Es un hecho contundente que el espacio rural en los países latinoamericanos ha venido evolucionando, enfrentándose hoy a un nuevo escenario rural, basado en un carácter territorial, que permite visualizar los asentamientos humanos y sus relaciones en un continuo rural-urbano expresado, entre otros aspectos, en el desarrollo progresivo de actividades agrícolas no tradicionales y actividades no agrícolas en el medio rural.

Profundas innovaciones han ocurrido en este medio, observándose nuevas orientaciones productivas como el cultivo de bioenergéticos, plantas medicinales, artesanías, turismo rural, forestación, agricultura orgánica, agricultura sostenible, granjas de especies menores, empresas de servicios rurales y una mayor integración de la cadena agroproductiva y comercial con expresiones organizativas en el campo, la ciudad y en el extranjero.

En resumen, se están produciendo cambios sociales, económicos, políticos y ecológicos que afectan a la agricultura y al medio rural y que definen también nuevas demandas de la sociedad y el surgimiento de una nueva estructura de oportunidades, la cual es percibida de manera distinta por cada uno de los países, en especial, atendiendo a las diferencias que marcan los distintos niveles de desarrollo.

Los pequeños y medianos productores agrícolas, especialmente los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, encuentran en estas oportunidades que ofrece el nuevo auge de la ruralidad, importantes espacios de desarrollo económico y de organización para aumentar sus niveles de participación económica, social, cultural y política y, consecuentemente, su nivel de vida.

El desarrollo rural, en el marco de una nueva lectura de la ruralidad, ofrece también a los productores agrícolas grandes, y a las cadenas agroproductivo-comerciales, espacios de responsabilidad, compromiso y participación. La demanda creciente de alimentos, materias primas, empleo y conservación de los recursos naturales así lo exige.

Toda esta nueva concepción de lo rural se vincula con:

a) Aumento de la producción, la productividad y la seguridad alimentaria;

b) Combate a la pobreza para buscar equidad;

c) Preservación del territorio y el rescate de los valores culturales para fortalecer la identidad nacional;

d) Desarrollo de una nueva cultura agrícola y rural que permita la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales;

e) Aumento de los niveles de participación ciudadana para fortalecer el desarrollo democrático y la ciudadanía rural;

f) Desarrollo de acciones para visualizar y apoyar la participación de las mujeres, los indígenas y jóvenes, en el desarrollo nacional desde lo rural.

Se hace imprescindible, por tanto, el establecimiento de políticas de desarrollo rural en los países latinoamericanos, centradas en el desarrollo humano, aprovechando el capital humano, físico, natural, social y cultural y el patrimonio histórico y arqueológico de sus comunidades.

Políticas de desarrollo rural en América Latina

En los últimos sesenta años, los países latinoamericanos han experimentado diversos procesos de modernización de la agricultura. En un inicio, los impactos derivados de la industrialización o de la expansión de sectores exportadores agudizaron la crisis de las estructuras agrarias. La evolución de dichas estructuras presentó, en términos generales, una pauta bimodal: la agricultura comercial, inclinada a especializarse en materias primas para la industria y productos de exportación; y la agricultura campesina, por lo general, dedicada a la producción de alimentos para el mercado interno y el autoconsumo.

En los años cincuenta y sesenta, en el contexto latinoamericano, la intervención estatal de dio en el marco de políticas de industrialización sustitutiva y ampliación del mercado interno. En el agro, las políticas se tradujeron en incentivos para la modernización de las grandes explotaciones y en programas de fomento a la economía campesina, incluyendo procesos de reforma agraria.

En los años sesenta y setenta, el campo se vio afectado positivamente por las políticas desarrollistas –la revolución verde fue uno de sus ejes centrales- orientadas principalmente hacia la diversificación productiva y el mejoramiento de la rentabilidad.

Además, la intervención estatal se orientó a profundizar la industrialización y a diversificar las exportaciones. Se consolidó la política dual, planteada anteriormente, que alentaba la mayor productividad de la agricultura comercial para abastecer a la industria y a los mercados de exportación, y por otro lado apoyó al campesinado para contener la migración rural-urbana y para abastecer al mercado interno con alimentos baratos.

La propuesta del Desarrollo Rural Integral (DRI) cobró mucha importancia en esos años al develarse las fallas de la revolución verde, ya que el DRI caracterizaba al medio rural como un sistema en el que se articulan un sinnúmero de elementos organizados que determinan el funcionamiento de estructuras, donde el papel del medio ambiente y de los agentes externos era determinante para el desarrollo. Esta propuesta sistémica fue institucionalizada en México a través del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER). La propuesta iba encaminada a la tarea de “procurar un proceso autosostenido de desarrollo rural” (3)

Con el surgimiento del neoliberalismo a principios de la década de 1980, cobraron fuerza algunas ideas que cuestionaban las formas de producción basadas en la modernización de la agricultura. Abundaban en que la “revolución verde”, lejos de ayudar integralmente al desarrollo rural y agrícola, afectaba agresivamente al ecosistema y a la salud de los consumidores de los productos del campo.

En cuanto al contexto económico, en los años ochenta surgen los efectos de la recesión y de la crisis de la deuda externa en la mayoría de los países latinoamericanos. Ante las condiciones de la banca internacional, fortalecida por el llamado Consenso de Washington (4), se intensificaron en la región las tendencias hacia la globalización económica y la liberalización de las economías.

En la agricultura, las políticas implementadas por los gobiernos latinoamericanos apuntaron a estimular las exportaciones, importar alimentos y a eliminar subsidios para fomentar la competitividad, recortar los presupuestos de los programas de desarrollo y de apoyo a la producción, y reducir drásticamente los programas asistenciales para los sectores más pobres de la población rural.

Recientemente presenciamos un proceso político, técnico y participativo a nivel mundial que propone nuevas alternativas para la agricultura y el desarrollo rural en la orientación de un desarrollo sustentable (5) y que ha generado importantes compromisos internacionales de impacto a nivel nacional en las esferas del comercio, el medio ambiente y otros aspectos de interés para el desarrollo rural (6).

A principios del nuevo siglo los retos, impactos e implicaciones de la globalización plantean la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo rural, y en particular para la agricultura, especialmente frente a la situación de pobreza persistente (cuyas manifestaciones en el espacio rural son más evidentes), la exclusión social y la degradación de los recursos naturales del medio rural.

Existe un consenso cada vez mayor, en todo el mundo, especialmente en la última década, en cuanto a que el desarrollo debe ser sustentable en el sentido de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este desarrollo sustentable, desde el punto de vista económico, social, político y ecológico demanda cambios en la política económica, fiscal, comercial, energética, agrícola, industrial y consecuentemente, en las políticas para la agricultura y el desarrollo rural.

Como apunta Guiarracca (7), es necesario pensar el desarrollo rural como una construcción social orientada a nivelar el crecimiento económico-productivo; que debe tender a la sustentabilidad y poner atención en los pactos intergeneracionales en relación con los recursos naturales, así como en el respeto por las diversidades culturales, étnicas, de género, de religión, de edades, y de formas de vida, en un contexto social de igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, vivienda y alimentación.

Desarrollo Rural Sustentable

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone, en ese sentido un desarrollo en el cual se dé una reinterpretación del mundo global a partir de los fundamentos éticos y políticos que rescata el desarrollo sustentable. Según algunos estudios de la CEPAL (8) este desarrollo implica no sólo la creación de riqueza, la transición a la eficiencia y la conservación de los recursos y el capital natural, sino también su distribución justa, tanto entre los miembros actuales de la sociedad como entre éstos y las generaciones futuras.

El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes interdependientes del desarrollo sustentable, que se refuerzan mutuamente y son un marco orientador de los esfuerzos por lograr una mejor calidad de vida para todos (9)

En el caso del desarrollo rural, visto desde esta perspectiva, se entiende que éste debe alcanzar los logros de sustentabilidad y equidad.

Ya que aunque el medio rural presenta desequilibrios importantes y urgentes de solucionar, a su vez dispone de un notable contingente de capital físico, natural, cultural, humano y social que debe ser utilizado racionalmente para el logro de un desarrollo equitativo e incluyente.

Por lo que es necesario generar mecanismos de formulación de políticas de desarrollo para las regiones rurales, que persigan un mejoramiento en la distribución del ingreso nacional y la superación de la pobreza en todos los países latinoamericanos.

El desarrollo rural sustentable, plantea la necesidad de definir políticas sobre la concepción, las estrategias y las prioridades del desarrollo nacional, regional y local teniendo en cuenta las implicaciones con la cadena agroproductiva-comercial y lo rural y los eslabonamientos con los programas y políticas de reformas económicas, reformas del Estado, políticas macroeconómicas, y otras que inciden en la ruralidad.

Esto es, incorporar las consideraciones relativas al desarrollo rural sustentable, en los procesos de toma de decisiones, formulación de políticas, planificación y gestión del desarrollo, basándose en unidades territoriales con expresiones diversas (por ejemplo, cuencas hidrográficas, humedales y zonas marino-costeras, unidades político-administrativas locales, regiones fronterizas, ecosistemas frágiles, áreas protegidas y corredores biológicos, entre otras).

El reto para la sociedad latinoamericana en su conjunto es encontrar el balance que significa mejorar la calidad y el nivel de vida de los habitantes dentro de los límites impuestos por los ecosistemas locales, regionales y globales.

Consideraciones finales

En vista de que el mercado por si sólo no genera un desarrollo equitativo, de la cada vez más marcada polarización social y regional y de la devastación irracional de los recursos naturales, es necesaria la participación de los Estados nacionales latinoamericanos en esta nueva estrategia de desarrollo.

Correspondería a los gobiernos nacionales generar las herramientas y las condiciones necesarias para el acceso a los medios productivos, tecnológicos y financieros que hagan viables los proyectos productivos y comerciales en las sociedades rurales y la construcción de ventajas competitivas a través de un proceso de coordinación e integración de recursos.

También es necesario rescatar y fortalecer la cultura rural para sustentar las estrategias de desarrollo local. Esta cultura es producto de las raíces étnicas, de los procesos colonizadores y de las comunidades campesinas; representa valores, formas de organización, y de solidaridad, expresiones democráticas, éticas, sistemas productivos y tecnológicos, creencias, expresiones estéticas y artísticas, que dan identidad y diversidad cultural a las comunidades locales, esto es indispensable para que la gente se comprometa con una estrategia de desarrollo que los respete y los incluya.

Finalmente, el desarrollo sustentable requiere de una visión estratégica que parta de la premisa de definir políticas de Estado y de un esfuerzo compartido entre la sociedad civil, los poderes públicos y el mercado en la construcción de un Proyecto de Nación incluyente.

Referencias Bibliográficas

• CEPAL, 2000, “Equidad desarrollo y ciudadanía”, Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile.

• ESCUDERO, Gerardo, 1998. “La visión y misión de la agricultura al año 2020: Hacia un enfoque que valorice la agricultura y el medio rural”. En Agricultura, medio ambiente y pobreza rural en América Latina, IFPRI/BID.

• GUIARRACCA, Norma, (Compiladora), 2001. “¿Una nueva ruralidad en América Latina?”, CLACSO, Argentina.

• MILLER, Eric, 1976, “Desarrollo Integral del Medio Rural. Un experimento en México”, FCE, México.

• ONU, 1997. Programa de Desarrollo. Asamblea General. Resolución A/RES/51/240, Anexo 1. 15 de octubre de 1997. New York.

NOTAS

1. Escudero, Gerardo, 1998. “La visión y misión de la agricultura al año 2020: Hacia un enfoque que valorice la agricultura y el medio rural”. En: Agricultura, medio ambiente y pobreza rural en América Latina, IFPRI/BID.

2. Ibid.

3. Miller, Eric, 1976, “Desarrollo Integral del Medio Rural. Un experimento en México”, FCE, México. P. 12.

4. El denominado Consenso de Washington fue la decisión de los organismos financieros internacionales de impulsar un paquete de reformas en los países miembros/clientes que incluían entre otras políticas el control de la inflación, la liberalización comercial, la reducción del déficit del sector público y la privatización de las empresas del Estado.

5. Para efectos de este trabajo, entendemos Desarrollo Sustentable a la estrategia de desarrollo basada en la generación de crecimiento económico y desarrollo social en un entorno de conciencia ecológica y de preservación del medio ambiente, difiere este concepto del de Desarrollo Sostenible en que este último sólo se preocupa, a nuestro entender, por mantener altas tasas de desarrollo económico en el tiempo, sin considerar las cuestiones sociales ni ambientales.

6. Algunos resultados de este proceso son los acuerdos gubernamentales en la Cumbre de la Tierra de 1992 sobre agricultura, tales como, el Capítulo 14 de la Agenda 21: Fomento de la agricultura y desarrollo rural sustentables.

7. Guiarracca, Norma, (Compiladora), 2001, “¿Una nueva ruralidad en América Latina?”, CLACSO, Argentina.

8. CEPAL, 2000, “Equidad desarrollo y ciudadanía”, Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile. P. 283.

9. ONU, 1997. Programa de Desarrollo. Asamblea General. Resolución A/RES/51/240, Anexo 1. 15 de octubre de 1997. New York. p.14.