Contexto de Desarrollo

Las políticas neoliberales en Ecuador, han sido incapaces de dar respuesta a los principales problemas  económicos y sociales, y continúan tratando de ahogar a la sociedad ecuatoriana, en especial  a la de los sectores rurales en la búsqueda de la maximización de ganancia sobre todo lo demás, y en la subordinación de la vida al trabajo sin fin, persistiendo altos índices de desempleo, pobreza y exclusión social en estos sectores. En su conjunto, son características que provocan una concentración mayor de la  riqueza y del poder económico en las manos de unos cuantos y dejan sin protección a la mayoría de la población. Los defensores de este sistema afirman que estos ajustes producirán, a largo plazo, un crecimiento que elevará los niveles de ingreso y resolverá la situación de los desfavorecidos (Cabrera Reyes Zuleica, 2010) situación que aun no se cristaliza en  Ecuador.

La historia ha demostrado que la extrapolación de modelos institucionales no proporcionan de por si los mismos resultados en contextos socio-políticos diferentes. Durante décadas, escuelas y teóricos han ido tras la búsqueda constante de herramientas tendientes a encontrar aquella receta universal que sirva para mitigar los factores de desestabilización y crisis en los países en desarrollo. (Marti i Puig, 2001; Dahrendorf, 2005; Ramentol, 2004)
Al respecto, el “Consenso de Washington” sirve de estructura referencial para legitimar una especie de “hoja de ruta” o guía para la ejecución de las políticas neoliberales en los países en desarrollo,  la misma es una forma de promoción de una agenda “positiva” de la Globalización, la que refuerza aquellas capacidades que le permitan alcanzar objetivos a gran escala.

Las dos últimas décadas del siglo XX fueron decisivas en la producción de cambios que llevaron a la ruptura con el antiguo modelo del nacional desarrollismo. A pesar de algunas diferencias importantes, estas dos décadas tienen un punto en común: el hecho de haber constituido un hito en el proceso de ruptura de la arquitectura político- institucional que, durante 50 años, entre 1930 y 1980, sustentó la estrategia de la  industrialización por sustitución de importaciones. Estos cambios, de gran amplitud, fueron desencadenados por un conjunto de factores externos e internos.

El término Globalización constituye una especie de justificación a los cambios políticos, sociales y económicos que tienen lugar en el mundo. Muchas veces, esta justificación es utilizada como una expresión de moda que evita confrontar el verdadero carácter, alcance e impacto del término en cuestión sobre la sociedad. La Globalización impulsada por los países centrales ha estado acompañada por el principio guía de “Buena Gobernanza”. Dicho principio lleva implícito una serie de determinantes condicionantes de cómo deben estructurarse los procesos políticos y gubernamentales en los países en desarrollo. El concepto de “Buena Gobernanza” lejos estuvo  de constituirse en una guía sobre las prioridades o criterios por donde debían encararse las reformas, su imagen estuvo más cercana a los imperativos de los cambios sobre la estructura del Estado y el proceso de toma de decisiones (Doornbos, 2004; Leftwich, 1993; Grindle, 2004)

La sumatoria de los conceptos de “Buena Gobernanza” del siglo pasado y la “condicionalidad” dieron como resultado un determinado modelo de Estado que representó la cristalización del nuevo léxico político a fines de la década de los 80: emancipación del mercado de los límites fijados por el Estado; superación de la ineficiencia de la esfera de lo público; creación de un nuevo espacio político capaz de cubrir la brecha existente entre la Globalización económica-financiera y el retroceso del Estado.

Para la mayoría de la población latinoamericana, en particular, las décadas de los 80 y 90 son “décadas perdidas”, producto de los efectos combinados de las fases de crisis y de las políticas que fueron ingentes. Por ejemplo en Ecuador se agudizó la pobreza y se acentuó la concentración de la riqueza; se deterioró el empleo y la retribución al trabajo humano y aumentó el desempleo y el subempleo a niveles significativos. Se disparó la migración hacia los países desarrollados.

Este escenario se presenta como sensato para la política neoliberal, es decir producir drásticas reducciones en el número y tamaño de los aparatos del Estado y de las empresas de su propiedad; proceder a la privatización del patrimonio estatal; disminuir los subsidios estatales a productores; reducir el control del Estado sobre precios y salarios; subvencionar a la banca privada; cortar la protección a las industrias nacionales, especialmente aquellas que producen   bienes secundarios; imponer la convertibilidad o la dolarización como el medio más eficaz para desarrollar una economía real; esto es, con claro  objetivo de desarrollo de sus funciones de producción, ahorro e inversión, exportaciones e importaciones, consumo, entre otros.

Ecuador es uno de los países donde el neoliberalismo ha estado presente por décadas, y no es hasta el año 2007 donde poco a poco va perdiendo vigencia al producir un cambio de gobierno de corte neoliberal, por un progresista propuesto por el Presidente Rafael Correa Delgado. Los resultados de la presencia del modelo  neoliberal en el país  han sido negativos, es así que en el año 2006 durante la presidencia de Alfredo Palacios tenemos un índice de pobreza general del 45,8%, un incremento en el desempleo en el mes de agosto del 6,60%, frente a 6,56% del mes anterior,  un bajo crecimiento económico, y una inadecuada y nada justa distribución de los ingresos, situación que vino lesionando profundamente a las masas populares (INEC 2006).

Los últimos acontecimientos vividos por Ecuador (1998-2006), son una muestra latente de la crisis del modelo neoliberal, que aún no se puede hablar de su fin en Latinoamérica, sin duda el reconocer la importancia o el fracaso de este modelo y de los políticos que buscan impulsarlo, no implica ponerle fin a los desatinos y equivocaciones. El futuro es incierto y es  posible que los gobiernos sigan apoyando proyectos que pese a sus negativas consecuencias, y al desperdicio de inmensos recursos, estos lo justifiquen como algo necesario.

Con la llegada del Gobierno de la Revolución Ciudadana (GRC) en el año 2007, se inicia una lucha contra esta corriente de pensamiento neoliberal, se empieza por  cambios profundos en la política del país a través de un plebiscito en el año 2008, en el cual se aprueba la nueva Constitución de la República de Ecuador. De esta manera los lineamentos de Estado se han orientado hacia las masas populares que por décadas habían permanecido al margen del desarrollo económico y que representan a la mayoría de los ecuatorianos.

Las masas populares tienen su oportunidad jurídica en el Artículo 283 de la Constitución de la República de Ecuador (CRE). Donde se establece que: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (CRE, 2008).

Este argumento encierra en su contenido las bases jurídicas para la construcción de una nueva sociedad, más justa e igualitaria, más dedicada al hombre y su entorno, con criterios económicos justos, que evidencian la necesidad de trabajar en la redistribución, reciprocidad y reasignación equilibrada de los recursos en el marco de un mercado regulado democráticamente.

Para ello en Ecuador, se pone en vigencia el Plan nacional del Buen Vivir (PNBV), mismo que  establece 12 objetivos y expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica del país, y las estrategias pertinentes para lograrlo, estas son:  a. Democratización (de los medios de producción) y redistribución de la riqueza; b. Sustitución de importaciones y diversificación de exportaciones, exportadores y destinos; c. Inserción estratégica y soberana en América Latina y el mundo; d. Transformación de la educación superior e inversión en Investigación, desarrollo e innovación ( I+D+i); e. Consolidación de la conectividad y telecomunicaciones; f. Cambio de la matriz energética; g. Inversión para una macroeconomía sostenible; h. Inclusión, protección y garantía  de derechos; i. Conservación del patrimonio y fomento al turismo comunitario; j. Ordenamiento territorial, k. Desconcentración y descentralización; l. Poder ciudadano y protagonismo social de todas y todos los ecuatorianos. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017

Con ellos se pretende lograr resultados positivos en materia  económica y social, que ya son evidentes:

Indicadores que buscan solucionar los problemas económicos y sociales que han sido una constante histórica en el Ecuador desde su retorno a su vida demócrata con la presidencia del abogado Jaime Roldós Aguilera en 1979, año en el que se abrió una muy grande expectativa sobre días mejores para el país, y han tenido que pasar 26 años para aplicar un nuevo modelo económico, el cual incluye a las masas populares y lo cristalice en el Plan de Desarrollo 2013-2017.