Revista académica de economía
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el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
MOVIMIENTOS SOCIALES VIOLENTOS Y PACÍFICOS EN AMÉRICA LATINA. EL IMPACTO DE SUS PROTESTAS Y PROPUESTAS EN EL BIENESTAR SOCIAL A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA HISTÓRICA RECIENTE
José Leopoldo Montesino Jerez (CV)
poloporo@gmail.com
Introducción
Los movimientos sociales como expresión de necesidad de cambios y aspiraciones contenidas o frustradas en amplios grupos de población, en el contexto latinoamericano, parece mostrar dos facetas bien definidas de acuerdo a los hechos históricos observados a partir de la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI.
Por un lado se ha observado el inicio, evolución y término, en algunos casos, de movimientos que han visto en la protesta violenta y la lucha armada una manera que consideran legítima de alcanzar sus logros en materias reivindicativas. En otros, su presencia aún continúa y conforman una alternativa que, con todas sus limitaciones y cuestionamientos, mantienen su vigencia en la realidad de algunas zonas del continente.
Pero, además, se aprecia la positiva evolución de antiguos y el florecimiento de nuevos movimientos sociales, que han planteado estrategias mucho menos agresivas en la consecución de sus objetivos, siendo quizás hasta más efectivas en cuanto resultados desde el punto de vista del bienestar. Respecto de esto último, de hecho un gran número organizaciones -que quizás no caen bajo la denominación de “movimiento social” propiamente tal si se exige la protesta en su definición-, aportan calladamente enormes beneficios sociales en campos de la redistribución, la entretención, la asistencia médica, la cultura, la alimentación y en la construcción de capital social, en el sentido sociológico.
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Montesino Jerez, J.L.: "Movimientos sociales violentos y pacíficos en América Latina. El impacto de sus protestas y propuestas en el bienestar social a la luz de la experiencia histórica reciente" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 97, mayo 2008. Texto completo en http://www. eumed.net/cursecon/ecolat/la/
Un posible cuarto tema, relacionado con esta visión general de los movimientos sociales en América Latina, es conocer su estructura y dimensión cuantitativa, antecedentes que también en mi opinión pueden ser de utilidad en la comprensión y explicación de los fenómenos sociales de nuestra América, pero que excede las posibilidades de este trabajo.
En este ensayo me propongo dos objetivos básicos: (a) estudiar los principales antecedentes históricos han definido algunas manifestaciones de carácter popular más relevantes observadas en algunos países de América Latina y (b) paralelamente a lo anterior, efectuar un análisis económico-social de la naturaleza de los movimientos con el objeto de que, al final de este trabajo, plantear algunas conclusiones básicas que contribuyan a un mejor entendimiento del fenómeno en estudio. El enfoque de análisis que utilizaré será el de calidad de vida, en particular en detectar la efectividad de la acción de estos movimientos con relación al bienestar alcanzado por la civilidad, en general, o por los grupos sociales que representan, en particular.
A continuación se estudiarán esquemáticamente los siguientes casos de movimientos sociales y según orden alfabético: (i) Argentina (movimiento Montonero); (ii) Bolivia (movimiento contra la privatización del agua); (iii) Brasil (Movimiento de los Sin Tierra) y (iv) Chile - Perú, (movimientos de pobladas, las invasiones de los pobladores limeños y las tomas en Santiago).
En la parte de las conclusiones se efectuará una síntesis de las características los movimientos estudiados, así como una reflexión acerca de los eventuales logros alcanzados en función de los componentes más relevantes que pudieron determinar una mejor calidad de vida de la población. La idea es constatar, en la medida de lo posible, el saldo de los costos y beneficios sociales que se hubiesen generado cada uno de estos procesos. Se pretende, a partir de lo anterior, establecer la naturaleza de estos movimientos sociales históricos latinoamericanos y efectuar una caracterización separando, en la medida de lo posible, aquellos de naturaleza violenta de los no violentos. Se intentará contrastar, con una muestra de movimientos sociales netamente pacíficos y elegidos de acuerdo a antecedentes de información bibliográfica disponible para el caso chileno.
La intención con relación a lo anterior es evaluar los caminos posibles que enmarquen las energías presentes en los movimientos sociales hacia en su óptima expresión como efectivos determinantes en cuestiones de bienestar social.
La evolución del concepto de Movimiento Social
El estudio de los Movimientos Sociales (MS) en general cabe inscribirlo en el campo de lo que se conoce como la Sociedad Civil (SC): aquella parte mayoritaria de la comunidad humana en que esta desenvuelve su cotidianeidad y aporta su esfuerzo laboral, conlleva una vida familiar y participa en distintas instancias de interrelación con otros actores institucionales, como el Estado, el mercado y el régimen político.
El concepto de Sociedad Civil, de acuerdo a algunas discusiones respecto de su significado, no parece tener un carácter estático. Se trata de un término más bien dinámico, en el sentido de que su existencia está condicionada a la de los otros grandes componentes mencionados, en particular el Estado. La cuestión es ¿Qué entendemos por Sociedad Civil y por Movimientos Sociales?
Con un poco de imaginación podemos llevar esta idea, la de Sociedad Civil, a una época como la de Egipto antiguo o la Roma Imperial. En verdad, podremos verificar en los libros de Historia que la mayor parte de la población se ganaba la vida en la agricultura, en el transporte marítimo y en la pesca, en trabajos de carpintería, construcción u otros similares. Este conjunto de hombres y mujeres constituía, sin dudas, una Sociedad Civil de esa época, frente a un Estado que combinaba elementos de carácter religioso y político.
En épocas históricas más recientes la presencia de distintos Movimientos Sociales parece haber sido un asunto de poca trascendencia y poco destacado. Algunas agrupaciones medievales como los caballeros templarios, hospitalarios o teutones, pasando por los masones, las sociedades de amigos del país en España, múltiples tipos de asociaciones particulares y hasta agrupaciones de intelectuales del siglo XX, por ejemplo, casi nunca fueron vistas bajo una óptica que las situara como un agente activo entre el Estado y el mercado.
Aunque todo esto sea cierto y no venga mucho al caso profundizar en esta línea, la noción de Sociedad Civil entendida como un cuerpo institucional relevante en las Ciencias sociales comenzó a aparecer en autores como Jean-Jacques Rousseau y John Locke. El primero hablaba de “sociedades civiles” frente a la “gran sociedad” (la nación). El segundo, Locke, al sostener la defensa de la propiedad privada, escribió que los hombres habían instituido sociedades civiles “para la preservación mutua de sus vidas, sus libertades, sus bienes”.
En otro momento histórico distinto, Antonio Gramsci se ha referido a la división de poderes como el resultado de la lucha entre lo que denomina la sociedad civil y la sociedad política, en una época que habría existido un cierto equilibrio inestable entre clases. Sin embargo, agrega este autor, cierta parte de la intelectualidad al servicio del Estado –burocracia civil y militar- estaría demasiado unida a las viejas clases dominantes. En su libro titulado “Política y Sociedad”, sin especificar a qué nación se refiere, en qué lugar se encuentra, ni en que época se sitúa, parece ver a la sociedad civil inserta en una constante lucha hegemónica en medio de poderosos actores nacionales:
“Es decir, en el interior de la sociedad se verifica lo que Croce llama el ‘perpetuo conflicto entre la Iglesia y el Estado’, en el que la Iglesia viene a representar la sociedad civil en su conjunto (cuando no es más que un elemento cada día menos importante) y el Estado representa todos los intentos de cristalizar permanentemente una determinada fase de desarrollo, una determinada situación. En este sentido, la Iglesia misma puede convertirse en Estado y el conflicto puede manifestarse entre la sociedad civil laica y el Estado-Iglesia (cuando la Iglesia se ha convertido en una parte integrante del Estado, de la sociedad política monopolizada por un determinado grupo privilegiado que incorpora a sí mismo la Iglesia para de esta forma sostener mejor su monopolio con el apoyo de la zona de la ‘sociedad civil’ representada por la Iglesia)”.
Antonio Gramsci fue un pensador y político italiano que nació en el año 1891, también fundador del Partido Comunita Italiano. Fue arrestado y encarcelado en la época del dictador Benito Mussolini en 1928, muriendo en el hospital de una prisión en Roma en abril de 1937. Su aporte respecto al concepto de la sociedad civil la dio, como apreciamos, en una época muy difícil de la convivencia mundial, en el período entre guerras y estando preso. De allí que la idea de hegemonía, de conflicto persistente entre distintos actores institucionales, incluyendo al Estado y la Iglesia, se nos aparece como un trasfondo sobre el cual las eventuales organizaciones de todo tipo, y en representación de la sociedad civil, debían hacer notar sus aspiraciones.
Movimientos Sociales Históricos
Argentina : Montoneros
La historia de los montoneros en Argentina no deja de sorprender y a pesar de los años transcurridos. Su origen se produjo en años de gran conflictividad social, dos años después de que el general Juan Carlos Onganía, al mando de las fuerzas armadas, tomara el poder por la fuerza. Su anuncio de existencia formal al mundo se produjo en el año 1970. Cabe destacar en este caso, que en las raíces de este movimiento estuvieron algunos hombres y mujeres jóvenes que participaron políticamente en la organización conservadora Acción Católica (AC), e incluso del partido Tacuara, que estaba inspirado en la Falange española. Sería más tarde que los integrantes del movimiento montonero describieran su postura política como una mezcla entre la guerrilla urbana propiciada por el Che Guevara –y su teoría del foco- y las motivaciones de las luchas peronistas.
Las primeras manifestaciones montoneras, sin embargo, se produjeron antes de su anuncio del año 1970. En la fiesta del 1º de Mayo de 1967, Juan García Elorrio y dos de sus compañeros, del comando Camilo Torres, interrumpieron una misa en la Catedral de Buenos Aires en que se encontraba el general Juan Carlos Onganía, manifestándose a favor de una lucha armada contra el gobierno. A fines de los años 60 los llamados protomontoneros fueron radicalizándose por distintas razones. La situación política en Argentina era de gran tensión, en 1969 se produjo una fusión de descontento obrero y estudiantil, conocido como “El Cordobazo” en respuesta a un alza del 537% de los precios de los alimentos en el interior de Argentina. La visita al país de Nelson Rockefeller provocó la reacción del entonces Ejército de Liberación nacional (ELN), atacando 13 supermercados “Minimax”. Además, estallaron bombas en Rosario, Mendoza y Paraná.
Con el paso del tiempo, el movimiento fue adquiriendo un cariz profesional. Aunque uno sus líderes ideológicos, Abraham Guillén, proponía una lucha de clases en el sentido amplio, los montoneros se inclinaban por una guerra popular. Guillén deseaba una guerra total que incorporara lo económico, las huelgas, manifestaciones, protestas por el costo de la vida, acciones violentas aisladas, propaganda bien dirigida, una política internacional coherente y hasta una guerrilla colocada a la espalda del enemigo. Otro mentor ideológico, Carl von Clausewitz, era más partidario de una guerra defensiva, de carácter urbano, triunfando en la controversia. En la práctica, sin embargo, la actividad montonera no tuvo características masivas y recibió sólo el apoyo de apenas unos pocos jóvenes de clase media.
La cuestión que interesa destacar, pensando en los objetivos de este ensayo, es qué tipo de costos y beneficios sociales se produjeron, vistos en grandes lineamientos, por las acciones de los montoneros en la República Argentina. Esto nos lleva a describir aspectos de su actividad subversiva, comenzando por un asalto al Banco de la Calera, un ataque al puesto de vigilancia del Hospital Militar en Córdoba, atracos a comisarías e incursiones a otros bancos de esta misma ciudad. En mayo de 1970 secuestraron a Pedro Eugenio Aramburu, uno de los líderes que había depuesto a Domingo Perón en 1955, a quien terminaron asesinándolo. Además, entre 1970 y 1972 asaltaron una sucursal del Banco Galicia en Buenos Aires, robando 36.000 dólares, ocuparon la Casa de Tucumán donde se había declarado la independencia argentina en el año 1816, se tomaron una pequeña población rural en San Jerónimo del Norte, a unos 60 Km. De Santa Fe, colocaron más de cien bombas que destruyeron empresas extranjeras, atacaron lugares de “privilegio oligárquico” (Jockey Clubs, clubes de lujo), robaron otros 88.000 dólares al Banco Boulogne de Villa Ballester y en la plaza central de San Isidro colocaron bombas camuflada hiriendo a tres policías, dejando ciego a un bombero y matando a otro.
Los Montoneros dirigieron continuaron efectuando acciones armadas y violentas de manera efectiva hasta el año 1976, incluyendo entre ellas las siguientes: ataques a compañías y ejecutivos extranjeros; voladura de una comisaría en Santa Fé; quema de 38 Fiats de un costo aproximado de US $ 98.000.-; secuestros y pedido de rescate, como el caso de Vocenzo Russo de la Estándar Electric Argentina; crearon un clima de desorden social y estuvieron detrás de otras protestas sociales como “el Viborazo” de Córdoba y “el Mendozaso” en los que debieron intervenir tropas para sofocar las manifestaciones. Después de la llegada de Héctor Cámpora al poder, los Montoneros movilizaron multitudes de estudiantes entre 1973-1974 y, hasta 1976, continuaron con su actividad guerrillera, reconociendo haber llevado a cabo unas 400 operaciones y haber matado o lastimado a unos 300 empresarios.
Bolivia: movimiento contra la privatización del agua
La razón fundamental que ha motivado dos de los movimientos populares recientes y más llamativos en Bolivia ha sido la “defensa de la propiedad estatal de los recursos naturales”. En efecto, en la primera década del siglo XXI se han vivido dos de las crisis más violentas acaecidas en Bolivia, entre abril del año 2000 y junio del año 2005. Se trata de las denominadas “guerra del agua” y “guerra del gas”, dos acontecimientos que han confirmado la tradicional inestabilidad boliviana y cuyos dramáticos sucesos acaecieron en la dupla de ciudades de Cochabamba-El Alto, así como en El Alto-La Paz respectivamente.
En el caso del agua, que veremos a continuación, se tiene una situación en América Latina que ha girado desde un modelo de provisión del servicio a manos del Estado, que se inició más o menos hacia la década del año 1940, hasta un modelo reciente de participación privada en la oferta de la producción y distribución de agua potable. Sin entrar en detalle de las razones que justificaban en su momento el modelo hídrico estatista, su eficiencia comenzó a deteriorarse fuertemente ya en la década de los 60 del siglo pasado. La capacidad de los distintos estados latinoamericanos para efectuar las inversiones necesarias para satisfacer la demanda por agua, en medio de una serie de condiciones adversas como incrementos en los costos de producción, no podía ser mantenida.
Sin perjuicio de lo anterior y con la provisión de servicios actuales con tendencia a ser ofrecida por empresas privadas, los problemas no han cesado. Aunque no es posible generalizar –y reconocer que algunas dificultades se relacionan más con problemas de corrupción que de eficiencia- el Presidente de Argentina Néstor Kirchner debió aplicar varias multas a los abastecedores de agua y electricidad, entre ellos Aguas Argentinas. La razón de ello fue las reiteradas interrupciones en el suministro, en medio de una crisis en que el gobierno argentino se negaba a autorizar un incremento de tarifas en un 60%. En Uruguay, por otra parte, se efectuó un referéndum de naturaleza política, en qué se peguntó la opinión de la gente sobre el tema de la privatización del agua, con un resultado en contra de la privatización en proporción de dos tercios aproximadamente. Otros casos de provisión de servicios de agua en manos del sector público que aún persisten y por diferentes motivos, son los de países como Sudáfrica, Filipinas, Holanda y Dinamarca.
El creciente déficit de las instituciones encargadas de operar el servicio, el agotamiento de fuentes de abastecimiento del vital elemento y la crisis vivida en la década de los años 80, marcada por un aumento en los precios promedio de las economías, fueron factores determinantes en tornar insostenible el mantener tarifas irreales. Los bajos precios de servicios del agua permitían entonces continuar con clientelismos políticos, pero el riesgo era estancar el sector, paralizar las inversiones necesarias para mejorar la cobertura a sectores más populares o postergados y, ciertamente, poder generar los ingresos suficientes a las empresas proveedoras para evitar su propio caos financiero.
Cabe señalar, además, que los servicios de agua potable son ofrecidos básicamente por lo que en economía se denomina un “monopolio natural”, el cual se define como aquella estructura de mercado en que las economías de escala son tan grandes, que se requiere sólo una empresa para abastecer del servicio en forma eficiente. Una definición alternativa y más técnica de “monopolio natural” es la de una estructura de mercado en la cual ocurre que la curva de demanda de mercado corta a la curva de costos medios de producción de la única empresa en la zona descendente. El concepto de “economías de escala”, por otra parte, se refiere a una relación inversa entre costos medios unitarios de producción y nivel de producción, es decir, al aumentar el nivel de producción, los costos medios de producción disminuyen.
Por otra parte, independientemente del hecho de que las compañías de agua constituyan un monopolio en prácticamente todos los países del mundo, y que puedan tener un carácter estatal o privado, eso no impide la posibilidad de que la provisión de servicios se pueda efectuar en forma eficiente y equitativa. Las razones de porqué en el pasado estas empresas monopólicas estuvieron en manos del Estado y ahora en manos privadas, se relacionan básicamente con la solución efectiva de una adecuada provisión del servicio, alcanzar la cobertura total a las poblaciones locales y la posibilidad acceder a financiar el pago del servicio a las familias más humildes.
Al margen de las razones técnicas que los estudiosos de la economía e ingeniería puedan aducir y hasta con razón para llevar a cabo los procesos privatizadores como los del agua, en este trabajo interesa revisar el fenómeno social que se suscitó en Bolivia en el año 2000. En aquel año en La Haya se celebró una conferencia de la Comisión Mundial del Agua, en que se confirmaba la relevancia de tratar el agua como un bien económico con subsidios a los pobres. Esta fue interrumpida por protestas de grupos contrarios a la privatización del agua, en momentos en que en Cochabamba, Bolivia, tuvo lugar el movimiento conocido como “guerra del agua”. Esta otra protesta se efectuaba en reclamo por la venta de la compañía de agua, de ese país, a empresarios privados y por el establecimiento de nuevas tarifas.
El hecho que dio comienzo al conflicto fue una propuesta del Banco Mundial de entregar el control de la empresa de agua boliviana, en la época del gobierno de Hugo Banzer, a la empresa Aguas del Tunari, constituida por capita privado internacional, que “dolarizaría” e incrementaría las tarifas hasta 20 dólares al mes. Esto provocó que se formara una nueva organización, denominada Coordinadora de Defensa del Agua, que alentó una huelga de cuatro días y que paralizó la ciudad de Cochabamba. Esta institución, además, habría logrado sacar de su letargo a buena parte de la sociedad civil boliviana que prácticamente no había reaccionado a una serie de reformas neoliberales que se venían aplicando desde el año 1986, generando una “cultura de la vida”. Es decir, la reivindicación por el usufructo de un bien como el agua la llevó más allá de su cauce natural, logrando cambiar incluso el foco de atención a la posibilidad de otras reformas sociales.
El gobierno de Banzer anunció el término de las nuevas tarifas, pero no cumplió todas las promesas realizadas en las conversaciones con los manifestantes, por lo que hubo un nuevo llamado a protestar públicamente. Fue así como el gobierno envió miles de policías armados que actuaron con gran fuerza e hiriendo a muchas personas, situación que poco a poco generó una animadversión generalizada de la población a la idea de una venta del sistema público del agua. Una encuesta realizada mostró que el 90% de los cochabambinos se oponía a la privatización:
“La población de Cochabamba salió nuevamente a la calle para apoyar una huelga general que paralizó a la ciudad. La Coordinadora recibió el apoyo del sindicato campesino, que desarrollaba una lucha paralela contra la privatización del sistema de abastecimiento en el campo y contra una ley agraria opuesta a sus intereses. Miles de campesinos organizaron bloqueos en seis de los nueve distritos de Bolivia. El 6 de abril, residentes locales tomaron y rodearon el edificio donde se realizaban las pláticas entre la Coordinadora y las autoridades. El gobierno arrestó a los 15 líderes de la Coordinadora.”
La delicada situación de agitación social existente no terminó con la detención de los principales líderes del movimiento. Nada más al otro día, tras reclamos masivos de campesinos y gente de Cochabamba, los dirigentes presos fueron puestos en libertad y el gobierno desistió entonces de sus intenciones de privatizar el agua. Sin embargo, al poco tiempo después, esta última acción fue revocada bajo el pretexto de que habría sido tomada por el gobierno regional, no por el nacional. Fue así como el gobierno decretó el estado de emergencia, se suspendieron los derechos básicos, se prohibieron las huelgas y reuniones de más de cuatro personas, además de amenazar a cualquier intento de manifestación. Las fuerzas armadas arrestaron a 22 líderes en sus hogares, el ejército mató a dos personas en un ataque contra unos 2000 campesinos que bloqueaban un camino a 95 Km. de la capital, y ocurrieron otras muertes en Cochabamba y Lahuachca debido a acciones de carácter militar. A pesar de la represión, las protestas en contra de la privatización continuaron creciendo y adquirieron un carácter popular, con apoyo de campesinos, estudiantes y mineros. Todo esto hizo que la empresa Aguas del Tunari se retirara del proceso privatizador. La historia terminó con un llamado de la Coordinadora a cesarlas huelgas cuando tuvo la certeza de que la privatización tanto en Cochabamba como en el campo ya no se llevarían a cabo.
Brasil: el Movimiento de los Sin Tierra (MST)
El Movimiento de los Sin Tierra (en adelante MST), abreviatura del “Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra”, se inscribe en un tipo de proceso conocido e iterativo que en la historia humana y que consiste en la usurpación de tierras, la resistencia y recuperación de ellas. Este movimiento, que a la fecha anota un par de décadas de existencia, cuenta con una serie de victorias y derrotas en pro de su cometido por conseguir que la tierra quede en manos de las que la trabajan.
La génesis del MST se encontraría en un problema de distribución desigual de la tenencia de la tierra, consecuencia a su vez de un proceso de modernización en el campo. La evolución de los acontecimientos ha definido la expulsión de los campesinos de sus tierras, situación que como adelantamos, no es nueva y se tiende a repetir en distintos lugares, en este caso en Brasil. En palabras simples, el MST nació para luchar por la recuperación de tierras, pero su origen exacto –como otros movimientos sociales– no tiene fecha ni circunstancia precisa que lo determine. A pesar de tratarse, con toda probabilidad, de un nacimiento que fue observado en distintos lugares simultáneamente, los sucesos que lo han envuelto comenzaron a producirse a partir del año 1978.
De acuerdo a lo señalado cabe alertar al lector que el sector agrícola, en cualquier país del mundo, está expuesto a diversos problemas prácticos que tiende a limitar su desarrollo. El propio clima, por ejemplo, tiene un comportamiento aleatorio, lo que incide a veces en pérdidas inesperadas de cosechas y de la eventual inversión asociada a la misma. Los productores agrícolas de países sudamericanos, por otra parte, han debido enfrentar por años un fuerte proteccionismo agrícola de los países europeos que componen la actual Unión Económica, dificultando con ello su desarrollo exportador.
Por otra parte, hay estudios que demuestran que la demanda de productos agrícolas, en países como Estados Unidos, que presenta una alta inelasticidad, ha crecido muy lentamente en períodos de largo plazo, mientras que la oferta de tales productos del campo ha crecido aceleradamente, por mejoras tecnológicas y métodos nuevos que han aumentado fuertemente la productividad. El resultado, como lo muestra el gráfico Nº 1, ha sido una persistente baja en los precios de los bienes agrícolas (la baja desde el precio inicial al precio final).
Las condiciones en las cuales los campesinos laboran, no sólo del Brasil y desde la época en que emergió el MST, siempre han sido difíciles. La breve descripción y análisis anterior contribuyen a comprender las razones de por qué muchísimos agricultores o campesinos dueños de pequeños lotes de tierra, terminan endeudados y con la necesidad de vender sus tierras para tratar de sobrevivir en las ciudades.
Al intentar competir con latifundistas que cuentan con grandes extensiones de terreno y acceso a créditos menos costosos, se encuentran en desventaja de precio para varios tipos de producciones agrícolas. De allí que es posible además, con estos antecedentes, explicar la connotación iterativa o recurrencia que describe Carlos Sandoval sobre este tipo de movimientos sociales.
Las invasiones en Lima y las tomas en Santiago
Una de las necesidades básicas más apremiantes de cualquier sociedad es la de vivir en hogares cómodos, seguros y tranquilos, en los cuales los integrantes de cada familia que los habitan pueda desarrollar diversas actividades que definen su bienestar, entre ellas comer, dormir, estudiar y hasta divertirse.
La historia y la realidad de América Latina actual nos revela, sin embargo, que la satisfacción de esta necesidad básica está aun lejos de estar resuelta. Esto es así no sólo por la cuestión fundamental de que muchos pobres no poseen una vivienda, debiendo vivir de allegados, sino que además, quienes sí la tienen o arriendan, deben enfrentar los problemas derivados de vivir en barros peligrosos, soportar asaltos o amenazas de traficantes de droga, anegamientos, barro en invierno, cortes de luz por robo de cables y, actualmente en el caso de Santiago de Chile, hasta problemas de transporte por la pésima cobertura del Transantiago.
La falta de vivienda tiene otras dimensiones relacionadas con el tema central que aquí nos preocupa, como son los movimientos sociales. La revisión de algunos antecedentes que relacionan la falta de vivienda con el surgimiento de manifestaciones de carácter popular, en demanda del acceso a la misma, permite señalar que existirían ciertos patrones comunes en el comportamiento y acción de los pobladores involucrados en este tipo de fenómenos. Si bien es cierto que no se puede generalizar, pues también suelen aparecer gente extraña a la toma de terrenos, se generan ciertas pautas de comportamiento que pueden variar desde un pacifismo tolerante hasta una violencia inusitada.
En el caso de las llamadas “invasiones” peruanas, el economista Hernando de Soto ha escrito:
“La ocupación ilegal de terrenos estatales o privados se da fundamentalmente de dos maneras, que hemos denominado ‘invasión paulatina’ e ‘invasión violenta’. La primera se produce gradualmente sobre asentamientos ya existentes. Por lo general se trata de rancherías anexas a fundos o haciendas, o de campamentos mineros. En cualquier caso, lo que sucede es que el propietario del terreno tiene una relación particular con los ocupantes (generalmente son sus propios empleados o arrendatarios), razón por la cual en un principio no tiene interés en desalojarlos. Por añadidura, suele reconocerle muy escaso valor al terreno, disminuyendo así la importancia del mismo en su patrimonio y los esfuerzos que está dispuesto a dedicar para conservarlo. Sucede que a lo largo del tiempo nuevos grupos de personas que no tienen ya relación alguna con el propietario se van incorporando al asentamiento, ya sea porque tienen parientes ahí, adquieren un terreno, lo alquilan o sencillamente porque lo invaden. De esta manera van ocupando gradualmente el terreno adyacente a partir del asentamiento original, hasta convertirse en los poseedores efectivos de toda el área. Los asentamientos formados por invasión paulatina no alcanzan un perfil definitivo hasta después de un largo proceso”.
El fenómeno peruano de las invasiones –al igual que el equivalente a las “tomas” chilenas–, nos revela un drama humano que se manifiesta a partir de la informalidad e ilegalidad con que deben convivir día a día hombres y mujeres que luchan por salir de la pobreza. Las invasiones violentas, por otra parte, se habrían caracterizado por no existir una relación previa entre pobladores y propietario del terreno. Las acciones de fuerza, ciertamente, se producen luego de una concienzuda planificación, a través de asambleas o reuniones generalmente de personas de una misma vecindad e incluso relación familiar. En todo caso, y considerando el historial peruano, un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo ILD) de aquel país ha estimado que el 90% de las invasiones violentas han ocurrido en terrenos estatales, en particular los que se encontraban eriazos o desocupados.
La violencia en este tipo de movimientos aparece reflejada al menos en dos instancias. La primera es aquella bajo la cual los propios pobladores la ejercen al organizar defensas contra la delincuencia. En el momento de la invasión misma y mediante piquetes de seguridad, actúan contra organizados en comités de vigilancia, autodefensa, seguridad y recepción de nuevos invasores. En caso de sufrir un asalto, avisan mediante pitos o luces para que los vecinos, utilizando palos, lampas, picos y otras armas, ejerzan un tipo de violencia defensivo. La segunda forma de violencia se refiere a los desalojos que ha efectuado el Estado, como las ocurridas entre los años 1968 y 1970 en la localidad de Pamplona, en que el gobierno de la época ordenó a la policía desalojar hasta el 79% de las nuevas invasiones. Este tipo de violencia del Perú de esos años acabó con una invasión de varias decenas de individuos, un dirigente muerto y gran cantidad de heridos, un comandante de policía capturado por los pobladores. Los hechos ocurridos tuvieron un serio impacto en la situación política de la época, debido a que la desobediencia civil superó los esfuerzos del gobierno por controlarla, la Iglesia Católica protestó enérgicamente y la invasión terminó por consolidarse desde el punto de vista tanto físico como moral.
Las tomas en Santiago de Chile, en particular entre los años 1957-1970, han sido estudiadas en profundidad por el profesor Mario Garcés. En su libro sobre el tema, que incluye una reflexión teórica y una revisión histórica de la evolución de los conventillos, los tipos de poblaciones callampas, un estudio de población y otros temas relacionados. A diferencia del caso peruano anterior, en esta obra se reconoce una intervención estatal más activa de parte del Estado en dar solución a los problemas habitacionales, como en el caso de la población Cardenal José María Caro, emplazamiento humano creado por el Plan Habitacional del gobierno de Jorge Alessandri. Sin embargo, hace notar también que el apoyo estatal no siempre tuvo la prontitud que las necesidades de los pobladores demandaban. Los siguientes testimonios, que justificaban la toma de la ex chacra de Santa Adriana son muy decidores:
“Ya hemos visto algunas de las razones esgrimidas por los pobladores para hacer la toma de Santa Adriana, siendo la más frecuente de ellas, el ‘estábamos cansados de tramitaciones’, pero también, como se había manifestado previamente en Estrella Polar, estaba el problema de los ‘allegados’, es decir, vivir en casa ajena, con amigos, compadres o familiares. Otras razones análogas a las anteriores, eran la de los ‘lanzamientos’, es decir aquellas familias que por encontrarse con el arriendo impago, por muchos meses, eran finalmente lanzadas a la calle, previa orden judicial. Tal era el caso, por ejemplo de José Carrasco que llegó a la toma desde La Victoria, donde vivía como allegado, después de haber sido lanzado de su antiguo domicilio, en el paradero 20 de Santa Rosa. Otra familia declaraba ‘que venían huyendo de un basural’, que habían levantado una ruca, ‘en santa Rosa detrás de la INDU’ y que el sueldo del jefe de familia no les alcanzaba para arrendar una pieza. También estaba el caso de otra familia, que venía de la Población Musa, donde el costo de la vivienda era muy alto para el sueldo de un obrero textil y llevaban ya varios años esperando que la CORVI les asignara una vivienda”.
A la combinación de factores y razones que determinaban las tomas, mencionadas por Mario Garcés, cabría agregar un comentario a manera de reflexión: el modesto crecimiento macroeconómico mantenido por Chile por años durante el siglo XX, incluyendo el lapso tratado en su libro, era determinante en la generación de bajos niveles de ingresos de la población en general, recursos fundamentales para poder acceder a planes de una buena vivienda. Se trataba, y esto es una opinión personal, de una especie de círculo vicioso en que la falta de capacidad de pago, ya sea para arriendo o pie y pago de dividendos de una casa, sumada a la falta de recursos públicos adecuados para implementar una política efectiva, llevaba a la desesperación de masas de ciudadanos que eran empujados a participar en tomas de terrenos.
En épocas más recientes las tomas de terrenos, cuyo objetivo último ha sido la posibilidad de acceso a la vivienda, se han repetido de manera más bien ocasional. Uno de los casos ocurridos hace pocos años fue una toma de terreno en la comuna de Peñalolén, de propiedad del empresario y conocido ex dirigente deportivo Miguel Nassur. Los problemas prácticos de la toma incluyeron hasta una peligrosa balacera en contra de narcotraficantes que habían llegado al lugar.
Por otra parte, algunos vecinos que ya tienen vivienda también se han organizado y han participado, de manera más o menos espontánea, en reclamos contra la autoridad. Por ejemplo unas doscientas personas -en representación de otras cinco mil-, vecinas al estero Las Cruces de las comunas de Pudahuel y Quilicura, protestaron airadamente en el camino Lo Etchevers por la falta de voluntad política para solucionar un grave problema de contaminación generado por unas 26 empresas que contaminaban directamente el cauce. Esto provocaba malos olores en el ambiente, dolores estomacales y de cabeza a los vecinos, así como la desvalorización de sus terrenos.
Movimientos Sociales Pacíficos en Chile
El concepto de “Movimiento Social” parece incluir de hecho la inquietud de un grupo de personas interesadas en alcanzar una meta u objetivo común a través de ciertas acciones enérgicas y provocativas. Sin embargo, cabe de reconocer que la idea de “Movimiento Social” no tiene porqué incluir un componente violento, de naturaleza punitiva o coercitiva, para alcanzar determinados logros.
Son muchos los ejemplos en la historia pasada y reciente que nos demuestran la existencia de un amplio espectro de organizaciones humanas, orientadas a metas de distinto tipo en materia cultural, deportiva, religiosa o social, que lo hacen con determinación, fuerza y hasta presencia, pero no necesariamente con violencia. Al contrario, gran cantidad de organizaciones de todo tipo, no necesariamente multitudinarias, entre ellas de tipo religioso, de ayuda al prójimo, de confraternidad vecinal, etc., tratan de alcanzar fines importantes que pueden determinar una buena parte de la calidad de vida de una sociedad.
Al concentrar las miradas a los movimientos sociales hacia nuestro tiempo y lugar, es posible observar en la realidad chilena múltiples asociaciones, clubes, institutos, academias y otras unidades relacionadas con temas de calidad de vida y resueltos a través de iniciativas vertidas desde la sociedad civil. Estas agrupaciones de carácter solidario o simplemente de carácter lúdico o recreacional, se han conocido también como “instituciones del tercer sector”. De este modo, si bien no parece existir una definición adecuada o única de este término, se entiende que se trata de organismos intermedios entre el Estado y el sector privado, con financiamiento estatal, propio o compartido, que desarrollan numerosas actividades en búsqueda de un mayor bienestar de la población.
Un ejemplo del uso del término lo encontramos en los profesores A. Castillo y J. Osorio, que se refieren a esta misma idea de las “organizaciones de la sociedad civil”, las que definen como asociaciones de individuos formadas para realizar diversos objetivos de interés común y sin ánimo de lucro privado. Estas pueden ser: sindicales, gremiales, de empresarios, beneficencia, culturales, educacionales, deportivas, de vida social, estudiantiles, comunitarias (territoriales y funcionales, comunidades cristianas católicas y evangélicas, de jóvenes, mujeres, adultos mayores), comunidades mapuches, organizaciones de identidad común (étnicas, de homosexuales), feministas, ecologistas, grupos civiles que tratan una amplia gama de materias, así como una diversidad de entidades que poseen rasgos muy particulares desde el punto de vista legal, incluso con personalidad jurídica, lo que les posibilita ejercer derechos y contraer obligaciones.
La evolución de este fenómeno en el caso chileno se habría advertido recientemente. La primera impresión del mismo es que la aparición de nuevas y crecientes demandas sociales, en distintos ámbitos del quehacer de la población, de alguna manera ha sobrepasado las posibilidades de acción estatal. Esta situación ha provocado una suerte de respuesta de la sociedad civil que ha permitido canalizarlas en diferentes formas.
Una primer vistazo al tema lo han efectuad los profesores M. I. Arribas y J. Vergara, que entre otros aportes se han referido a las expectativas existentes al comienzo del tercer milenio en Chile y respecto a estas instituciones. Entre las diversas motivaciones que explicarían este fenómeno están: (a) el costo de otorgar determinados servicios a los pobres a través de estos organismos sería más bajo para el Estado; (b) las “Organizaciones no gubernamentales” (ONG) cumplen en un papel preponderante en la lucha contra la pobreza, privatizando las políticas sociales y consiguiendo aumentar el gasto social; (c) la aparición de pequeñas organizaciones de allegados y pobladores a partir de 1990 que, a través de proyectos concursables, obtienen subsidios para pavimentar calles o construir viviendas sociales, optimizando la asignación de recursos; (d) políticas del tercer sector que permitirían convocar a empresarios para realizar actividades humanitarias y (e) la posibilidad de potenciar la democracia y aumentar la integración social en un sentido más participativo, superando las limitaciones de una legalidad de orden puramente representativa.
De cualquier modo e independientemente de las razones que, en los últimos años, han impulsado el surgimiento de nuevas instituciones del tercer sector, el debate que ha surgido en torno al desarrollo de la sociedad civil ha llevado a una controversia. Esta se produce entre quienes ven emerger una fuerza que daría origen a un proyecto político alternativo al neoliberalismo, capaz de superar la crisis de los socialismos recientes, y aquellos que la entienden como una estrategia de democratización orientada a compatibilizar en el largo plazo la lógica del mercado, con las necesidades estructurales del sistema político y de reproducción sociocultural.
En uno de los primeros estudios y análisis de casos prácticos en terreno en Chile, se habrían encontrado diversos grados o formas de asociatividad en organizaciones civiles pertenecientes a las comunas de Cerro Navia y La Florida en la Región Metropolitana. En la primera de ellas, el esfuerzo colectivo y la búsqueda de una memoria activa condicionarían una tendencia asociativa bastante fuerte. Contrariamente en el segundo caso de la comuna de La Florida, como consecuencia del aumento de ingresos por crecimiento económico, el mayor status económico, la presencia de un gran centro comercial y un “mall” en el que las familias pasean y consumen, no se generaría en la población una tendencia a la asociatividad como en el caso anterior.
Las instituciones del tercer sector que hemos detectado para la Región Metropolitana a partir de algunas fuentes concuerdan con las descripciones o definiciones teóricas hasta aquí efectuadas. Sin embargo, a pesar del alto nivel de coincidencia en el significado del término, todavía persisten algunas dudas respecto de este nuevo lenguaje utilizado en el campo de la sociología. Conceptos como: “capital social”; “asociatividad”; “tercer sector”; “sociedad civil”; “sector no lucrativo”; “sector mixto”; “energía social disponible”, etc., aparecen constantemente y confunden al lector. Es de esperar un acuerdo definitivo de esta terminología, pues como se ha señalado, para poder cuantificar, medir o contrastar datos sobre la evolución del número y características de este tipo de organizaciones, se requiere de absoluta claridad en su significado.
Algunas interrogantes básicas con relación a esto y que cabe apuntar aquí son: ¿Cuantas organizaciones del tercer sector existen en Chile?; ¿cuántas en la Región Metropolitana de Santiago?; ¿cómo evolucionan?; ¿qué actividades desarrollan?. Por el momento tal vez no sea posible responder a todas estas preguntas, dado que se requiere desarrollar toda una metodología de trabajo que va más allá de los propósitos de esta investigación.
Por de pronto, en el cuadro Nº 1 aparecen algunos antecedentes de carácter general, número y distribución, de una muestra de organizaciones relacionadas con problemas de calidad de vida que aquí he denominado como de “prioridad social aparente baja o intermedia”. Podemos ver aquí algunos datos sobre diversas organizaciones que se aproximan a esta idea de “tercer sector”.
El rango de actividades es enormemente amplio, al punto de que resulta difícil clasificarlas, en particular cuando se producen algunas superposiciones funcionales. Aunque la forma en que fueron anotados los datos y referencias generales varió entre los períodos 1995/1996 - 1998/1999, se aprecia que la cifra estimada en esta muestra de organizaciones para la Región Metropolitana estuvo levemente por sobre de las 1.000. Este guarismo no toma en cuenta numerosas entidades de culturales, deportivas o recreativas que, según la definición utilizada, tal vez representen unos cuantos miles.
Al comparar algunos renglones entre ambos lapsos vemos que en ciertos casos los criterios de clasificación se mantuvieron sin variación, pero en otros es evidente que fueron alterados. El aumento desde 46 a 54 organizaciones culturales, de 15 a 20 bibliotecas ó de 85 a 118 en salud parece indicar en cada uno de estos casos una tendencia normal, aunque la disminución de instituciones de violencia intrafamiliar desde 13 a 7 indicaría un eventual cambio de criterio en la clasificación.
Otro antecedente de carácter cuantitativo es que, de las 23 categorías correspondientes a 1995/1996, un total de 9 organismos se anotan con un nivel de prioridad “Alto”, es decir, el 39,1% de ellos participa en temas de calidad de vida de importancia relevante para la gente. En el nivel de prioridad “Intermedio” (o medio) aparece un total de 8, con un 34,8% y en el nivel “Bajo” se indican solamente 6, con un 26,1%. En el lapso siguiente 1998/1999 señalado en el mismo cuadro, los niveles “Alto”, “Intermedio” y “Bajo” totalizan 11, 6 y 3 unidades, las que suman un total de 20 categorías que corresponden a un 55,0%, 30,0% y 15,0% respectivamente.
Este mismo cálculo se puede realizar considerando el número de unidades incluidas en cada categoría; para el bienio 1995/1996 la distribución porcentual muestra 237 instituciones en el área de baja prioridad (un 22,6%), 417 en prioridad intermedia (un 39,8%) y 394 en prioridad alta (un 37,6%); para los años 1998/1999 el cálculo señala 279 organizaciones en temas de baja prioridad (un 23,0%), 327 en prioridad intermedia (un 27%) y 606 en alta prioridad (un 50,0%).
Si bien estos datos son muy sensibles al criterio de clasificación, al menos parecen indicar que para la Región Metropolitana existiría un leve predominio de las organizaciones del tercer sector orientadas a problemas de alta prioridad social aparente, como los referentes a salud, educación, transportes, vivienda y legislación-justicia. En segundo lugar quedarían las organizaciones relacionadas con medio ambiente, cultura, deportes y recreación, mientras que en tercer lugar se ubican aquellas que tratan problemas de calidad vida con baja prioridad social aparente.
Este simple ejercicio sugiere la posibilidad de establecer otra hipótesis tentativa: a mayor nivel de prioridad social aparente en materia de calidad de vida, más alto sería el número de organizaciones del tercer sector dedicadas a su atención en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Sin embargo, para poder contrastar una hipótesis como esta se requiere no sólo de más antecedentes cuantitativos, sino además afinar la información obtenida.
Los trabajos desarrollados por muchas instituciones del tercer sector en el ámbito de las necesidades sociales de prioridad baja y media no sólo se caracterizan por su gran amplitud y variedad, sino por una entusiasta y abnegada labor. Al trabajo voluntario o profesional realizado debe agregarse una buena cuota cariño por el prójimo y gran sentido de solidaridad.
A mediados de la década de 1990, en el tema de inmigrantes y grupos étnicos una asociación indígena denominada “Inchin Mapu” ubicada en la comuna de La Pintana contaba entre sus objetivos recuperar y difundir la cultura, artes, costumbres, creencias e idioma mapuche. Para ello organizaban foros, talleres, torneos de chueca o palín, ruegos denominados nguillatues y una celebración de año nuevo denominada We Tripantu. En discapacidad, la “Escuela Especial Pontífice Juan Pablo II” atendía unos 220 menores de escasos recursos en programas diseñados con el objeto de fortalecer la autoestima y desarrollar destrezas en niños y jóvenes discapacitados.
Este último tema, en el 5º Encuentro Nacional realizado en el Cajón del Maipú, personeros del movimiento Esperanza Nuestra, que entonces atendía a unas 800 personas discapacitadas, dio a conocer la cifra de 1.400.000 personas en esta condición según el Censo de 1992.
Sobre esta última actividad, un pequeño pero hermoso libro de poemas escrito por alumnos de la escuela diferencial “Los Cedros del Líbano” de la comuna de San Miguel, demuestra que también es posible ayudar a niños con dificultades de aprendizaje a través de actividades culturales. Uno de ellos, el joven Rogers Aburto, escribió el poema “Mañana”:
“Mañana abriremos las ventanas
como en nuestros primeros y tiernos días
cantaremos alrededor de la playa
abrazaremos las manos
todos juntos cantando
con mucha alegría
con mucho amor y entusiasmo
olvidaremos el extraño y dolorido pasado”.
“Mañana se cumplirán nuestros suaves sueños
como por arte de magia
esconderemos nuestros más bellos secretos”.
En violencia intrafamiliar, una serie de organismos brinda ayuda psicológica y legal, además de apoyo afectivo. Entre ellos estaban el programa de violencia intrafamiliar del “Departamento de la Mujer” de la Municipalidad de Conchalí, la “Agrupación de Mujeres de la Florida”, el “Centro de Atención y Prevención de la Violencia Doméstica de La Granja”, etc. Entre las múltiples actividades efectuadas por estas organizaciones deben incluirse terapias individuales, de pareja y familiares, talleres de autoestima, formación de monitores y jornadas preventivas en centros de madres, juntas de vecinos y oficinas públicas. En medio ambiente, diversos grupos e instituciones integrados por scout, dueñas de casa, pobladores, profesionales chilenos y extranjeros, estudiantes, etc. que se preocupan por el cuidado de los árboles, los animales y todo lo relacionado con la naturaleza: el “Taller Ecológico Muralista” de la comuna El Bosque, la “Casa Ecológica-Centro de Atención Primaria Ambiental” de Estación Central, la “Red Nacional de Acción Ecológica” (Renace) de Ñuñoa, etc.
Un vistazo más a fondo al interior de algunas de estas organizaciones revela no sólo que muchas de ellas han mantenido cierta continuidad a través de los años, sino además que a pesar de enfrentar diversas dificultades propias de la falta de recursos, apoyo del Estado o financiamiento adecuado, han logrado que aspectos esenciales de su labor sean reconocidos por la sociedad chilena.
En el cuadro Nº 2 he resumido algunos antecedentes obtenidos a partir de una encuesta realizada a ejecutivos de organizaciones del área metropolitana de Santiago. La muestra es muy pequeña, solamente cinco entidades, pero todas ellas relacionadas con temas de calidad de vida con distinta prioridad social aparente. El nombre de las instituciones y directivos encuestados se han omitido con el objeto de resguardar debidamente la privacidad de quienes gentilmente han colaborado con nosotros.
Conclusiones
En esta parte de estudio realizado, pretendo esbozar un breve análisis de los movimientos estudiados con respecto a sus logros, considerando componentes más relevantes que puedan ser rescatados, con la idea de determinar hoy y a futuro una mejor calidad de vida de la población. Se trata de constatar la naturaleza de estos movimientos sociales históricos latinoamericanos efectuar un contraste, en la medida de lo posible, entre aquellos de naturaleza violenta y de los no violentos que anotamos para el caso chileno.
Una primera conclusión, más bien de carácter general y que se aprecia a lo largo de la lectura del texto, que si bien el concepto de “Movimiento Social” parece tener un significado relativamente claro, entendido como personas que se agrupan en función de un objetivo determinado que mantienen cierta continuidad y cohesión en el tiempo, las características que pueden presentar tales movimientos tienden a ser más bien múltiples o muy variadas. La revisión del mismo material lleva a formular otra cuestión bastante evidente, que es la posibilidad de separar a los diferentes movimientos en al menos dos grandes grupos básicos: (a) movimientos sociales violentos y agresivos; (b) movimientos socales no violentos y pacíficos.
En efecto, la multiplicidad de elementos presentes en cada uno de los casos parece indicarnos que cada movimiento social es único, de naturaleza totalmente diferente de cualquier otro, lo que hasta parece desalentador al investigador o teórico, que intenta de algún modo encontrar patrones comunes que permitan hilvanar algún modelo explicativo. Es fácil advertir, que existen diferencias fundamentales en las fechas o épocas en las cuales cada uno de estos grupos sociales ejecutó acciones de fuerza o planteó sus propuestas al Estado o la sociedad civil.
La vida y evolución del movimiento Montonero en Argentina, por ejemplo, aconteció en la década del año 1970, dentro un contexto histórico en que las diferencias ideológicas que planteaba la guerra fría, sumadas a componentes de efervescencia social y nacionalismo interno argentino parecían justificar, a cierta parte de la población y a los integrantes de aquel movimiento, un tipo de guerrilla urbana que permitiría satisfacer su aspiración de conseguir el regreso de Juan Domingo Perón al poder. Sin embargo, la presencia del movimiento de la Coordinadora de Defensa del Agua, en Bolivia, se dio en plena época de la globalización, en momentos en que el aparente triunfo del pensamiento capitalista sobre el pensamiento socialista en materias como la privatización de un servicio público, no podía ni lejanamente contar con una probabilidad de ocurrencia.
La revisión de características disímiles entre los dos movimientos mencionados y otros que se han descrito a lo largo del texto, puede seguir. En el caso del Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil, el motor que ha impulsado sus demandas habría sido el despojo de sus propiedades y la consecuente necesidad de recuperarlas. Vemos aquí una motivación muy diferente con respecto al movimiento Montonero, con cantidades de personas involucradas también distintas, de carácter popular el primero de los mencionados y más bien elitista el segundo, más relacionado con necesidades de supervivencia el MST y más político el movimiento Montonero.
Por otra parte, los movimientos de pobladores tanto en Perú como en Chile también han marcado diferencias evidentes, quizás no tanto entre ellos, pero sí con el resto de los grupos sociales antes estudiados. En estos dos últimos casos ha sido la necesidad básica de vivienda, de contar con el derecho de propiedad básico mínimo requerido por un poblador para poder constituir una familia que logre los estándares mínimos de estabilidad y pueda progresar humanamente.
Aún cuando la lista de diferencias entre estos y otros grupos, como los referidos en la última parte sobre movimientos sociales pacíficos en Chile, pueda seguir creciendo, es posible intuir algunas similitudes que no dejan de sorprender. Y es aquí que la cuestión de la efectividad, en la consecución de sus propósitos u objetivos, cobra importancia. Esta última aseveración se fundamenta, básicamente, en que cada movimiento tiene impactos en beneficios y costos considerables y que no pueden ser soslayados a la ligera.
En lo referente al primer conjunto de movimientos sociales, los de carácter violento, es posible reconocer al menos las siguientes características comunes: (a) tienden a no son reconocidos por el Estado, al menos en lo legal o formal (b) sus sistemas de financiamiento tienden a ser informales o ilegales; (c) suelen soportar grandes sacrificios en términos de pérdidas de vidas humanas y heridos de gravedad; (d) han provocado graves daños a la sociedad por pérdida de vidas humanas y destrozos; (e) los objetivos de estos movimientos, es decir los beneficios esperados por sus integrantes o por la sociedad según la época o momento histórico, se alcanzan de manera parcial o simplemente no se logran y (f) en general los objetivos que han perseguido se pueden conseguir a través de una vía alternativa pacífica.
En el Cuadro Nº 3 se anotan algunas de las características observadas a través de la revisión bibliográfica aquí efectuada, de los movimientos Montonero, Coordinadora de Defensa del Agua, Movimiento de los Sin Tierra y Movimientos de Pobladores de Chile y Perú en los correspondientes períodos de análisis.
En el caso de la muestra de movimientos sociales chilenos de carácter pacífico, que se ha incluido en este estudio, la caracterización de los mismos resulta muy diferente respecto a la de los movimientos que han utilizado la fuerza como herramienta para conseguir sus fines.
En primer lugar se trata de organizaciones que centrar su accionar en cuestiones bastante específicas, si bien incluidas dentro de temáticas sociales amplias y en las que también suele participar con bastante presencia el Estado. Por ejemplo, en el caso de la salud, el Cuadro Nº 1 vemos que el número de actores del tercer sector aumentó entre los años 1995-1996 a 1998-1999 desde 85 a 118, sin considerar inicialmente las dedicadas a salud mental que sumaban 23. La estadística no permite dilucidar si en la segunda cifra se incluyen las enfermedades mentales, pero ciertamente se trata de instituciones incluidas en un campo bastante amplio, la salud. Aún así, se nota la presencia de un alto grado de especificidad en el tipo de atención que ofrecen, como se aprecia en la 5ª columna del Cuadro Nº 2, respecto a la ayuda y atención que una de ellas otorga a discapacitados no videntes.
En segundo lugar, las instituciones del tercer sector no sólo tienden en general a ser reconocidas por el Estado, sino que hasta reciben su apoyo en aspectos financieros. Este aspecto puede ser observado en el mismo Cuadro Nº 2, en que el entrevistado de la institución en referencia expresó que recibían ayuda tanto de los socios como de los Ministerios de Educación y Justicia. En oposición a otra de las características de los movimientos sociales violentos, se infiere aquí que el sistema de financiamiento es de carácter legal e incluso, si bien no se menciona, por la presencia de socios es muy probable que los ingresos y gastos sean auditados.
En tercer lugar, las organizaciones del tercer sector que promueven intereses solidarios están lejos de enfrentar problemas de pérdidas de vidas humanas o costos por daños físicos, a diferencia de los que promueven más la protesta como forma de reivindicación. Aún cuando en la muestra y ejemplos seleccionados no se incluyeron casos importantes de movimientos ecologistas, que también cuentan con redes de organizaciones entre el Estado y el mercado, en los la acción en terreno suele mostrar a veces facetas agresiva y represivas, la mayoría de las organizaciones plantean estrategias de naturaleza pacífica para el logro de sus fines.
Por último, y en cuarto lugar, los logros de estos movimientos institucionalizados son mucho más efectivos, al punto que la civilidad va reconociendo su labor a través de los años, la que puede incluso a llegar a ser muy amplia, como lo reflejan los antecedentes incluidos en la penúltima fila del mismo Cuadro Nº 2, al menos para tres de las cinco organizaciones anotadas.
Una última conclusión después de la revisión y análisis efectuado en este trabajo es bastante sencilla: la experiencia histórica de los movimientos sociales en referencia parece indicar que, al encauzar energías de sus integrantes en conseguir objetivos o metas perfectamente válidas y aceptadas por la sociedad, la vía pacífica tiene más efectividad que la violenta en términos promedio. Sin embargo, no se puede descartar que el uso combinado de la fuerza, protesta o reclamo moderados, junto a métodos preferentemente pacíficos, tal vez sea la estrategia óptima a seguir para algunos de estos movimientos.
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