analiza las razones estructurales de la necesidad de mano de obra extranjera en las economías desarrolladas. La segmentación se origina en la dualidad de mercados de trabajo intensivos en capital que coexisten con los que lo son en trabajo, en un marco rígido de jerarquía laboral; la existencia de puestos de trabajo mal remunerados, riesgosos, sucios y de inexistente status social es un incentivo adverso para que la población doméstica acepte semejantes empleos, mismos que no pueden recibir los incentivos tradicionales de mercado, como aumentos salariales, en virtud de generar dos opciones igualmente indeseables: La pérdida de jerarquía laboral o, en caso de mantenerla, la escalatoria general de salarios que produciría una inflación estructural, ya que nada garantiza que tales incrementos se hagan acompañar del crecimiento proporcional de la productividad. Es ahí donde el inmigrante puede convertirse en solución, ya que esos bajos salarios suelen ser mayores que los de su lugar de origen, que es el espacio en el que el migrante busca su propio status, y no en el lugar de destino, por lo que él sí cuenta con incentivos para ocupar esos puestos de trabajo.

Falta una explicación de inspiración marxista. La teoría del sistema mundial que hace referencia a la penetración del capitalismo en economías periféricas y semi periféricas como variable explicativa de la modernización de los procesos productivos, de forma tal que el capital sustituye y desplaza a la fuerza de trabajo y, así, la obliga a migrar al centro, en el que obtendrá bajas remuneraciones, reproduciendo el esquema general de desigualdad que caracteriza al orden capitalista. Immanuel Wallerstein es el más reconocido autor de esta propuesta.

El sistema mundial, de predominio europeo, empezó a formarse en el siglo XVI y está compuesto por tres esferas concéntricas: centro, periferia y semiperiferia; las migraciones emanan de las desigualdades estructurales –en este caso, de un orden internacional fuertemente desigual- y, de manera contraria al paradigma del equilibrio general, tienden a reforzarlas en lugar de contribuir a reducirlas. La extensión del modo de producción capitalista de los países del centro hacia los de la periferia constituye el núcleo central de la explicación de las migraciones. Para contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia TG = PV / V ¸ 1 + (C / C + V) (La tasa de ganancia es igual a la tasa de plusvalor dividida por la unidad más la composición orgánica del capital), los países del centro intervienen en los de la periferia en busca de materias primas, de alimentos y de mano de obra barata. Esta penetración entraña el reemplazo de prácticas tradicionales por prácticas capitalistas, y de procesos de producción tradicionales por procesos modernos, especialmente en la agricultura y en las manufacturas, mismas que experimentan una reducción en la demanda de trabajo, bajo el influjo del crecimiento en la productividad.

El excedente de mano de obra resultante, que no puede ser absorbido por el resto de actividades con incipiente desarrollo, produce un fuerte incentivo para la emigración que encontrará en los países centrales una baja remuneración. Pese a sus visibles limitaciones, como la generalización mundial de un tipo específico de migración en presencia de una notable diversidad de flujos migratorios, la teoría del sistema mundial arroja una luz considerable sobre el carácter histórico de ciertas migraciones.

Una conclusión plausible, en mi opinión, conduce a colocar a estos cuerpos teóricos, a pesar de las intenciones de sus respectivos creadores y/o impulsores, en condiciones preferentes de complementariedad sobre las de eventual competencia. Como quiera que sea, la realidad multifacética y cambiante de las migraciones internacionales se encuentra muy lejos aún de la disponibilidad de su propia economía política y la agenda por desarrollar debe incluir, en mi opinión, las incipientes aportaciones del institucionalismo económico, cuyos defensores le perciben como una teoría positiva, que nos informa cómo son las cosas, mientras juzga al resto de teorías económicas como normativas, las que nos dicen cómo deben ser; un ejemplo de la adecuación de las instituciones (reglas del juego) internacionales a un ambiente de equidad, podría establecerse en la supresión de una globalización para ricos y una globalización para pobres, donde los primeros países imponen aranceles aduaneros a los productos de los segundos más de cuatro veces superiores a los que se aplican a sus propios productos (0.8 % frente a 3.4 %) y donde las subvenciones y otros mecanismos de apoyo a la agricultura, en los primeros, son especialmente nocivos para la producción y exportaciones de lo segundos, y su monto es de aproximadamente mil millones de dólares diarios, lo que representa una cifra más de seis veces mayor al total de asistencia para el desarrollo. La dificultad, así originada, para que los países pobres aprovechen las supuestas oportunidades comerciales de la globalización, se convierte en sólida variable explicativa de los flujos migratorios sur-norte; la agenda de reformas institucionales a estas injustas reglas del juego, ya se ha comenzado a elaborar desde el institucionalismo económico[7].

II.- LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS.

En contra de muy difundidas versiones, la evidencia disponible muestra que la migración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos se origina preferentemente en el nivel salarial del segundo país, más que en la desocupación en el primero, y que los niveles de ocupación y escolaridad de los migrantes no son los más bajos de la Población Económicamente Activa (PEA) de México, fluctuando entre los seis y los nueve años de educación; además, la mayor parte de los migrantes ya no se emplea directamente en las actividades agropecuarias[8].

Fuente: CPS, Current Population Survey, marzo 2002, citado en Cruz, Rodolfo, Emplearse en los Estados Unidos, en la  revista nexos 317, México, mayo 2004, p. 40.

Desde la perspectiva estadounidense, el considerable incremento en la oferta de trabajo con calificación menor que la de los estudios de preparatoria o equivalente, en la que la inmigración de origen mexicano tiene un peso significativo, al lado del déficit comercial, especialmente visible durante los años ochenta, arrojaron el saldo de una caída salarial, para estos estratos de calificación y para esa década, cercana a los 10 puntos porcentuales en relación con los salarios de trabajadores con estudios de educación media superior o superior[9]. El peso de los efectos de la apropiación de puestos de trabajo, de la presión para reducciones salariales, del consumo de demasiados servicios gubernamentales, del padecimiento de enfermedades contagiosas y de la naturaleza clandestina de su entrada a los Estados Unidos, en la que se cobijan elevados niveles de explotación y la evaporación del menor respeto por sus derechos humanos, da cuerpo a la recurrente invocación de medidas, legales y represivas, más duras en contra de los inmigrantes. Con arreglo a la teoría económica, en el fondo y al tiempo que se asume que la inmigración acrecienta el producto, no deja de insistirse en que hay un efecto colateral, consistente en el deterioro de la distribución, por cuanto el incremento en la oferta de trabajadores opera como presión a la baja de los salarios. De todos los grupos de inmigrantes en los Estados Unidos, los mexicanos obtienen las más bajas remuneraciones, según las relevantes indagaciones de Rodolfo Cruz Piñeiro:

En análisis económicos de mucha mayor precisión, se sugiere que los estancamientos salarial y ocupacional estadounidense, particularmente en la manufactura, son el resultado de la combinación de un elevado ritmo en el crecimiento de la productividad industrial precedente con un uso preferente del ingreso marginal en el consumo de servicios sobre el de bienes[10]; y en esa situación, la capacidad de adaptación de los migrantes mexicanos, mayoritariamente experimentados en actividades agropecuarias, al desarrollo de nuevas actividades, industriales y de servicios, favorece una suerte de integración orgánica a la demanda dominante en los Estados Unidos de trabajadores con baja calificación:

Una parte de la oposición al libre flujo del trabajo hacia los Estados Unidos descansa en la intensidad que tal migración alcanzó en los años recientes, de forma que, mientras la inmigración estadounidense correspondió a 152 mil personas entre 1820 y 1830, para 1981-1990 llegó a 7, 338 miles de personas[11]. Sólo entre 1990 y 2000, el 79 % del aumento de la población total no autorizada se debió a los inmigrantes mexicanos, según estimaciones del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) que, desde el año 2003 y muy probablemente por estos datos, forma parte del Departamento de Seguridad Interna -DHS, por sus siglas en inglés-[12].

En el marco de la globalización, y con una combinación de añejos y conocidos problemas estructurales del sistema económico mexicano, con novedosos problemas coyunturales que van de la vulnerabilidad del sistema financiero a la inadecuada educación pública, pasando por obstáculos burocráticos y una densa cortina de delincuencia y corrupción, se ha hecho visible una complicación suplementaria que, contra todas las promesas oficiales, deriva del magro efecto en el crecimiento que han tenido las reformas económicas que arrancan desde 1982:

Elaboración propia con datos de Jaime, Edna, La lógica de la reforma económica, en Rubio, Luis (coordinador), Políticas económicas del México contemporáneo, FCE, México,2001, p. 52.

La profundización en la disparidad de ingresos entre países ricos y pobres constituye un fuerte incentivo para aumentar la presión para emigrar a los primeros, que responden erigiendo barreras más altas a la inmigración y a las importaciones primarias. En este sentido, el gran supuesto del consenso de Washington, en el que los mercados libres acarrearían la convergencia económica, es erróneo; de la misma forma que es equivocado el mito liberal, mediante el que las sociedades que se modernizan, se asemejan[13]. El uniformismo que deriva de imaginar que hay un sólo sistema económico compatible con las exigencias de la modernidad favorece la negación de oportunidades, especialmente para los países pobres, para buscar los mecanismos de su propio desarrollo, sin subordinación a los planteamientos económicos impuestos desde los organismos multilaterales, en los que la sobre representación de los países ricos es totalmente visible.

Desde la conclusión de los programas bracero (1942-1964), el objetivo de los gobiernos de México ha sido mantener abierta la puerta del mercado laboral de Estados Unidos, con una política que consiste en no tener política y que, en el mejor de los casos, toma una pálida expresión en la insistente defensa de los derechos de los migrantes a través de una débil protección consular; desde la causa estadounidense, la respuesta fue la de una política semipermisiva, hasta mediados de los años noventa, concretamente hasta 1994, cuando da inicio un ciclo antiinmigrante que, mediante la propuesta 187, aprobada en California ese mismo año, privaría a los indocumentados del derecho de acceso a los servicios básicos de educación y salud; por fortuna, y por inconstitucional, tal propuesta fue invalidada por las cortes.

En el ámbito federal, y durante el mismo año, el gobierno de Washington inició operaciones policíacas en la frontera para frenar la inmigración de indocumentados, como la Guardián y Mantén la línea, hasta llegar, en 1996, a la aprobación de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés). Esta situación, a partir de la reacción del anterior gobierno de México, permitió la creación de un Grupo de Migración y Protección Consular, dentro de la Comisión Binacional, que elaboró un estudio entre 1995 y 1997. La rápida condena, como inaceptable, del status quo migratorio entre México y los Estados Unidos, alcanzada por consenso del Grupo México-Estados Unidos sobre migración, abrió la puerta para la elaboración de nuevas propuestas que también encontraron un ambiente propicio en las campañas presidenciales de George Bush hijo y Vicente Fox quienes, como sucede cada docena de años, iniciarían sus respectivos mandatos durante el mismo año. De manera inusual, el tema migratorio no recibió el trato persecutorio que se le suele dispensar en esas campañas y en los Estados Unidos, y no escasearon los reconocimientos al papel que los inmigrantes han desempeñado en el crecimiento del PIB estadounidense.

Fuentes: Alba, Francisco, op. cit. p. 34 y Campa, Homero, Esquivel, Jesús y Gutiérrez, Alejandro, Albazo migratorio, revista proceso 1432, México, 11 de abril del 2004 p. 44.

            No es posible exagerar la relación que esta política migratoria de los Estados Unidos, que se distingue por sus afanes represivos en contra de los migrantes, guarda con la reacción que éstos concretan en la búsqueda de nuevos puntos de paso fronterizo, en los que las adversidades naturales y las aficiones racistas de rancheros, de otros grupos xenófobos y los oficios de la policía migratoria, producen las considerables cifras de defunciones y detenciones de inmigrantes ilegales, mayoritariamente mexicanos; de 1998 a 2003, fallecieron 2 650 migrantes, 422 de ellos sólo en 2003, de acuerdo con cifras del California Rural Legal Assistance Foundation[14].

En el ánimo declarado de modificar esta situación y ya en funciones de gobierno, el presidente Bush distinguió a su contraparte mexicana en dos ocasiones:

1.- Visitó al presidente Fox en San Cristóbal, Guanajuato, a las tres semanas de haber tomado posesión, siendo su primer viaje al exterior como presidente de los Estados Unidos, en el que acordó la creación de una comisión de migración de alto nivel, integrada por los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores de México y por el secretario de Estado y el procurador general, de los Estados Unidos, y

2.- Reservó la primera visita de Estado a Washington para el presidente mexicano, oficialmente iniciada a partir del 5 de septiembre de 2001, durante la que el licenciado Fox habló durante una sesión conjunta del Congreso, e insistió en el crucial tema: “Necesitamos un acuerdo migratorio para finales de este año. Es decir, para asegurarnos que en los cuatro años del gobierno del presidente Bush o en los seis del mío no quede ningún mexicano indocumentado en este país”.

Esa declaración, qué duda cabe, fue mucho más apremiante que la captada por la prensa a su llegada a Washington, el día 3 de septiembre: “...estamos concientes de lo que podemos y no podemos hacer en el corto plazo...Así que no hay prisa...Tenemos tiempo para construir. La administración del presidente Bush está apenas comenzando. La mía está empezando. Creo que nuestro cálculo es que en los próximos cuatro o seis años tendremos algo verdaderamente significativo”[15].

III.- EL ACTIVISMO DIPLOMÁTICO DE MÉXICO Y LA MIGRACIÓN.

Un cuestionamiento recurrente sobre los resultados de la negociación, consiste en precisar porqué en un ambiente binacional propicio para arribar a algún tipo de acuerdo migratorio no se dispone de avances visibles en la materia. Para muchos analistas, el problema radicó, antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre, en el cuerpo de propuestas hechas por México, así como en su carácter integral, la llamada enchilada completa a la que hacía referencia el canciller Jorge G. Castañeda, y cuyos componentes, especialmente la regularización migratoria, resultaban indigestos, continuando con metáforas alimenticias, para buena parte de los legisladores estadounidenses. Desde abril de 2001, los cinco elementos de negociación o los componentes de la enchilada, fueron:

1.- Un programa de trabajadores temporales. La propuesta consistió en no repetir los errores de los programas de braceros, por lo que se insistió en la necesidad de que los trabajadores mexicanos tuvieran los mismos derechos que los estadounidenses. Para esto debía garantizarse la portación de la visa para que hubiera movilidad laboral. No se trataba de instituir un programa piloto en la agricultura, sino en los sectores industrial y de servicios. Con un programa temporal con las dimensiones adecuadas, entre 250 y 350 mil personas, el gobierno de Fox buscaba recuperar la circularidad del flujo migratorio[16], incidiendo así en los costos que representa la migración en lo demográfico, social-familiar y económico.

2.- Regularización de la situación migratoria de los connacionales indocumentados en Estados Unidos. El cálculo es que aproximadamente hay 3.5 millones de mexicanos que se encuentran en forma no autorizada[17]. Tienen distintas antigüedades: unos llegaron antes de 1997, otros entre 1997 y 2000, y los más recientes en 2001 y 2002. Estos tres segmentos complicaban la negociación para México. Entre las soluciones que se propusieron estuvo la de una fecha de registro (registry date) para garantizar que pudieran ajustar su situación migratoria a partir de su fecha de entrada. Es decir, se proponía regularizar a los que hubieran llegado antes de 1997 siempre y cuando no tuvieran antecedentes penales y contasen con empleo. Para los que llegaron entre 1997 y 2000, la solución propuesta consideraba sus méritos y antecedentes a través de un sistema de puntajes, sin que se propusiera absolutamente nada para los más recientes.

3.- Programas de impulso al desarrollo regional de México. En el largo plazo, la posibilidad de reducir las tasas de migración hacia Estados Unidos puede conseguirse mediante el desarrollo de proyectos estratégicos en áreas expulsoras de migrantes.

4.- Promover programas que fortalezcan la seguridad de la frontera. Las cifras de muertes de connacionales intentando cruzar la frontera son alarmantes, por lo que se requieren acciones conjuntas para reducir los riesgos. Desde programas en los medios de comunicación destinados a informar de los peligros hasta la tolerancia cero hacia el tráfico de personas, en especial con las bandas de coyotes y polleros. El memorando binacional firmado en junio de 2001 apuntó en este sentido.

5.- Revisión de los programas de visas. Castañeda y sus negociadores impulsaron el reconocimiento especial de México como socio de la región de libre comercio de América del Norte. Es decir, sacar a México y Canadá de las cuotas nacionales que otorga Washington y crear un programa específico para los socios del TLCAN[18].

En la estrategia del gobierno mexicano, los elementos clave son los dos primeros, aunque la posición del canciller Castañeda, explicitada en junio del 2001, durante la XIX convención de la Asociación de periodistas hispanos, en Phoenix, Arizona, los incluía a todos: “La enchilada completa o nada”, intentaba hacer alusión al carácter integral de la propuesta y, de paso, a la indisposición de México a negociar cada elemento por separado. Si la soberanía de una nación tiene un referente territorial y se expresa, entre otras cosas, en la normatividad establecida para aceptar o no inmigrantes, la posición oficial de México aparecía como una provocación tan inflexible como inquietante para un segmento considerable de la clase política de los Estados Unidos, a pesar de las ventajas recíprocas, visibles en perspectiva, de un acuerdo migratorio. El caso especial del segundo elemento, la regularización de la condición migratoria de los indocumentados, leída por no pocos legisladores estadounidenses como una suerte de recompensa para quienes violaron la ley, tanto por su eventual cobertura por cuanto por provenir de México, fue adquiriendo durante el proceso, sino desde su primera invocación, la condición de indeseable. Por ser la reforma de mayor densidad legislativa, por actuar a contracorriente del gran ciclo antiinmigrante y por provenir de un socio comercial que, a fin de cuentas y para todo efecto práctico, no ofrecía nada en las relaciones entre ambos que modificara su condición de socio menor y subordinado, por no hablar de la indisposición de la clase política de los Estados Unidos para atender sugerencias, menos aún condiciones, de un gobierno extranjero, esta demanda regularizadora no parecía disponer de ningún futuro.

Además del presumible y reconocido impacto de la inmigración mexicana en la prosperidad de los Estados Unidos, existe un tipo de ventaja tendencial de esta inmigración, vinculada con la encanización de la fuerza de trabajo nativa y la creciente dificultad para el financiamiento de las pensiones a las que tiene derecho, ella y la inmigrante documentada, por toda una vida de trabajo. Frente a un crecimiento natural de la población preferentemente débil, la relación trabajadores en activo sobre pensionados, asombrosamente reducida, se encuentra en posibilidades de colocarse en una condición adecuada si, y sólo si, se favorecen las condiciones para incorporar, regularizar y cobrar impuestos a trabajadores inmigrantes, a menos que se tenga disposición oficial a pagar los costos políticos de incrementar los impuestos, en lugar de aumentar el número de contribuyentes:

Fuente: Federal Old Age and Survivors Insurance and Disability Insurance Trust Funds (OASDI), Washington, 2000, p. 34. Las cifras corresponden, en el último de los años considerados, a un mercado de trabajo cerrado a la inmigración legal.

Es conocido de sobra el efecto adverso que, en cascada, produjeron los atentados terroristas del 11 de septiembre, el pasmo inmediato del gobierno mexicano y el nuevo cuerpo de prioridades de la política exterior de los Estados Unidos, mismo que, en relación con la Guerra en contra de Irak, produjo un nuevo desencuentro entre los gobiernos de Bush y de Fox. Aunque el compás de espera al que se ve sometida la iniciativa mexicana sobre el acuerdo migratorio puede resultar extraordinariamente grande, si no definitivo, es un hecho que los esfuerzos diplomáticos de México deberán continuar insistiendo en la búsqueda de una responsabilidad compartida en el ámbito migratorio, esfuerzos que, por lo pronto y por inspiración del ya no tan flamante canciller, Luis Ernesto Derbez, se enderezan en el intento de metamorfosear la enchilada en el rompecabezas.

IV.- CONCLUSIONES.

El proceso de integración de México a los Estados Unidos, en aspectos que rebasan el intercambio comercial, tiene –al menos- un par de efectos perniciosos, a saber:

a)      La pérdida de disponibilidad de una política económica anticíclica o menos procíclica. Además de la voluntad política, el actual gobierno carece de elementos fiscales, políticos e institucionales para, por ejemplo, promover la expansión del mercado interno y para pactar una estrategia de desarrollo, compartida con los demás poderes –formales y fácticos-, de lo que deriva una expectativa de crecimiento exclusivamente dependiente de la capacidad de arrastre que, en su momento, se origine de la recuperación de la economía estadounidense que, pese a la expansión de los noventa, no logró escapar del ciclo económico[19]. Tal expectativa tiende a reducirse, cuando no a desvanecerse, por la emergencia de países mejor preparados para la competencia internacional que México, como China, cuyo peso en el comercio mundial y en ciertas capacidades para captar liquidez internacional, en forma de Inversión Extranjera Directa (IED), ya han rebasado a nuestro país:

Fuente: Eduardo Andere M., México y América Latina rebasados por la globalización, en Foreing Affairs en español. Volumen 4, número 1, ITAM, México,  Enero-Marzo de 2004, p. 68.

[20]. Esta especie de garantía internacional de un programa económico de corto plazo y débil efecto sobre el desarrollo nacional, se convierte en sólida camisa de fuerza para agrandar la penuria económica y social de México, cuya evidencia más notable es la profunda desigualdad en la distribución del ingreso y, consecuentemente, en la de oportunidades para todo.

            De manera suplementaria, la profunda integración, paradójicamente y por la forma en la que ha prosperado, reduce considerablemente los márgenes de negociación de México con los Estados Unidos, al calor de un notable crecimiento de las asimetrías y de la dependencia de nuestro comercio con aquel país y ante el hecho de la diferencia de intereses de política internacional, dramáticamente agudizados después del 11 de septiembre de 2001. Muy a pesar de la multi membresía mexicana en instrumentos de libre comercio, la diversificación de los flujos comerciales no se ha hecho visible y enfrentamos la contradictoria circunstancia de haber firmado acuerdos de libre comercio con 42 países de tres de los cinco continentes del planeta y concentrar nuestro comercio, en casi un 90 %, sólo con los Estados Unidos.

            A pesar de este complejo panorama, existen ciertas circunstancias estructurales de la economía de los Estados Unidos que, en el largo plazo, habrán de favorecer una mejor inserción de los migrantes mexicanos en aquella nación. Con un bajo perfil en calificación y remuneración, la existencia y profundización de los mercados de trabajo segmentados, tenderá a ampliar la demanda de migrantes, especialmente mexicanos, para cubrir las plazas de empleos sucios, riesgosos, de muy baja remuneración y de menor status, en la indisposición de la fuerza de trabajo estadounidense para ocupar dichas plazas; en un espectro mucho más amplio de actividades económicas formales, el envejecimiento de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos, sin mecanismos naturales de reemplazo y sin viabilidad política de aumento en los impuestos, tiende a reflejar el problema de las llamadas generaciones traslapadas, de forma que los trabajadores en activo no serán suficientes para sostener las pensiones de los jubilados, sin más vía de solución que la legalización, y consecuente imposición fiscal, sobre los inmigrantes, lo que –a la luz de la virtuosa transición demográfica mexicana[21]- representa una oportunidad positiva y temporal para los inmigrantes de esa nacionalidad; la porosidad del sistema económico del país anfitrión, combinada con la extensión y profundización de las redes de inmigrantes, muy a pesar de los esfuerzos concentrados en los operativos contrarios a la migración, continuarán favoreciendo la ampliación de los flujos migratorios desde México. Este cuerpo de posibilidades, sin embargo, no pasa necesariamente por la celebración de un acuerdo migratorio binacional, con lo que se conservan enormes dificultades para modificar el actual status en el tratamiento del tema, mismo que seguirá semiregulado, en exclusiva, por las normas, fuerzas económicas y operativos represivos de los Estados Unidos.

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