Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
CONFLICTO POR LOS RECURSOS TERRITORIALES: EL PÁRAMO COLOMBIANO
Angélica María Charry Meléndez (CV)
amcharry@ucatolica.edu.co
William Gilberto Delgado Munévar (CV)
wgdelgado@ucatolica.edu.co
Universidad Católica de Colombia
Resumen
El consecuente modelo económico aplicado en Colombia reposa de manera fundamental en la explotación de recursos naturales, ello ha generado conflicto en los recursos naturales de la nación. El presente escrito pretende mostrar la importancia del ecosistema paramo y las devastadoras consecuencias medioambientales y la destrucción del bosque de niebla debido a la apropiación privada del recurso.
Palabras clave: Paramo, recursos de uso común, conflicto medioambiental
Abstract
The consistent economic model applied in Colombia rests in a fundamental way in the exploitation of natural resources, it has generated conflict in the natural resources of the nation. The written present the importance of the ecosystem tries to show high plateau and the devastating environmental consequences and the destruction of the forest of fog due to the appropriation deprived of the resource.
Key words: Paramo, resources of common use, conflict environmental
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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Charry Meléndez, A. y Delgado Munévar, W.:: "Conflicto por los recursos territoriales: el Páramo colombiano", en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 174, 2012. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/
Introducción
Los países andinos se caracterizan por una gran riqueza en ecosistemas montañosos, principalmente páramos, humedales y bosques montanos (Delgado, 2010), debido a la riqueza biótica y abiótica estos ecosistemas han sido sujetos a las más altas tasas de deforestación y transformación de la tierra. La alteración de estos territorios genera problemas sobre el mantenimiento de la vida en el planeta, debido a que es un bosque de niebla ayuda al fortalecimiento de la capa de ozono, el ciclo hidrológico, la pureza del agua, la fertilidad de los suelos y la conservación de la biodiversidad entre otras.
Colombia posee el 49% de los páramos del planeta alcanzando una superficie de 1'932.987 hectáreas, ocupando aproximadamente el 1,7% de la extensión continental del país, aportando, entre otros, los servicios de abastecimiento de agua para el 70% de la población Colombiana (Delgado, 2011). Situación que ratifica el carácter de este ecosistema como patrimonio natural de los colombianos, zona de protección de recurso y manejo especial de uso común, bajo la legislación colombiana.
Alteración, degradación, expansión agrícola no sostenible, cercanía a las grandes urbes, crecimiento demográfico, entre otras son las principales causas de la problemática territorial. La crisis del ecosistema y el agotamiento de los recursos naturales se produce, por causas naturales y la intervención del hombre. Sin embargo es la relación de los individuos en el territorio aquel que marca los problemas descritos.
Las relaciones de los individuos, el sistema de propiedad y las instituciones presentes en este ecosistema son negativas e incitan a sobreexplotar el Paramo. Este dilema entre explotar al máximo los recursos del paramo en provecho de un interés particular, ante un recurso de propiedad libre o publico la literatura lo ha definido como “Acción Colectiva” y es parte del desarrollo del escrito.
Para centrar el trabajo investigativo y dada la problemática se ha determinado establecer como objetivo establecer una relación entre conflicto, territorio y el ecosistema páramo a partir de establecer la problemática, las relaciones, el comportamiento de los agentes y la relación de conflicto, institucionalidad y territorio.
El Páramo es un concepto ecológico o biográfico que se refiere a zonas montañosas de los Andes Ecuatoriales Húmedos por encima del límite superior del Bosque (Ospina, 2003), razón por la cual se considera como bosque de niebla y debido a su vegetación particular este bioma retiene y almacena agua superficial.
Problemática del Páramo
En el 20 por ciento del total de los páramos de Colombia y Ecuador (que suman unos 30 mil kilómetros cuadrados, el 90 por ciento del total) se han dado títulos mineros Silva (2009). Esto es equivalente a la mitad de los páramos de la región, que no se encuentran protegidos por las leyes propias de cada país.
Para el caso de Colombia la problemática es mucho mas compleja y se establece en el territorio entendido como “… espacio determinado por relaciones de poder y que posee como referencia el lugar, en el cual se considera el establecimiento de relaciones internas o externas a los respectivos espacios con otros actores sociales, instituciones y territorios” Schneider y Tartaruga (2006). No solamente se determina por las explotaciones mineras, diferencias entre actores sociales o gubernamentales, avance de la frontera agrícola, también se refiere al tipo de actor en Colombia que lo lideran terratenientes y grandes paperos, y no sólo por campesinos pobres, como ocurre en Ecuador y Perú.
Asi pues, el problema del paramo se circunscribe a lo que establece Lopes de Souza (1995) citado por Schneider y Tartaruga cuando determina “…que el territorio es el espacio determinado y delimitado por y a partir de relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre un sustrato referencial, en definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales”; son las relaciones de poder las encargadas de generar inconvenientes entre los actores gubernamentales que permiten el poder regional y el deterioro del ecosistema. En este sentido en un territorio es determinante las relaciones que se desprenden de los usos que le damos al mismo y del grado de apoderamiento que podamos ejercer sobre él. Haesbaert (2004) citado por Schneider y Tartaruga (2006).
El cambio climático, también incide en la problemática, por la fragilidad de los páramos frente al aumento de la temperatura. Y lo peor es que aún no existen estudios que tiendan a medir los efectos, que no son evidentes como en los nevados, donde se puede observar el deshielo o se puede comparar fotos de hoy con las de hace 15 ó 20 años. La comunidad internacional y científica nos debe ayudar para lograr medir los efectos del calentamiento y diseñar formas de adaptación.
Esta problemática es de orden pública y mundial en donde se deben incluir los páramos en las negociaciones post-Kioto para lograr compensaciones por no cambiar el uso de la tierra y, en resumen, por mantener guardado el carbono presente en ellos (entre 340 a 640 toneladas por hectárea), que se liberaría a la atmósfera si fueran arrasados. Este planteamiento lo expresan Manzanal y Arzeno (2010) cuando ponen de manifiesto “…los conflictos por los recursos territoriales son disputas que se hacen públicas entre distintos actores por recursos o condiciones de producción y seguridad ambiental”. Aunque para los autores en este tipo de conflictos se manejan relaciones de poder donde ejerce supremacía el poder hegemónico. El territorio aparece asociado con el ejercicio de ‘poder’: el territorio el páramo se sintetiza en relaciones de poder espacializadas, relaciones entre capacidades diferenciales para transformar, producir e imponer acciones y voluntades, sea bajo resistencia o no, bajo conflicto o no. Y esto no es más que reconocer que la producción social del espacio es un resultado del ejercicio de relaciones de poder. Una consensuada identificación del territorio lo asocia con la producción social del espacio. Más allá del sentido más político del primero, se sostiene que es a través de la práctica social de los actores que el territorio se construye diferencialmente (Manzanal, 2007).
Bajo una percepción relacional y holística el ecosistema páramo es un espacio geográfico propio de la región andina, en el cual se desarrollan dinámicas sociales que conllevan a un tejido social especifico de esta biota, en medio de un recurso natural acuífero, de unas instituciones y una organización propia que genera unas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso, enmarcadas en un territorio y una dependencia policéntrica.
El páramo y su relación con el territorio
Es importante conceptualizar el territorio y las nociones que desarrolla este concepto para entender aún más la realidad social que se da en un espacio definido. Para los autores Schneider y Tartaruga (2006) la concepción de territorio es definida como un espacio determinado por relaciones de poder y que posee como referencia el lugar, en cual se considera el establecimiento de relaciones internas o externas a los respectivos espacios con otros actores sociales, instituciones y territorios. Lopes de Souza citado por Schneider y Tartaruga (2006) establece una noción de territorio que caracteriza la concepción relacional del páramo “…es el espacio determinado y delimitado por y a partir de relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre un sustrato referencial”, en definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales.
El territorio del páramo, no solo se debe entender como el espacio físico donde se encuentran los recursos, también en él se desenvuelven realidades sociales entorno a distintos temas que hacen parte del desarrollo humano; una buena definición de las dinámicas del territorio en este ecosistema, la estableció Ratzel citado por Schneider y Tartaruga (2006) “una parcela de la superficie terrestre apropiada por un grupo humano, que tendría una necesidad imperativa de un territorio con recursos naturales suficientes para su poblamiento, los cuales serian utilizados a partir de las capacidades tecnológicas existentes”. Sin embargo existen otro tipo de coyunturas que estructuran el territorio, pues allí se desarrollan actividades que van ligadas al uso de recursos que son de uso común y por ende de libre acceso, esto propicia la intervención de distintos agentes que hacen uso del recurso y también de quienes lo regulan; aquí en este punto surge otra perspectiva del territorio y son las relaciones que se tejen en torno a este.
Rogério Haesbaert citado por Schneider y Tartaruga (2006), tomando distintos conceptos de diversos autores concibe el concepto de territorio bajo tres vertientes (i) jurídico-política, en que este es considerado como espacio controlado por un determinado poder; (ii) la cultural o simbólico-cultural, donde el territorio es visto como un producto de la apropiación simbólica de una colectividad; y (iii) la económica, en que el territorio sirve como fuente de recursos (dimensión espacial de las relaciones económicas); en este último concepto se da inicio a la noción que se pretende tratar en el desarrollo de este documento, pues a partir de relaciones económicas, distintos actores se apropian de un territorio en búsqueda de suplir sus necesidades, evento presentado en la problemática del páramo.
Henri Lefebvre citado por Schneider y Tartaruga (2006), trata de explicar el desarrollo de la sociedad capitalista, cuando supone que los territorios apropiados serían aquellos utilizados, o apropiados, para servir las necesidades y las posibilidades de una colectividad; y nombra estos espacios como utilitarios y funcionales dentro de una racionalidad instrumental, es decir, con la finalidad de controlar los procesos naturales y sociales a través de las técnicas, sometiéndolos al interés de la producción; anudado a los escenarios del páramo esta forma de desarrollo percibe la lógica individual de los agentes al extraer el recurso agua de las cuencas en el páramo.
Aquí según los autores se abre el contexto para sugerir la noción de enfoque territorial como “la nueva unidad de referencia que actuará como esfera de mediación capaz de contemplar las relaciones entre los actores locales y las demás esferas y escalas, como la regional y nacional, además de la global”. Este enfoque territorial permite concertación social o coordinación de intereses de actores en un espacio determinado que es el territorio. El enfoque va más referido como unidad de referencia y mediación entre lo que realiza el Estado y la participación de distintos actores.
Relaciones policéntricas en el páramo
El concepto de policéntrismo en las relaciones del paramo se hace evidente cuando se tiende a responder sobre los problemas de provisión de bienes y servicios de carácter público. Existe en Colombia y su institucionalidad duplicación de funciones y jurisdicciones que se traslapan entre las diferentes agencias gubernamentales, por esta razón existe un territorio policéntrico.
En Colombia, los territorios que poseen recursos naturales que son de libre acceso y que no tienen una regulación clara para su uso tienden en su mayoría a caracterizarse por ser ámbitos de disputa en el cual se ven distintos actores que hacen uso del recurso; algunos que son del territorio y otros que sin ser de allí llegan a apropiarse de este por falta de una regulación concreta que lo evite. En el caso del Paramo del Sumapáz existe una problemática que se teje en torno a las relaciones de poder y es el policentrismo; existen muchos centros de poder que interactúan individualmente y generan conflicto. Al existir muchos agentes reguladores: Ministerio de Medio Ambiente, CAR (Corporación Autónoma Regional) y alcaldía, de manera autónoma se toman decisiones sobre el Páramo lo cual genera una problemática sobre el territorio. Los agentes locales en búsqueda de suplir sus necesidades y cubrir una demanda de alimentos dada desde la capital y sectores aledaños empiezan a invadir territorios cerca a las cuencas hidrográficas provocando contaminación, ampliación de la frontera agrícola, sobrepastoreo y degradación del recurso hídrico; la presión desde Bogotá y la demanda de bienes y servicios agropecuarios que tienen que producir anudada al policentrismo genera la problemática del Páramo y del mercado.
Relaciones sociales
Las conexiones entre los diferentes actores locales, nacionales y extranjeros en el ecosistema páramo, establecen las interacciones particulares de la biota que permanecen reguladas por la institucionalidad del territorio, presentando una posición y un papel social.
Para Manzanal (2004) “Las diversas y variadas formas de participación de la población local, reclamando y expresando sus demandas sociales y económicas en forma organizada, articulándose con otras organizaciones, son una condición necesaria para la generación, promoción y sostenimiento de un modelo de desarrollo territorial, regional o rural-local alternativo -eficiente, productivo, distributivo, sostenible y transparente”. Esta expresión resume las dinámicas sociales que al no establecerse generan la problemática del páramo.
Las hipótesis que justifican y explican la aplicación del enfoque normativo expuesto son las detalladas por Arqueros, M. X y Manzanal, M., (2004):
- La descentralización de las decisiones a favor de los actores locales (públicos y privados y organizaciones de la sociedad civil) y la promoción y aumento de la participación y control social tienen un carácter estratégico para el desarrollo territorial rural-local por su potencialidad para democratizar las instituciones.
- Todo aumento de control social implica reformas del sistema político institucional, que tornarán inoperante el funcionamiento clientelístico de compensación social, utilizado por gobiernos, políticos y organismos de intervención.
- Los procesos participativos dirigidos hacia niveles crecientes de autogestión de los actores locales, redefinen la manera de hacer política.
- El motor del desarrollo local está en la promoción de la participación y de la organización de la población respectiva, desde donde se re-construye “dialécticamente” la relación entre el sistema político y sociedad.
- Se alcanza una instancia superior, cuando el desarrollo local se constituye en parte de una política nacional estratégica de desarrollo socioeconómico.
Arqueros y Manzanal (2004) de todo lo anterior, subrayan la importancia del fortalecimiento de las organizaciones de base y de los procesos de capacitación y formación de la población (rural y de ámbitos locales) para alcanzar mayores grados y formas más transparentes de participación, de decisión y de control institucional. Pues son las formas de participación organizada las que se traducirán: a) en el corto y mediano plazo, en mejoras a favor de los habitantes locales de menores recursos -de carácter social, económico, ambiental, jurídico y político-; y b) en el largo plazo, en una malla de articulaciones económicas, institucionales, políticas y sociales que potenciarán el desarrollo territorial (expresado a través de mejoras en la calidad y nivel de vida de la población respectiva).
Los procesos locales inexistentes en el páramo, tendrían la potencialidad de consolidar articulaciones entre organismos y fortalecer organizaciones de base, con el consecuente incremento de la participación de sus respectivos integrantes (agentes, sujetos sociales, beneficiarios de programas). Y son una condición necesaria (aunque no suficiente) para la generación, promoción y sostenimiento de un modelo de desarrollo local alternativo, eficiente productivamente, redistributivo en términos sociales, sustentable ambientalmente y transparente en la gestión.
Una deuda de la academia, se traza en la falta de investigación sobre el capital social del páramo, en donde se debería indagar sobre: a) los grupos de interés organizados, no la participación que puede operarse en forma individual o aislada; b) identificar la forma como se promueve o no esta participación desde las acciones públicas (provinciales y nacionales) y desde las organizaciones de la sociedad civil. Dado que la posibilidad y potencialidad de participar que tienen los sectores sociales históricamente postergados depende, en buena medida, de la decisión pública y privada para permitirla e impulsarla.
Cárdenas (2010) estableciendo los dilemas entre lo rural y lo ambiental, genera en su obra un modelo que establece la racionalidad de un agente económico ante un recurso natural cuya característica es la de ser de uso común. Es decir, el páramo visto como fuente del recurso hídrico se constituye como “recurso común”, pues posee dos singularidades que lo diferencian de otros bienes económicos. En primer lugar es un “bien rival” porque cualquier metro cubico de agua extraída no está disponible para nadie más y segundo lugar es un “bien que puede ser excluible”, porque mediante reglamentación del uso del territorio se puede controlar el acceso humano a él. De igual manera posee la característica de no rivalidad, que es el criterio utilizado para diferenciar los recursos comunes de los de “libre acceso”, como el aire o los paisajes en los que su uso no perjudica el derecho o el uso que pueden hacer de ellos otras personas.
En cuanto a los comportamientos que el ser humano desarrolla en este espacio físico Sack (1986) citado por Schneider y Tartaruga (2006), establece los mismos aspectos de los individuos en el Páramo, es decir, los agentes examinan la territorialidad humana en la perspectiva de las motivaciones individuales; y para ellos la territorialidad es una tentativa, o estrategia, de un individuo o de un grupo para alcanzar, influenciar o controlar recursos y personas a través de la delimitación y del control de áreas específicas.
La delimitación de este ecosistema solamente se realiza cuando sus límites son utilizados para influenciar el comportamiento de las personas a través del control de acceso de sus recursos –agua, tierra, otros–.
En esta perspectiva Raffestin (1993) citado por Schneider y Tartaruga (2006), establece como en los territorios existen manifestaciones espaciales de poder fundamentadas en relaciones sociales. Los agentes del Páramo actúan así: los campesinos desconocen la reglamentación porque para ellos no es totalmente clara; los que poseen predios en este ecosistema son reunidos y tratados mediante autoridades ambientales para negociar la compra o posible manejo del territorio en búsqueda de la conservación del mismo. Sobre la compra de terrenos en áreas de reserva se pronuncia el decreto 2666 de 1994, reglamentario de la Ley 160 de 1994, que dispone que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA– podrá adquirir tierras o mejoras rurales mediante negociación directa o decretar su expropiación, entre otros casos, con el objeto de reubicar a los propietarios u ocupantes de zonas que deben someterse a un manejo especial, o que sean de interés ambiental, dando preferencia a los ocupantes de tierras que se hallen sometidas a un régimen de reserva forestal, de manejo especial o interés ambiental, o las situadas en los Parques Nacionales Naturales, siempre que hubieren ocupado esos terrenos con anterioridad a la declaración del área de protección. Las regulaciones de aguas también encuentran previsiones sobre preservación de este recurso así, el decreto 1541 de 1978 dispone que la autoridad ambiental puede declarar reservas de aguas, entre otros fines, para establecer áreas de manejo especial y para adelantar programas de restauración, conservación o preservación; los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes o que los atraviesen corrientes o depósitos de aguas, o que sean aledaños a ellos, se obligan a cumplir todas las disposiciones sobre prácticas de conservación de aguas, bosques protectores y suelos (art. 209).
Por otro lado la CAR cuenta con cierta autoridad aunque no la necesaria para ejercer una regulación eficaz. Con la denominación utilizada por la ley 99 de 1993 se instituyó los Parques Nacionales Naturales (a los cuales pertenece el páramo), como competencia de reserva y administración por parte de este organismo, aunque carece de todo desarrollo reglamentario nacional que identifique las características que debe reunir un parque regional y cuales son las condiciones para su administración. La adquisición de ecosistemas estratégicos para su protección lo fundamenta también esta Ley donde ordena a las Corporaciones Autónomas Regionales que con el apoyo de las entidades territoriales, adelanten planes de cofinanciación para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación, preservación y recuperación de sus recursos naturales (art.108). El artículo 107 de la Ley nombrada declara de utilidad pública e interés social la adquisición de bienes de propiedad privada o la imposición de servidumbres, que sean necesarias para la ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales renovables; la declaración y alinderamiento de áreas que integren el Sistema de Parques Nacionales Naturales, y la ordenación de cuencas hidrográficas. La identificación de estas áreas y los procesos de adquisición, conservación y administración debe hacerse con la activa participación de la sociedad civil.
La Alcaldía es quien cuenta con los instrumentos jurídicos con la cual se puede hacer cumplir la ley y puede ejercer autoridad por medio de los jueces de la república.
Así vemos que cada actor tiene cierto poder por eso el policentrismo hace que se genere el problema en el Páramo. Esta situación es aprovechada por personas que se apoderan del territorio y aprovechan el policentrismo. El problema es de orden institucional que radica en la falta de regulación sobre los recursos de uso común y se da cuando los distintos agentes se adueñan de ese territorio.
Schneider y Tartaruga (2006), relacionan el conflicto con los obstáculos que generan al desarrollo. Bajo esta consideración la problemática del Páramo se enmarca en “…el resultado del modo de interacción entre individuos, grupos o colectividades que presupone divergencias en relación al acceso a recursos y disputas en los procesos participativos” (Ibídem). Así cada actor por su parte cuenta con un interés propio pero este se ve afectado cuando surgen posiciones divididas en cuanto a esos intereses.
El tema de conflicto abordado en este escrito no se refiere a las formas de resistencia de la población frente a un modelo económico donde se acentúan las desigualdades (aunque puede darse), sino un conflicto que afecta la explotación de un recurso que puede llegar a agotarse y de esta forma afectar a toda una población incluso a generaciones futuras; lo que si es importante aclarar es que existen relaciones de poder que influyen en ese conflicto y aunque se trate de dar soluciones al problema que existe en torno al uso del recurso agua en ese territorio, no es suficiente por la falta de políticas claras y expresas que vinculen a un organismo gestionador y que se brinden alternativas claras de manejo, control y preservación.
El conflicto territorial en ámbitos rurales debe incorporar el análisis institucional y territorial desde una mirada crítica. En relación con las instituciones, esto significa “alejarse de toda sacralización de leyes y normativas impuestas por la sociedad”, debido a que “partimos de la premisa que, en el contexto de la globalización y la modernidad, la adscripción y cumplimiento sin cuestionamientos del conjunto de normas y reglamentaciones existentes, conduce a la consecución de una sociedad desigual” (Manzanal, 2007).
El territorio aparece desde esta perspectiva como un producto del accionar conjunto de los actores que lo habitan o ejercen influencia sobre él. Y este accionar de los actores en su relación con el espacio puede representar: (a) un proceso de apropiación, más simbólico, cargado de las marcas de lo vivido, de valor de uso y (b) un proceso de dominación políticoeconómica, relación más concreta, funcional, vinculada al valor de cambio de los espacios (Haesbaert, ibid: 93-96). Por lo que el territorio “en cuanto relación de dominación y apropiación sociedad-espacio, se desdobla a lo largo de un continuum que va de la dominación políticoeconómica más ‘concreta’ y ‘funcional’ a la apropiación más subjetiva y/o ‘cultural-simbólica” (ibid 95-96). Y aunque no puedan separarse completamente esas esferas “cada grupo social, clase, institución puede ‘territorializarse’ a través de procesos de carácter más funcional (económico-político) o más simbólico (políticocultural) en la relación que desenvuelven con ‘sus’ espacios, dependiendo de la dinámica de poder y de las estrategias que están en juego” (ibid: 96). El territorio enfatiza la manera como una sociedad utiliza los recursos de los que dispone en su organización productiva y, por lo tanto, en la relación entre sistemas sociales y ecológicos (Folke y Berkes, 1998). Esos dos procesos suelen entrar en contradicción y conflicto, siendo generalmente la “dominación político-económica” la que se impone, reduciendo los espacios efectivamente “apropiados”. Esta distinción conceptual respecto de esas múltiples dimensiones del poder que interactúan en la producción del territorio, nos permite dar cuenta de la confrontación evidente o latente de intereses enfrentados por el control y uso de recursos del territorio (ibídem).
Los individuos son los actores centrales en todos los procesos económicos y políticos para la teoría de la elección racional. Estos buscan maximizar el beneficio personal, para lo cual, las instituciones por medio de sus reglas, restringen su actuación a lo que legal y socialmente es correcto evitando comportamientos disfuncionales por parte de los actores.
De acuerdo con Sassen citado por Manzanal (2007) la globalización plantea una serie de interrogantes para los cuáles no son útiles los preceptos del “Estado-Nación como contenedor de los procesos sociales”. En el Páramo Colombiano los actores expresan problemas de institucionalidad y exigen al Gobierno cumplir la Constitución Política, Tratados y Convenios Internacionales que respetan los territorios de las Naciones y los intereses de la población sobre la exploración y explotación que se expresan a través de todas las concesiones mineras, hídricas, hidrocarburíferas, de bosques, páramos, manglares, reservas de biósfera y parques nacionales, normatizando las invasiones, adjudicaciones, concesiones y contratos lesivos con el medio ambiente.
El trabajo de Schneider y Tartaruga (2006) muestra interés por el enfoque institucional y el abordaje territorial, en su escrito detalla “…el abordaje o perspectiva territorial cuando se indica a una manera de tratar fenómenos, procesos, situaciones y contextos que ocurren en un determinado espacio (que puede ser demarcado o delimitado por atributos físicos, naturales, políticos u otros) donde se producen y se transforman”. También en este sentido argumentan las razones para que desde el enfoque territorial sea una referencia para la interpretación de procesos y una herramienta para la intervención; una de estas está relacionada con “…los aspectos políticos e institucionales provenientes de la crisis del Estado y su pérdida de regulación”; la falta de adaptación a los rápidos cambios logró que el Estado sufriera “sucesivas alteraciones en sus funciones y deberes… se modifican desde sus estructuras hasta el carácter de sus acciones, dejando de ser el inductor del desarrollo económico y pasando a ser su regulador, alterando su carácter centralizador para una forma más susceptible y permeable a la participación de las diversas instancias y organizaciones de la sociedad civil” en este punto es donde se empieza a ver las distintas formas en que la institucionalidad se descentraliza y empieza a ganar protagonismo actores de la sociedad civil.
Bajo ese contexto se sugiere el término de enfoque territorial propio de la nueva ruralidad y del neoinstitucionalismo, visto como “la nueva unidad de referencia que actuará como esfera de mediación capaz de contemplar las relaciones entre los actores locales y las demás esferas y escalas, como la regional y nacional, además de la global” Schneider y Tartaruga (2006). Este enfoque territorial permite concertación social o coordinación de intereses de actores en un espacio determinado que es el territorio. El enfoque va más referido como unidad de referencia y mediación entre lo que realiza el Estado y la participación de distintos actores.
Manzanal (2007) considera que las organizaciones son grupos de personas, que conforman una instancia, un sistema o una estructura, formal o informal, de coordinación y cooperación, con el fin de alcanzar objetivos comunes (que no podrían lograr en forma individual) y por ello acuerdan o establecen una distribución de tareas y funciones y crean y/o aceptan normas y reglas de funcionamiento (institucionalidad).
De otro lado, las instituciones se asocian a reglas y normas (formales e informales –creencias) que gobiernan las relaciones entre los ocupantes de roles en la organización social. Las reglas y normas son compartidas y conocidas, aceptándose su cumplimiento, sea en forma voluntaria u obligatoria. Acordamos además, que las instituciones otorgan sentido, significado, a las organizaciones; y a través de ellas se puede reconstruir la historia de las respectivas organizaciones. Considera importante, para un desarrollo inclusivo y autónomo de los designios de los sectores dominantes, apoyar las luchas y las reivindicaciones que buscan reemplazar o modificar las instituciones a favor del reconocimiento de derechos universales (humanos, culturales, ambientales). Lo anterior significa tener presente que las instituciones implican relaciones de poder.
Ocurre que las instituciones se originan como proyecto simbólico de diferentes organizaciones (públicas, privadas, nacionales, internacionales) para regular determinadas actividades y/o funciones y, como tales, representan los intereses de los sectores hegemónicos y/o dominantes en dichas organizaciones, o las ‘relaciones de poder’ presentes en las mismas. Estas ‘relaciones de poder’ pueden evidenciarse, por ejemplo, cuando las instituciones formales -escritas- se crean, a través de las discusiones, luchas y conflictos que acompaña su formulación. Sin embargo, en el funcionamiento regular y cotidiano de las respectivas organizaciones, las relaciones de poder presentes en las ‘instituciones’ se ocultan, se `enmascaran’, adoptan la forma de mecanismos legales o de normas éticas, aceptados consensualmente, de cumplimiento voluntario u obligatorio .
En el páramo se distinguen las vinculaciones entre actores colectivos según sean determinadas: a) por la función que a cada organización corresponde, de acuerdo a sus propias normas o reglamentaciones institucionales; o b) por acuerdos de cooperación mutua explícitamente alcanzados entre organizaciones. A las primeras las denominamos interacciones y a las segundas articulaciones.
Las articulaciones son una vinculación voluntaria entre dos o más organizaciones que acuerdan un funcionamiento complementario y/o solidario (general o particular) a partir de criterios de reciprocidad y objetivos mutuos consensuados, que lleva a una actividad de intercambio regular y frecuente, que favorece el enriquecimiento conjunto. Son estas las que generan procesos autónomos y virtuosos de fortalecimiento organizacional y de desarrollo territorial. (Arqueros, M. X.; Manzanal, M., 2004).
Para entender más la dinámica en la que se desenvuelven estas relaciones es importante ahondar en cada actor y su influencia de poder en el territorio; de esta forma se entenderá de una mejor manera las relaciones entre ellos y lo que lleva a un conflicto de intereses que en este caso es dado por el uso de un recurso natural.
Conclusiones
Establecer los elementos que conforman un conflicto desde la perspectiva del territorio, permite integrar agentes, mercados y políticas públicas; de ahí que la resolución de las problemáticas implica observarlas de manera holística.
Adentrarse en la comprensión del accionar concreto y simbólico de actores y sujetos (individuales o colectivos) nos remite al estudio del poder como sucede con la indagación que se refiere a la producción de los territorios. Porque los actores y sujetos viven y trabajan en determinado lugar y con su habilidad y/o capacidad para la acción y para tomar y defender sus decisiones ejercen ‘poder’ y transforman su territorio. Los actores son tanto individuales como colectivos (organizaciones de la sociedad civil y del sector público). Los sujetos también pueden ser individuales o colectivos, pero tienen particularidades específicas, que necesita irse descubriendo en el proceso de investigación.
El estudio empírico del recurso páramo, los actores y sus organizaciones se vuelve absolutamente crucial para comprender situaciones localizadas. Está claro que estos actores provienen de varios sectores económicos y poseen orígenes políticos y culturales diversificados.
Bibliografía
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