Quién no conoce la historia está condenado a repetirla. Y precisamente, los colombianos parecen no conocer su propia historia. Es irónico hacer la transición, finalizar y empezar dos siglo, en plena crisis económica y social; el paso del siglo XIX al XX y del XX al XXI, así lo confirman. Las constantes luchas intestinas sostenidas, desde los partidos, por los dirigentes políticos en procura del manejo del país, han comprobado no saberlo conducir, es decir, no han procurado, mucho menos logrado mantener, las relaciones democráticas entre los colombianos, como la manera sana y lógica para lograr el desarrollo del país; han sumido a éste en la más profunda y cruel de las crisis vividas: política, económica, guerrillera, paramilitar, secuestros, masacres, corrupción, entre otras. Lo anterior ha llevado a revisar y, desde luego, plantear, una y otra vez, esta hipótesis: En Colombia se ha perdido el siglo XX; hemos vivido otra `` Patria Boba ´´ Es fácil colegir lo anterior de acuerdo con los siguientes sucesos acaecidos en el territorio a lo largo y ancho de este siglo:

A partir de las luchas de independencia en 1810, el país siendo parte de la Gran Colombia, ese frustrado sueño Bolivariano, no ha podido encontrar la conciliación política, para acabar con la guerra fraticida; premisa indispensable para la consecución del desarrollo económico y el bienestar social. Y se menciona a la época de la independencia porque debido a falta de un proyecto político único, después de 1819, los patriotas no lograron la unidad ni económica ni política de los territorios integrados en la Gran Colombia; de ello, es muestra fehaciente la división y nacimiento de las hoy Repúblicas de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador 
 

Se ha heredado, por parte de los colombianos, ese espíritu guerrerista el cual los ha conllevado a permanecer en constantes luchas olvidándose de construir las verdaderas 
bases para la reforma política: la equidad y la democracia participativa; la reforma social: fortalecer el capital humano y social; y la reforma económica: facilidades para las inversiones nacionales y extranjeras que consoliden los procesos productivos con miras a crecer de manera sostenida en las exportaciones, aprovechando las condiciones de los mercados internacionales y con ello, lograr el desarrollo de la nación 

El recrudecimiento de los hecho violentos en los últimos años en el país permiten marcan la tendencia de la sociedad colombiana por permanecer en el conflicto; este escenario se ha mostrado más relevante frente a la búsqueda de los caminos del diálogo para lograr la reconciliación y con ella el desarrollo económico. Con la anterior premisa, es fácil sostener que se ha perdido, es decir, desperdiciado social y económicamente el siglo XX debido a los crueles eventos de la guerra sucedidos en la historia del país a lo largo y ancho del mismo

Los acontecimientos políticos, al final del siglo XIX, pusieron fin a la Constitución Federalista de 1863 y dieron origen a la Constitución Centralista, presidencial y excluyente de 1886; delinearon los enfrentamientos entre radicales y conservadores; estas luchas marcaron los preparativos para las guerras del siguiente siglo. Se despidió así el siglo XIX y se dio inicio al siglo XX con la llamada Guerra de los Mil Días (1899 - 1902); dicha guerra da cuenta de la división al interior, tanto del partido Liberal como del partido Conservador. Se luchó, prioritariamente, por conseguir una reforma política: mayor participación en el Parlamento, más no por las reformas que consolidaran la vida 
económica del país. 

En la primera década del siglo XX, además de la guerra civil, se sucede en el país un hecho trascendental en su vida económica, política y territorial: la separación del istmo de Panamá, `` impulsada por los círculos imperialistas de Norteamérica interesados en construir un canal interoceánico. Ante la indiferencia de la oligarquía se consumó la separación y Norteamérica cobró el servicio expropiándole al pueblo panameño la zona del canal. Las intervención norteamericana en Panamá marcó un nuevo rumbo en las relaciones colombianas, pues a pesar de la descarada intervención yankee, los lazos económicos se fortificaron con Norteamérica a medida que se aflojaban con las potencias europeas ´´. (Tirado Mejía.1991. p.129). Lo anterior obedeció a la necesidad norteamericana de expandir y consolidar su imperio con el dominio comercial, y político en el continente. Este despropósito histórico no se hubiera dado de no ser por los enfrentamientos políticos entre los habitantes del continente y los Istmeños quienes ofrecieron, tal cual y reza el refrán, en bandeja de plata el territorio a los Norteamericanos. En los años siguientes y después de varios enfrentamientos políticos, se sucede la venta oficial del Istmo: `` Marco Fidel Suárez, quien gobernó al país entre 1918 y 1921, era un político conservador ultramontano dedicado a la gramática. Durante su gobierno se dictó una legislación petrolera en un todo favorable a los intereses norteamericanos. Con ello el presidente gramático no hacía más que desarrollar las teorías expuestas en sus escritos, de una estrecha relación con los EE.UU expresada en el lema `` hay que mirar al norte ´´, hacia `` la estrella polar ´´. En el año de 1921 el Presidente Harding presentó al Congreso norteamericano el tratado de 1914 y éste lo aprobó fijando una indemnización de US 25.000.000 pero exigiendo que la cláusula del `` sincero pesar ´´ fuera abolida ´´. (Tirado Mejía. 1991. P.131 - 132). Desde luego, este tratado también fue aprobado por el Congreso colombiano. 

Otro hecho, a tener en cuenta en este periodo, es el levantamiento en armas del movimiento indígena liderado por Quintín Lame en 1914, por la recuperación de las tierras de los resguardos de Tierradentro invadidas por los colonos blancos. También, cabe resaltar en esta década la primera guerra mundial 1914 - 1918, por cuanto trajo para Colombia graves consecuencias políticas, fiscales y económicas, donde el comercio internacional se vio disminuido con el bloqueo de los submarinos alemanes a la marina mercantil aliada; así mismo, por el bloqueo de los aliados a la marina alemana, lo cual disminuyó la renta por conceptos de aduana y el gobierno nacional se vio avocado a suspender las pocas obras públicas que daban empleo a la mano de obra. El resultado de estos acontecimientos es la impopularidad del gobierno, la cual se acrecienta en el momento en que se produce el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, en las gradas del Capitolio Nacional, cuando se dirigía al Congreso en los primeros meses de la guerra 

La década de los 20 se caracteriza por el espíritu regionalista heredado del siglo XIX, donde se alimenta la vida política del momento. "La ubicuidad de las guerras civiles, en escenarios tan disímiles como el Cauca, la Costa Atlántica, Panamá o Santander, disimulan los hechos de que los conflictos no podían ser la mayoría de las veces sino 
conflictos locales y que la función de los partidos era la de facilitar alianzas o prestar una apariencia de generalidad y uniformidad"(Colmenares, 1989. p. 246) 

En el ámbito internacional se produce la crisis financiera del 20 donde se empieza a sentar la base del final del patrón oro; se favorece la inversión de capitales extranjeros sobre todo el norteamericano, pero no se aprovecha esta coyuntura debido a las luchas regionales aún persistentes; aquí, es importante recordar, como hecho execrable para repudiar, la Masacre de las Bananeras, resultado del conflicto laboral sucedido en la Zona Bananera del Magdalena en 1928 

Durante los años treinta se sucede la gran depresión de la económica mundial, conocida comúnmente como la recesión económica mundial; situación esta que favoreció en gran medida, la aplicación del modelo de sustitución de las importaciones, más no por iniciativa propia del gobierno de turno sino por las condiciones mismas de la relación de dependencia profesada por el país; dicha condición no fue oportunamente aprovechada debido a la débil industria instalada durante este tiempo, siendo fácilmente arrollada por la posterior recuperación de los países en guerra. El poco avance económico se vio apocado por la lucha por el poder entre el partido Liberal y el Conservador; era tanto el malestar político-económico que en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, a la designación del Ministro de Hacienda, Esteban Jaramillo, `` - decía El Tiempo en un editorial - no puede causarnos especial regocijo. Él simboliza cuanto hemos condenado: la danza de los millones, los despilfarros, el optimismo infundado, la insinceridad administrativa, la falta de energías y la carencia absoluta de continuidad y de plan...´´ (Arciniegas, 1989 p.300). Cabe mencionar en esta década la guerra con el perú y durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, el nacimiento de organizaciones de oposición: La Acción Patriótica Económica Nacional APEN y la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria UNIR, del inmolado dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán 

En la década de los 40 la violencia ha sido, sin lugar a equivocarme, uno de los aspectos presentes en la vida diaria del pueblo colombiano: el problema de la tierra; la ausencia, en algunos casos, y la débil presencia en otros, del Estado en las zonas rurales; las desigualdades entre el campo y la ciudad y el aislamiento del campesinado son parte de este proceso

``Entre mediados de los años cuarenta y finales de la década del cincuenta, vastas zonas rurales del país estuvieron sumidas en la guerra y sus habitantes sometidos a persecuciones por parte del ejército, de organizaciones paramilitares de filiación partidista y de las guerrillas de una y otra denominación política. A los innumerables 
muertos que dejó este proceso hay que agregarle el despojo de tierras y bienes, apoyado en el asesinato de los dueños o en la amenaza para forzarlos a vender sus propiedades, la apropiación de las cosechas, el abigeato y el incendio de casas, beneficiaderos y sementeras, que obligaban a los campesinos a migrar a las ciudades, a desplazarse hacia otras zonas de la misma filiación partidista y hacia zonas de colonización, o a enrolarse 
en grupos armados. La violencia generó, obviamente, un profundo reordenamiento de la estructura social y de las relaciones de poder en cada región ´´ (Ocampo et al, 1987. p.291-292) Las cruentas luchas, entre liberales y conservadores, en diferentes zonas del territorio nacional, caracterizaron esta década por cuanto tuvo como acontecimiento para destacar el execrable crimen del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán

Durante los años 50 se profundizan los enfrentamientos partidistas y con ellos la violencia en el país; estos sucesos se apaciguan con el golpe militar y desde luego, con el derrocamiento del presidente conservador Laureano Gómez. La instauración del gobierno militar del General Gustavo Rojas Pinilla y el golpe de estado a este último, facilitan la situación previa a la forma negociada de gobiernos compartidos, entre los dos partidos tradicionales, durante los 16 años siguientes; la anterior manera de hacer gobierno originó la conformación del Frente Nacional. En los primeros años del Frente Nacional la violencia cambió de escenarios geográficos y de características porque durante este periodo sobresalen el Bandolerismo Político y las Guerrilla de base campesina influenciada por las ideales comunistas 

Con el escenario anteriormente descrito, en los años siguientes entra el país a la década de los sesenta; dicha década se puede considerar la `` Nueva Patria Boba ´´ vivida en la nación, por cuanto la sucesión acordada por los gobiernos bipartidistas para dirigirla en los cuatro periodos siguientes así lo demuestran; este singular mecanismo de gobierno compartido, el bipartidismo, no procuró en si mismo las soluciones y beneficios económicos, ni la salida política a la crisis; por el contrario, el resultado observado en este ensayo político fue el incremento de los conflictos en la sociedad rural. Frente a estos problemas se pretendió la solución de las desigualdades agrarias y la concentración de la propiedad de la tierra a través de la reforma agraria y con ella, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC para canalizar la política agraria y el reparto de las tierras en manos de los terratenientes. La anterior política agraria en realidad no fue ninguna solución a los problemas existentes y más bien incentivó el enfrentamiento entre la clase social campesina y los terratenientes

Los años setenta fueron también herederos de la agitación política y las movilizaciones campesinas a lo largo y ancho del territorio nacional dado el incumplimiento, por parte del gobierno, en los cambios y soluciones ofrecidas a los campesinos con la reforma agraria: invasiones de tierras, movilizaciones en el sector rural y en las ciudades y la toma de las oficinas del INCORA en Bogotá, lideradas por la ANUC. En la presente década se vio el resurgir del movimiento campesino, pero también el asesinato de muchos de sus líderes. El periodo de los setenta es reconocido además, por el auge del cultivo ilícito de la marihuana, quien trae consigo el inicio de un ciclo de muerte, de viudas, huérfanos, desplazados y consecuentemente, la conformación de los grupos del narcotráfico o marimberos, con las consecuencias vividas en el largo plazo; todo lo anterior contribuyó con el recrudecimiento de la violencia en el país. Este auge de los cultivos ilícitos agrega dos fenómenos más de violencia al país; el primero, lo constituye la facilidad de financiación a los grupos armados y al margen de la Ley; el segundo, es la conformación de grupos de seguridad privada, hoy en día conocidos como grupos de paramilitares. Ambas formas de organización, de alguna manera, alimentan la violencia 
El periodo de los ochenta se caracteriza por la turbulencia y confusión de los hechos de violencia que se vienen presentando en el país; producto de los nuevos ingredientes introducidos a la guerra: narcotraficantes, militares, paramilitares, pandilleros o sicarios y bandas de delincuencia común; todo estos sucesos ocurridos ocasiona en el país, un giro diferente al ``conflicto político armado tradicional``, por la disputa del poder hecha por la guerrilla al Estado legalmente constituido. Los diferentes enfrentamientos entre la gama de grupos conformados, no apaciguan el clima de zozobra vivido en el país, por el contrario, alteran los ánimos y se reafirma la guerra civil no declarada, oficialmente, en la nación

En los años noventa, la última década del siglo XX, se observa la agudización del conflicto armado, configurándose similar escenario al registrado en la transición de los dos siglos mencionados anteriormente, lo cual confirma el planteamiento de la hipótesis enunciada al comienzo, convirtiéndose en soporte principal para este documento; lo anterior se manifiesta claramente en el incremento del secuestro; las masacres a la población campesina y civil; los combates entre el ejército, la guerrilla y los paramilitares; deterioro de la economía y con ello, la disminución en la capacidad productiva del país y el deterioro del nivel de vida de la población marginal, producto de las luchas políticas partidistas, no obstante darse inicio al proceso de `` diálogos para la paz en medio de la guerra ´´ propuesto por el gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango.

El anterior recuento, muy sucinto por supuesto, del proceso de violencia vivido durante la historia del país confirman lo dicho: no son 20 ni 30 ni 50, los años de la cruenta guerra soportados por la sociedad colombiana. Este corto periodo de violencia descrito por los historiadores, hasta la saciedad, han sido la base para que ciegamente e ingenuamente muchos lo hayan repetido y peor aún, los dirigentes socio - políticos y científicos sociales del país quieran hacerle creer a la nación de la escasa dimensión del problema. Los acontecimientos, aunque brevemente referidos, dan cuenta del verdadero espacio temporal alcanzado por la violencia; es más tiempo del normalmente enunciado, en el cual si se hubiera dado la reconciliación, a través del diálogo, se habría podido avanzar de mejor manera hacia el crecimiento económico del país y con ello, facilitar el bienestar a una población, por demás, atropellada durante estos últimos siglos. Ese trajinar por la violencia nacido, en la época reciente, hacia los finales del siglo XIX, se reproduce en todo el siglo XX y se enquista en los inicios del XXI, comprueban la hipótesis planteada y es fehaciente muestra de que Colombia ha perdido el anterior siglo 

La reflexión se propone en el espacio de una amplia discusión en los temas de la paz, 
hoy en día muy de moda; para empezar dicha reflexión nada más propicio lo constituye el ámbito de trabajo organizado, hacia la acción académica, desde las Universidades y en especial, los Programas de Economía; en tal sentido, se pude pensar, junto con el país, en la clara y urgente necesidad, de alimentar los diálogos de la reconciliación en todos, pero todos, los agentes sociales del conflicto; de una u otra manera es la sociedad colombiana entera 

Si se quiere, objetivamente, entrar a resolver los problemas complejos del país desde ya, se requiere, y por ello se pide a gritos, una reestructuración en lo social - político - económico - territorial, por cuanto en las dos últimas constituciones, 1886 y 1991, se ha presentado fallas en estos aspectos. Lograr dichos objetivo requiere adelantar dos proyectos básicos: uno de orden político y el otro de orden socio - educativo. Lo anterior implica empezar por lo primero: reestructurar la forma de hacer política en Colombia y con ello, modificar el mismo mecanismo de participación de los gobernados y de elección de los gobernantes, lo cual conduce al proyecto político básico mencionado antes 

Es importante recordar al respecto el concepto y acto de la democracia; tal como la diseñaron los Griegos, concentra en el Demos (pueblo) el ejercicio de la Cratos (autoridad). La primera forma de la democracia fue la democracia directa, donde todos los ciudadanos aportaban y tomaban las decisiones que luego eran puestas en práctica por los gobernantes. Pero la democracia, en el espacio - tiempo, fue prostituida, surgiendo de este modo la democracia representativa en la cual los ciudadanos por medio del voto transfieren la facultad de decisión a un mandatario; luego aparece la democracia participativa, es decir, la integración de las instituciones y la comunidad con el propósito de incidir en la toma de decisiones y control de las políticas públicas. La última forma de la democracia mencionada, esto es, la representativa, es retomada por la Constitución Política de Colombia, especialmente en el artículo 40. ``Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.... ´´ . Se quiere decir con ello, que la mayoría de la ciudadanía debe tomar las decisiones a partir del mayor y mejor conocer de los problemas socio - económico por solucionar

Al respecto, uno de los llamados economistas clásicos, desde luego, defensor de las libertades económicas y políticas, en aras de la defensa de la democracia y condena de la corrupción manifiesta: `` la única garantía contra la esclavitud política es el control mantenido sobre los gobernantes mediante la difusión entre los gobernados de la inteligencia, la actividad y el espíritu público ´´ (J. Stuart Mill 1806 - 1873, en su obra Principles of Political Economy, 1848. Citado por Juan R. Cuadro Roura et, al.1995) 
A esta altura del documento es importante hacer referencia a los dictámenes de las dos últimas Constituciones Políticas de Colombia, 1886 y 1991, en su relación con la organización económica - política - administrativa y territorial, para poder fundamentar la propuesta del este trabajo en cuanto ella se desprende de la hipótesis planteada al comienzo del mismo. En tal sentido, `` el espíritu de la Constitución Política de 1886 definió con bastante claridad los aspectos fundamentales del proyecto político de Nuñez y de los regeneradores. El objetivo esencial era claro: se trataba de garantizar el orden del país. Y se confiaba que el orden se apoyaría sobre una serie de elementos básicos: la centralización radical del poder público, el fortalecimiento de los poderes del ejecutivo, el apoyo a la iglesia católica y la utilización de la religión como fuerza educativa y de control social. En cuanto al centralismo, la Constitución consagraba el carácter unitario de la nación, en la que residía la soberanía, modificaba el nombre de estados por el de departamentos, ordenaba que la legislación penal, civil, comercial, minera, etc., fuese de orden nacional, y eliminaba la elección de funcionarios ejecutivos regionales. Ahora el presidente designaría a los gobernadores y estos a los alcaldes; todos los funcionarios del ejecutivo tendrían el origen de su nombramiento en el presidente de la República 

`` Los departamentos conservaban algunas rentas, aunque otras pasaban de nuevo al gobierno central, y tendrían un organismo administrativo electivo, la Asamblea Departamental. Nuñez, como ya se dijo, quería dividir los nueve Estados en fragmentos menores. Probablemente temía el poder de sus propios caciques, como Payán; Aldana había sido ya destituido por su empeño en conservar el control de las milicias de Cundinamarca. El regionalismo logró impedir esta línea, y varios delegados subrayaron la importancia de respetar la tradición federalista del país. Tan fuerte fue la resistencia a la división territorial, que la Constitución acabó estableciendo condiciones difíciles para la formación de nuevos departamentos; estos sólo podían crearse, si afectaban a departamentos existentes, mediante una ley aprobada en dos legislaturas sucesivas y con el consentimiento del 80% de las municipalidades de la comarca en cuestión ´´ (Melo 1989. P.48) 

La anterior Constitución, por su propio origen, contenido y carácter excluyente, centralista y presidencial, no fue lo suficientemente sólida para permitirle al pueblo colombiano caminar por los senderos de la unidad y el desarrollo económico sin embargo, sólo después de más de un siglo de vigencia hubo la necesidad de hacerle una reforma de fondo. Lo anterior obedece a las dificultades por integrar al país, desde la constitución del 86, con el desarrollo a partir de lo político, económico y territorial. Las diferencias espaciales parecen tener su origen en los propios comienzos de las actividades económicas en la nación. La colonización y producción cafetera determinan definitivamente, el modelo de desarrollo a seguir. La inserción de Colombia al mercado internacional es, tal vez, el resultado de dicha actividad, por cuanto `` durante la colonia existieron dos distritos artesanales de importancia en el territorio de la Colombia actual: el principal de ellos, en la región Central, "en lo que hoy es el norte del departamento de Cundinamarca y porciones de Boyacá y Santander, con algún decalaje sobre las tierras del Norte de Santander y apéndices en los Llanos de Casanare". El segundo foco artesanal, mucho más pequeño que el primero lo constituía el distrito de Pasto, al sur de la región caucana ´´ (Jaramillo, et al. 1987. P.37).

El anterior orden de desarrollo iniciado no se mantuvo ni fue posible sostenerlo, por cuanto el modelo de acumulación iniciado, con el auge de la caficultura, y las políticas económicas diseñadas, por el gobierno del momento, facilitó la centralización en Bogotá, Medellín y Cali del nuevo eje del desarrollo del país. Lo anterior, antes de procurar unificar al territorio, básicamente lo dividió. Barranquilla, ciudad próspera en otros tiempos, perdió posición comercial. El centralismo político - administrativo agudizó las diferencias del desarrollo entre los diversos espacios nacionales, provocando en ellos, y con mucha razón, la no conformidad social. Algunos historiadores fundamentan en estos hechos, el nivel de atraso de algunas regiones en Colombia; es el caso, muy particular, de la Costa Atlántica donde, a raíz de lo sucedido, se presenta el nacimiento del movimiento separatista, de principios del siglo XX, denominado `` La Liga Costeña ´´. A partir de allí arranca, prácticamente, el proceso de planificación territorial, desde el cual la Costa Atlántica ha pretendido contribuir mucho, en el tiempo, con el ordenamiento territorial general, con miras a enfrentar de mejor manera los retos del desarrollo y la disminución de las diferencias económicas, sociales y territoriales nacionales 

Las diferencias regionales en Colombia, con su origen, desde luego, en la inserción internacional a partir de la actividad cafetera, se pueden analizar tomando de referencia tres puntos de vista un tanto diferentes. El primero de estos lo constituye la teoría del desarrollo planteada por Gunnar Myrdal a finales de los años cincuenta y denominada "causación circular acumulativa", donde explica las diferencias regionales a través del proceso acumulativo de las regiones más ricas en su comunicación económica con las más pobres. `` Su análisis parte de la relación entre países ricos y países pobres, focalizándose en el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes. Concluye que a medida que el proceso socioeconómico transcurre, el funcionamiento de las fuerzas de mercado produce un distanciamiento creciente entre los países pobres y los países ricos. En el tiempo el proceso se hace acumulativo y en el espacio se hace crecientemente desigual. Esto se debería a que la extracción de recursos de las áreas pobres, a través del comercio internacional y de las inversiones, es creciente. Luego, este esquema de análisis es trasladado al interior de los países pobres para explicar la desigualdades regionales ´´ (Hiernaux, et al. 1997. P.33-34) 
El segundo punto de referencia lo constituye el `` modelo de Albert Hirschman, se diferencia del anterior en cuanto a que este autor le atribuye al Estado un papel importante en cuanto a su capacidad para disminuir las desigualdades regionales a través de subsidios, programas de imposición y otro tipo de instrumentos afines. En cambio, Myrdal considera que si el Estado interviene en relación con las desigualdades regionales sólo podrá enfatizarlas ya que su acción no va a ser ajena a la dinámica de las 
fuerzas de mercado ´´ (Hiernaux, et al. 1997. P.34)

El tercer punto de vista se refiere también a la participación del Estado en la influencia para la disminución de las desigualdades regionales, pero desde una visión Marxista; al respecto Stuard Holland `` plantea que las desigualdades regionales han podido ser compensadas en cierto grado por la acción del Estado. No obstante, bajo la actual dominación de las empresas multinacionales, el estado habría reducido su capacidad de influir en este sentido. Ello hace que -para este autor- las desigualdades regionales vuelvan a emerger con nuevas fuerzas ´´ (Hiernaux, et al. P.34) 

El proceso de planificación ha tomado singular impulsado, desde 1974 en la Costa Caribe Colombiana, como una manera de solucionar políticamente la ejecución de los macroproyectos económicos a realizar en esta área del país; y se puede ,brevemente, resumir así: en 1919 se crea `` La Liga Costeña ´´ cuyo objetivo básico fue presionar al gobierno central para que se iniciara un periodo de inversiones en el área de la costa que permitiera reforzar el crecimiento y aminorar las distancias del desarrollo; en 1974 se crea el Sistema Integrado de Planificación Urbano - Rural SIPUR., con el propósito de hacer la integración y propiciar la relación del desarrollo entre las áreas urbana - rural; en el año de 1981 se promueve y realiza el Primer Foro de la Costa, foro que recoge los lineamientos para un modelo de planificación en la costa; en 1982 se realiza el Segundo Foro de la Costa allí, se revisan las acciones programadas en el foro anterior y se proyecta la consolidación de la planificación en la costa; en 1983 asume la Corporación Regional Eléctrica CORELCA, por directriz presidencial, el papel de coordinar el Plan de Desarrollo de la Costa: `` Un Viaje Hacia el Futuro ´´; al año siguiente, 1984 y ante el fracaso coordinador de CORELCA, se propone, en primera instancia, la creación de la Corporación para la Planificación de Costa CORPOCOSTA, y la Corporación para la Planificación del Caribe CORPOCARIBE, en segunda instancia, para regir el destino del desarrollo en esta parte del territorio nacional; ninguno de los dos intentos dan los resultados esperados, como tampoco los anteriores a decir verdad, en consecuencia, en el año de 1985, mediante la Ley 76, se crea el Consejo Regional de Planificación Económica y Social de la Costa Atlántica. A través de esta Ley se faculta al presidente de la república ordenar, en lo sucesivo, la creación de otros CORPES con el propósito de 
realizar la integración del territorio nacional y facilitar un mejor ordenamiento, con la idea de enfrentar los retos planteados por el modelo aperturista de desarrollo 
Los anteriores acontecimientos, en la planificación regional, son razón suficientes para afirmar que la Costa Atlántica ha contribuido grandemente con los procesos de planificación en el orden territorial. En consecuencia, los objetivos del desarrollo económico, disminución de la pobreza en Colombia, propuestos y, desde luego, esperados con los dictámenes de la Constitución de 1886 no se lograron; ante tales circunstancias fue reemplazada por la constitución de 1991, en la cual se perfila el contenido de un Estado Social de Derecho: en su Artículo uno (1) la nueva constitución política así lo dice: `` Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general ´´. De todos es conocido que la Constitución del 91 no ha podido arreglar los entuertos de la anterior; el territorio no está unificado como para permitir la mejor utilización y administración de sus recursos y enfrentar el reto planteado por el modelo económico neoliberal, para sólo enunciar uno de los problemas no corregidos, amén de los demás de mayor o igual envergadura; sin embargo, es bueno reconocer y al tiempo rescatar de esta Constitución, el aporte hecho en el orden territorial, título XI, donde se propone una mejor orientación y disposición del espacio para su uso económico y con esto, el desarrollo de actividades encaminadas hacia una mejor competencia del país en su relación comercial con el resto del mundo. De lo anterior da cuenta la Constitución en varios de sus artículos: 285, 289, 297, 306, 307, 319, 321, para sólo mencionar algunos

Es importante resaltar en esta Constitución, la designación de las antiguas Intendencias y Comisarías a la categoría de departamentos como también, la propuesta de constituir Provincias y Regiones para solidificar el territorio. Desdichadamente, no ha habido la voluntad política ni local, ni regional, ni nacional para llevar a cabo tal proyecto; en este sentido, los esfuerzos por darle al país un mejor orden territorial con miras enfrentar el modelo aperturista, han fallado.  

Para que la constitución se cumpla en estricto mandato, debe darse una reforma en lo político - administrativo; desde luego que, uno de los cambios necesario y urgente es la reforma electoral participativa. Lo dice Sócrates en su escrito Las Clases sociales: `` si, como algunos opinan, la libertad, se encuentra principalmente en la democracia, y también la igualdad, esto se realizará más cumplidamente cuando todos participen más plenamente del gobierno por igual ´´. Para lograrlo, sería muy oportuno y democrático utilizar en el país, y para tal objetivo se propone, el siguiente esquema que de seguro facilitaría la participación comunitaria: 

A) En el Orden Administrativo debe darse la división espacio territorio/actividad 
económica
B) En el Orden Político debe darse la representación por espacios territorio en unidad de miembros/actividades económicas 
C) La Planificación debe ser unitaria: en lo político-económico; cada sector o subsector 
económico debe tener su representante 
D) Debe existir un Consejo de Planificación en cada nivel jerárquico de la estructura 
administrativa en la división espacio/actividad económica 

La Estructura Político - Administrativa sería así:

En el Orden Nacional

Hacer la división territorial aprovechando la estructura que propone la Constitución del 91, es decir, desde lo regional; procurando consolidar el proceso ya iniciado de los Consejos Regionales de Planificación Económica y Social CORPES, Regiones Administrativas y de Planificación RAP, y Región como Entidad Territorial RET, desde donde se consolide la autonomía de los distintos espacios económicos 

El órgano de administración nacional debe ser unicamaral con representación equitativa de las distintas regiones conformadas, de acuerdo con la división territorial político - administrativa propuesta anteriormente

En el Orden Regional

Aprovechar la división territorial propuesta por la Constitución, para que se conformen las provincias de acuerdo con el artículo 321 de la Constitución Política; el orden regional debe tener un órgano administrativo con representación equitativa de acuerdo con la división territorial propuesta; las provincias constituidas formarán las regiones 

En el Orden Provincial

Se constituirá a partir del Artículo 286 de la Constitución Política y debe tener un órgano administrativo con representación equitativa de acuerdo con la división territorial propuesta; los municipios así integrados formarán las provincias

En el Orden Local: Municipio o Distrito

Estará constituido por los actuales municipios o distritos y funcionarán de acuerdo con el orden territorial dispuesto en la constitución, es decir, se dividirán en juntas administradoras locales JAL

Como se puede observar, el país, territorialmente hablando, tendría cuatro (4) niveles en lo Político - Administrativo: Nacional, Regional, Provincial y Local. Siendo muy compleja la estructura de participación comunitaria para la realidad democrática del proceso propuesto, sólo se intenta la explicación de la propuesta en el orden local por ser la célula inicial o primaria del orden territorial nacional; los otros tres (3) niveles se deben estudiar ampliamente con miras a un mejor diseño de los mismos y completar así la generalidad de la estructura 

Estructura Político - Administrativa de Participación Ciudadana 

En el Orden Local: Municipio o Distrito

1 - Elección popular de alcalde con la mecánica de la Ley electoral vigente
2 - La participación ciudadana se debe dar desde lo más comunitario: desde el barrio
3 - División del territorio local, distrito o municipio, en comunas 
4 - Elección de uno o más concejales por comuna, de acuerdo con el número a proveer 
constitucionalmente; con residencia conocida en la comuna, 10 años mínimo y el 
lleno de los requisitos de Ley
5 - Revocatoria directa del mandato a los concejales por parte de los habitantes de la 
comuna en caso de incumplimiento en el ejercicio de sus funciones
6 - La revocatoria del mandato del alcalde se hará por los concejales o por un número 
determinado de comunas en caso de incumplimiento en el ejercicio de sus funciones 

Con el anterior esquema, división territorial y de elección a corporaciones públicas para la administración del territorio nacional, seguro que se lograría un mandato limpio, es decir, sin corrupción y verdaderamente más democrático; por lo menos, más controlado desde las bases populares. La iniciativa participativa pretende, en lo sucesivo, facilitar en comunidad la administración del territorio, es decir, con la participación comunitaria; la metodología de selección para la participación popular sería así:

Cada manzana elegirá sus voceros, representantes, de acuerdo con el número de miembros a nombrar para conformar la representatividad del barrio 

Cada barrio elegirá sus voceros, representantes, de acuerdo con el número de miembros a nombrar para conformar la comuna

Cada comuna elegirá sus voceros, representantes, de acuerdo con el número de miembros a nombrar para conformar el concejo distrital o municipal

Cada comuna, de entre sus miembros elegidos anteriormente, seleccionará un candidato para que participe en la elección popular del cargo de alcalde

De igual manera, y en forma ascendente, se seleccionarán los candidatos para formar 
parte de la representatividad a la corporación unicamaral definida anteriormente como 
órgano legislativo nacional

Los gremios tendrán su representación, en este esquema administrativo, de acuerdo con la división económico - territorial propuesta, también, anteriormente

Finalmente, se debe entender a la unidad nacional como una respuesta a la organización desde lo territorial y participativo en lo político - administrativo. En una sociedad excluyente lo menos esperado es el conflicto, resultado quizas, de las disputas por lo que socialmente a cada cual le corresponde ; esta es la conducta observada en el país a raíz de la concentración en la propiedad, la desigual distribución territorial del desarrollo, la poca o nula participación ciudadana en lo que, modernamente, se ha denominado autodeterminación de los pueblos. Por ello, la propuesta, como solución al conflicto social, es la reflexión hecha en el documento, y se desprende de la hipótesis reseñada al comienzo del trabajo; se busca con ella dar a conocer una metodología para facilitar la convivencia, el dialogo, la reconciliación, la mejor distribución de la riqueza, la propiedad y la participación en el manejo y orientación de la sociedad colombiana. Todo lo anterior es posible a partir del mismo proceso de violencia, es decir, es una conclusión obvia del mismo si nos apoyamos en el `` estado social de derecho ´´ proclamado en la Constitución política. 

Arrubla, Mario y otros. Colombia Hoy: Perspectivas Hacia el Siglo XXI. Editorial. Siglo XXI. 14ª. Edición Aumentada y Corregida. 1991

Ocampo, José Antonio, Historia Económica de Colombia. Editorial. Siglo XXI.1987