BREVE DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El descenso de la inversión pública en el área social, ha afectado fuertemente a la calidad y cobertura de los servicios públicos, hecho que perturba gravemente a las mayorías que son usuarias de estos servicios, de allí que mas del 39% de la población se encuentre en niveles pobreza y un 9% en extrema pobreza o indigencia; Del total de la Población Ecuatoriana el 12,14% presenta alguna clase de discapacidad2, producto de lo antes mencionado y agravado por factores asociados con la extrema pobreza, desnutrición crónica, falta de vacunación, enfermedades infecto-contagiosas, embarazos continuos y falta de control prenatal, entre otros3, problemas estos que el Estado debería solventarlos a través de servicios gratuitos a la población.

La Constitución Política del Ecuador, en su Artículo 53, establece la garantía del Estado en la prevención de las discapacidades, la atención y la rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de indigencia; así mismo, se establece la obligatoriedad del Estado en dar atención a las personas con discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación e inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte que dificulten su movilización. Los gobiernos locales, de su lado, tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones. Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias de acuerdo con la Ley4. Finalmente, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras5.

El Ecuador desde 1991, viene ejecutando un Plan Nacional de Discapacidades, que se enfocó en tres ejes temáticos: La prevención, la atención y la integración social de las personas con discapacidad, a pesar de estos esfuerzos emprendidos poco ha cambiado, la realidad de los discapacitados sigue siendo la misma o peor en algunos casos.

El 8 de junio de 1999, la Asamblea General de la OEA adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, documento que el Ecuador es suscriptor, este tiene diez artículos y como objeto principal persigue la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación contra los discapacitados y propiciar su plena integración a la sociedad, mandando a los Estados adopten políticas de protección especial tendientes a su aplicabilidad. Producto de ello es la Ley sobre Discapacidades publicada en el Registro Oficial No. 301 del viernes 6 de Abril del 2001, que dentro de sus principales objetivos persigue el “Reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las personas con discapacidad”,”Eliminar toda forma de discriminación por razones de discapacidad y sancionar a quienes incurrieren en esta prohibición”, además “Crear mecanismos para la atención e integración social de las personas con discapacidad atendiendo las necesidades particulares de cada sexo”, garantizando “la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol equivalente al que ejercen las demás personas”6. Tres años más tarde en Noviembre del 2004 el CONADIS con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, a través del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares SIEH realizan la Primera Encuesta Nacional de Discapacidades, llegando en forma general a los siguientes resultados:

Mas del 12% de la población total del Ecuador tiene alguna clase de discapacidad, es decir mucho mas de la población analfabeta que existe en el país, cerca del 40% de las Personas Con Discapacidad PCD mayor a 5 años tiene limitación grave, es decir que estas personas con deficiencia tiene poca o escasa autonomía en la realización de sus actividades, aún con el uso de ayudas técnicas, su funcionamiento es insatisfactorio, y ellos generalmente dependen de otras personas para realizar sus actividades7; el 43,7% de la Población (PCD) mayor a 5 años tiene una deficiencia, lo que implica que estas personas presenten alguna anormalidad o perdida de una estructura corporal o función fisiológica en forma permanente o mayor a un año8, el 15,39% de la Población (PCD) mayor a 5 años tiene una limitación leve y moderada, persona que teniendo deficiencia presenta autonomía en la realización de sus actividades, debido a la compensación entregada por una persona o ayuda técnica9. Fenómeno que a no dudarlo en el futuro podría agravarse si las condiciones actuales de pobreza, marginalidad, desordenado crecimiento poblacional, inadecuadas medidas de prevención de la población en riesgo, falta de sistemas de detección e intervención oportuna no tiene atención por parte del Estado, Esta dramática realidad supone no atender los problemas de los discapacitados en el desarrollo normal de sus familias; El Estado debe propiciar el respeto de los derechos de los discapacitados a través de la aceptación social, lo que involucra crear espacios laborales, sociales y otros en todas las instituciones públicas y privadas, donde podamos convivir conjuntamente personas con y sin discapacidad, lo que conducirá a que las barreras sociales y obstáculos disminuya y se incremente la participación plena de todos los individuos dentro de la comunidad10.

Pichincha con su capital Quito es la provincia que alberga al 19,56% de personas con discapacidad, de ello el 53,7% son mujeres y el 46,3% son hombres, lo que implica que mayormente la discapacidad afecta a las mujeres, sin embargo no en todas las edades es mayor el número de mujeres con discapacidad.

La consecuencia de que en Pichincha estén aglutinados el grueso de la población con discapacidad a excepción de Guayas, es porque en estas provincias especialmente Quito posee Centros de Prevención, Atención e Integración Social para discapacitados, no así el resto de ciudades del país. La pobreza, que en gran número esta integrada por las personas con discapacidad, afecta a nivel de país especialmente a la población11 que se encuentran en el quintil 1 y 2 con los menores ingresos per cápita del país12, siendo esta heterogénea para todas las provincias del país.

La discapacidad, asociada con la pobreza determina un gravísimo problema para el Estado; la falta de oportunidades de empleo formal para las personas con discapacidad es un problema lacerante que no ha sido enfocado directamente por el Estado ecuatoriano, permaneciendo latente este mal social, cuya consecuencia es la pauperización absoluta no solo de las personas con discapacidad sino de sus familias, debido a la ausencia casi total de recursos para la subsistencia.

Hay que destacar que, ha diferencia de años anteriores, hoy en día las personas con discapacidad por iniciativa propia y probablemente por cierta acción del Consejo Nacional de Discapacidades están paulatinamente accediendo a la educación incluso superior; más a consecuencia de los paradigmas y prejuicios sociales aún no se evidencia que estas personas hayan podido ser adsorbidas laboralmente por parte de la iniciativa privada y menos aún por el sector público.

1 CORDES, Tendencia de la Distribución del Ingreso: Una Visión Panorámica 1998 Pg. 50

2 INEC-Encuesta SIEH Nov 2004 Pg. 14

3 FASINARM Derecho de las Personas con Discapacidad.

4 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

5 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Registro Oficial 301 de 6 de Abril del 2001

 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Pg 1 y 2

7 CONADIS, ECUADOR LA DISCAPACIDAD EN CIFRAS, Pg. 6

8 Idem

9 Idem

10 FASINARM Derecho de las Personas con Discapacidad.

11 El 50% de PCD están ubicadas en el quintil 1 y 2 es decir 789.998 personas

12 USD 30 mensuales