RESUMEN:

¿APOYO O RECHAZO?

En esta parte inicial haré la presentación de cinco posturas diferentes, de apoyo y cuestionamiento hacia el Plan Colombia, remitiéndome al trabajo del politólogo colombiano Eduardo Pizarro Leongómez del IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

   

1.      En primer término, se encuentran quienes consideran que la lucha contra las drogas en los países productores ha constituido un rotundo fracaso y que los recursos del Plan Colombia  deberían orientarse hacia programas contra la adicción y planes educativos de carácter preventivo en los propios Estados Unidos. Es decir que el énfasis de la política antinarcóticos  debería orientarse  a un combate sostenido contra la demanda interna. Quienes así opinan se basan tanto en la decepcionante experiencia de la lucha para erradicar los cultivos de coca, como en el fracaso de la lucha en los propios Estados Unidos.

2.      Se cuentan quienes rechazan un creciente involucramiento de Washington en el conflicto interno colombiano, bajo el temor de que la lucha antinarcóticos termine comprometiendo a los Estados Unidos en la guerra de contrainsurgencia. Es el síndrome de Vietnam, que revive cada vez que la Casa Blanca anuncia una nueva participación militar en cualquier región del globo.

3.      Se hallan quienes se oponen a los recursos contemplados  en el Plan Colombia, en particular los de orden militar, con el argumento de que éstos pueden agravar el conflicto interno y no solucionarlo. Es decir que la ayuda de las Fuerzas Armadas colombianas puede terminar escalando la confrontación militar y alejando una posible salida de carácter negociado. Argumentan que una vez la máquina de guerra es puesta en funcionamiento, sería imposible detenerla.

4.      Se encuentra quienes apoyan el Plan Colombia, incluidos los rubros destinados hacia las Fuerzas Militares, pero condicionándolos a un respeto irrestricto a los derechos humanos y a una ruptura real, no retórica, con los grupos paramilitares de extrema derecha.

5.      Finalmente se hallan quienes apoyan el Plan, tal como se ha diseñado y consideran que dada la “convivencia  pragmática” de los grupos  guerrilleros  con los traficantes de droga en múltiples regiones del país, es indispensable fortalecer las Fuerzas Militares para poder enfrentar con eficacia la lucha contra las drogas.  

En el contexto de la opinión pública colombiana, diría que las voces de apoyo se han identificado con una percepción pragmática del conflicto, en el que los elementos acumulativos de orden histórico y estructural han sido dejados en un segundo plano. Donde el asunto de erradicación de los cultivos ilícitos y de pacificación del país sería cuestión de estrategia militar.

Y de otro lado, como corolario de lo anterior, las voces de rechazo se aproximan a hacer lectura integral de los alcances estratégicos reales del Plan Colombia, en sus múltiples dimensiones de orden social, política, económica e histórica; develándose las posturas demagógicas y engañosas del mismo. 

Se ha estimado que el costo total del Plan Colombia, que se ha previsto ejecutar durante cinco años, es aproximadamente de 7500 millones de dólares. De este total, Colombia aportaría 4000 millones de dólares. Los restantes 3500 millones se buscarían en la comunidad internacional, donde 1600 millones de dólares están asegurados por el gobierno  de los Estados Unidos, y los restantes 1900 millones se repartirían en 1000 millones de la Unión Europea y los otros 900 millones sería el apoyo de organismos internacionales.  

De los 1600 millones asegurados por el gobierno Norteamericano, se orientarán: 705 millones de dólares para el ejército; 205 millones para la policía y las fuerzas navales; 410 millones para las medidas de seguridad en los países limítrofes; para la sustitución de cultivos ilícitos se destinan 180 millones de los cuales se reparten  50 millones para Colombia, 90 para Bolivia y 40 para Perú (desagregación que obedece al enfoque regional a este problema que le pretendió dar la cámara de representantes de los Estados Unidos); Y para la reforma judicial el fortalecimiento de los derechos humanos y la paz se destinan 100 millones de dólares  

Con los anteriores datos es importante destacar que el 82.5% de los recursos son destinados hacia el aparato militar, mientras que solo el 3.1% es destinado a la programas de recuperación en zonas de cultivos ilícitos en Colombia y el  6.25% será repartido entre la llamada reforma judicial, el fortalecimiento de los derechos humanos y el proceso de pacificación en Colombia.  

De otro lado, los elementos estratégicos siempre han sido considerados, dentro del accionar político, como posibles escenarios de logros que materializan las combinaciones de todo el instrumental disponible (material, humano y financiero)  en lo inmediato o en lo futuro, que son garante de la movilidad de las aspiraciones ideales, que para este caso se presentan nominalmente, en su génesis, en el ámbito del Estado Nacional Colombiano. 

DIEZ ESTRATEGIAS

Entorno al Plan Colombia se hacen explícitas diez aspiraciones de orden estratégico, que se agruparían en cinco ámbitos temáticos: lo económico; pacificación; lo político; control al comercio ilegal de drogas y  cobertura social. 

Alrededor de lo económico, se puntualizan tres estrategias  fundamentales: La primera de ellas tiene que ver con el proceso de fortalecimiento de la estructura tributaria del Estado, acompañada de un acceso a los mercados extranjeros, las cuales conjuntamente contrarrestarán el fenómeno del desempleo creciente que agobia a la economía Colombiana en el último año. 

La segunda estrategia de orden económico esta referida  a medidas restrictivas  de orden fiscal y financiero que implica mecanismos de austeridad y recorte burocrático del Estado, que le permitan recuperar el prestigio económico con los organismos internacionales de crédito; aspiración impuesta por  el Fondo Monetario Internacional a Colombia en los  acuerdos encabezados por los ministros Restrepo y Santos. 

La tercera estrategia, tiene que ver con la búsqueda de un desarrollo alternativo en los sistemas agrarios y pecuarios que resulten ser rentables para las familias de campesinos. Combinados simultáneamente con actividades de protección ambiental  que sean compatibles con la preservación de los ecosistemas selváticos de la cuenca Amazónica y los parques naturales. Aquí no podemos olvidar el modesto 3.1% de los recursos que serán destinados para el logro de esta estrategia. 

Con respecto a este componente económico del Plan Colombia,  es importante puntualizar que los problemas aquí mencionados obedecen a condiciones estructurales de la economía colombiana. Así, fenómenos como el desempleo, los crecientes déficit fiscales y las crisis de las estructuras económicas agrarias y pecuarias, son la manifestación creciente  de la adopción de un modelo de desarrollo herrado de corte liberal ortodoxo (mal llamado neoliberalismo), que ha capitalizado acumulativamente a lo largo de la última década, las fragilidades de una estructura económica altamente heterogénea y asimétrica como  la colombiana. 

Lo anterior se evidencia en el crecimiento de la pobreza, que medida con base en la  línea de pobreza , se muestra que en el país el porcentaje de personas por debajo de esta pasó de 56.3% en el año de 1999, a un 60% en el año 2000; y en términos de los índices de indigencia, se observa que el porcentaje de personas que se encontraban en estas condiciones pasa de un 19.7% en el año de 1999 a un 23.4% en el año 2000. (DNP.2001)  

Para el caso del empleo, las cifras no son las más halagüeñas, considerándose un 18% de desempleo y alrededor de un 30% en condiciones de informalidad. Y con respecto a la deuda, se identifica como mientras en 1990 la deuda interna era de 22% y la externa de 78% del PIB, en el año 2001 esta composición pasó a 55% la interna y 45% la externa. (Ossa 2002)  

Bajo este estado de cosas, el economista colombiano Luis Jorge Garay plantea como el Plan Colombia se queda corto en las medidas que adopta para el logro de estas estrategias económicas, dado que no tiene en cuenta una visión integral de la problemática  identificada. 

En este sentido, plantea tres elementos estratégicos que no se pueden desconocer:

 

1) apoyo al fortalecimiento de la economía Colombiana mediante acciones para favorecer el acceso de bienes y servicios nacionales al mercado estadounidense, el establecimiento de mecanismos comerciales adecuados para propender por una  equitativa distribución de los beneficios bajo el principio de la reciprocidad relativa y la inclusión de proyectos de promoción comercial en colaboración con los Estados Unidos con miras a expandir y diversificar la oferta exportable en provecho del acceso preferencial. 2) Creación de un fondo de inversiones para financiar tanto actividades productivas y de desarrollo tecnológico propicias para el mejoramiento de la competitividad internacional de empresas, como para la constitución de empresas multinacionales y otros proyectos con la participación de capital estadounidense, para la modernización de empresas públicas y privadas, y para la calificación y capacitación técnica de mano de obra, y 3) Cooperación para el desarrollo  de actividades que propicien oportunidades efectivas para una mayor inclusión social de grupos de población marginada.  ( Garay 2000)  

En este orden de ideas  no es posible asaltar, en medio del escenario de necesidades, carencias y angustias, la buena fe e ingenuidad de la sociedad colombiana, al pretender mostrar programas “redentores”, omnímodos en poderes, como la mejor y única alternativa a la crisis en lo inmediato. 

La paz si bien adquiere un papel protagónico dentro del Plan, igualmente se le percibe en medio de la disyuntiva de estrategias que combinan, de forma ambigua y simultánea, la exaltación de escenarios de diálogo y conversación junto con la militarización creciente de la sociedad Colombiana.[2] 

Se formula inicialmente la necesidad de una estrategia de paz que busque acuerdos negociados con la guerrilla sustentados en la integridad territorial, la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico. E igualmente se exalta la necesidad de consolidar una estrategia para la defensa nacional, soportado en el proceso de modernización y reestructuración de las fuerzas armadas y de policía. 

Si comparamos el 82.5% de los recursos destinados al campo militar con respecto al 6.25% que se destina a la pacificación, los derechos humanos y la paz; es evidente el carácter marginal y accesorio que adquieren estos últimos en el Plan Colombia, y no se requieren grandes cavilaciones para comprender que es una estrategia donde se pondera en grandes proporciones la operación militar. 

Se podría afirmar entonces que el objetivo fundamental del Plan Colombia es “…geográfico y político. Su espacio geográfico  es el Putumayo  y todo el sur de Colombia. Los dólares están medidos en equipos militares que incrementarían la capacidad del ejército Colombiano en el combate contra las fuerzas comprometidas con el narcotráfico..”, es político, ya que el plan se concibe “…para llevar a cabo una guerra prioritaria contra la guerrilla y los cultivos ilícitos”, (González 2000) colocando esta última problemática en un solo plano, el de la confrontación militar.  

Bajo esta lógica, queda la sensación de haberse gestando una crisis de identidad en el proceso de negociación adelantado por el gobierno nacional, en el sentido de olvidar las formulaciones estratégicas que en el plan económico “Cambio para construir la Paz” adquiría el proceso de diálogo y negociación, como pre-requisito del desarrollo económico y social del país. 

Igualmente pareciera que el gobierno se estaría alejando de la idea, que en su momento reiterativamente enunció, al identificar en el conflicto causas económicas, sociales y políticas, reduciéndolo a su expresión militar; desconociendo las experiencias nefastas de gobiernos anteriores que luego, de intentos fallidos, declararon la guerra integral;  la cual en el presente se vincula con el sello particular de la injerencia  directa Norteamericana.  

Son claras las cifras que presenta el DNP (2002)  en las que a pesar de la declaratoria de guerra integral expresada en su momento por los presidentes Gaviria y Samper, lo que se observa es un comportamiento creciente en la conformación de los ejércitos irregulares, pasando de 12.300 alzados en armas en 1990 a un total de 31.700 en el 2001, sumados conjuntamente grupos guerrilleros y paramilitares, con un vertiginoso crecimiento en términos proporcionales de estos últimos. 

Es pertinente retomar los planteamientos hechos por el analista Libardo Sarmiento Anzola quien nos dice que La estrategia ideológica  del Plan reduce el conflicto social y político a un conflicto armado entre grupos al margen de la ley y vinculados al tráfico de drogas. Según el Plan, el conflicto armado es principalmente rural y obedece a ideologías caducas que reciben el apoyo de menos del 4% de la población. Por ello se acaricia la idea de que una guerra, con el apoyo de los países ricos, sería favorable. (Sarmiento 2000) 

En lo político se pretende crear condiciones de legitimidad del Estado Colombiano, amparada en una estrategia judicial y de derechos humanos para asegurar una justicia igualitaria  e imparcial para todos y de promoción de reformas en las fuerzas militares y de policía. Para esto hay que  tener en cuenta que el porcentaje de recursos destinados corresponde al ya mencionado 6.25%,  que se comparte con la estrategia de pacificación.

Los ejes centrales de la estrategia parecen mas una declaración de buenas intenciones sin contemplar como lograr esta meta. En materia de derechos Humanos las iniciativas puntuales que se presentan no se corresponden con la magnitud del problema y la responsabilidad del Estado en su superación. Además, la mayoría de las propuestas están mas ligadas al tema de la lucha antinarcóticos que al de reformas judiciales  y protección a los derechos humanos […] nada se dice en el Plan sobre el diagnóstico de importantes temas jurídicos pendientes como una reforma  integral al sistema penal y penitenciario, la estructuración de una política criminal a mediano y largo plazo, la tipificación del delito de desaparición forzada. Aspectos que sin duda  generarían un efecto positivo en la recuperación de la confianza ciudadana en la justicia y la disminución de los índices de impunidad”  (OIDHACO 2000). 

Entorno al comercio ilegal de drogas se establecen dos estrategias: fortalecimiento de la lucha antinarcóticos, sobre la base  del fortalecimiento y coordinación de las Fuerzas Armadas y de Policía y en segunda medida, la eliminación de la producción a gran escala continuando con los métodos de erradicación forzosa. 

“En esta estrategia se identifica en última instancia el uso de la fuerza  en operaciones militares que integran ejército y policía, sin diferenciar entre las etapas de producción, distribución y comercialización, que requiere de un análisis de los elementos estructurales presentes  en esta problemática y con ello el de las fronteras existentes entre el conflicto armado interno y el narcotráfico”. (OIDHACO 2000). 

Este carácter indiscriminado del tratamiento del problema de las drogas, no es consecuente con el reconocimiento de su naturaleza estructural en una economía como la nuestra. Y es que no podemos olvidar que gran parte de nuestra estructura productiva, y en general de América Latina, de cultivos ilícitos depende de familias campesinas, que no han encontrado una alternativa económica mejor. No podemos desconocer bajo este contexto, que en la actualidad se están importando alrededor de 7.5 millones de toneladas de alimentos, contribuyéndose con esto a golpear aún más la ya empobrecida economía agraria.  Igualmente hay que reconocer la creciente concentración de la propiedad agropecuaria expresada en que cerca del 1.5% de los propietarios poseen el 80% de las áreas útiles para la explotación. (Matta  2001) 

Igualmente, esto se enmarca históricamente en la conformación de patrones económicos de acumulación de corte centralista y excluyente, los cuales han privilegiado la conformación de centros de producción urbanos e industriales, quedando marginado gran parte del territorio nacional. 

Este panorama desolador lo recrea el periodista Michael Reid en el informe que publicó la revista The Economits de Londres sobre Colombia (Drogas, Guerra y Democracia. 21 de Abril-2001):

Durante los últimos 10 años, San Juan –sur de Bolívar-  ha sido el lugar donde habita Eliécer Galvis, un campesino de 38 años…Galvis, cuyo torso descubierto muestra una larga cicatriz de lado a lado del estómago, dice tener 30 hectáreas  en las ásperas  tierras de una ladera detrás de San Juan. Como muchos campesinos Colombianos, él sembraba banano, yuca y maíz. Pero, “los cultivos de alimentos no dan un ingreso decente”, dice. De modo que hace tres años  empezó a plantar coca, cuatro hectáreas de los arbustos de hoja verde, suficiente para sostener a su familia de siete…Esto era así hasta un fín de semana de mediados de febrero, cuando llegaron helicópteros de la policía escoltando a una avioneta fumigadora que bajó en picada hacia el terreno y fumigó la coca con glifosato, un potente herbicida. Diez días después, la plantación de coca de Galvis lucía café  y marchita. Igual, sostiene él, sus cultivos de alimentos. “¿Quién sabe qué haremos ahora? Han destruido todo. Al menos nos deberían pagar algo y construir una carretera decente, de modo que podamos vivir de la agricultura o de la ganadería”, se queja….Galvis fue blanco de una vigorosa campaña de fumigación de coca que los funcionarios estadounidenses ven como elemento clave para detener sus problemas de drogas.[3] 

Es evidente la ausencia de una política de Estado ( Del Estado colombiano y no del Departamento de Estado Norteamericano) frente a las drogas ilegales y específicamente con respecto a la erradicación de cultivos, que trae como consecuencia el empobrecimiento creciente y la agudización mayor de la contradicción social en vastas zonas del territorio nacional.  

Bajo esta lógica, es altamente contradictorio encontrar en el Plan, la combinación estratégica que se muestra complementaria de fumigación-desarrollo alternativo, y mas aún resulta preocupante el que se empieza hablar del uso de agentes biológicos, todos ellos experimentales y de los cuales no se saben aún sus efectos sobre al vida humana. 

El experto Norteamericano en el tema de la lucha antidrogas Martín Jelms, plantea que  el hecho de que la administración norteamericana haya sido categórica en afirmar que el esquema de lucha antinarcóticos no es negociable, ha implicado que el desarrollo del proceso de paz no debe interferir, en las críticas que de allí emanen,  en la cooperación antinarcótica hacia Colombia; Esto hizo que el presidente Pastrana, en su momento, elaborara un plan cargado de contradicciones en el que intentó reconciliar enfoques mutuamente excluyentes entorno al vínculo entre las drogas y la paz. 

El aspecto social del Plan Colombia contempla dos estrategias fundamentales; de un lado la participación como base de la construcción de una conciencia colectiva, que permita escenarios de participación autogestionarios en la conducción de los gobiernos locales, proyectos económicos y de seguridad y convivencia ciudadana. 

Por otro lado contempla la estrategia de desarrollo humano que garantice los servicios de salud y de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de la sociedad, incluidos aquí los desplazados, los afectados por fenómenos de violencia y aquellos reconocidos en condiciones de pobreza absoluta. 

Estas aspiraciones fueron consignadas originalmente en el plan  de gobierno Cambio para Construir la Paz:

El estado convocará a la participación ciudadana y le dará poder a la base social para que ella pueda hacer su propia gestión del desarrollo…frente a un gobierno central abrumado de responsabilidades y sin mayores recursos para llevarlos a cabo, es la forma de modernizar el Estado, dándole mayor importancia a las regiones  y a la sociedad civil en la conducción de los asuntos  de la sociedad ( D.N.P. Plan de Desarrollo 1999). 

No se puede negar los posibles beneficios de este tipo de aspiraciones que desde cualquier punto de vista son loables por su solo espíritu inclusivo de participación ciudadana. Pero igualmente no se puede ser ingenuo al creer que existe un compromiso real del gobierno con respecto a tales aspiraciones, cuando esto contrasta con el desconocimiento de parte de este, hacia los problemas y propuestas de las comunidades y organizaciones, agudizado con las respuestas de fuerza de corte Estatal y para-Estatal. 

Es ampliamente Ilustrativo observar como el Plan Colombia no es lo suficientemente conocido por amplios sectores de la población colombiana mientras en el mismo, se le involucra como elemento importante en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, el secuestro y la violencia. Cabría preguntar ¿Serán acaso estos realmente los temas que le interesan a las comunidades locales y las organizaciones sociales? 

Haciendo la lectura entre líneas de este estado de cosas podrá parecer atrevido, pero es algo real,  el afirmar que esta necesidad impetuosa y urgente de involucrar la participación amplia y social, no es mas que allanar el camino de los efectos nocivos venideros que trae consigo el Plan. O en palabras escuetas, la pretensión no va mas lejos de construir un discurso falaz entorno a la  legitimidad política y la democracia del Plan Colombia. 

PLAN COLOMBIA, SOCIEDAD CIVIL Y CONFLICTO:

En líneas anteriores referíamos  como prerequisitos fundamentales del Plan Colombia la inclusión, dentro de su estrategia social, del  compromiso de las comunidades, los empresarios, los trabajadores, organismos no gubernamentales y en general toda la llamada sociedad civil, que se sería la garante del buen desempeño del mismo 

A  razón de lo anterior, surge la preocupación por la real representatividad que posea la llamada sociedad civil colombiana, y su real capacidad de injerencia en el manejo de asuntos tan complejos como el del tráfico de drogas y la  negociación del conflicto; o en términos más radicales,  cabría establecer el cuestionamiento  de sí realmente en Colombia existe una llamada sociedad civil bajo la óptica convencional; o quizás estamos asistiendo al reconocimiento de la existencia de ésta, pero solo desde el discurso político demagógico, haciéndose  homologación de su contenido e interpretación en el reconocimiento de la existencia de facto de la sociedad en si misma, lo cual no es el reflejo necesariamente de la existencia de una sociedad civil. 

Tal error pareciera ser el que se estaría cometiendo al pretender identificar en la participación activa de los gremios económicos, y algunos sectores considerados como representativos de la sociedad, el efectivo protagonismo de nuestra sociedad civil. 

Sin temor a equivocarme  diría que en Colombia la sociedad civil o cualquier vestigio de expresión de la misma fue liquidado hace ya largo rato . Con tal afirmación, que podría resultar sorprendente para algunos de ustedes, lo que pretendo argumentar es que hubo momentos en la  historia del país  en los que la sociedad civil colombiana dio muestras de su existencia, y que desde  1990 ha sido la gran ausente de los  hechos políticos y económicos que han marcado la historia reciente. Y en lo que toca al Plan Colombia, no sería la excepción.    

La dinámica histórica de la existencia de movimientos sociales, soporte dinámico de la sociedad civil, identificados desde su condición económica (empresarial, obrera, campesina); cultural y racial (negros, indígenas); o política (movimientos cívicos locales y regionales), ha obedecido a la lógica de estructuración de un conjunto de organizaciones, instituciones y actores que se han articulado orgánicamente luego de racionalizar y confrontar lo que han considerado en su momento, como la fuente de dominación estructural y de vulneración de sus intereses particulares. Siendo estos la expresión  de la existencia real de la sociedad civil. 

Un recorrido sucinto por la historia de Colombia, por algunos hechos relevantes, da muestra de esto: 1948, el asesinato de Gaitan que desencadenó focos de reacción en el área  urbana y rural. 1957, la caída del gobierno militar de Rojas Pinilla ocasionado por el paro nacional que fue impulsado fundamentalmente por los sectores empresariales. Década de 1960, se presenta la eclosión de movimientos políticos y armados que colocan en tela de juicio la legitimidad de los gobiernos. Década de 1970 y 1980, caracterizada por el desarrollo de múltiples paros cívicos nacionales, regionales, locales, urbanos y rurales, con la participación activa de organizaciones populares, partidos tradicionales, movimientos de izquierda, centrales obreras, movimiento campesino,  movimiento estudiantil, gremios económicos como comerciantes y algunos sectores empresariales.  Y el último asomo de protagonismo de la sociedad civil se posibilitó por medio de la apertura política que se hiciera en su momento por los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco en 1982 y 1986.  

Para la década de 1990, se hace evidente la anulación de la sociedad civil como instancia de confrontación, fenómenos como la apertura económica que evidentemente atentaron contra los intereses de una gran masa trabajadora y de amplios sectores empresariales, todos ellos observaron atónitos como se implementó de manera abrupta tal modelo, arrojando resultados desafortunados en medio de un proceso creciente de marginamiento económico para amplios sectores de la sociedad. 

La guerra desatada por el narcotráfico, se vio como un asunto que nos convocaba a ser espectadores de algo que pareciera solo resolverse entre la Fuerza Pública y un grupo de agentes particulares desestabilizadores, donde el marginamiento del resto de la sociedad brilló por su ausencia y en algunos casos su indolencia. 

“El proceso 8000”,  identificado como la expresión de una de las más agudas crisis políticas que ha padecido el país, no hubo manifestación absoluta, en términos reales. No hubo ningún tipo de reacción eficaz de algún sector social, político o económico, que confrontara la amenaza real que se daba sobre el sistema político, sus instituciones, su economía. Ningún sector que reclamara para sí la discrecionalidad de la vocería de la sociedad civil, salvo expresiones aisladas algunas inmediatistas y otras oportunistas, pero con ningún contenido real de representatividad y participación. 

Por último el Plan Colombia, que se introduce sigilosamente, bajo su versión original en inglés y poco difundida en la sociedad colombiana, ratifica una vez mas la muerte de la otrora sociedad civil colombiana que, ante la amenaza tenebrosa de la  estigmatización que se ha hecho de la crisis del Estado colombiano reduciéndola a problemas con el narcotráfico y la confrontación guerrillera, no reacciona ante los inminentes efectos de escalonamiento y degradación del conflicto y por ende de los derechos humanos que se ve venir para el país. 

En este orden de ideas sería pertinente formular algunos interrogantes: ¿realmente en Colombia se identifica una sociedad civil comprometida con valores compartidos desde la convicción?, o quizás se esta confundiendo el verdadero contenido de lo que es la participación de la sociedad civil y se ha presumido ésta como la presencia de agentes sociales que actúan como agregados (gremiales, sociales, políticos, religiosos) mas no se piensan orgánicamente como sociedad civil colombiana? A caso el término de sociedad civil se esta convirtiendo en la frase accesoria que crea un ambiente de pluralismo y participación? La respuesta a esto solo será verificable sobre los acontecimientos futuros y nuevamente la historia será la juez más imparcial para determinar lo acertado o no de estas reflexiones. 

Por último pretendo puntualizar, a modo propositivo, que si el Plan Colombia quisiera mostrarse como un verdadero programa para la solución de factores que generan conflicto, exclusión, pobreza, violación de derechos humanos e ingobernabilidad; mínimamente debería de tenerse en cuenta tres criterios, que revisten un carácter estratégico  y que presento en orden de prioridad: 

1. Identificación y caracterización del conflicto interno: se pretende identificar el tipo de actores que participan del conflicto, cuales son considerados como endógenos y cuales considerados como exógenos. Esto implica tener en cuenta como se ha pretendido resolver el conflicto:  que tipo de medios se han empleado para darle salida al conflicto bien sea el diálogo, la confrontación, la intimidación. Y de otro lado establecer cuales son las causas del conflicto: políticas, sociales, económicas;  que permitan vislumbrar  antecedentes históricos de tipo estructural.    

Dentro de esta identificación es pertinente establecer los efectos del conflicto, es decir,  Ambientes de: hostilidad, asimilación pasiva, discriminación, exclusión, persecución, expulsión. 

2. Plan estratégico: este se asume como un proceso gradual, que ha de proponer alternativas que sean consecuentes con las necesidades y demandadas de orden: económico, Social, político y territorial 

3. Plan económico global: Se busca garantizar una mínima estabilidad económica hacia el futuro, que genere condiciones de certidumbre y facilite el proceso de resolución de las contradicciones económicas, buscándose garantías mínimas a condiciones de vida digna (Estado social de Derecho). 

REFERENCIAS:

 1.      Bejarano, Ana María. “Para repensar las relaciones Estado, Sociedad civil y Régimen Político. Una nueva mirada conceptual. En: Controversia. CINEP. Octubre-Noviembre. 1995 # 167.

2.      Departamento Nacional de Planeación. Pobreza y desigualdad en Colombia: evolución reciente. Bogotá. 2001

3.      --------------------------- Manejo de riesgo del Estado. Documento. Abril de 2002.

4.      Garay, Luis Jorge. “Cuál debe ser la estrategia”. En: Cambio. Sept. 4 de 2000.

5.      González, Libardo. “El plan Colombia: Una paz armada”. Abril de 2000. Documento en Internet.  www.nodo50.org/cgi-bin/htsearch.

6.      Matta, Luis Alberto. El Plan Colombia: Desafío neoliberal contra América Latina. En: Foro alternativo contra la globalización y el neoliberalismo. Enero de 2001

7.      OIDHACO. “Plan Colombia: “Una estrategia sin solución”. Documento en Internet.: www.nodo50.org/cgi-bin/htsearch.

8.      Ossa Escobar, Carlos. La deuda se tiene que refinanciar. En: El espectador. 24 de Agosto de 2002.

9.      Pizarro, Eduardo. “Intensos debates en estados unidos”. 2000. Documento en Internet: www.nodo50.org/cgi-bin/htsearch.

10.  Presidencia de la República. “Plan Colombia”. Documento en Internet. www.plancolombia.com.

11.  Reid, Michael. Drogas, Guerra y Democracia. En: The  Economist. El Espectador. Abril 24 de 2001.

12.  Sarmiento, Libardo. “Colombia: entre la guerra y la paz, una crisis de larga duración”. 2002. Documento en Internet: www.nodo50.org/cgi-bin/htsearch..0